MADRID.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril,
considera "excelentes" las condiciones en que el presidente de la
Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el subteniente Jorge
Bravo, cumplió un arresto de un mes y un día por criticar los recortes
de Defensa en los medios y cree que las "numerosas quejas" que el
representante de la asociación presentó durante su sanción responden
"más bien" a "su deseo de cambio del marco jurídico de la privación de
libertad" para los militares.
Así consta en un informe emitido por la Defensora del Pueblo para exponer las conclusiones de su
visita el pasado 19 de abril al Establecimiento Disciplinario Militar
Centro, en Colmenar Viejo (Madrid), donde el subteniente Bravo cumplió
su arresto entre el 3 de abril y el 2 de mayo.
En el documento, la Defensora del Pueblo sostiene que las
condiciones del arresto, en lo referente a "instalaciones, alimentación,
atención médica, etc", son "excelentes" y asegura que el
"comportamiento" de los mandos fue "correcto y ajustado a derecho".
Agrega que los derechos del subteniente "fueron respetados" y se procuró
"atender a sus quejas cuando existía margen de interpretación para
darle satisfacción".
Además, apunta que "las numerosas quejas presentadas" por el
presidente de AUME durante su arresto "parecen obedecer más bien a su
deseo de cambio del marco jurídico de la privación de libertad
disciplinaria militar".
Pocos días después de que comenzara a cumplir la sanción, AUME
elevó una queja a la Defensora del Pueblo por las "condiciones" en que
se estaba cumpliendo. En concreto, la asociación mayoritaria de
militares denunció que se estaban vulnerando "derechos fundamentales" de
su presidente y pedía una visita "urgente" para comprobar la situación.
También denunció estas condiciones la diputada de UPyD Irene
Lozano, que visitó a Bravo junto a la líder de su partido, Rosa Díez, y
que criticó que era tratado "como si fuera un delincuente". En concreto,
el subteniente les dijo que se le sometía a "cacheos" después de
recibir visitas, era despertado con música alta y su intimidad había
sido "vulnerada" en algunas ocasiones, como por ejemplo ocurrió al
recibir un telegrama, que le fue abierto.
El Ejército de Tierra rechazó las "falsedades" que, según dijo en
un comunicado, la asociación de militares estaba "circulando" e invitó a
la Defensora del Pueblo a acudir al centro disciplinario en el momento
que quisiera.
La Defensora del Pueblo inició una investigación de oficio y
visitó el centro. Además de exponer las conclusiones obtenidas, en su
informe aprovecha para destacar "buenas prácticas" que ha detectado
respecto a visitas anteriores al mismo centro disciplinario militar.
En concreto, señala que se han instalado más cámaras de
vigilancia, tal como solicitó tras una visita que efectuó en 2010, y
nuevos vestuarios para los funcionarios que trabajan en este centro.
También resalta el "buen estado de conservación y limpieza de las
instalaciones", así como la provisión de "material de ocio" en el citado
centro, y dice que se procura "atender las quejas de los internos
dentro de las posibilidades de interpretación de la normativa vigente",
buscando "rapidez" en las respuestas a las peticiones y quejas.
En el informe también se incluyen algunas recomendaciones de
cambios necesarios. Así, estima que se debería "especificar" en qué
casos puede usarse el teléfono móvil, ya que en algunos centros se
admite de manera "excepcional", sobre todo para llamar a países
sudamericanos, y en otros sólo cuando las cabinas no funcionen.
En el centro de Colmenar Viejo, sin embargo, se puede usar para
consultar la agenda y después utilizar la cabina, pero la Defensora del
Pueblo cree que debería especificarse en qué usos y en qué casos
excepcionales puede tenerse acceso al teléfono móvil particular.
Además, Becerril sugiere la instalación de un sistema de
comunicación que salvaguarde debidamente el derecho a la intimidad de
los internos, ya que se ha detectado que el sistema técnico existen
podía no hacerlo "si hubiera voluntad para ello". Finalmente, el informe
recomienda que se precise en qué casos procede hacer registros
personales y qué personas deben llevarlos a cabo.
