La Ley de Transparencia no afectará a la Casa Real española

MADRID.- El proyecto de Ley de Transparencia aprobado hoy  por el Consejo de Ministros no afectará a la Casa Real española por no tratarse de una administración pública, ha aclarado este viernes la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Santamaría ha respondido así a la moción aprobada por el Parlamento navarro, que instaal Ejecutivo español a que incluya en la ley "los mecanismos legales que resulten oportunos" para conocer las asignaciones y el patrimonio de cada miembro de la Casa Real.

   La portavoz del Ejecutivo ha explicado que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno obligará a la Administración Pública a informar en qué gasta el dinero público, pero la Casa Real es una institución que no está dentro de la Administración pública.

Mueren más de 60 personas en Siria por nuevos ataques del régimen

BEIRUT.- Al menos 61 personas han muerto este jueves en distintas localidades de Siria a causa de los bombardeos y ataques perpetrados por las fuerzas leales al Gobierno que preside Bashar al Assad, según han denunciado los Comités de Coordinación Local, una red opositora que evalúa la situación sobre el terreno.

   Entre las víctimas figuran, según este grupo, al menos doce niños, cuatro mujeres y un soldado desertor del Ejército. Dos de las víctimas habrían fallecido tras ser torturados por las fuerzas del régimen de Al Assad.

   Los Comités tienen constancia de 23 "mártires" en Idlib, 16 en Homs, 13 en Hama, tres en Deraa, dos en Alepo, dos en los suburbios en Damasco y uno tanto en Latakia como en la capital del país, según han informado en un comunicado.

   Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, ha denunciado que diez civiles, entre ellos tres niños y dos mujeres, han perdido la vida después de que hombres armados disparasen contra un autobús en la localidad de Sermeen, en el norte de Siria. Este grupo de civiles aparentemente trataba de cruzar la frontera hacia Turquía.

   El Observatorio, que depende para sus informaciones de una red de contactos sobre el terreno, no ha podido confirmar quién está detrás de estas muertes, aunque otros activistas consultados por Reuters han culpado a las tropas el Gobierno.

   La ONU calcula que más de 8.000 personas han muerto desde que se iniciasen hace un año las protestas antigubernamentales. Un portavoz del Ministerio de Exteriores sirio aseguró esta semana que unos 3.000 miembros de las fuerzas de seguridad han fallecido durante este último año por culpa de acciones atribuidas a "grupos terroristas armados".

   Las fuerzas del Gobierno han avanzado en las últimas semanas sobre varias zonas controladas hasta ahora por los rebeldes pero, a tenor de lo que han apuntado varios testigos, no tienen consolidados estos progresos, si bien se hace imposible confirmar cualquier información al respecto por el veto impuesto por parte de las autoridades a los periodistas independientes.

   Este jueves, los tanques del régimen han bombardeado de nuevo el barrio de Arbaeen, en la ciudad de Hama. En las últimas 48 horas han perdido la vida en esta zona más de una veintena de personas, según han declarado fuentes opositoras.

   También se han registrado intensos bombardeos sobre la ciudad de Sermeen, pero el responsable del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, Rami Abdelrahman, ha asegurado que "las fuerzas sirias todavía no han podido entrar" en esta localidad de la zona norte.

   Por otra parte, en la ciudad de Al Qusair, cerca de la frontera con Líbano, las fuerzas del régimen han tratado de reducir a los rebeldes y se han producido varios incidentes violentos. Tres residentes de esta zona y cuatro soldados han muerto en el marco de una emboscada, según el Observatorio.

   Las ofensivas constantes se habrían extendido también por Deraa, Deir al Zor y Latakia, pese al llamamiento lanzado por el Consejo de Seguridad de la ONU para que el Gobierno de Al Assad cumpla con las peticiones del enviado especial de Naciones Unidas y la Liga Árabe, Kofi Annan, y ponga fin a la violencia.

Urdangarin cree "malintencionada" cualquier invocación al Rey de España por parte de Manos Limpias

PALMA DE MALLORCA.-   La defensa del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha puesto de manifiesto en un escrito presentado ante el juez del caso Palma Arena que "cualquier invocación" que haga el sindicato Manos Limpias en sus recursos a "la persona de Su Majestad el Rey de España" y de "su Estatuto Constitucional y Legal debería tenerse por no puesta, no escrita y ni tan siquiera no insinuada por ser absolutamente gratuita, espuria, malintencionada e injustificada".

   Así lo ha expuesto el abogado Mario Pascual Vives en el escrito que presentó contra el recurso de reforma --y subsidiario de apelación-- interpuesto por Manos Limpias contra el auto por el que el juez José Castro desestimó la petición de la acusación popular de citar como imputada a la Infanta Cristina en el marco de las pesquisas sobre las actividades del Instituto Nóos.

   En su escrito, la defensa hace referencia asimismo a la comparación realizada por el sindicato entre la conducta presuntamente irregular desplegada por Ana María Tejeiro, mujer del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, con la de la Infanta, una comparación que a su juicio "no tiene ni puede tener parangón posible".

   En este sentido, el letrado asevera que la esposa de Torres tuvo "una participación activa" mientras que, por el contrario, la hija del Rey don Juan Carlos "ni siquiera actuó, como ha quedado acreditado en las declaraciones de cuantos coimputados o testigos han sido interrogados en esta causa".

   En esta misma línea, Pascual Vives asevera que el resto de argumentaciones esgrimidas en el recurso de reforma, que ya sido desestimado por el magistrado, "más que argumentaciones jurídicas responden a valoraciones espurias e injustificaddas".

   Entre ellas, señala que la mención de la Infanta como "la mujer del César", más allá "de una libertad retórica, distante de cualquier argumentación jurídica de peso, requeriría una llamada al orden procesal de quien la incluye en un escrito, por apartarse e incluso vulnerar los principios de respeto y probidad que todas las partes debemos mantener en todo momento a lo largo de cualquier proceso judicial".

   Por su parte, en el auto que ha dictado para desestimar el recurso de Manos Limpias, sobre el que ahora deberá pronunciarse en fase de apelación la Audiencia Provincial de Palma, el juez ha recriminado que Manos Limpias haya sacado de contexto de forma "intencionada" las palabras que utilizó en la primera resolución que dictó para rechazar la imputación de la Infanta, y en este sentido ha aseverado que el hecho de afirmar que llamarla a declarar como imputada "la estigmatizaría" es una "palmaria falsedad que ni tan siquiera admite disculpa".

   En su nueva resolución, Castro considera "rotundamente falso" que la no citación de la hija del Rey Don Juan Carlos tenga como finalidad "el librarla del mal trago de verse afectada por estigma alguno al que hubiera hacerse acreedora si hubieran existido indicios objetivos de criminalidad en su contra, lo que hasta el momento no se ha constatado".

Torres-Dulce será "implacable" contra la corrupción política porque es un "cáncer de la convivencia"

BADAJOZ.- El fiscal general del Estado español, Eduardo Torres-Dulce, sostiene que la "corrupción política" e "institucional" se está "revelando como un verdadero cáncer de la convivencia y del propio Estado de Derecho", motivo por el cual se comprometió ante el Congreso a ser "absolutamente implacable" en los casos en los que apareciera. 

Torres-Dulce ha garantizado que la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Fiscal estarán en "primera línea de batalla con respecto a todas formas de corrupción, no solamente la económica o la política, sino a veces incluso la denominada corrupción institucional".

El fiscal general ha advertido de que si la corrupción institucional "no se ataja, si no se da una respuesta, acaba corroyendo los cimientos del Estado y del Estado de Derecho, que es la base de la convivencia democrática en un país".

Según Rajoy, si hay enchufes saldrá el nombre y se explicarán las razones

OVIEDO.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la Ley de Transparencia que hoy viernes aprobará el Consejo de Ministros hará que "la gente sepa en qué se gasta su dinero", y que "si se enchufa" a alguien "salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata".

   En un almuerzo-mitin en Ribadesella junto a la candidata del PP a la Presidencia de Asturias, Mercedes Fernández, Rajoy ha recalcado que los cargos públicos deben ser "austeros y respetar cómo nunca el dinero de los ciudadanos".

   "La Ley de Transparencia pretende que se gobierne mejor, que se gestione bien y que la gente sepa en qué se gasta su dinero, que si se enchufa salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata, si ha habido concurso público, o simplemente porque se le ha ocurrido al señor de turno", ha indicado.

