MADRID.- OHL ha encargado al bufete Baker
& Mackenzie la investigación a directivos y ex directivos de la
compañía por el presunto pago de sobornos para la consecución de
contratos y que, a su vez, están siendo investigados en una pieza
separada del caso Lezo, han dicho fuentes de la constructora.
Este
despacho está llevando a cabo una "exhaustiva" investigación
"forensic", según las mismas fuentes, que han recordado que la empresa
no es parte investigada en ninguna causa y que ninguno de sus empleados
ha sido nunca condenado por corrupción.
Durante su intervención en la Junta de Accionistas este
martes, el presidente de la compañía, Juan Villar-Mir de Fuentes,
anunció que el grupo había abierto una investigación interna para
revisar su modelo de prevención de prácticas de corrupción, a fin de
detectar posibles fallos y proponer de forma inmediata las
correspondientes mejoras.
"Esta compañía está, ha
estado y seguirá estando firmemente comprometida con las buenas
prácticas de gobierno corporativo, con la transparencia, ética e
integridad como principios irrenunciables", ha dicho el presidente de
OHL.
"No pretendo eludir asuntos que la actualidad
informativa está reiteradamente llevando a titulares, en mi modesta
opinión la mayor parte de las veces poco matizada y con datos
incompletos, arrojando dudas sobre los procedimientos de la compañía en
materia de buen gobierno cuando éstos son irreprochables", ha señalado
Villar-Mir Fuentes.
Posteriormente, en declaraciones a
la prensa, el consejero delegado del grupo, José Antonio Fernández
Gallar, ha apuntado que la investigación, en la que también participan
los servicios internos de auditoría, se abrió por un caso en concreto,
sin que por el momento haya "aparecido nada".
"Estamos
colaborando con la justicia. No puedo decir nada más, no tenemos
certeza de lo que se está investigando", ha dicho el máximo ejecutivo de
OHL, quien ha apuntado que las prácticas investigadas se remontarían a
los años 2003 a 2014 y que la compañía se ha puesto a disposición de la
UCO para colaborar desde que se pusieron en contacto con ellos.
"Se
está analizando si ha habido malas prácticas que chocan con el plan de
prevención de la compañía", ha señalado Fernández Gallar, quien ha sido
ratificado como ejecutivo por la Junta.
El juez del
caso Lezo, Manuel García Castellón, ha llamado a declarar este jueves
como investigado a Paulino Hernández, un empleado de OHL, que grabó
conversaciones que revelarían el pago "sistemático" de comisiones
ilegales a cambio de obra pública en administraciones municipales y
autonómicas.
Además del autor de estos audios, esta
semana el juez ha citado también como investigado al delegado de obra
civil de OHL en Andalucía Oriental, José Manuel Sanjurjo Álvarez.
Las
grabaciones fueron encontradas de forma casual en un registro en el
marco del caso Lezo cuando se practicaron entradas y registros en las
oficinas de OHL, cuyo expresidente Juan Miguel Villar Mir está imputado
en esta causa por un supuesto pago de 1,4 millones de euros al
expresidente madrileño Ignacio González por la adjudicación de un tren
entre Navalcarnero y Móstoles.
El hallazgo dio lugar a
la apertura de una nueva pieza, que ha estado hasta ahora secreta, y a
la elaboración de un informe por parte de la UCO de la Guardia Civil,
que concluye que el importe total pagado por OHL de 2003 a 2014 en
concepto de presuntas comisiones ascendería a 38,5 millones de euros.
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