Parece que no estamos en el siglo XXI. Parece que la
globalización no está en la mente de nuestro aparato judicial.
Restringir, como medida cautelar, el acceso a la página oficial de Uber y
pedir que se eliminen las App's para que dejen de estar disponible el
uso de ese servicio en smartphones, no tiene calificativo.
El sector del
taxi, ese que defiende a un rancio gremio frente a los particulares que
optan por ofrecer un servicio similar mediante las nuevas tecnologías,
ha logrado que un juez inicie una cruzada imposible de ganar contra
Uber. Por ahora ha obligado a que Telefónica, que administra el servicio
de DNS en España, evite que accedamos a la página a través de su red,
aunque no para los que utilicen otras no controladas por la teleco
española.
Y la otra
ingenuidad del juez de instrucción es pedir que se eliminen las App's
para que no se puedan bajar en los smartphones. Dudo que Google, desde
Palo Alto, o Apple, desde Cupertino, eliminen la aplicación, que es de
descarga universal.
Porque si en España, al final hay juicio y se
condena definitivamente al servicio Uber, que no a BlaBlaCar, aparecerán
otras iniciativas por internet, por las redes sociales, que vendrán a
ofrecer lo mismo, aunque de forma menos organizada, lo cual es peor
porque a través del servicio censurado había cierta garantía y seriedad
que no se podrá garantizar con otros nuevos intentos de negocio.
Con
Uber conocías la popularidad o rechazo del conductor, lo que opinaban
otros usuarios. Y pagabas a través del sistema. Con el taxi, ya sabes,
si lo tomas desde Barajas te puede hacer la visita turística para
llevarte a Arturo Soria, por ejemplo, para cobrarte 15 euros extra. Y a
veces no tiene cambio y ya sabes... Además de otros trucos que se saben.
Eso cuando no das con un conductor empleado, un inmigrante recién
llegado, que desconoce Madrid y se limita a introducir calle y número en
el navegador.
Tras
el negocio del taxi, por lo menos en las grandes capitales, se esconde
todo un entramado de licencias que se obtienen pagando una pasta al
ayuntamiento, revendiendo o alquilando la licencia por muchísimo dinero o
utilizando conductores novatos para los vehículos cuyos propietarios,
los que pagaron por la licencia, se dedican a otros menesteres.
En fin,
que el juez de Instrucción número 2 de Madrid está en favor, descaradamente, de
una casta, de un negocio nada transparente, con compraventa de licencias
que el ayuntamiento no debería permitir... ¡Que estamos en el siglo
XXI, oiga!
(*) Periodista y editor de www.muyconfidencial.com
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