   Rajoy ha enmarcado la Ley de Transparencia dentro de las reformas que el Gobierno está llevando a cabo y ha añadido que con esta norma "todos los ciudadanos tendrán derecho a saber en qué se gastan el dinero todas las administraciones".

   "Si dan subvenciones habrá que publicarlas, se sabrá lo que ingresa cada ayuntamiento, comunidad y gobierno; los impuestos que paga la gente, los sueldos de los dirigentes, un sistema de responsabilidad para todos los gestores que hagan un mal uso del dinero de todos los contribuyentes", ha afirmado.

Delegación del Gobierno en Madrid impide que la marcha del 29-M acabe en Sol

MADRID.- La Delegación del Gobierno en Madrid ha impedido a los sindicatos terminar la marcha convocada el día de la Huelga General, 29 de marzo, en la Puerta del Sol, por motivos de seguridad debido al "colapso" que se generaría en ese punto al coincidir varias marchas y por el derecho a la libertad de movimientos de los ciudadanos, según han informado fuentes del departamento que dirige Cristina Cifuentes.

   La institución se ampara en el informe emitido por el Ayuntamiento de Madrid, que desaconseja que las protestas terminen en la Puerta del Sol, "ya que conllevaría importantísimas retenciones y sustanciales repercusiones en la circulación de vehículos, tanto privados como de servicio público".

   Con fecha del 16 de marzo, se celebró en la Delegación una reunión para coordinar la seguridad de la manifestación, con la asistencia de representantes de las organizaciones convocantes y responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En dicha reunión, se les indicó a los representantes sindicales que la coincidencia del final de la manifestación con otras concentraciones y manifestaciones comunicadas con anterioridad y les propuso que finalizaran la manifestación en la Puerta de Alcalá, como hicieron en la última convocatoria. Por tanto, se comunica a CC.OO. y UGT que en el centro de Madrid ese día hay una manifestación de CGT y Solidaridad Obrera desde la Plaza de la Beata María Ana Hasta Neptuno y otra de la plataforma sindical de la EMT y otros tres sindicatos que empieza en la Plaza de Atocha y termina en la calle Jacinto Benavente.

   Asimismo, en la Puerta del Sol, el espacio público propuesto por los organizadores como punto final de la manifestación, sobre las 19 horas, hay una concentración de la plataforma contra la impunidad del franquismo, comunicada previamente a la Delegación de Gobierno.

   Si bien la representante de dicha plataforma ha dicho no tener inconveniente alguno en coincidir con la manifestación convocada por CC.OO. y UGT y en compartir espacio en la Puerta del Sol, el departamento que dirige Cristina Cifuentes estima "no aconsejable" la coincidencia entre ambos actos.

   Además, argumenta que dada la previsión de alta participación en la manifestación de los dos sindicatos mayoritarios (250.000 personas) será necesario realizar numerosos cortes de circulación, "que implicarán una grave afectación de la almendra central de Madrid, y sobre todo del distrito Centro, con repercusión en la prestación de servicios esenciales desde el punto de vista de la seguridad (ambulancias, bomberos, policía, etc.)".

   Por otro lado, la Delegación ha asegurado que existen otros derechos fundamentales del resto de personas, "también dignos de protección, que por más que la protesta y reivindicación de los convocantes legítima y respetuosa conforme a derecho, no puedan perturbar en el ejercicio a la libertad de movimientos".

   En razón a lo expuesto anteriormente, "atendiendo al principio de proporcionalidad y con el fin de posibilitar el ejercicio adecuado del derecho de manifestación de todas las organizaciones convocantes, evitando que se produzca un colapso circulatorio en el distrito centro, se estima necesario modificar el final de esta manifestación, sin que ello suponga menoscabo alguno del derecho fundamental de reunión para los sindicatos convocantes".

   No obstante, respetarán el inicio de la marcha desde la Plaza Cánovas del Castillo para acabar en la Puerta de Alcalá, "un espacio igualamente emblematico de la ciudad de Madrid, lugar en el que estos sindicatos ya finalizaron la manifestación del día 11 de marzo y en el que queda plenamente asegurada la difusión de los mensajes objeto del acto".

   Por su parte, UGT y CC.OO. de Madrid han interpuesto un recurso contra la decisión de la Delegación del Gobierno de impedir a los sindicatos terminar la marcha convocada el día de la huelga general, 29 de marzo, en la Puerta del Sol por motivos de seguridad debido al "colapso" que se generaría en ese punto al coincidir varias marchas.

   En el documento, los sindicatos interponen un recurso especial para la protección jurisdiccional del derecho fundamental de reunión del artículo 21 de la Constitución contra la resolución dictada por la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid de 20 de marzo de 2012 por la que se modifica el itinerario solicitado en su día por ambas Organizaciones Sindicales.  

   La Delegación se ampara en el informe emitido por el Ayuntamiento de Madrid, que desaconseja que las protestas terminen en la Puerta del Sol, "ya que conllevaría importantísimas retenciones y sustanciales repercusiones en la circulación de vehículos, tanto privados como de servicio público".

   En el recurso, los sindicatos exponen que el 1 de marzo se solicitó por parte de los sindicatos a la Delegación de Gobierno la comunicación relativa al ejercicio del derecho de reunión a fin de organizar una manifestación que tendría lugar en la capital, el día 29 de marzo de 2012 con una duración prevista de 3 horas y 30 minutos, cuyo objeto es la protesta ante la Reforma Laboral.

   Tras la respuesta de la Delegación del pasado 20 de marzo, los sindicatos critican que "existe un claro recorte y modificación en cuanto al itinerario de la convocatoria", ya que la limita en cuanto a su lugar de finalización a la Plaza de la Independencia.

   A su juicio, "ello supone un recorte y modificación sustancial del itinerario solicitado por ésta parte y que como más adelante expondremos es desproporcionado y carente de justificación objetiva y razonable alguna".

   "Ello supone, por tanto, una limitación del Derecho de reunión y manifestación amparado en el artículo 21 de nuestra Constitución", recalcan en el recurso.

   Según los sindicatos, la Resolución dictada por la Delegación de Gobierno "no es objetiva, no está plenamente justificada y carece de proporcionalidad entre el fin que dice amparar y la lesión del derecho Constitucional que esta parte invoca".

   Asimismo, critica que obvie "la Doctrina Constitucional y de otros Tribunales de rango inferior sobre la utilización del espacio urbano por la sociedad democrática", recordando que "califica a dicho espacio no solo en un ámbito de circulación de vehículos, sino también en un espacio de participación ciudadana y lugar de ejercicio de un derecho de reunión como son las principales vías de nuestras ciudades".

   Por ello, piden que se proceda a la celebración de la correspondiente audiencia y se revoque la Resolución recurrida para que se acuerde haber lugar al ejercicio libre del derecho fundamental de reunión interesado en la solicitud de manifestación unida al expediente administrativo tramitado.

Telefónica ficha al marido de la vicepresidenta española Sáenz de Santamaría

MADRID.- Telefónica ha incorporado a Iván Rosa Vallejo, abogado del Estado y marido de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, a una nueva unidad creada dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la multinacional española, según ha confirmado la compañía en un comunicado.

   Dicha unidad, que depende de la Dirección liderada por la también vicesecretaria del consejo de la compañía, María Luz Medrano, estará especializada en coordinar y planificar la vertiente jurídica de los nuevos negocios de la empresa en su proyección internacional y trabajará desde el Corporativo Global de la multinacional con especialistas en derecho comunitario e internacional, financiero, propiedad intelectual y tratamiento de datos.

   La firma presidida por César Alierta ha explicado que dicha unidad estará formada, además de por Iván Rosa Vallejo y otro abogado del Estado, cuya contratación está en proceso, por otros letrados, que completarán el equipo.

   Asimismo, dentro del proceso de reorganización se incorporarán dos expertas en derecho financiero, Cristina Fernández Gómez y Pilar Arribadas.

   Iván Rosa Vallejo, que es abogado del Estado desde el año 1996, ha trabajado en la Comisión Europea como experto en temas comunitarios y de cooperación judicial internacional y ha sido consejero de justicia en la Representación Permanente de España en la Unión Europea. Hasta la fecha, ejercía como abogado del Estado en la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos.

