El PSD se hunde en las elecciones municipales portuguesas, con fuerte abstención

LISBOA.- El primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, ha asumido que el Partido Social Demócrata (PSD) ha sufrido "una de las peores" derrotas electorales de los últimos 20 años en los comicios municipales celebrados este domingo y lo ha atribuido a una "gobernanza más exigente". 

"El PSD había apostado a la victoria en estas elecciones municipales, pero no ha sido posible. Por el contrario, hemos registrado uno de nuestros peores resultados, al nivel de los de finales de los '80 y principios de los '90, obtenidos también en épocas de gobernanza más exigente", ha dicho en una comparecencia pública.
Passos Coelho ha considerado que "el hecho de que los candidatos del PSD no hayan cedido al populismo y hayan tenido los pies en el suelo ha tenido consecuencias negativas". 

"Es el precio que hay que pagar por cómo estamos haciendo política", ha estimado.
En consecuencia, el jefe de Gobierno ha reconocido que "el Partido Socialista (PS) ha conseguido una victoria significativa". "Y quiero felicitarle", ha indicado, en declaraciones recogidas por la televisión pública RTP.
En este contexto, el 'premier' ha adelantado que "seguirá esforzándose para superar la crisis económica y recuperar la confianza y el crecimiento".

 "Eso exigirá decidir sobre temas importantes", ha adelantado.
Según los resultados oficiales, a falta de un centenar de circunscripciones electorales por escrutar, la coalición gobernante a nivel nacional, PSD y Partido Popular Democrático (PPD), ha conseguido el 16,75% de los votos (799.390), es decir, 81 alcaldías.
El secretario general del Partido Socialista (PS), António José Seguro, ha sostenido que "la innegable lectura a nivel nacional de las elecciones municipales de hoy" es que los portugueses han rechazado las políticas de ajuste económico del Gobierno. "En estas elecciones municipales hay un claro vencedor, el PS, y un claro derrotado, los partidos del Gobierno", ha dicho, en el discurso que ha ofrecido desde la sede del PS, nada más conocer los primeros resultados oficiales.
Seguro ha estimado que estas elecciones municipales "han reflejado la existencia de una enorme voluntad de cambio y de esperanza en la alternativa que lidera el PS".

 "Hay una nueva relación de confianza entre los portugueses y el PS", ha sentenciado. Los socialistas portugueses han ganado las elecciones municipales al adjudicarse el 36,26% de los votos (1.730.857), lo que se traduce en 134 alcaldías.
En tercer lugar se sitúa la alianza formada por el Partido Comunista Portugués (PCP) y el Partido Ecologista (PEV), con el 11,11% de los sufragios (530.310), lo que les permitirá gobernar en un total de 30 municipios. Por detrás, se encuentran el Grupo Cidadaos, con el 6,63% (316.562) y 11 alcaldías; y la fórmula del Centro Democrático Social y el Partido Popular (CDS-PP), con el 3,07% (146.694) y cinco municipios.
La gran protagonista de la jornada electoral, sin embargo, ha sido la abstención, que ha rozado el 47%, mientras que los votos nulos y blancos representan el 2,93 y 3,86% del total, respectivamente.
El varapalo electoral del Gobierno de Passos Coelho se ha manifestado con mayor contundencia en las principales ciudades portuguesas: Lisboa, Oporto y Sintra, que han ido a parar a manos opositoras.
En Lisboa, el candidato del PS, António Costa, ha conseguido su tercer mandado con un 51,3% de los votos, frente al 22,5% del aspirante del PSD-PPD, Fernando Seara, que ya ha reconocido su derrota electoral. "Son los mejores resultados electorales alcanzados por un partido político en unas elecciones municipales en Lisboa", ha destacado Costa. "Por primera vez, hemos conquistado la mayoría absoluta en la Cámara y en la Asamblea", ha argumentado.
Por su parte, Seara ha desvinculado los malos resultados del PSD-PPD en Lisboa del Gobierno de Passos Coelho. "La responsabilidad es exclusivamente mía. Cuando se pierde, se pierde en solitario. Cuando se gana, ganamos todos", ha aclarado.
La victoria de Costa en Lisboa, aunque muy positiva para el PS, podría aumentar la división en el partido político, ya que muchos ven en el alcalde capitalino a un líder natural de la izquierda que podría garantizar su vuelta al Gobierno, relevando a Seguro.
En Oporto, el candidato independiente Rui Moreira ha dado la sorpresa al arrebatar la Alcaldía de la segunda ciudad portuguesa al líder oficialista, Luis Filipe Menenzes, con un 39,3% frente a un 21,1%. "Oporto ha demostrado que es posible otra forma de hacer política, que los partidos tienen que ser diferentes. Si los partidos no han entendido lo que ha pasado hoy aquí, es que no han entendido nada", ha señalado en su discurso de esta noche.
Menenzes, al igual que su colega de Lisboa, ha querido alejar los malos resultados electorales del Ejecutivo nacional. "Esta derrota es solo mía. No es la derrota de un partido político, de un primer ministro, de un Gobierno, ni de sus socios. Es exclusivamente mía", ha subrayado. De la misma forma, en Sintra, hasta ahora gobernada por el PSD-PPD, la Alcaldía ha sido para el PS, con el 26,8% de los votos, aunque con una victoria muy reñida, ya que el candidato independiente ha conseguido el 25,4% de los votos.

