MADRID.- La Asamblea constituyente 'Sí Se Puede' que Podemos ha
celebrado este fin de semana en el Palacio de Vistalegre ha aprobado
cinco resoluciones con las que se comprometen, entre otras cosas, a
trabajar para llevar a cabo una auditoría y reestructuración de la deuda
pública, y para conseguir la paralización de todos los desahucios.
Estos cinco documentos, que entran desde hoy a formar parte de la línea política de Podemos,
han sido los más votados del centenar de resoluciones presentadas, que
entre el jueves y el sábado se han sometido a una votación en la que han
participado más de 38.000 personas.
Estas son las principales propuestas que se han debatido y que Podemos se fija como objetivos prioritarios:
La
resolución titulada 'Auditoría y reestructuración de la deuda: una
propuesta para Podemos', promovida por los economistas de cabecera de la
formación Alberto Montero Soler, Bibiana Medialdea García y Nacho
Álvarez Peralta ha sido la quinta más votada, al recibir 8.981, votos
-23'46 % del total- y defiende, por un lado, realizar una auditoría
desarrollada por "expertos independientes" bajo "control ciudadano" que,
además, "determine el grado de corresponsabilidad de los gobernantes y
acreedores".
En cuanto a la deuda privada, se establece
que la reestructuración de la deuda empresarial y especialmente de la
hipotecaria, es lo que puede conducir a un recuperamiento de la demanda
interna y "una reducción en el valor facial de las hipotecas de primeras
viviendas en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios
sociales es un buen punto de partida".
La
cuarta propuesta más votada, titulada 'Por el derecho a la salud:
Sanidad pública para tod@s y tod@s", elaborada por Mónica García Gómez,
Jesús María Montero Delgado y Juan Antonio Palacios Castaño, ha obtenido
un 31'69% de los votos -12.129- y plantea el desarrollo de una
financiación sanitaria suficiente y finalista, la universalización de la
asistencia con compromiso de atención a toda la población, sin
exclusión de inmigrantes irregulares ni ciudadanos españoles.
Además,
entre los puntos clave de esta resolución se encuentran también la
eliminación de los copagos, la derogación de las leyes de gestión del
Sistema Nacional de Salud (SNS) y de ordenación sanitarias de las
comunidades autónomas que posibilita la gestión privada de los recursos
sanitarios, el desarrollo de un plan que redefina los objetivos de salud
y permita la reformulación de la Ley General de Sanidad (1986).
En
cuanto a la primera resolución más votada, "Defender la educación
pública, nuestro derecho y no su negocio", ha obtenido un 45'17% de los
votos -17.289-, y resume la paralización y derogación de la LOMCE, la
apertura de un proceso asambleario abierto a toda la comunidad educativa
para conseguir una reforma educativa integral, la redacción de nuevas
Leyes Orgánicas de educación, el restablecimiento inmediato de los
recursos que aseguren el acceso universal a la educación y la
articulación de mecanismos de garantía de condiciones laborales dignas.
La
segunda por mayor número de votos, "Medidas Urgentes de
Anticorrupción", ha sido elaborada por el ex fiscal anticorrupción y ex
eurodiputado de Podemos, Calros Jiménez Villarejo, ha obtenido un 42'28%
de los votos -16.186- y sostiene que se eliminen las tasas judiciales,
el aumento de las penas por delitos de cohecho, tráfico de influencias,
malversación y fraude, la tipificación penal de la financiación ilegal
de los partidos políticos.
También, incluye la
tipificación expresa como "organización y grupo criminal" de la
asociación entre responsables políticos y actores económicos para
cometer delitos de cohecho y prevaricación, la eliminación de los
aforamientos -salvo para los parlamentarios y jueces, que queda
restringida al ejercicio de sus funciones-, la obligación legal de total
transparencia de renta y patrimonio para cargos electos y responsables
públicos o la redefinición de las instituciones de control.
Por
último, la tercera resolución más votada, avalada por el Círculo de
Vicálvaro, 'Ganar el derecho a la vivienda y acabar con la impunidad
financiera', que ha obtenido un 38'9% de los votos -14.889-, apoya los
derechos habitacionales para todas las personas de acuerdo con los
estándares internacionales de Derechos Humanos, el derecho a la dación
en pago con carácter retroactivo, el establecimiento de unos
procedimientos judiciales con todas las garantías y el fin de la
impunidad financiera y la apertura de una auditoría social.
Además,
promueve el fin de los desalojos forzosos sin alternativa y el
reconocimiento del derecho al alquiler social. "Debemos acabar de forma
definitiva con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, que
vulneran los compromisos internacionales en materia de DDHH. Es
necesario reconocer el derecho al alquiler social, y la obligación de
garantizar alternativas habitacionales estables en los casos en los que
se realice un desalojo forzoso por ausencia de recursos económicos
suficientes".
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