MADRID.- La decisión de Felipe VI de retirar a su padre la asignación
presupuestaria que venía recibiendo hasta ahora no afecta a la condición
de don Juan Carlos como miembro de la Familia Real ni a que pueda
seguir manteniendo el estatus jurídico que tiene desde su abdicación.
El Rey informó este domingo de su decisión de renunciar a la herencia
de don Juan Carlos mediante un comunicado de Zarzuela tras diversas
informaciones en las que se asegura que Felipe VI es beneficiario de una
sociedad “offshore” creada por su padre y vinculada a una donación de
65 millones de euros de Arabia Saudí.
En el comunicado se daba cuenta de que el Rey retiraba a su padre la
cantidad que percibía anualmente procedente de los Presupuestos
Generales del Estado.
Una cifra que en la actualidad era cercana a los 200.000 euros, ya
que el último dato publicado en la web de la Casa Real corresponde a
2018 y ascendía a 194.232.
Tras renunciar a la Corona en 2014, don Juan Carlos mantuvo su
condición de miembro de la Familia Real, su consideración como Rey y el
estatus jurídico de aforado, al igual que los miembros del Gobierno y
los parlamentarios.
Conservó todo ello, junto a la asignación presupuestaria, después de
hacer efectiva el 2 de junio pasado su decisión de retirarse de la
actividad oficial.
Sólo se decidió eliminar en ese momento su Secretaría, a cuyo frente estaba el diplomático Alfonso Sanz Portolés.
No obstante, Zarzuela ya avanzó entonces que la retirada de la
actividad oficial podría afectar también en el futuro a la remuneración
que percibía.
Eso es lo que ha ocurrido ahora, al anunciar el Rey que dejará de
percibirla pero sin que eso lleve aparejado que afecte a otras
prerrogativas.
El decreto que aprobó el Gobierno en junio de 2014 tras la abdicación
establecía que don Juan Carlos y doña Sofía mantuvieran el tratamiento
de Rey y de Reina, y así seguirá siendo.
Continuará formando parte de la Familia Real, que con la proclamación
de Felipe VI quedó reducida a seis personas (los Reyes, sus hijas, don
Juan Carlos y doña Sofía) y mantendrá el mismo estatus jurídico.
Eso implica que, al seguir siendo aforado, sólo podría ser juzgado
por el Tribunal Supremo por delitos cometidos tras el 19 de junio de
2014, la fecha de su abdicación.
Desde entonces perdió su inviolabilidad, pero la mantiene para hechos que ocurrieran antes de se momento.
Teniendo en cuenta esa inviolabilidad, la Mesa del Congreso, con los
votos de PSOE y PP, rechazó el pasado día 10 la petición de Unidas
Podemos y ERC de crear una comisión de investigación para esclarecer las
presuntas irregularidades fiscales cometidas por don Juan Carlos.
Por ello también el Tribunal Supremo archivó el año pasado la
querella de IU y el PCE por los audios de Corinna zu Sayn-Wittgenstein y
el excomisario José Villarejo en los que se implicaba al Rey.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido recientemente a
Suiza investigar una supuesta donación de 65 millones de euros desde una
fundación panameña vinculada al padre del Rey a una cuenta de Corinna
Larsen.
Una petición en el marco de la investigación abierta en relación con
el pago de posibles comisiones en la adjudicación del AVE a La Meca y
que recayó en 2011 a un consorcio de empresas españolas.
Ante todo ello, en el comunicado de Zarzuela se informa de que don
Juan Carlos ha designado para su representación al abogado Javier
Sánchez-Junco.
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