   Por su parte, Fernández Gómez, que es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, ha trabajado en Uría y Menéndez y ha ocupado el cargo de directora de Asesoría Jurídica Corporativa en Ferrovial, mientras que Arribadas García es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y entre sus últimos trabajos destaca su paso por Uría y Menéndez y Banesto.

   Por otra parte, fuentes del Grupo Parlamentario Socialista han confirmado también que Paloma Villa, esposa del secretario general del Grupo, Eduardo Madina, ha sido contratada recientemente por Telefónica. Sin embargo, ha subrayado que este caso "no es comparable" con los fichajes de familiares de ministros y altos cargos del PP por parte de esta y otras grandes empresas.

   De hecho, fuentes del Grupo han expresado malestar por el hecho de que la contratación de Villa haya sido publicada justo después de la de Iván Rosa, porque consideran que se pretende dar la impresión de que son casos comparables, cuando a su juicio no es así.

   En este sentido, aseguran que no sólo Madina no ha hecho "ninguna gestión" en favor de su esposa, sino que además el PSOE ahora no está en el poder. Es más, destacan que fue Telefónica quien se interesó por el currículum de Villa y que ese interés se ha concretado finalmente en su contratación en el departamento de Relaciones Internacionales.

   Paloma Villa fue asesora del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y también perteneció al gabinete de la exministra de Exteriores y exsecretaria de Estado para Iberoamérica Trinidad Jiménez, puesto que le brindó experiencia y contactos en el ámbito internacional, explican las fuentes.

El juez tilda de "palmaria falsedad" que el no imputar a la Infanta sea para "no estigmatizarla"

PALMA DE MALLORCA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, José Castro, ha recriminado que el sindicato Manos Limpias haya sacado de contexto de forma "intencionada" las palabras que utilizó en el auto que dictó para rechazar la imputación de la Infanta Cristina, y en este sentido ha aseverado que afirmar que llamarla a declarar como imputada "la estigmatizaría" es una "palmaria falsedad que ni tan siquiera admite disculpa".

   Así lo ha aseveración en un nuevo auto, por el que ha desestimado el recurso de reforma que interpuso la entidad personada como acusación popular y en el que considera "rotundamente falso" que la no citación de la hija del Rey Don Juan Carlos tenga como finalidad "el librarla del mal trago de verse afectada por estigma alguno al que hubiera hacerse acreedora si hubieran existido indicios objetivos de criminalidad en su contra, lo que hasta el momento no se ha constatado".

   "La tan a todas luces desafortunada oración obedece a la pura invención del recurrente" -en referencia a Manos Limpias- "y a él incumbe explicar qué proceso mental le ha conducido a ella", incide el magistrado en su resolución judicial, ya recurrida por la acusación en apelación ante la Audiencia Provincial.

   La entidad sostiene que la esposa del Duque de Palma fue "actora directa -por encubrimiento, complicidad o cooperación necesaria- y por ende beneficiaria de las presuntas actividades delictivas de Urdangarin", tal y como consta en un escrito de seis páginas, en el que la entidad desglosaba los indicios delictivos que, a su juicio, pesan contra la Infanta.

   Sin embargo, durante su declaración como imputado ante el juez, Urdangarin insistió en varias ocasiones en desvincular a su mujer de las operaciones llevadas a cabo en concreto a través del Instituto Nóos, que presidió entre 2004 y 2006, y Aizoon, la empresa de la que era copropietario al 50 por ciento junto a su esposa. De hecho, la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad Autónoma se opusieron a la petición de Manos Limpias.

   Según el sindicato, la hija del Rey era además "conocedora, cuanto menos, de las argucias financieras fraudulentas" que se habrían llevado a cabo para evadir impuestos a Hacienda, una de las líneas de investigación abiertas en el marco de este caso. Además, recuerda que también en Aizoon desempeñaba el cargo de secretaria, lo que conlleva la elaboración de actas con los acuerdos adoptados, la lectura de éstas y su firma.

   La acusación aseveraba que las diligencias practicadas hasta el momento ponen de manifiesto que la Infanta "ha dispuesto de dinero de la caja de las sociedades mercantiles defraudadoras", entre otros fines, para la realización de obras en su vivienda de Pedralbes. De hecho, la entidad afirmaba, en base a un informe de la Agencia Tributaria, que la unidad familiar "dispone de una caja única, donde obviamente se ingresaban recursos económicos que provenían de las mercantiles utilizadas en la trama".

La Delegación del Gobierno en Madrid prohíbe la marcha atea

MADRID.- La Delegación del Gobierno en Madrid ha resuelto este miércoles prohibir la manifestación convocada para el próximo Jueves Santo por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y por la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés, "por su evidente voluntad de provocación" a los católicos, "sin perjuicio de que se comunique otra fecha en la que no concurran las circunstancias expuestas en la resolución", ha informado en un comunicado la institución que dirige Cristina Cifuentes.

   La resolución se basa, entre otros motivos, "en la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa de los católicos que tradicionalmente celebran en esta zona sus procesiones de Semana Santa y en la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, con peligro real para la integridad física o moral de las personas, y la integridad de bienes públicos o privados".

   El escrito de comunicación presentado el 6 de marzo en la Delegación por los convocantes, señala, entre otras cuestiones, que el objetivo del acto conocido como manifestación atea, es "sensibilizar a la población sobre el derecho constitucional de libertad de manifestación, la libertad de expresión y la obligatoriedad de que las instituciones protejan la aconfesionalidad del Estado".

   Se plantean en este escrito tres recorridos alternativos, iniciándose  todos ellos en la calle Santa Isabel y finalizando en la plaza de Lavapiés.

   El acuerdo de la Delegación del Gobierno que prohíbe esta marcha se fundamental en los informes técnicos y jurídicos emitidos por el Ayuntamiento de Madrid, la Jefatura Superior de la Policía, y la Abogacía del Estado, que coinciden en que dicha protesta no debe llevarse a cabo "por el riesgo de que se produzcan alteraciones de orden público y afectar negativamente a la movilidad en la zona centro".

   En este sentido, la resolución detalla que en la convocatoria concurren seis datos objetivos. El primero es que la protesta se pretende llevar a cabo un día "de especial significado para las personas que tienen unas determinadas creencias religiosas como es el Jueves Santo".

   En segundo lugar, la resolución indica que el lugar elegido por los organizadores, como es el barrio de Lavapiés, "si bien es el caracterizado por su propia asociación de vecinos, es también un lugar céntrico de Madrid, en el cual transcurren múltiples procesiones católicas, próximas a todos los recorridos propuestos por los organizadores".

   En tercer lugar, la delegación asegura que el horario elegido, a las 20 horas, coincide con el de procesiones católicas que tradicionalmente se desarrollan en la capital y con el de oficios y liturgias que se celebran en las iglesias existentes en este entorno, "a las que acuden gran cantidad de feligreses".

   En cuarto lugar, consideran que la Semana Santa, además de tratarse de una festividad para los que profesan la religión católica, también es un momento en el cual la ciudad recibe múltiples turistas de España o del extranjero, "que visitan Madrid para disfrutar de las procesiones que se desarrollan, no sólo por su carácter cultural, sino también por su valor cultural de patrimonio histórico ya que, con este motivo, se visualizan en el espacio público obras de arte que son admiradas como un atractivo cultural más de la ciudad".

   En quinto lugar, el departamento estatal esgrime que los tres itinerarios propuestos por los convocantes se desarrollan en zonas próximas a las procesiones católicas del Jueves Santo.

   Por último, creen que es "más que probable" que la convocatoria de esta manifestación, una vez que sea conocida por la opinión pública, "dé lugar a la convocatoria de contra-manifestaciones que pueden producir incidentes de orden público".

   "Ya ocurrió así con motivo de la manifestación convocada por este mismo colectivo el día de Jueves Santo del pasado año, que dio lugar a la convocatoria de una concentración de un grupo de ideología antagónica, concentración que fue posteriormente desconvocada al prohibirse la manifestación por resolución de la Delegación del Gobierno", indica la resolución.

   A la vista de estos datos, la resolución estima que en la convocatoria concurren similares circunstancias a las que fundamentaron la prohibición de la manifestación convocada para el día de Jueves Santo del pasado año (21 de abril de 2011), entre cuyos convocantes se encontraban los mismos que ahora comunican una nueva manifestación.

   Así, la Delegación del Gobierno ha recordado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid número 267, de 20 de abril de 2011, que declaró la citada prohibición conforme a derecho, tras recurrir los convocantes a la Justicia.

