MADRID.- La magistrada titular del juzgado de instrucción nº 24 de Madrid,
en función de guardia de diligencias, ha acordado a primera hora de la
mañana la libertad provisional de Francisco Nicolás G. I., el joven de
20 años detenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por,
supuestamente, haberse hecho pasar por asesor del Gobierno de España con
el uso de documentación falsa.
El Grupo IX de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía le acusa de los delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas, según el auto.
En
el atestado instruido al efecto se detalla que el imputado ha venido
desarrollando una "intensa actividad" en actos públicos, con presencia
en ellos de altas personalidades de la vida pública española, así como
con personas de alta dirección de sociedades financieras y de la vida
económica.
Su actividad se basaba en que se hacía pasar por
poseedor de diversos cargos dentro de la vida política española, "si
bien no consta que haya sido exhibida documentación alguna que avalara
sus afirmaciones verbales".
Siguiendo el relato policial, el detenido, gracias a la documentación gráfica de las reuniones a las que asistía, se hizo pasar como asesor de la Vicepresidencia de Gobierno
para que J.M de la H. le entregase 25.000 euros con la promesa de que
intentaría que el Gobierno mediase en la venta de un inmueble que tenía
un familiar en Toledo.
Tras darle el dinero, el imputado entregó
al presunto estafado un dossier bajo el título 'Palacio de la Moncloa.
Protocolo de Actuación. Gobierno de España" con el nombre de la víctima y
con una firma atribuida al secretario de Estado y otra al subsecretario
de Estado de la Presidencia del Gobierno.
El arrestado ha
reconocido ante la Policía que ese informe lo efectuó él mismo,
escaneando las firmas de los secretarios. Posteriormente, a
requerimiento del estafado, le devolvió 10.000 de los 25.000 euros
entregados.
En el informe policial también consta que el imputado se desplazaba por Madrid con vehículos de alta gama
a los que añadía un luminoso semejante a los utilizados por las fuerzas
de seguridad. En una ocasión, había uno de estos coches con chófer para
reunirse con su víctima.
Autorizado por el Juzgado de Instrucción
nº 12 de Madrid, se produjo una entrada y registro en el domicilio
del detenido, en el que le fueron requisados otros dos dossieres
elaborados por él bajo la apariencia de oficialidad, sin que conste que
hayan sido utilizados.
Los agentes también descubrieron dos autorizaciones falsas para vehículos para el Palacio de la Moncloa y una placa emblema de la Guardia Civil y otra de la Policía Municipal, ambas al parecer verdaderas y que el imputado ha manifestado que se las regalaron sus titulares.
Además
de asesor político, el imputado se hacía pasar supuestamente por
miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De hecho, imprimió en
una copistería madrileña un informe que simulaba pertenecer al CNI.
Por
este motivo, y tras detectar los agentes a la posible víctima de la
estafa, se estableció un dispositivo de vigilancia, según informó la Policía en una nota de prensa, para proceder a su detención en Madrid
capital.
En
el auto firmado hoy, la jueza manifiesta que "no acierta a entender
cómo un joven de 20 años, con su mera palabrería, aparentemente con su
propia identidad, pueda acceder a las conferencias, lugares y actos a
los que accedió sin alertar desde el inicio de su conducta a nadie, por muy de las juventudes del PP que manifeste haber sido".
Tampoco
comprende cómo ha podido 'colar' su afirmación de ser asesor del
Gobierno de España, máxime si se tiene en cuenta el informe del médico
forense, en el que se hace constar que el detenido tiene "una florida
ideación delirante de tipo megalomaníaco".
Pero la magistrada no
ha encontrado razones para decretar su prisión provisional, tal y como
pidió el Ministerio Fiscal, ya que esta medida es excepcional y
considera que no hay riesgo de fuga. El arrestado es español, tiene
arraigo en su ciudad, donde reside con su familia, y cursa estudios superiores.
Además,
considera que dada la repercusión mediática de este caso, "el riesgo de
reiteración de la conducta se ha reducido prácticamente a cero y todas
las pruebas que pudieran aportarse han sido obtenidas en la entrada y
registro efectuada el martes".
Por todo ello, la jueza determina
que, "si bien existen motivos bastantes para estimar responsable
criminalmente de los delitos de falsedad y estafa al detenido", ha
decretado libertad provisional sin fianza, con la obligación de
comunicar al Juzgado los cambios de domicilio, así como la prohibición
de abandonar territorio español, debiendo entregar el pasaporte.
