En ella, el Ejecutivo aclara a la diputada de ERC Ana María Surra que Moragas ocupará "la residencia oficial del Estado español" para la Representación Permanente de España ante la ONU, un inmueble que "es propiedad del Gobierno de España" desde 1972 y cuya función principal es "representativa".
La residencia, dice el Gobierno, "es el lugar donde se realizan actos oficiales y se aloja puntualmente a delegaciones de España en visita oficial y a otros miembros de la Administración del Estado", además de ser la vivienda del embajador. Por ese motivo "dispone de los servicios habituales para el adecuado desempeño" de esas funciones.
Así, tiene "almacenes, cuartos de instalaciones, un recibidor, cocina, pequeño comedor; un salón, un comedor oficial, un despacho, siete estancias/dormitorios, un trastero y cuatro estancias/dormitorios de servicio", y no tiene "piscina ni gimnasio" pero sí pista de squash.
Además, el Gobierno detalla que no dispone de vigilancia privada, ni de equipo de Policía o Guardia Civil, ni ha sido objeto de inversiones en materia de seguridad en los últimos años. Sí dispone de servicio doméstico, cuyo gasto es asumido por el Estado español como en todas las representaciones.
Sin embargo, la diputada de ERC no ha considerado suficientes las respuestas del Gobierno y pregunta cuáles son los "servicios habituales" que debe tener una residencia, y también cuántos miembros tiene ese servicio doméstico, cómo se seleccionó a esos trabajadores y si ha cambiado con la composición del nuevo embajador.
También, si Moragas ha hecho obras en la vivienda o ha comprado mobiliario, y por cuánto dinero; a qué responden los más de 12.000 euros de gasto anuales de mantenimiento y a qué se destinan los almacenes y cuartos de instalaciones y cuántos hay, así como el número de metros cuadrados totales de la residencia.
Por otro lado, a la vista de la respuesta del Gobierno, desea saber cuántas delegaciones de España en visita oficial ha alojado la representación en los últimos cinco años, y a qué miembros de la Administración. La diputada reclama el detalle de cada delegación por su finalidad, año de visita y coste ocasionado.
Por último, pregunta cuántos viajes del embajador de España ante la ONU o de su familia han sido pagados con dinero público en los últimos cinco años, con especificación del destino, beneficiarios, año y coste; y también si el embajador dispone de coche oficial y cuánto cuesta tal servicio, incluido el conductor.
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