MADRID.- El magistrado del Tribunal Supremo
Alberto Jorge Barreiro ha citado los próximos días 9 y 14 de abril,
respectivamente, a los expresidentes de Andalucía José Antonio Griñán y
Manuel Chaves para que comparezcan en calidad de imputados en la causa que investiga los presuntos EREs irregulares en esta comunidad autónoma.
La
decisión del Supremo afecta a los cinco aforados en la causa -todos
ellos solicitaron comparecer voluntariamente-, quienes comparecerán
entre los próximos 7 y 27 de abril, una vez celebradas las elecciones
autonómicas andaluzas.
Para el resto de aforados el calendario es
el siguiente: el primero en comparecer será el exconsejero José Antonio
Viera, citado para el 7 de abril; después de que el 9 comparezca Griñán y Chaves lo haga el 14, el
día 16 se ha citado al también exconsejero andaluz Gaspar Zarrías. La
última en comparecer será la senadora Mar Moreno, han informado fuentes
del alto tribunal.
A todos ellos se les cita a las diez de la
mañana del día correspondiente para prestar declaración en calidad de
"imputados en la presente causa en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas
a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a
personas físicas". En la resolución no se citan delitos.
En el caso de Viera estas funciones son las que realizó como consejero de Empleo mientras que en los de Zarrías y Moreno se les requiere por su responsabilidad como consejeros de Presidencia.
A Chaves se le cita en relación a los actos cometidos como presidente
de la Junta Andaluza y a Griñán como presidente de la Junta y también
como Consejero de Economía.
Las citaciones estaban pendientes de
producirse desde mediados del pasado mes de noviembre, que fue cuando
los aforados formalizaron su personación como parte en el procedimiento
abierto en el Tribunal Supremo por los EREs presuntamente irregulares de
Andalucía y solicitaron declarar de forma voluntaria.
En la
providencia dictada por el instructor, que lleva fecha de este lunes, se
señala que una vez analizada la pericial presentada por Griñán, los
peritos de esta institución pública deben ampliar su informe para hacer frente a las contradicciones señaladas por el dictamen de parte.
En
este documento, que firman los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel
Martínez Lago poniéndose a las tesis de la Intervención General del
Estado (IGAE) de considerar delictivas las denominadas "transferencias de financiación".
Por
otra parte, Jorge Barreiro se refiere a las actas de las sesiones
celebradas por la Comisión General de Viceconsejeros denominadas
"consejillos" por el exconsejero de Empleo e imputado por el Juzgado de
Instrucción nº 6, y que eran presididas por el correspondiente
consejero de Presidencia con el fin de preparar los temas a tratar en
los Consejos de Gobierno.
A este respecto, y previo examen de
estas actas, se solicita a los peritos de la IGAE informar al instructor
sobre los temas que se trataban en estos "consejillos" relativos a las modificaciones presupuestarias,
a los planes anuales de controles financieros, al anteproyecto de
presupuestos confeccionado por la Consejería de Economía y Hacienda "y a
cualquier proyecto normativo relacionado con la concesión de ayudas
sociolaborales y económicas directas" a diferentes empresas Andaluzas.
El
instructor también quiere que los peritos de la Intervención General le
informen sobre las decisiones que la Comisión General de Viceconsejeros
adoptaba respecto a personas físicas en el periodo comprendido entre
2000 y 2012.
Además,
pide a la Junta de Andalucía que aporte los documentos firmados por las
personas competentes en las Consejerías de Empleo e Innovacón, Ciencia y
Empresa, que eran remitidos a la Dirección General de Presupuestos
dependiente de Economía "con las propuestas de anteproyecto de
presupuestos de cada uno de los años comprendidos en el periodo
2000-2012, ambos inclusive".
Jorge Barreiro también pide a
la Junta que le entregue los documentos firmados por la persona que
ejercía las competencias presupuestarias en la agencia de innovación
investigada por la juez Mercedes Alaya IFA-IDEA -que presuntamente
tramitaron las ayudas irregulares-, y que estén relacionadas con la
remisión al órgano gestor de la Consejería de Empleo hasta 2004; y al
órgano gestor de la Consejería de Innovación a partir de 2005.
Otra
documentación requerida a la Junta es la acreditativa de la entrada en
la Consejerría de Economía de los documentos referidos a los papeles
anteriormente nombrados; los escritos por los que el Consejero de
Economía remitió el ateproyecto de Presupuesto para el periodo 2000-2012
y la certificación de los acuerdos del Consejo de Gobierno andaluza en
los que se decidió remitir el Proyecto de Presupuestos al Parlamento en
el mismo periodo.
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