MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce,
ha lamentado este miércoles en el Congreso del "excesivo deslizamiento
de los mecanismos de control de la cosa pública al ámbito judicial", así
como la existencia de una "contraproducente juridificación de conflictos políticos".
Durante
su intervención ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, donde
ha acudido para dar cuenta de la última Memoria de su departamento -con
datos de 2013- Torres-Dulce ha enmarcado esta queja en su diagnóstico
sobre la "precariedad en la que se mueve la justicia española"
a la hora de abordar el fenómeno de la corrupción, y ha añadido que el
Ministerio público no cuenta con medios suficientes para abordarla.
Ha
advertido además que en muchas ocasiones, los medios personales y
humanos no están a disposición de la Fiscalía o la Administración de
Justicia, sino que dependen "de otras instancias administrativas que,
incluso, en algunos casos, son objeto de la propia investigación.
No
obstante, ha anunciado que cree que el Ministerio le proveerá de más
plazas y que piensa destinarlas en su mayoría a la Fiscalía
Anticorrupción.
Torres-Dulce ha precisado en todo caso que, a la
vista de las 18 sentencias condenatorias obtenidas el pasado año en los
asuntos en los que intervino la Fiscalía Anticorrupción,
el fiscal general ha señalado que el dato ha de servir "para combatir
las opiniones más o menos generalizadas, que se quejan de la impunidad
de este tipo de delitos".
En
lo que se refiere a tipos penales más representativos, Torres-Dulce ha
destacado que la prevaricación administrativa, el cohecho, el tráfico de
influencias, la malversación, las exacciones ilegales y las
negociaciones prohibidas a los funcionarios se incrementaron un 22,54
por ciento en 2013 con una clara preponderancia del delito de
prevaricación administrativa, que supone un 38,50 por ciento del total
de los delitos de corrupción.
Ha añadido que no puede "darse por
buena la idea de que las injerencias externas acarreen la salida en
falso o el archivo de este tipo de procesos" y que "al final, tras mucho
caminar, tras mucha diligencia, se acaba abriendo el juicio y
celebrando éste con el resultado de sentencias, de todos conocidas, que
suponen un castigo de los hechos"
No obstante, ha indicado que se
debe reconocer que la respuesta es lenta y el asunto debe ser abordado
"mediante el establecimiento de mecanismos de control administrativo y
político y la dotación a la Administración de Justicia de medios
materiales, personales y normativos, que permitan una respuesta punitiva
real y eficaz".
Para Torres-Dulce, la corrupción es una de las
cuestiones que más debilitan la fortaleza moral de nuestra sociedad,
constituyendo una de las primeras preocupaciones de la ciudadanía, tal y
como se pone de manifiesto en los barómetros. Supone también un "ataque
a los pilares del Estado de Derecho que, si no se combate con
contundencia, puede generalizarse en la sociedad", ha señalado.
A
su juicio, la Administración de Justicia queda en evidencia cuando no es
capaz de dar una respuesta adecuada al fenómeno. En el plano económico,
la corrupción administrativa "es un factor desestabilizador del normal
funcionamiento de la economía de mercado, que puede frenar el propio
desarrollo del país", ha incidido.
Igualmente Torres-Dulce ha
destacado que en el año 2013 han aumentado las calificaciones por delito
de prevaricación administrativa en un 43,42 por ciento y por delito de
cohecho en un 181,81 por ciento.
Se ha producido también un
incremento importante en los delitos de exacciones ilegales (100 por
100) y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos (125 por
ciento). Han descendido, por el contrario, las calificaciones por
tráfico de influencias en un 72 por ciento.
Frente a ello, las
sentencias por delitos de corrupción se han incrementado en un 17,93 por
ciento respecto al año anterior. Han aumentado en un 35 por ciento las
sentencias por prevaricación administrativa, en un 31 por ciento por
cohecho y en un 75 % por tráfico de influencias. Desciende, en cambio,
el número de sentencias por delitos de malversación (9 por ciento) y
fraudes cometidos por autoridades o funcionarios públicos (60 por
ciento).
En estos procedimientos se distinguen dos bloques según
Torres-Dulce, los delitos de corrupción en el ámbito de la actividad
pública y los que tienen por objeto la investigación de hechos
delictivos cometidos en el desarrollo de actividades mercantiles y
privadas, como son los delitos societarios, apropiación indebida, estafa
o blanqueo de capitales.
Dentro de este último bloque destacan,
según Torres-Dulce, ciertas prácticas irregulares cometidas en el seno
de determinadas entidades financieras, como algunas de las antiguas
cajas de ahorro o de las entidades en las que estas se reconvirtieron.
Así, del total de causas incoadas el pasado año son 20 las que tienen
tal objeto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario