MADRID.- La responsabilidad de las entidades financieras en el escenario de la crisis económica ha sido, desde su eclosión, una de las principales demandas del Movimiento 15-M. Los integrantes del grupo de trabajo de economía han vuelto a insistir en este asunto en los últimos días con un documento en el que ponen el acento en el hecho de que el sistema financiero "salga reforzado" en el actual contexto gracias a llevarse, "a precio de saldo", una buena parte de las cajas de ahorros, según 'Público'.
Según explica Manuel Nolla, integrante del grupo y uno de los impulsores del texto, el objetivo primordial pasa ahora por "intentar parar el expolio de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)", que, según aseguran los indignados, podría venderse a algún banco "por menos de 2.000 millones de euros y con garantías ante futuras pérdidas". "¡El Banco de España prefiere regalar las cajas de ahorros y nuestro dinero puesto en ellas antes de que sean nacionalizadas!", aseveran en el texto.
"Que las cajas sean semirregaladas a grandes bancos, que es lo que está haciendo este Gobierno, es para llorar. Es el suicido de la socialdemocracia", opina Nolla.
Los indignados afirman que los bancos privados "no lo han hecho mejor que las cajas" en los últimos años y les acusan de haber "hundido" el sistema financiero a nivel mundial. "Salvar a los bancos de EEUU y Europa ha costado ya dos billones de euros en ayudas directas y tres billones en garantías", advierten.
Nolla insiste en la misma idea: "Las cajas de ahorros han actuado de manera similar a los bancos; es decir, han sido gestionadas con criterios de máximo beneficio, por eso es posible que ahora puedan necesitar ser saneadas".
El grupo de economía no censura la inyección de dinero público en los procesos de reestructuración de estas entidades, pero lo que sí exige es que, en el caso de hacerse, el resultado sea una caja pública, "nunca su venta en almoneda y en el peor momento".
Nolla denuncia que, con cada crisis, se da "otro enorme bocado" al patrimonio público en lo que califica como una "estrategia política de los grandes poderes financieros para desmantelar el Estado".
Con esta perspectiva, el grupo de trabajo de economía apuesta por la "nacionalización" de las cajas de ahorros, una práctica a la que auguran además otros beneficios como la posibilidad de disponer de un parque de pisos y locales de alquiler que, aseguran, solucionaría en gran parte el problema de la vivienda y la supervivencia de muchas pequeñas empresas.
Los indignados ponen en valor la necesidad de crear una banca pública gestionada de manera "democrática" y "transparente", "alejada de la especulación" en la que las empresas puedan "obtener la financiación que necesitan" y que dé "confianza a los ciudadanos" para invertir su dinero en una entidad que va a destinarlo a la "realización de actividades éticas y sostenibles".
"Tenemos derecho a decidir democráticamente hacia dónde dirigir la inversión para reactivar la economía y para luchar contra el paro", manifiestan.
En el mismo texto, los indignados vuelven a exigir acciones judiciales para esclarecer las posibles "responsabilidades civiles y penales" de los gestores de los bancos, los tasadores, los auditores y los cargos políticos en la gestión de la crisis.
De hecho, el grupo de economía trabaja también en la redacción de una demanda a las entidades financieras por las "ilegalidades" en las que han incurrido. "Los bancos han falseado el alto valor de tasación de las viviendas y han sacado cédulas hipotecarias de un valor superior al permitido", aseguran.
Asimismo, el 15-M denuncia la "irresponsabilidad" del Ejecutivo y los órganos de gobierno de las cajas en la actual coyuntura y denuncia también la "dejación de funciones" de supervisión del Banco de España.