El estado de malestar / Josep Fontana *

Los defensores de las políticas de austeridad están de enhorabuena. El País apareció hace pocos días con un titular inquietante: Holanda considera inviable el bienestar. Una aparente llamada a una vida de sufrimiento, que se aclaraba al concretar que lo que su nuevo rey les había dicho a los holandeses era que el Gobierno no podía seguir soportando el coste de los servicios sociales que se integran en lo que se ha dado en llamar Estado del bienestar y que debían prepararse para un porvenir de recortes y privaciones.

Lo podrían haber completado con un estudio del Congressional Budget Office norteamericano que advierte a su Gobierno de que la inutilidad de los recortes del gasto que se están realizando hoy, porque el problema real lo van a tener a partir del 2016, cuando los baby boomers nacidos en la etapa de rápido crecimiento demográfico que se produjo entre 1945 y 1960 requieran los servicios de atención médica y seguridad social que sufraga el presupuesto. Sus cálculos conducen a anticipar que el déficit llegará a ser de un 3,5% del PIB en el 2023 y de un insostenible 6,5% en el 2038.

La previsión de que  los servicios sociales vayan a seguir siendo desmantelados no parece un buen augurio para nuestras sociedades, que se han empobrecido en los últimos años a medida que se reducía la masa salarial que reciben los trabajadores. Lo cual vale para  EEUU, donde los salarios se han mantenido estancados o en descenso entre el 2000 y el 2012 a pesar de que la productividad ha aumentado casi en un 25%; vale para Gran Bretaña, donde un estudio de los sindicatos sostiene que «desde hace 30 años la parte del ingreso nacional pagada como salarios ha disminuido en favor de los beneficios».

Y vale igualmente para España, donde la combinación del paro y del constante descenso de los salarios está engendrando unos niveles de pobreza que no es necesario consultar en las estadísticas, porque resultan cada vez más visibles en la calle.

Lo que hay que hacer para frenar este empobrecimiento, que es la consecuencia de una desigualdad creciente, lo ha explicado Paul Krugman con toda claridad: la única forma de conservar «una sociedad en la que los ciudadanos comunes tengan una esperanza razonable de mantener una vida decente, trabajando duro y ateniéndose a las reglas» es construir una vigorosa red de seguridad social que se ocupe de la sanidad y que garantice un ingreso vital mínimo. 

Y esto, en un contexto en el que la mayor parte de los ingresos van a parar al capital, solo puede hacerse si los costes de esta red social se pagan con los impuestos sobre rentas y beneficios. Esta es una parte fundamental del análisis de la situación que nos ocultan los partidarios de la austeridad: si el coste de los servicios sociales resulta insostenible es porque faltan los ingresos que se deberían pagar y que son los que proceden de la fiscalidad sobre las rentas financieras y los beneficios empresariales.

