MADRID.- Ecologistas en Acción se muestra favorable a la expropiación del 50’01% de las acciones de YPF por parte del Gobierno argentino a costa del 57’46% que le pertenecen a Repsol. Este es un paso necesario en el avance hacia un mundo post-petrolero más justo.
Ecologistas en Acción considera que es imposible avanzar hacia un mundo post-petrolero mientras el control de los campos y de la actividad petrolera esté en manos de empresas privadas. De este modo, el control público que una empresa como YPF es un paso adelante.
Pero la organización ecologista es plenamente consciente de que las razones por las que el Gobierno argentino se está planteando la nacionalización no son precisamente las ambientales. A pesar de ello, la expropiación sería una buena noticia, ya que un Gobierno en un país con una democracia parlamentaria es más susceptible de avanzar hacia el desmantelamiento de empresas públicas contaminantes gracias a la presión popular, que una corporación privada que solo se rige por la ley de máximo beneficio.
Además la noticia es positiva desde una perspectiva de justicia social. Ecologistas en Acción recuerda que Repsol, una pequeña empresa petrolera entonces, pudo comprar YPF gracias, entre otras cosas, a que el Gobierno de Carlos Ménem puso en venta la otrora empresa pública a precio de saldo y en un proceso plagado de irregularidades. Durante este tiempo, los beneficios de la explotación de los recursos argentinos no se han quedado en Argentina, sino que mayoritariamente han salido fuera de sus fronteras, mientras los impactos de la extracción sí han afectado a la población local.
Ecologistas en Acción considera que es imposible avanzar hacia un mundo post-petrolero mientras el control de los campos y de la actividad petrolera esté en manos de empresas privadas. De este modo, el control público que una empresa como YPF es un paso adelante.
Pero la organización ecologista es plenamente consciente de que las razones por las que el Gobierno argentino se está planteando la nacionalización no son precisamente las ambientales. A pesar de ello, la expropiación sería una buena noticia, ya que un Gobierno en un país con una democracia parlamentaria es más susceptible de avanzar hacia el desmantelamiento de empresas públicas contaminantes gracias a la presión popular, que una corporación privada que solo se rige por la ley de máximo beneficio.
Además la noticia es positiva desde una perspectiva de justicia social. Ecologistas en Acción recuerda que Repsol, una pequeña empresa petrolera entonces, pudo comprar YPF gracias, entre otras cosas, a que el Gobierno de Carlos Ménem puso en venta la otrora empresa pública a precio de saldo y en un proceso plagado de irregularidades. Durante este tiempo, los beneficios de la explotación de los recursos argentinos no se han quedado en Argentina, sino que mayoritariamente han salido fuera de sus fronteras, mientras los impactos de la extracción sí han afectado a la población local.
Además, las decisiones sobre temas estratégicos para el país americano, como los energéticos, tampoco se han realizado allí. Por ello, simplemente desde esta perspectiva de justicia social, la nacionalización de YPF es una buena noticia.
Por último, Repsol no es una empresa “española”, sino que es una empresa de sus accionistas. No existe ningún control público sobre sus actividades, ni sus beneficios redundan en la ciudadanía española de forma significativa. Además el 42’00% de las acciones está en manos de fondos de inversión que no tienen su sede en España, a lo que hay que sumar el 9’48% que está en manos de Pemex. Es decir, más de un 50% de la compañía pertenece a personas o entidades radicadas en terceros países.
Para Ecologistas en Acción, la defensa de los intereses de Repsol por parte del Gobierno solo puede ser explicada por una visión colonialista de las relaciones internacionales y por la supeditación de las instituciones públicas a los intereses privados de las empresas, en este caso Repsol.
Por último, Repsol no es una empresa “española”, sino que es una empresa de sus accionistas. No existe ningún control público sobre sus actividades, ni sus beneficios redundan en la ciudadanía española de forma significativa. Además el 42’00% de las acciones está en manos de fondos de inversión que no tienen su sede en España, a lo que hay que sumar el 9’48% que está en manos de Pemex. Es decir, más de un 50% de la compañía pertenece a personas o entidades radicadas en terceros países.
Para Ecologistas en Acción, la defensa de los intereses de Repsol por parte del Gobierno solo puede ser explicada por una visión colonialista de las relaciones internacionales y por la supeditación de las instituciones públicas a los intereses privados de las empresas, en este caso Repsol.
