MADRID.- La Sala II del Tribunal Supremo, conformada por cinco magistrados y presidida por Miguel Colmenero, comenzó a deliberar ayer sobre los 67 recursos de casación presentados contra la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional por el caso de las tarjetas black.
Aquel fallo, de febrero de 2017, condenó a 120 años de prisión, por
apropiación indebida, a 65 exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid y
Bankia que, entre 2003 y 2012, cargaron unos 12 millones de euros en
gastos sin justificar a unas tarjetas de crédito de empresa que nadie
controló y que ni siquiera tributaron, recuerda hoy Cinco Días.
Al menos 19, aquellos con penas superiores a dos años o antecedentes penales,
ingresarían en prisión si el alto tribunal ratifica sus condenas. La
Sala volverá a reunirse en los próximos días para continuar su análisis.
El caso más claro es el del exvicepresidente económico del Gobierno y
exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, que presidió ambas entidades entre 2010 y 2012.
La Audiencia Nacional le impuso cuatro años y medio de prisión, pena
solo superada por la condena a su antecesor al frente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que se suicidó el pasado julio tras ser condenado a seis años de cárcel.
Otros 18 condenados, a los que la Audiencia Nacional
impuso penas de más de dos años de cárcel también ingresarían en
prisión si el Tribunal Supremo rechaza ahora sus recursos y ratifica la
sentencia de la Audiencia Nacional.
Es el caso del exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín (que pertenecía a Izquierda Unida), condenado a cuatro años; del exvicepresidente Estanislao Rodríguez Ponga (exsecretario de Estado de Hacienda con el PP) o de los exconsejeros Francisco Baquero (CC OO) y Antonio Romero
(PSOE), a quienes la Audiencia impuso tres años y dos meses de prisión.
La misma pena encaran Francisco José Morue o Jorge Gómez Moreno. Por
otra parte, la Audiencia Nacional impuso tres años a José María de la
Riva, Rodolfo Benito o Gonzalo Martín Pascual.
Para el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj,
así como para Rubén Cruz, Antonio Rey de Viñas, Antonio Cámara, Javier
de Miguel Sánchez, Ángel Gómez del Pulgar, Fráncico José Pérez
Fernández, Miguel Ángel Abejón, las penas fueron de dos años y seis
meses.
También podría volver a prisión el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que acaba de salir de la cárcel
tras cumplir cinco de los 10 años de condena por alzamiento de bienes o
blanqueo de capitales en el caso Marsans. Las black podrían costarle
ahora otros dos años a la sombra.
Aunque usualmente solo ingresa en prisión quien sufre una pena de al menos dos años y un día, los antecedentes penales de Díaz Ferrán podrían hacer que en su caso el castigo se haga efectivo.
Más allá, no sería el primer caso financiero en que un tribunal
decrete ingreso en prisión para quienes han sido condenados a solo dos
años. Así ocurrió, por ejemplo, con cinco exdirectivos de Novagalicia condenados a dos años de cárcel
por los que la Audiencia Nacional reclamó su ingreso en un penal. En
este escenario, la colaboración con la justicia o la devolución del
dinero gastado serán elementos decisivos.
Más allá de la posibilidad de que ratifique las penas,
el alto tribunal podría acabar elevando el castigo a algunos de los
acusados, como es el caso de Rato o de la exmano derecha de Blesa, y
responsable financiero de las entidades, Ildefonso Sánchez Barcoj.
La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo, que ejerce como acusación particular ha recurrido para pedir que sean condenados por administración desleal además de por apropiación indebida.
Del lado contrario, el Supremo podría terminar estimando los recursos de los condenados y reduciendo, o anulando, sus penas, evitando que al menos algunos entren en prisión. La resolución del alto tribunal se conocerá en los próximos días. 
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