MURCIA.- El Movimiento 15M en la Región de Murcia ha
creado la Asociación por la Transparencia Política y Administrativa
('Atrapa'), que permite a cualquier ciudadano denunciar casos de
corrupción conservando el anonimato, según informó el
abogado y portavoz de esta plataforma, José Mateos Martínez.
Así pues, cualquier persona que tenga noticia o información sobre
algún caso de corrupción se puede poner en contacto con 'Atrapa', cuyo
personal analizará si las pruebas son lo suficientemente sólidas. En
caso de que la denuncia tenga fundamento, la Asociación presentará una
querella contra quien esté incurriendo en la ilegalidad correspondiente.
La Asociación no limita su ámbito de actuación a los políticos o
administraciones corruptas, sino que pretende actuar contra "cualquier
violación de la legalidad que vaya contra los derechos de los
ciudadanos".
Por ejemplo, el portavoz de Atrapa insta a denunciar a aquellos
funcionarios que conozcan casos de corrupción, trabajadores que sepan
que su empresa está cometiendo irregularidades o vecinos de un barrio en
el que se sabe que se está haciendo una obra ilegal.
En este sentido, 'Atrapa' garantiza el anonimato de los
denunciantes. Martínez explica que hay gente que "tiene información pero
tiene miedo a dar la cara. Si la población contacta con la Asociación,
nadie va a saber que han sido ellos los que han revelado el asunto",
asegura.
Los ciudadanos pueden ponerse en contacto con 'Atrapa' a través de
la página de Facebook 'atrapamurcia', y de la dirección de correo
electrónico 'atrapamurcia@gmail.com'.
En la Asociación, los denunciantes podrán obtener apoyo legal de
un gabinete de cinco personas, todos ellos abogados y procuradores con
formación jurídica, como el propio Martínez, que es doctorado en Derecho
por la Universidad de Bolonia (Italia) y trabaja como letrado.
Este gabinete permite ahorrar los costes económicos de emprender
procesos legales. Además, 'Atrapa' tiene que depositar fianzas mucho más
reducidas por presentar querellas que si se tratara de una iniciativa
particular, ya que está constituida jurídicamente como asociación y
entre sus principios está perseguir este tipo de ilegalidades.
Martínez explica que 'Atrapa' se propone como objetivo iniciar la
vía judicial de los casos de corrupción, y advierte que están dispuestos
a llegar a instancias como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de
Estrasburgo.
'Atrapa', que se puso en marcha hace dos meses y se registró como
asociación hace apenas un mes, ya ha empezado a trabajar en dos casos,
uno de ellos todavía conservado en secreto porque afecta a un
ayuntamiento que, en caso de enterarse, podría "destruir pruebas",
advierte el portavoz de la Asociación.
De momento, 'Atrapa', está recabando información sobre este
asunto, que tiene que ver con facturas ilegales de un consistorio
murciano. La Asociación cuenta ya con la documentación suficiente para
presentar una querella, pero sigue investigando porque "la cosa parece
ser más gorda de lo que se había planteado", según Martínez.
El otro caso en el que está trabajando 'Atrapa' es el
asesoramiento y apoyo a los padres de los niños de guarderías de Totana,
que han puesto una querella contra el responsable de la gestión de los
centros infantiles por un delito de estafa y por un delito contra la
salud pública.
Martínez recuerda que el Ayuntamiento de Totana decidió
externalizar el servicio y otorgó su gestión a un individuo "que tiene
antecedentes por haber estafado reiteradamente en Andalucía con
distintas empresas que ha ido creando con tal fin".
Al parecer, el empresario "empezó a dar comida en mal estado a los
niños de Totana, como un plato de guisantes cubierto con moho, porque
quería ahorrar costes, y estuvo haciéndolo durante más de dos meses",
según el portavoz de 'Atrapa'.
Asimismo, el acusado estableció un "contrato laboral de
explotación a los trabajadores y despidió a cinco empleados por el mero
hecho de reivindicar su sueldo, porque estuvieron más de dos meses sin
cobrar".
Además, Martínez critica que ese individuo "no puede contratar con
la administración pública, porque tiene unas deudas brutales con la
Seguridad Social, y la Ley de Contratos de las administraciones públicas
lo prohíbe".
En este caso, 'Atrapa' se ha puesto en contacto con la concejala
de Educación del Ayuntamiento de Totana, Josefa María Sánchez, y la
propia alcaldesa, Isabel Sánchez, quienes al parecer admiten que el
acusado "no puede contratar con la administración", pero el servicio que
presta "resulta muy barato" para las arcas municipales.
"Como el Ayuntamiento no tiene dinero y no hay nadie que se lo
haga más barato, alega que tienen que recurrir a él", lamenta Martínez.