   La legitimidad de la prohibición derivaba de las dos circunstancias que principalmente habían sido invocadas por la Delegación del Gobierno para prohibir la manifestación: la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa y la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, circunstancias ambas apreciables también en la manifestación pretendida en el presente año.

   También hace referencia el acuerdo de la Delegación del Gobierno a otro de los aspectos que tuvo en cuenta la sentencia dictada en 2011, en la que se afirma que "la manifestación, por su naturaleza, puede suponer un elemento de coacción o intimidación a la exteriorización de la confesión religiosa católica que se materializa tanto en la asistencia a templos o iglesias en tales fechas, como en la asistencia o presencia en el discurrir de las procesiones".

   El acuerdo de la Delegación del Gobierno apunta además que "no debe obviarse la fecha, lugar y hora elegidas por los convocantes que, aunque manifiestan en principio una finalidad lícita, lo cierto es que pretenden realizar la manifestación un día de especial significación para los católicos, en el mismo lugar y horario en que se van a celebrar diversos actos religiosos, lo cual pone de manifiesto, cuanto menos, una evidente voluntad de provocación.

   Por tanto, la institución que dirige Cristina Cifuentes considera que la marcha atea "supone una real y no potencial vulneración del orden público, con peligro para la integridad física o moral de las personas y la integridad de bienes públicos o privados".

   La prohibición de la manifestación atea se ha producido un cuarto de hora después de que la plataforma por la libertad religiosa 'Más Libres' entregara a la delegación del Gobierno más de 31.000 firmas, recogidas por Internet en tan sólo una semana, pidiendo dicha prohibición.

   El presidente de HazteOir, Ignacio Arsuaga, ha declarado que el único ánimo de los convocantes de esta marcha es "injuriar" y que lo que pretenden es celebrar un "aquelarre laicista". Conocida la prohibición de la marcha, la web ha afirmado que se trata de "un éxito cívico en defensa de la libertad".  

   A las puertas de la Delegación del Gobierno, Arsuaga ha argumentado que en la manifestación realizada finalmente en mayo pasado por los que ha denominado "laicistas extremistas y radicales" --tras ser prohibida la 'procesión atea' del Jueves Santo-- se cometieron delitos de calumnias, injurias y ofensas contra los sentimientos religiosos.

   "Hubo insultos inclasificables, que sería muy duro reproducirlos. En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce la libertad de expresión, pero tiene unos límites", ha añadido.

   Además, el presidente de HazteOir ha recordado que presentaron una querella contra la anterior delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, por un supuesto delito de prevaricación por permitir la conocida como 'marcha antipapa' del pasado 17 de agosto en el centro de Madrid, en plena Jornada Mundial de la Juventud.

   No obstante, ha señalado que reciente el tribunal decidió no admitir a trámite dicha querella, decisión que será recurrida, ha especificado Arsuaga.

Miles de "indignados" piden justicia en Nueva York por la muerte de un joven negro

NUEVA YORK.- Más de un millar de "indignados" del movimiento "Ocupa Wall Street" marcharon hoy por el sur de Nueva York para exigir justicia y que se depuren responsabilidades por la muerte el mes pasado de un joven negro a manos de un vigilante privado en Florida.

Al grito de "Todos somos Trayvon Martin" o "Queremos justicia", la manifestación arrancó pasadas las 22:30 GMT en la céntrica plaza de Union Square, donde cientos de personas se habían congregado previamente para protestar por un suceso que ha levantado las iras de la comunidad negra por la falta de detenciones.

El recorrido de la marcha, que tenía como destino final la plaza de Washington Square, fue seguido de cerca por decenas de agentes de policía que intentaron sin éxito en repetidas ocasiones que los manifestantes caminaran por la acera en lugar de interrumpir el tráfico en algunas de las principales vías de esa zona de la ciudad.

El movimiento "Ocupa Wall Street" convocó la manifestación de hoy en solidaridad con la familia del joven afroamericano asesinado, como parte de las acciones que los "indignados" retomaron el pasado fin de semana cuando se cumplieron los primeros seis meses de sus protestas contra los excesos del sistema financiero.

El pasado 26 de febrero, George Zimmerman, un hombre blanco que vigilaba un barrio de las afueras de Orlando (Florida), vio a Trayvon Martin, negro y de 17 años, cuando éste se acercaba a la casa de su padre -al que había ido a visitar durante el fin de semana- y llamó a la policía por considerarlo sospechoso.

Según el informe policial, los agentes dijeron a Zimmerman que no se enfrentara al joven, pero cuando llegaron encontraron al muchacho muerto con un disparo en el pecho y aunque el vigilante asegura que disparó en defensa propia, Martin sólo llevaba efectivo, caramelos y un té helado que había ido a comprar a una tienda cercana.

Pese a los reclamos de los familiares y la presión de vecinos y medios de comunicación locales, la policía de Sanford rechazó la semana pasada en una conferencia de prensa hacer pública la grabación de la llamada de Zimmerman al 911, en la que incluso quedó registrado el disparo.

Graves incidentes en la capital chilena tras una manifestación de apoyo a los ciudadanos de Aysén

SANTIAGO.- Graves incidentes se registraron esta noche en el centro de la capital chilena al término de una concentración convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile en apoyo de los ciudadanos de Aysén, que mantiene un conflicto desde el pasado 13 de febrero por el aislamiento que sufre esa zona.

Después de que unas dos mil personas se concentraran en la Plaza de Armadas, varias decenas de estudiantes de secundaria se descolgaron de esa cita e intentaron desplazarse hasta el Palacio de La Moneda.

Antes de llegar a la sede del Ejecutivo, la policía les cortó el paso utilizando chorros de agua y gases lacrimógenos.

A partir de esos primeros choques, en el centro de Santiago se vivió una verdadera batalla campal entre muchachos encapuchados y carabineros que por momentos se vieron sobrepasados, una situación que comienza a repetirse en este tipo de protestas.

Los estudiantes quemaron una cabina de información de la policía, situada en el Paseo Ahumada, así como varios muebles que sacaron de al menos dos entidades bancarias.

También saquearon una farmacia e intentaron quemar la puerta principal de la Catedral Metropolitana de Santiago, una acción que fue repelida por las personas que pasaban por el lugar y que apagaron las llamas.

En varias ocasiones, los encapuchados lograron encender fogatas en el paseo Estado, paralelo al de Ahumada, que la policía apagó.

No se entregó información oficial de detenidos ni tampoco de personas lesionadas.

Fuentes judiciales confirmaron hoy que 14 de los 20 detenidos anoche en los enfrentamientos entre vecinos de Aysén y la policía fueron procesados por desórdenes públicos.

Durante la jornada de este miércoles, el fiscal regional Pedro Salgado y otros dos fiscales evaluaron sobre el terreno los daños ocasionados por los manifestantes, que suman más de 230 millones de pesos (unos 477.000 dólares).

Los más graves desórdenes se concentraron en el centro de Coyhaique, capital regional, a 1.670 kilómetros al sur de Santiago, donde una multitud saqueó y destrozó varios inmuebles, entre ellos los del ayuntamiento y un juzgado, además de bancos y tiendas comerciales, señaló la policía.

"Anoche tuvimos cinco horas de enfrentamientos y luchas terribles en el sector céntrico de Coyhaique, y hoy hicimos un recorrido junto al equipo de la Gobernación para poder constatar los daños y realmente era triste, era de una crueldad enorme el daño a los distintos locales comerciales", relató a los periodistas el gobernador de esa provincia, Néstor Mera.

Con las protestas, que comenzaron el 13 de febrero, los vecinos de Aysén, de poco más de cien mil habitantes, piden medidas que mitiguen el aislamiento de esta región.

Esta miércoles por la tarde, en Valparaíso, sede del Congreso, el director de Carabineros, general Gustavo González, reconoció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados "malas prácticas" y uso de balines metálicos en Aysén por parte de sus hombres.

El general González informó a los congresistas que hay 18 funcionarios bajo investigación por el uso excesivo de la fuerza en esa región del sur de Chile

Cerca de 30 diputados asistieron a esta sesión, entre ellos Hugo Gutiérrez, quien aseguró que hasta ahora suman 46 los civiles heridos en los enfrentamientos y que cuatro de ellos perdieron la visión en al menos uno de sus ojos, debido a los perdigones utilizados por la policía.

