MADRID.- La Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes, ha eludido valorar la destitución del jefe de la Primera
Unidad de Intervención Policial (UIP), Francisco Javier Virseda, a raíz
de los disturbios ocurridos tras la Marcha por la Dignidad del 22 de
marzo y ha hecho un llamamiento a corregir fallos y a llegar a acuerdos con los sindicatos policiales.
En declaraciones a TVE, Cifuentes ha
recordado que ha habido una investigación interna sobre la actuación de
la Policía el 22-M y el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó, ha
dado "cuatro horas" de explicaciones en el Congreso. En este sentido, ha
instado al máximo mando policial a llegar a acuerdos con los sindicatos
policiales y ha incidido en que se debe aprender para que no se vuelvan a producir "situaciones terribles" como "ver a unos policías que están siendo masacrados".
"Si se han cometido fallos, como parece ser y se ha reconocido, que se corrijan", ha dicho Cifuentes, que ha incidido en que Cosidó
anunció en el Congreso una serie de medidas "importantes" para hacer
que este tipo de disturbios quede "como algo excepcional" y no se
vuelvan a repetir".
En cualquier caso, ha retirado que hubo una violencia desmesurada contra la Policía
--"nunca había visto nada así", ha señalado-- con independencia de
"esos fallos" policiales. "Aquí lo que hubo fue un grupo de personas muy
violentas que fueron no solamente a reventar una manifestación que era
pacífica sino a provocar daños y una agresión a la policía
verdaderamente violenta", ha explicado.
En esta línea, ha admitido que le hubiera gustado escuchar "una
condena tajante" por parte de los convocantes de la violencia que hubo
en la manifestación aunque, en cualquier caso, ha incidido en la
necesidad de "prevenir" este tipo de situaciones para que no vuelvan a
producirse.
Para la Delegada del Gobierno en Madrid, la actuación de la Policía frente a una "brutalidad absoluta" fue correcta
pero las personas que participaron en la manifestación del pasado 22 de
marzo tenían "una intención clara y evidente" de provocar disturbios.
Con el añadido, ha señalado, de que los violentos no esperaron a
que el acto terminara, lo que dificultó la actuación de la Policía. De
hecho, ha explicado como anécdota que tiene varias piedras de las
lanzadas en la marcha del 22M en su despacho como ejemplo de la
brutalidad empleada.
En cuanto a la diferencia de opiniones con la alcalde de Madrid,
Ana Botella, en relación a la propuesta de modular las manifestaciones
en el centro de Madrid, la delegada del Gobierno ha recalcado que
"puntuales discrepancias" las ahí con todas las administraciones pero
también coincide con la regidora de la capital "en muchas cosas".
Así, ha incidido en que su obligación es cumplir la ley y esta
protege el derecho de manifestación, que hay que compatibilizar con el
derecho de los ciudadanos a disfrutar de una ciudad "transitable". En
esta línea, ha abogado por estudiar "caso por caso" y "dialogar con los
convocantes" para que sean conscientes de que no es positivo penalizar
ciertas zonas con manifestaciones continuas.
Esto último, ha dicho, es algo que ya ha empezado a dar sus frutos
porque, según datos, este año se han convocado 400 manifestaciones
menos que el año pasado en el centro de Madrid. Además, la mayoría de
las manifestaciones en el centro de la capital, casi el 80 por ciento,
cuentan con menos de 200 participantes.
En este sentido, ha cargado contra el informe de Amnistía
Internacional que alerta de que el derecho de protesta está amenazado en
España. Según los datos que ha facilitado, desde el año 2012 en Madrid
se han llevado a cabo más de 8.600 manifestaciones, de las cuales "un
número pequeñísimo, una cantidad francamente irrelevante", han derivado
en violencia. Así, dijo, solo en una decena de ocasiones han tenido que
intervenir los agentes de la Unión de Intervención Policial con material
antidisturbio.