Para resolverlo no basta con eliminar formas de delincuencia económica como la evasión a paraísos fiscales o el blanqueo de capitales, con ser estos muy importantes. El trabajo de investigación de The International Consortium of Investigative Journalists, que les invito a consultar en su web (icij.org), no solo nos descubre el gigantesco volumen del tráfico de capitales, sino que nos ofrece nombres de financieros y políticos que se benefician de él.

Pero hay una forma mayor y más grave de evasión, totalmente legal, que es aquella de la que se benefician las empresas que consiguen disminuir sus cargas fiscales utilizando su influencia política. Un estudio de David Cay Johnston en The National Memo nos muestra que en un año de buenos negocios como fue el 2010, las grandes empresas norteamericanas -un grupo que concentra el 81% de todos los activos de negocios- no pagaron como impuestos sobre sus beneficios el 35% que fija la ley sino tan solo un 16,7%, pese a haber aumentado sus ganancias un 45,2%.

Esta es una de las bases en las que se asientan nuestros problemas. Emmanuel Saez, el profesor de la Universidad de California que ha mostrado hasta qué extremo ha llegado hoy el aumento de la desigualdad, no ha dudado en concluir que esta es «un producto de la política del Gobierno».

Lo cual debería llevarnos a la conclusión de que el remedio está en nuestras manos: que somos los ciudadanos quienes debemos elegir entre una sociedad del bienestar basada en una distribución más justa de los beneficios, o seguir sufriendo la continuidad de las políticas de austeridad vigentes, resignándonos a este estado de malestar en el que vivimos, que va en camino de convertirse en un auténtico infierno.

(*) Historiador

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/estado-malestar-2697090 

La carrera de un juez político / José Luis Mazón Costa *

Existe una historia secreta o soterrada de las relaciones entre el Poder Judicial, sobre todo en sus niveles más altos, y la casta política dominante en cada momento, cuyos detalles causarían un tremendo estupor o escándalo. Se ha formado, por decirlo de algún modo, una república subterranea a donde no llega nunca la luz y por cuyos canales ocultos discurren fluidamente historias tremebundas de favores, venganzas, decisiones, exculpaciones, acuerdos, compensaciones en especie o cargos, en fin una cruda realidad de alcantarilla cuya divulgación causará horror a los “intraterraqueos” que pululan por sus conductos en la confianza de que nunca serán descubiertos.

La relación entre Valcárcel y la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,  da para una tesis doctoral de cómo la alta cúspide del Poder Judicial de la tierra del “mata al rey y vente aquí”, se inclina sospechosamente a favor de personajes poderosos como Valcárcel y existen cruces juramentados en sangre de intercambios. A veces estas inclinaciones son tan burdas (porque burdos son los personajes a cargo) que no caben intepretaciones diversas porque el escoramiento es de 45 grados o más. 

Juan Martínez Moya, actual presidente del TSJ de Murcia ya muchos años, es para mí un ejemplo del juez que usa el cargo para promocionarse hacia un cargo político. Y explico mis razones ya que estamos ante una cuestión de vivo interés público por el cargo que ocupa el personaje y por la propia naturaleza de la materia. Acaba de presentar Moya su candidatura a vocal del Consejo General del Poder Judicial por el cupo judicial (12 de los 20 miembros) y tiene que elegirlo el Congreso o el Senado, es decir, los políticos. No se ha presentado avalado por su asociacion, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, sino por libre, logrando avales de sus compañeros jueces. Necesita el respaldo de políticos del PP para obtener el cargo de vocal electo.

Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero los antecedentes de presuntos y grandes favores del juez Martínez Moya a Valcárcel le hacen sospechoso de que si logra el nombramiento es muy probable que haya sido por sus “méritos” a favor de este personaje político y los favores que le ha hecho a él y posiblemente a algún recomendado suyo (como uno sospechosamente absuelto por la Sala Civil y Penal de un delito clarísimo contra el medio ambiente, por el que acusaba el fiscal y cuya sentencia era un ejercicio de retorcer los hechos y las normas).

Pero los favores que directamente conozco, y he vivido por tanto de cerca, del juez Martínez Moya hacia Valcárcel, son los siguientes:

a) El de la suspension de la ley del aborto por Valcárcel. Diligencias abiertas por denuncia y luego querella contra Valcárcel por la suspensión de la ley del aborto en julio de 2010, en que manu militari impuso la no aplicación de esa ley durante cuatro dias, incurriendo de forma clamorosa en el delito de suspensión de una disposición general del artículo 506 del Código Penal.

La Sala Civil y Penal, auxiliada por el Fiscal Jefe López Bernal, bajo la ponencia del propio juez y presidente Martínez Moya, se negó en redondo a abrir una investigación, a instancias de la asociacion Preeminencia del Derecho de la que yo formo parte, sobre la ilícita y escandalosa conducta de Valcárcel, rompiendo los protocolos y deberes legales de un juez instructor. 

Para justificar lo injustificable, Moya, auxiliado por otro juez “valcarceliano”, Julián Pérez-Templado (amigo íntimo del cuñado y de la hermana de Valcárcel, quien en mayo de 2010 había invitado al mismo Valcárcel a la boda de su hija, a la que asistió) enmarañaron el caso de forma que parecía que estaban hablando de otro asunto, todo ello encaminado a que Valcárcel no fuera “molestado”. 

Resulta probado, y así se declara, que el juez Pérez Templado tenía o había tenido a su señora de cargo discrecional en la Administración dirigida por Valcárcel y a su hijo muy bien colocado en una empresa importante controlada por el PP regional como jefe de un servicio o departamento jurídico, así que libertad para decidir en contra de Valcárcel quedaba poca o ninguna y la exculpación olía a chamusquina. 

Para ascender al Supremo, objetivo del juez Martínez Moya, hacen falta padrinos políticos de alto nivel, porque al Supremo se accede por recomendación de la partidocracia,  PP y PSOE, a través de sus vocales en el Consejo (el puesto al que ahora aspira Moya) y no por méritos. Moya se presentó antes al Supremo pero le faltaron votos. Y ahora se presenta a vocal al Consejo “por libre”, con estos antecedentes de “salvador” de Valcárcel de un proceso que le hubiera costado el cargo de presidente regional.

b) El caso de la Balsa Yenny, un prototipo de malversación de caudales públicos cometido por el Gobierno Regional presidido por Valcárcel, que quedó impune por el puro voluntarismo de la Sala Civil y Penal, con la ayuda inestimable de la mal llamada Fiscalía Anticorrupción (que en este caso fue lo contrario de lo que dice su nombre). Estos hechos judiciales sucedieron tambien en 2010 cuando dos ciudadanos, uno de ellos yo, nos querellamos contra un consejero y contra Valcárcel por malversación de unos ocho millones de euros, que habrían salido de las arcas públicas para limpiar las escorias ambientales de la finca de un particular a través de un proceso de ingeniería delictiva: aceptar la Comunidad la donación de una parcela intoxicada para limpiarla con cargo a fondos públicos y ahorrar a sus titulares, unos famosos “mecenas” de los dos grandes partidos, los tales gastos que pagamos los ciudadanos en su lugar.

La ponencia del caso tocó al amiguísimo de la hermana y cuñado de Valcárcel, el juez Pérez Templado que, junto con Moya, debieron ponerse de acuerdo en canonizar la operación delictiva del Consejo de Gobierno, santificándola a base de retorcer hechos y normas legales.

Este desmadre en el Poder Judicial requiere un cambio drástico que corte de raíz conductas sospechosas de instrumentalizar el cargo para beneficios personales, políticos o de otra especie. Hace falta la guillotina al menos en un sentido incruento, que rueden cabezas en el sentido de expulsar del cargo al trasgresor. El Estado de Derecho necesita ser defendido de sus células tumorales o la propia sociedad se hunde en la podredumbre.