Los legisladores de la oposición manifestaron su categórico rechazo a los hechos ocurridos en la región y señalaron que "la acción policial de las últimas horas, se suma a una ya prolongada represión, donde el Gobierno ha instaurado un verdadero estado de sitio en la zona".

Dos universidades americanas ofrecen al juez español Garzón una cátedra sobre Derechos Humanos

MADRID.- Dos universidades americanas, una en México y otra en Seattle (Estados Unidos), han realizado ofertas al ex juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón para que ocupe plaza en sendas cátedras sobre Derechos Humanos que además llevarían su nombre, han informado hoy fuentes del entorno del magistrado.

   Por el momento, el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 hasta que fue inhabilitado por 11 años el Tribunal Supremo no ha contestado a estas ofertas y colabora con la Organización de Estados Americanos (OEA), en Colombia.

   Tras conocerse la sentencia que le condenó por prevaricar al intervenir las comunicaciones de los imputados de "Gürtel" con sus abogados en prisión, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó que Garzón seguiría colaborando con la OEA, con la que tiene un contrato en vigor para tareas de asesoramiento.

   Garzón también realiza este tipo de funciones en Ecuador, donde forma parte del consejo de expertos internacionales de la Veeduría para la reestructuración del Sistema judicial del país centroamericano, según las mismas fuentes.

   Aunque la condena le ha supuesto la pérdida definitiva del cargo que ostentaba en la Audiencia Nacional, Garzón puede ejercer la abogacía o continuar participando en foros internacionales. Desde que fue suspendido cautelarmente en sus funciones  ha colaborado con el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya, con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa.

   Este último puesto, que ejercía desde el pasado mes de noviembre, lo abandonó Garzón hace tan sólo unas semanas, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ejecutara su sentencia, para evitar críticas, si bien en una carta dirigida al presidente de este organismo señaló que su posición no se veía comprometida por la condena.

El Congreso español recorta su presupuesto en casi cinco millones de euros

MADRID.- La Mesa del Congreso de los Diputados ha aprobado el presupuesto de la Cámara para 2012, que supone una reducción de un 5,2 por ciento con respecto al año anterior, lo que equivale a un recorte de casi cinco millones de euros que saldrán mayoritariamente de gastos corrientes como protocolo y viajes. En concreto, la previsión presupuestaria es de 86,9 millones frente a los 91,7 millones con los que contó en 2011.

   Se trata del tercer ejercicio consecutivo en el que se rebaja el gasto y, con este nuevo recorte, el Presupuesto de la Cámara se sitúa en niveles de 2006, según se encargó de puntualizar a los periodistas la vicepresidenta primera del Congreso, la 'popular' Celia Villalobos, tras la reunión celebrada este martes por el órgano de gobierno de la Cámara.

   El único capítulo que sube es el de Transferencias Corrientes, del que salen las subvenciones para el funcionamiento de los grupos parlamentarios. Esta partida se ha anotado un aumento del 2,34 por ciento debido a que en esta legislatura hay un grupo más que en la anterior, el de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). No obstante, no se han incrementado las cantidades que se abonan en concepto de cuota por diputado y cuota por grupo.

   En términos porcentuales, el apartado de Inversiones Reales es el que ha sufrido un mayor recorte, en concreto un 11,05 por ciento, pero tres de los cinco millones que se recortan saldrán del capítulo de Gastos Corrientes en Bienes y Servicios, que ha registrado un descenso del 7,14 por ciento.

   Destacan la bajada significativa de partidas como las de 'Atenciones Protocolarias y representativas' (-45,69%), 'Material, suministros y otros' (-15,87%), 'Viajes de comisiones y delegaciones oficiales' (-14,55%) y 'Transportes y locomoción' (-8,32%).

   El capítulo de Gastos de Personal tiene una reducción de un 4,58 por ciento, que viene determinada por la aplicación al ámbito del Congreso del primer decreto ley del Gobierno del PP, que contemplaba la eliminación durante 2012 de las aportaciones que las administraciones, entidades y sociedades públicas venían realizando a los planes de pensiones o contratos de seguro colectivos de sus funcionarios y empleados públicos, que incluyen la cobertura de la contingencia de jubilación.

   En consecuencia, el pasado mes de enero, las Mesas del Congreso y el Senado decidieron también suprimir la aportación que las Cámaras realizan mensualmente al plan de pensiones privado creado para parlamentarios y funcionarios de ambas instituciones.

   Asimismo, la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, ha informado de que en el marco de la política de ahorro que la Cámara inició hace cuatro años también ha decidido congelar las contrataciones y la convocatoria de oposiciones.

   A ello se suma la posición adoptada por las Cortes Generales al inicio de la legislatura, cuando se resolvió no reeditar los denominados grupos de amistad con otros parlamentos que venían funcionando en las últimas décadas y que, al comienzo de la crisis económica, ya vieron reducido tanto su número como su actividad durante el mandato de José Bono al frente de la Cámara Baja.

También el Senado

También el Senado reducirá su presupuesto este año en un 3,5 por ciento, una nueva rebaja que sumada a la de años anteriores supone una contracción en los gastos de la Cámara del 13,33 por ciento, según las cifras aprobadas por la Mesa del Senado de este martes, en las que se mantendrá la partida para el pago de los traductores de las lenguas autonómicas. El total de ingresos y gastos previstos para 2012 es de 53,21 millones de euros.

   El vicepresidente primero de la institución, Juan José Lucas, ha explicado que el primer presupuesto elaborado por la casa suponía una reducción del 2 por ciento con respecto a 2011, cumpliendo con el acuerdo de no disponibilidad impuesto por el Gobierno ya en enero, cuando se prorrogaron los presupuestos.

   Lucas ha asegurado sin embargo que la Mesa del Senado decidió elevar ese "esfuerzo" al 3,5 por ciento. Sumado este descenso al de los ejercicios anteriores y desde 2008, el presupuesto de la Cámara Alta se ha reducido en 7,74 millones.

   Por capítulos, el dedicado a los gastos de los senadores se contrae un 6,42 por ciento, a pesar de que la Cámara ha crecido en número de parlamentarios y tiene dos miembros más esta legislatura. El descenso se debe a la congelación de las retribuciones y a que se ha suspendido la aportación al plan de pensiones que tienen sus señorías.

   Por estas mismas causas se reduce también un 7,9 por ciento el presupuesto para el personal eventual y en un 2,98 por ciento, el destinado al personal laboral.

   Con respecto a los gastos corrientes en bienes y servicios, el capítulo se reduce un 2,91 por ciento, una bajada menor que la de otras partidas debido a que el Senado este año aún hace frente al pago de indemnizaciones por cese, que suben un 16,02 por ciento.

   En este capítulo bajan todas las partidas, entre ellas, las dedicadas a los gastos de representación y protocolo (-52,92%) y los de reuniones y conferencias (-34,96%). Juan José Lucas ha confirmado que se mantiene la previsión de gasto en traductores, para que atiendan a las sesiones plenarias en las que los senadores pueden utilizar, al debatir las mociones, las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas, aunque no ha facilitado las cifras. El coste es de unos 6.000 euros por sesión y el año pasado se presupuestaron 350.000 euros.

   Otra de las bajadas que se registra en el presupuesto aprobado es la del capítulo de arrendamientos y cánones, un 66,58 por ciento, así como el de reparaciones y mantenimiento, que baja un 17,03 por ciento. También se contrae el gasto en "material, suministros y otros", por la reducción del presupuesto para material de oficial (-26,31%), para material informático (-20,90%), para material electrónico y de comunicación (-33,72%). También baja un 52,82 por ciento el gasto en publicaciones.

   A cambio, otras partidas han registrado una subida, la más fuerte, la partida del gas, que crece un 185 por ciento debido a la reforma que tiene que acometer la institución del sistema de calor y frío. También crecerá este año la factura de la luz, un 11,55 por ciento, y la de los tributos, un 8,83, por el previsible aumento del IBI, entre otras partidas.

Seis años de cárcel para el ex presidente balear Matas por contratación irregular

PALMA DE MALLORCA.- El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a seis años de cárcel y a nueve y medio de inhabilitación al expresidente del Gobierno balear y exministro español de Medio Ambiente, Jaume Matas, en el marco de la primera pieza del caso Palma Arena que ha ido a juicio, al considerar probado cómo el exlíder del PP intervino en la contratación irregular por parte del Ejecutivo autonómico del articulista Antonio Alemany para la redacción de sus discursos.

