ESTAMBUL.- Los países del G-20,
que se reúnen este domingo y lunes en Antalya, han incumplido
los compromisos de tomar medidas legales para atajar el enorme volumen
de lavado de dinero procedente de la corrupción, denunció hoy en
Estambul 'Transparencia Internacional' (TI).
"Los gobiernos del G-20 (las 20 mayores economías del planeta) se
comprometieron en la cumbre del año pasado, celebrada en Brisbane, en
Australia, a acabar con el secretismo financiero", recordó Cobus de
Swardt, director ejecutivo de TI, en una rueda de prensa en la que
presentó un informe sobre el asunto.
"Hay medidas fáciles, simples y efectivas para hacerlo. Desafortunadamente han elegido no implantarlas", denunció.
Según la organización no gubernamental (ONG), la corrupción cuesta al
mundo un 5 % de su Producto Interior Bruto (PIB) anual, y si fuera una
industria, sería la tercera del planeta.
Pero las grandes potencias económicas no han adoptado leyes para
dificultarla, señala el informe titulado "¿Sólo de fachada?", en
referencia a las promesas adoptadas en las cumbres del G-20.
El mayor problema para perseguir el "dinero sucio" es la facilidad
con la que operan las empresas sin dueño real conocido, que pueden
invertir enormes sumas en beneficio de personas cuya identidad no tienen
que desvelar, observa el documento.
Estados Unidos y Canadá no tienen ley alguna para obligar a desvelar
los propietarios efectivos (usufructuarios) de las empresas a nombre de
administradores, y sólo dos países, Reino Unido e India, obligan a las
empresas a informar a sus propios trabajadores quién es la persona
responsable de la compañía.
En los demás países del G-20 se puede trabajar para una empresa sin
derecho a saber quién la dirige, observó Maggie Murphy, autora de
informe.
El único país que ha hecho claros progresos en materia legislativa es
el Reino Unido, pero falta aún aplicar estas nuevas leyes, además de
extenderlas a los territorios británicos de ultramar, por ahora no
sujetos a ellas, observó.
Transparencia ha identificado 36.000 inmuebles en Londres -juntos
cubren 3,3 kilómetros cuadrados de la ciudad- cuyos propietarios son
empresas sin dueño conocido.
Cobus de Swardt subrayó que si bien los "paraísos fiscales" son un
problema acuciante, lo verdaderamente grave es la falta de regulación en
los grandes centros financieros, como Nueva York, Sidney, Tokio o
Shanghái.
"Si tienes mucho dinero, no lo querrás aparcar en una isla: querrás
invertirlo en un sitio seguro donde dé grandes beneficios, como Nueva
York", abundó.
Esto es lo que se hace efectivamente, y al igual que Canadá,
Australia, Japón y otros cuatro países del G-20, los bancos de Estados
Unidos pueden hacer legalmente transacciones financieras de clientes
cuya identidad desconocen.
En el Reino Unido, EE. UU., Australia y otros cuatro países, los
corredores de fincas pueden efectuar la compraventa de terrenos sin
saber para quién están trabajando.
"Los intermediarios en el negocio financiero -bancos y agentes- no
tienen obligación legal de verificar nada, y el Estado tampoco les
ayuda: ni siquiera hay un registro central de empresas con dueños reales
desconocidos", destacó Murphy.
El informe únicamente analiza la legislación en vigor, no su
aplicación ni la eficacia con la que la Judicatura persigue tales
delitos.
"La corrupción no es la misma en México que en Alemania, pero el marco legal en el que se produce es similar", matizó De Swardt.
Queda por ver qué ocurrirá cuando el Reino Unido, el único país que
ha adoptado una legislación acorde con lo prometido en Brisbane, empiece
a utilizarla para destapar la identidad de las empresas secretas.
"Cuando descubran que están sentados encima de miles de millones de
'dinero sucio', aún tendrán que decidir qué hacer con ellos", advirtió
el director de TI.
"Pero mientras los países del G-20 no cumplen las promesas que ellos
mismos hacen, cumbres como la de Antalya, pagadas por los
contribuyentes, son poco más que una operación de imagen", concluyó De
Swardt.
