MADRID.- IU ha expulsado a los portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento de Madrid, Gregorio Gordo y Ángel Pérez,
al determinar que han incurrido en una falta muy grave por no dimitir
de sus cargos como le ha pedido reiteradamente la dirección federal,
según fuentes de este organismo.
Una dimisión que se les exigió por considerarles responsables políticos del escándalo de Caja Madrid
y de las "tarjetas opacas" al no intervenir ante la gestión poco ética
de los consejeros nombrados a propuesta de IU en la entidad.
Especialmente en el caso de José Antonio Moral Santín, dirigente madrileño en su momento, que cargó a su tarjeta de Caja Madrid casi medio millón de euros en
gastos personales, hechos por los que está imputado y por los que
compareció esta semana ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando
Andreu.
La expulsión de los dos portavoces madrileños ha sido
adoptada por la Presidencia federal de IU por 31 votos a favor y ninguno
en contra después de reunirse esta tarde en la sede de Olimpo,
y tras estudiar el dictamen elaborado por la instructora del expediente
que se abrió por esta causa a los dirigentes madrileños, Henar Moreno,
coordinadora de La Rioja.
Aunque aparentemente ha sido una
decisión unánime, ha habido dirigentes de IU, entre otros los de
Izquierda Abierta, que lidera Gaspar Llamazares, a quienes no ha gustado
nada esta medida por considerar que a Gordo y a Pérez se les ha hecho "un juicio sumarísimo" sin garantías jurídicas ni estatutarias.
Así
las cosas, parece que ni a la cuarta irá la vencida porque esta es la
cuarta ocasión en la que la Presidencia federal adopta una medida para
forzar la salida de los dos portavoces madrileños.
Primero hubo
dos resoluciones en diciembre pasado en las que se les pedía que
dimitieran de sus cargos como portavoces, pero como persistieron en
desoír estas exigencias, la Presidencia federal volvió a reunirse el 30
de enero y fue un poco más lejos al acordar la "desautorización política" de ambos y abrirles un expediente.
Hoy
se ha llegado a la expulsión de Izquierda Unida, una medida que, según
han explicado algunas fuentes, no puede ejecutar la
Presidencia federal porque la federación madrileña tiene personalidad jurídica propia y es la única con capacidad para echar a un militante.
En
cualquier caso, Gordo y Pérez, que ya fueron suspendidos cautelarmente
de militancia por el PCE hace unos días, pueden mantener sus actas de
diputado y concejal, respectivamente, hasta que sean disueltas las
instituciones madrileñas por la convocatoria de las elecciones
municipales y autonómicas.
Con esta resolución controvertida sobre la mesa se reunirá mañana el Consejo Político de IU, que no está convocado para tratar la situación de los portavoces madrileños ni
el conflicto interno de Madrid, pero que sin duda marcará la agenda del
cónclave en el que está previsto que se aprueben los ejes de la
convergencia electoral con otras fuerzas.
Según algunas voces en
IU, ha sido la guerra abierta entre dos maneras de entender el proyecto
electoral lo que subyace detrás de toda esta cuestión.
Una guerra entre una corriente abierta a la convergencia, que lideraba la excandidata de IU a la Comunidad de Madrid Tania Sánchez y en la que está el aspirante al Ayuntamiento de la capital, Mauricio Valiente, dispuesta a renunciar a las siglas de IU para involucrarse en pactos de unidad popular.
Enfrente, otro sector, mayoritario en la federación autonómica y que encabezaban hasta esta tarde los dos dirigentes expulsados, defensores a ultranza de que IU concurriera en solitario o bajo la fórmula de la coalición electoral.
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