   Unos hechos por los que Matas se enfrenta a un delito de fraude a la Administración Pública; un delito continuado de falsedad en documento oficial; otro de falsedad en documento mercantil; uno de prevaricación en concurso con un delito de malversación y un último de tráfico de influencias agravado. La Audiencia le ha condenado a cinco años, tres meses y un día de prisión por los cinco primeros ilícitos penales y a nueve meses por el sexto delito.

   Se trata de una pena dos años y medio inferior a la que pedía la Fiscalía Anticorrupción, que por el momento debe analizar la sentencia para estudiar si solicita la celebración de una vista en la que reclamen medidas cautelares para el imputado a tenor de la elevada condena que pesa sobre él, según han señalado hoy fuentes del caso. Mientras tanto, Matas ha sido absuelto de dos delitos de prevaricación; dos de falsedad en documento mercantil y dos de malversación. 

   Por su parte, el tribunal ha condenado a tres años y nueve meses de prisión al periodista Alemany por un delito de prevaricación; uno de falsedad en documento oficial; otro de falsedad en documento mercantil en concurso con uno de malversación y uno de tráfico de influencias.

   Cabe recordar que, en su caso, el Ministerio Público solicitaba para él siete años y tres meses de prisión, de manera que se la ha absuelto de un delito de prevaricación; uno de malversación; uno de falsedad en documento mercantil; otro de fraude a la administración; uno de falsedad en documento oficial y un delito de fraude en las subvenciones. 

   Por otro lado, el exdirector general de Comunicación Joan Martorell ha sido condenado a un año y medio de cárcel (la Fiscalía pedía dos años) con las atenuantes de confesión y reparación del daño, por un delito continuado de prevaricación; fraude a la administración; continuado en falsedad en documento oficial; uno de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado en malversación.

   Por su parte, al director de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero, le ha condenado a un año, un mes y quince días de prisión por los delitos de prevaricación; otro de falsedad en documento mercantil; otro de fraude a la administración en concurso con un delito de malversación con las atenuantes de reparación del daño y de confesión. Por su parte, la Fiscalía reclamaba para él cuatro años y medio de cárcel.

   Finalmente, la Audiencia ha absuelto a la exjefa de gabinete de Matas, Maria Umbert de dos delitos de prevaricación y un delito de malversación y uno de fraude a la Administración, por los cuales la Fiscalía pedía para ella un año y tres meses de prisión.

   Al margen de las penas de prisión, la Audiencia ha condenado a Matas, Alemany, Romero y Martorell a que indemnicen de forma solidaria a la Comunidad Autónoma Balear con 13.316 euros, mientras que, por su parte, el periodista y Martorell deberán abonar a la Administración pública un total de 11.550 euros.

   En cuanto a las multas, el expresidente balear deberá hacer frente al pago de un total de 11.170 euros, y Alemany, a 6.000 euros de multa. El fallo de la Audiencia se conoce casi dos meses después de que el primer juicio del caso Palma Arena quedase visto para sentencia.

   Y es que más de dos años después de que estallase el caso Palma Arena y con una fianza penal de dos millones y medio de euros a sus espaldas, el exlíder del PP balear fue juzgado el pasado mes de enero por presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad en documento oficial, prevaricación y tráfico de influencias, por los que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba un total de ocho años y medio de cárcel contra él, la misma pena que reclamaba la Abogacía de la Comunidad Autónoma.

   Se trata de la pieza número 2 de las 26 que integran el caso Palma Arena, en el marco de la cual el tribunal, presidido por la magistrada Margarita Beltrán, considera probado que los acusados pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular a Alemany y a sus sociedades con fondos públicos que ascendieron a un total de 483.186 euros.

   Sin embargo, a lo largo de diez jornadas de juicio, el exmandatario autonómico y el articulista defendieron su actuación en torno a la contratación presuntamente irregular de éste último como redactor de las intervenciones de Matas.

   Por su parte, durante la lectura de su informe final, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach aseveró que "Matas era un gran gestor, sí, pero no del dinero público, sino de su propia imagen". Y es que así de tajante se mostró a lo largo de su relato en torno a los indicios delictivos que pesan sobre el expresidente del Gobierno balear en el marco del primer juicio del caso Palma Arena, y en el que no dudó en expresar su "indignación" al ver cómo "sin escrúpulos no se asumen las consecuencias penales derivadas de sus actos".

   El representante del Ministerio Público reservó palabras también para la figura de Alemany, a quien se refirió como un periodista "rabiosamente independiente excepto del dinero y del poder", al haber resultado beneficiado en el año 2003 de un concurso "totalmente ficticio" que, lejos de dar cumplimiento al objeto para el que fue convocado -contratar una asesoría externa en materia de comunicación- fue utilizado para enmascarar los pagos por la redacción de los discursos del exmandatario del PP.

El Consejo de Ministros español aprobará un anteproyecto de Ley de Transparencia

CÁDIZ.- La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará entre sus siguientes leyes un anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que se traducirá en un "régimen sancionador administrativo y penal" que fijará los márgenes para los responsables públicos.

   Durante su intervención en el acto institucional del Día de la Provincia en la Diputación Provincial de Cádiz, el día en el que se conmemora el 200 aniversario de la Constitución de 1812, la vicepresidenta del Gobierno ha argumentado que esta ley busca dar "un paso más" y "con mayor ambición" en la "cercanía" del Gobierno con los ciudadanos "y en la responsabilidad que su confianza nos impone, sometiéndonos al escrutinio público".

   Así, ha añadido que la intención es "reforzar el respeto a las normas". De ahí que la Ley de Transparencia traducirá "por primera vez" las recomendaciones éticas y los códigos morales "en obligaciones jurídicas y legales, con un régimen sancionador administrativo y también penal, que fije los márgenes para que los responsables públicos tengan claro lo que se puede hacer con lo que es de todos y lo que no se puede tolerar de ninguna de las maneras", según ha recalcado Sáenz de Santamaría.

   La vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que se trata de una reforma legal "imprescindible" que dota a nuestro ordenamiento jurídico "de una innovación que, en el fondo, es una consecuencia de nuestro pasado y es consecuente con nuestro presente".

Los socialistas europeos invitan a Garzón para hablar de corrupción

BRUSELAS.- La creación en el Parlamento Europeo de una comisión especial de lucha contra el crimen organizado, el blanqueo de capitales y la corrupción ha brindado a los socialistas europeos la oportunidad para invitar a una reunión del Grupo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

   El presidente del Grupo, el austriaco Hannes Swoboda, anunció en febrero su intención de invitar al magistrado, aludiendo a su lucha contra el "olvido de los crímenes históricos" tanto en España como en Chile.

   Swoboda hizo este anuncio pocos días después de que el Tribunal Supremo condenase a Garzón a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación al haber ordenado escuchas entre los acusados en el caso 'Gürtel' y sus abogados, y tras las manifestaciones de apoyo de IU y algunas organizaciones.

   La idea de invitar a Garzón fue de la delegación española en el Grupo Socialista Europeo. Según fuentes de esta delegación, la reunión con el juez no será un "homenaje" pero sí supone un reconocimiento a su trayectoria en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y el blanqueo de capitales.

   La comisión que tendrá como objeto combatir estos crímenes se creó esta semana durante el pleno celebrado en Estrasburgo. Con un mandato de un año prorrogable otro año más, la comisión podrá realizar visitas y celebrar audiencias con las instituciones de la UE y otras instituciones internacionales y nacionales de los Estados miembros y de terceros países.

   Los eurodiputados también organizarán audiencias a las que podrán invitar a representantes de la comunidad científica, el mundo de la empresa y la sociedad civil, así como organizaciones de víctimas, cuerpos policiales, jueces y magistrados.

   La comisión especial estará formada por 45 miembros. El Parlamento Europeo votará su composición el 29 de marzo en Bruselas. Los trabajos empezarán durante el mes de abril.

Damasco vive los combates más graves desde el inicio de la sublevación

AMMÁN.- Las milicias rebeldes han mantenido intensos combates con las fuerzas gubernamentales en la propia capital del país, Damasco, que vive así los enfrentamientos más graves desde que comenzaran las protestas y la posterior insurrección contra el régimen del presidente Bashar al Assad.

