martes, 17 de marzo de 2020

El Rey Juan Carlos mantiene su estatus jurídico y seguirá siendo miembro de la Familia Real

MADRID.- La decisión de Felipe VI de retirar a su padre la asignación presupuestaria que venía recibiendo hasta ahora no afecta a la condición de don Juan Carlos como miembro de la Familia Real ni a que pueda seguir manteniendo el estatus jurídico que tiene desde su abdicación.

El Rey informó este domingo de su decisión de renunciar a la herencia de don Juan Carlos mediante un comunicado de Zarzuela tras diversas informaciones en las que se asegura que Felipe VI es beneficiario de una sociedad “offshore” creada por su padre y vinculada a una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí.
En el comunicado se daba cuenta de que el Rey retiraba a su padre la cantidad que percibía anualmente procedente de los Presupuestos Generales del Estado.
Una cifra que en la actualidad era cercana a los 200.000 euros, ya que el último dato publicado en la web de la Casa Real corresponde a 2018 y ascendía a 194.232.
Tras renunciar a la Corona en 2014, don Juan Carlos mantuvo su condición de miembro de la Familia Real, su consideración como Rey y el estatus jurídico de aforado, al igual que los miembros del Gobierno y los parlamentarios.
Conservó todo ello, junto a la asignación presupuestaria, después de hacer efectiva el 2 de junio pasado su decisión de retirarse de la actividad oficial.
Sólo se decidió eliminar en ese momento su Secretaría, a cuyo frente estaba el diplomático Alfonso Sanz Portolés.
No obstante, Zarzuela ya avanzó entonces que la retirada de la actividad oficial podría afectar también en el futuro a la remuneración que percibía.
Eso es lo que ha ocurrido ahora, al anunciar el Rey que dejará de percibirla pero sin que eso lleve aparejado que afecte a otras prerrogativas.
El decreto que aprobó el Gobierno en junio de 2014 tras la abdicación establecía que don Juan Carlos y doña Sofía mantuvieran el tratamiento de Rey y de Reina, y así seguirá siendo.
Continuará formando parte de la Familia Real, que con la proclamación de Felipe VI quedó reducida a seis personas (los Reyes, sus hijas, don Juan Carlos y doña Sofía) y mantendrá el mismo estatus jurídico.
Eso implica que, al seguir siendo aforado, sólo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo por delitos cometidos tras el 19 de junio de 2014, la fecha de su abdicación.
Desde entonces perdió su inviolabilidad, pero la mantiene para hechos que ocurrieran antes de se momento.
Teniendo en cuenta esa inviolabilidad, la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y PP, rechazó el pasado día 10 la petición de Unidas Podemos y ERC de crear una comisión de investigación para esclarecer las presuntas irregularidades fiscales cometidas por don Juan Carlos.
Por ello también el Tribunal Supremo archivó el año pasado la querella de IU y el PCE por los audios de Corinna zu Sayn-Wittgenstein y el excomisario José Villarejo en los que se implicaba al Rey.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido recientemente a Suiza investigar una supuesta donación de 65 millones de euros desde una fundación panameña vinculada al padre del Rey a una cuenta de Corinna Larsen.
Una petición en el marco de la investigación abierta en relación con el pago de posibles comisiones en la adjudicación del AVE a La Meca y que recayó en 2011 a un consorcio de empresas españolas.
Ante todo ello, en el comunicado de Zarzuela se informa de que don Juan Carlos ha designado para su representación al abogado Javier Sánchez-Junco.

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