   Fuentes de la oposición han informado de la ofensiva de los insurgentes, que parecen intentar con esta acción resarcirse en parte tras las recientes derrotas a manos de las fuerzas lealistas en Homs e Idlib, de donde han sido desalojados.

   Los combates comenzaron durante la noche en el exclusivo barrio de Al Mezze, donde se encuentran la sede de los servicios secretos sirios y varias embajadas extranjeras. Dos "terroristas" y un miembro de las fuerzas de seguridad han muerto en los combates, según la agencia de noticias oficial siria, SANA.

   Los enfrentamientos habrían llegado a las inmediaciones de una zona conocida como Mansiones Occidentales, donde reside el jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército y cuñado de Al Assad, Assef Shawkat.

   "Estos combates han sido los más violentos y los más cercanos a las sedes centrales de las fuerzas de seguridad en Damasco desde el estallido de la revolución siria", ha asegurado el director del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, Rami Abdulrahman.

   Según este grupo independiente con sede en Londres, un total de 18 miembros de las fuerzas assadistas han resultado heridos durante el tiroteo. En él se han empleado lanzagranadas y ametralladoras pesadas en el momento álgido de los combates, poco antes del amanecer.

   En respuesta, las fuerzas del régimen han incrementado notablemente su presencia en las calles de Damasco, en especial mediante el despliegue de efectivos de la temida milicia paramilitar Shabbiha.

   Estos incidentes ocurren dos días después de un doble atentado con coche bomba contra objetivos gubernamentales en Damasco que costó la vida a 27 personas.

   Por otra parte, tres personas han muerto en los incidentes violentos en Deir al Zor (este), donde el Ejército ha lanzado una ofensiva con armamento pesado contra las zonas controladas por el Ejército Libre Sirio, principal grupo insurgente, formado principalmente por desertores del Ejército.

   "He oído varias explosiones. Podrían ser disparos de tanque o rebeldes usando dinamita para frenar su avance", ha relatado desde la ciudad en declaraciones telefónicas a Reuters un residente identificado como Tareq.

   Por último, los medios oficiales han informado de la muerte de este domingo de trece civiles por disparos de "terroristas" cerca de la ciudad de Homs y han acusado a estos grupos armados de la destrucción de un puente ferroviario en la ruta entre Damasco y la región de Deraa (sur).

El PP rechaza en España permitir declararse insolvente y poder saldar la deuda con la casa

MADRID.- El Grupo Popular ha adelantado su rechazo a que el Pleno del Congreso tome en consideración una proposición de ley de UPyD para reformar la Ley Concursal y abrir la puerta a que los poseedores de un crédito hipotecario se puedan declarar insolventes para acudir a la dación en pago y saldar su deuda con la entrega de la vivienda. 

   El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha defendido que su propuesta pretende "afrontar con rapidez" el "drama" de las personas que, por "situaciones sobrevenidas", no pueden hacer frente a sus hipotecas. Su idea es retocar la Ley Concursal para que los acreedores puedan acudir a la autoridad judicial y buscar un acuerdo con las entidades bancarias para renegociar las hipotecas y, en caso de no lograrse, permita a las personas físicas declararse insolventes y responder únicamente a la deuda con sus bienes embargables, quedando exonerado el pasivo restante.

   Además, también fija nuevos criterios para las subastas públicas de viviendas, quitas automáticas e interrupción de intereses de demora en caso de negociación, y cancelación del incremento patrimonial en el IRPF a los desahuciados que no ingresen más de 12.000 euros anuales. Para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro, UPyD propone establecer un límite máximo a los intereses moratorios de las hipotecas, entre otras cosas.

   La iniciativa recoge también la exigencia "por ley" de que los bancos ofrezcan "hipotecas de responsabilidad limitada" como "lo normal salvo acuerdo expreso" y reclama una Ley de Crédito Responsable para que, "si ha habido un fraude, incumplimiento o abuso de la entidad financiera, esté obligada a aceptar la dación en pago".

   "Hay que acabar con el principio de responsabilidad ilimitada para evitar condenar a los deudores al ostracismo económico y financiero, y también evitar desestabilizar al sistema financiero", ha defendido, alertando a su vez del trato desigual que se otorga a empresas y ciudadanos cuando se encuentran en situaciones de impago.

   El diputado 'popular' Pablo Matos ha justificado el rechazo de su grupo en que la propuesta de UPyD fue presentada antes de que el Consejo de Ministros aprobara un conjunto de medidas para "reducir el impacto de los desahucios", incluyendo la dación en pago "por primera vez".

 "No entendemos cómo se decidió traer esta propuesta al Pleno una semana después de haber anunciado el ministro la iniciativa y de haberse publicado", ha dicho.

   Además, ha criticado que se presenta, "no para evitar el lanzamiento de la vivienda, sino para que el deudor, una vez perdida la vivienda, no continúe debiendo el resto de la deuda el resto de su vida". "Y eso es una consecuencia más de un sistema hipotecario injusto y desproporcionado, pero no es la más grave. El verdadero drama es la pérdida del hogar familiar por quienes se encuentran en una situación de insolvencia sobrevenida", ha añadido.

   Por eso, ha optado por "otorgar a la vivienda un tratamiento singular", diferenciado del resto de garantías de créditos, porque "lo es todo, es el hogar, y debe ser protegido especialmente, en los casos de deudores de buena fe".

   Por ello, ha defendido que la propuesta del Gobierno es más completa, porque intenta evitar el desahucio con reestructuraciones de la deuda o quitas, y que prevé también alquileres para quienes finalmente pierdan su piso. "Seguimos prefiriendo la norma aprobada por el Gobierno", ha zanjado Matos.

   El responsable de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, ha reconocido que la propuesta de UPyD es "en buena medida insuficiente", pero ha votado a favor porque "merece la pena discutirlo" para encontrar una solución a "uno de los más graves y acuciantes problemas que atraviesa la sociedad española".

   "La respuesta del Gobierno es claramente insuficiente y hay que ir más allá, porque el problema se incrementará en los próximos años", ha señalado el exministro, tachando el código de buenas prácticas del Gobierno de ser "paradójico" ya que incluye unas buenas prácticas que "debe de ser que no se seguían" y que tampoco se conocían, dado su carácter voluntario.

   El 'popular' ha replicado a Gómez citando a algunos compañeros socialistas, como Josep Borrell o José Bono, que "han deseado que hubiera sido el PSOE el que aprobara algunas iniciativas como la dación en pago".

   Varios partidos de izquierdas también han apoyado esta propuesta de UPyD, y han aprovechado la ocasión para criticar el código de buenas prácticas aprobado por el Gobierno, que tachan de "agua de borrajas" y "engaño" porque sólo prevé una posibilidad de dación en pago con criterios estrictos para poder acogerse y que se aplicará cuando los bancos así lo decidan.

   Así, Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha reconocido que su grupo no tiene "plena conformidad con todo el contenido" de la propuesta pero "sí es favorable a que la Cámara trate de nuevo la cuestión", avisando de que si el Gobierno no se aviene a buscar una solución "real" al problema se seguirá hablando sobre el asunto en el Congreso.

   "No vamos a cejar ni un minuto hasta conseguir que ustedes aborden de una forma seria y rigurosa la escena de desespero por la imposibilidad de pagar sus deudas y por las falsas soluciones que ustedes les están dando", ha dicho dirigiéndose a la bancada del Ejecutivo.

   "No es un tema fácil, cualquier decisión tiene repercusiones importantes pero, como dice el Gobierno en relación con la reforma laboral, no nos podemos quedar de brazos cruzados ante una situación muy cruda", ha apuntado el diputado catalán, criticando al Gobierno que haya creado "falsas expectativas" con sus anuncios de dación en pago que "no son decretos leyes sino reales engaños" porque sólo se aplica a personas "que no están en exclusión, sino en el corazón de las tinieblas".

   El diputado de Compromís Joan Baldoví ha tachado de "descorazonador" cada debate sobre este asunto, y ha reprochado que en la votación, el pasado martes, de una iniciativa de la Izquierda Plural sobre este mismo tema, "se volvió a demostrar quién manda en este país".

   "El PP volvió a defender los intereses de los poderosos y se puso de espaldas a los débiles, y el PSOE se puso de perfil", ha dicho, apostando por una formulación en línea con lo que piden las plataformas de afectados por los desahucios. Por su parte, Joan Tardá, de ERC, opina que la dación en pago "debe ser en justicia una obligación legal".

   CiU, por boca del diputado Pere Macías, ha afirmado que UPyD ha "copiado esta proposición de ley del Parlament de Cataluña", donde se está usando la perspectiva concursal para "dar segundas oportunidades" a los ciudadanos como se hace con los empresarios, justificando así su voto favorable a que se tome en consideración la iniciativa.

   A renglón seguido, ha recordado que el presidente, Mariano Rajoy, "se comprometió a crear una subcomisión para abordar la reforma del sistema hipotecario", que espera se convoque para poder debatir sobre diferentes propuestas que, relativas a este asunto, llegan de diferentes colectivos y entidades del país. "Porque con la solución del Gobierno no se soluciona la gran mayoría de las problemáticas que tienen muchas familias", ha añadido Macías, apostando por "trabajar" mucho este asunto.

   Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarria considera que la iniciativa está "bien articulada en términos jurídicos" pese a que tiene algunas carencias y puede presentar complicaciones legales por optar por la vía de la Ley Concursal. No obstante, ha apostado por, "entre todos", mejorar la propuesta para "dar solución a un problema de justicia social".

La Generalitat de Cataluña estará "al lado" de los ayuntamientos que retiren la bandera española

BARCELONA.- El Gobierno catalán ha reiterado este martes que estará "al lado" de los ayuntamientos que decidan que la bandera española no ondee en el balcón del consistorio.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha asegurado no entender por qué la nueva Delegación del Gobierno en Cataluña, que desde hace semanas atrás lidera la popular Llanos de Luna, da "prioridad" a la cuestión de las banderas.

   Ha recalcado que el delegado del Gobierno de la Generalitat en Barcelona ha asegurado en una comunicación que el Ejecutivo catalán dará "siempre apoyo a los ayuntamientos desde el punto de vista de asistencia jurídica e institucional" alrededor de esta cuestión.

El Ayuntamiento de Gerona vota a favor de apostar por la insumisión fiscal

GERONA.- El pleno del Ayuntamiento de Gerona ha votado a favor de apostar por la insumisión fiscal como medida contra el déficit fiscal, y que el consistorio apoye a los ciudadanos y empresas que quieran acogerse a esta práctica a nivel particular, han explicado hoy fuentes municipales.

   La moción, presentada por el grupo municipal de la CUP, prosperó la noche de este lunes gracias a los votos a favor de ICV (2) y la misma CUP (3) y la abstención de CiU (10) y PSC (7); los tres concejales del PP votaron en contra.

   En el texto, la CUP pedía que el ayuntamiento pueda liquidar, cuando sea posible, todos los impuestos --IRPF e IVA-- en la Agencia Tributaria de Cataluña y deje de hacerlo en la de España, y que por tanto se apueste por la insumisión fiscal como medida contra el déficit fiscal.

   El escrito también se insta a la Generalitat y a la Agencia Tributaria de Cataluña a establecer un protocolo de actuación y a efectuar los cambios normativos necesarios para poder realizar el pago de los impuestos en Cataluña, ya que el déficit pone en peligro el futuro económico de Cataluña y todos aquellos servicios públicos y sociales conseguidos en los últimos años.

   Con la aprobación de la moción, Gerona se suma a otros municipios catalanes como Berga, Manresa o Arenys de Munt, que también se han posicionado abiertamente a favor de la insumisión fiscal.

El Ejército sirio mata a decenas de personas en Idlib

BEIRUT.- Las fuerzas leales a Bashar al Assad han matado a decenas de personas cerca de una mezquita en la ciudad de Idlib, en el norte del país, según han informado activistas opositores, mientras que las fuerzas rebeldes han matado a al menos diez soldados en una emboscada en esta misma zona, donde el Gobierno ha centrado ahora su represión.

   Un activista en la ciudad de Idlib ha indicado que las fuerzas de seguridad mataron a once personas que trataban de abandonar la zona hace dos días y dejaron sus cuerpos en la mezquita Al Bilal.

   Este lunes se llevaron a la mezquita más cuerpos y cuando los habitantes se acercaron para reconocerlos, fueron disparados, lo que elevó el balance por encima de los 50 muertos, según esta fuente. Otro activista contactado por Reuters por teléfono ha confirmado las muertes.

   "Cuando la gente llegó del barrio a primera hora de esta mañana, las fuerzas de seguridad también comenzaron a dispararles. En total, unas 45 personas fueron masacradas", ha relatado el hombre. Además, los activistas han denunciado que se han encontrado los cuerpos de otras seis personas en la localidad próxima de Maarat Shureen.

   Las imágenes de vídeo realizadas por activistas y difundidas a través de la red muestran los cuerpos ensangrentados de varios hombres no identificados en el suelo de la mezquita. Por detrás se escucha la voz de una persona, a la que no se ve, que afirma que no es posible sacarlos de ahí debido a los intensos disparos.

   Por otra parte, desertores del Ejército han tendido una emboscada contra un puesto de control en la región de Idlib, en el noroeste, matando a diez soldados y posiblemente a más, mientras que los rebeldes también habrían abatido a otros doce miembros de las fuerzas leales a Al Assad en la ciudad de Deraa, en el sur, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Reino Unido.

   Asimismo, también se habrían registrado enfrentamientos en la ciudad de Deir al Zor, en el este, y en la tercera ciudad del país, Homs, donde las fuerzas gubernamentales llevaron a cabo el mes pasado una dura ofensiva.

   "He escuchado bombardeos en la Ciudad Vieja desde las ocho de la mañana", ha relatado un activista en Homs. "Hay disparos por todas partes", ha añadido.

   Por su parte, la agencia oficial SANA ha informado este martes de que las autoridades han conseguido evitar un intento de infiltración de "grupos terroristas" a través de la frontera en Jisr Qmar y Al Arida, en Talkalaj, en la provincia de Homs, desde el vecino Líbano.

   Los hechos se habrían producido ayer y algunos de los terroristas resultaron heridos, si bien todos ellos consiguieron huir hacia territorio libanés, según el medio estatal.

La Fiscalía estudia pedir una fianza civil de al menos dos millones para Urdangarin

PALMA DE MALLORCA.- La Fiscalía Anticorrupción está estudiando la posibilidad de solicitar una fianza de responsabilidad millonaria para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, una vez la Agencia Tributaria aporte al caso Nóos el informe que solicitó el juez instructor en torno a los ingresos percibidos por el yerno del Rey Don Juan Carlos, de España, lo que ayudará a cuantificar el dinero presuntamente defraudado a través de su entidad sin ánimo de lucro.

   Sin embargo, aunque el Ministerio Público se encuentra a la espera de poder analizar la documentación de Hacienda y a partir de ahí calcular la cantidad a la que podría ascender la caución que los fiscales pidan al magistrado, se estima que la cifra podría alcanzar al menos los dos millones de euros, según han apuntado fuentes jurídicas.

   Ya al término de la declaración que prestó Urdangarin ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, las acusaciones contemplaban solicitar medidas cautelares contra el imputado si bien varias semanas después, pendientes de cuantificar la cantidad exacta que pudo malversarse a través del Instituto Nóos y de que declarasen otras personas que también habrían tenido implicación en los hechos investigados.

   Así, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en la pieza número 25 del caso Palma Arena, ya anunció que solicitaría la imposición de estas medidas, petición que la abogada que en esta causa representa a la entidad, Virginia López Negrete, tampoco ha efectuado por el momento al instructor de las pesquisas.

   Por ahora, los investigadores apuntan que Urdagarin y su exsocio Diego Torres encabezaron una trama a través de la cual se habrían apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en este fleco del caso Palma Arena, uno de los 26 que componen este complejo procedimiento judicial.

   Las acusaciones consideran a ambos encausados responsables de urdir un entramado societario cuando los dos estaban al frente de Nóos con el fin de hacerse con los fondos públicos y privados que recibía la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.

   Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Gobierno balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.

   Es más, la documentación intervenida en los registros practicados en esta causa recoge asimismo apuntes manuscritos sobre una supuesta estructura fiduciaria para desviar dinero al extranjero, concretamente a Belice y Reino Unido, y donde jugaba un papel fundamental la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management así como la figura del abogado experto en fiscalidad internacional Salvador Trinxet. Sobre este punto, la Fiscalía identifica que se transfirieron fondos 'invisibles' o de destino desconocido a Inglaterra por valor de 420.000 euros.