El Supremo tiene ahora mismo en examen un procedimiento de rendición de cuentas contra quienes han favorecido a Valcárcel en su affaire de la suspensión de la ley del aborto. Pero esto de que jueces juzguen a jueces no garantiza el principio de que la ley es igual para todos. Quien sabe, si en el futuro se pueden  exigir cuentas ante tribunales ciudadanos; los que hagan mal su trabajo, durante quince años estarán con la espada de Damocles sobre su cabeza. En la Justicia pasa como en el clero católico: “de obispo para arriba ninguno cree en Dios”, que dice el aforismo.

(*) Abogado y miembro de 'Preeminencia del Derecho'

Largaos / Risto Mejide *

Largaos de una vez. Largaos, sí. Los que trincáis, los que habéis trincado, los que permitisteis que otros trincaran y los que todavía hoy no hacéis nada porque se deje de trincar. Todos. Sobráis, de verdad, dejadnos en paz de una puñetera vez.

Dais asco. Vuestra falta de vergüenza ha llevado la nuestra hasta límites que jamás deberíamos haber conocido. Y ahora os cubrís el culo los unos a los otros, un culo que tenéis tan sucio que hasta las pústulas de vuestra ignominia os han invadido el cerebro, y ya no es posible distinguir vuestras declaraciones rellenas de mierda de la peste que emana de un zurullo común.

Callaos. Callaos de una vez. Dejad de contaminar los medios, las noticias y nuestro estado de ánimo. Dejad de hacer comunicados y ruedas de prensa, disolved todos los chanchullos, deponed vuestros privilegios y salid con la cabeza bien baja y las manos en alto.

Dejad de desanimar a la gente. Dejad de decirnos que todo fue por nuestra culpa. Dejad de tomarnos por gilipollas. Ah, y no os atreváis a volver a decir que sois reflejo de la sociedad en la que vivís. Que si robasteis fue porque os lo pusieron delante. Que sois víctimas de un vacío legal, un entorno corrupto y una dudosa moral. Que sois reflejo de la gente, representantes elegidos por el pueblo. Vosotros no sois pueblo, vosotros sois escoria.

Devolvedlo. Devolvedlo todo. El dinero, las propiedades, los cargos, las dietas, los sobresueldos, las comisiones, la dignidad que os quede y la honorabilidad que algún día se os supuso. Y cuando hayáis acabado, devolved la nacionalidad que se os dio por error. Porque no merecéis formar parte ni de este ni de ningún país. No hagáis ni las maletas, saltad por la borda, como las ratas, salid nadando. Y quien no sepa, que se joda, francamente nos da igual.

Pedid perdón. Disculpaos. Ante todo aquel que votó. Ante todo aquel que piensa seguir votando. Porque ellos han creído en un sistema democrático que vosotros habéis violado, sodomizado y puesto del revés. No, yo no os concedo la presunción de inocencia. Porque cuando uno deja que ciertas cosas ocurran, acaba siendo cómplice aunque solo sea por ignorancia, por desidia u omisión.

Y por último, largaos, sí, pero sin dejar rastro. Ni se os ocurra nombrar sucesores, ni gestores, ni primos segundos que calienten vuestra silla. No tengáis la cara dura de intentar dejar un legado. Vuestro único legado será la vergüenza. Y tampoco os atreváis a interponeros nunca más entre la gente de bien y sus lícitos objetivos. Porque en este país aún quedan ciudadanos, empresas e incluso algún político honrado que construyen, que siguen luchando y que ahora ya solo tienen una misión: que no les jodáis la vida, que les dejéis hacer.

Pero sobre todo y ante todo, por lo que más queráis, seguid ignorando estas órdenes, exigencias demagógicas de un publicista que de vez en cuando hace el capullo en televisión.

(*) Escritor

Las fundaciones escapan en España a los controles exigidos a los partidos

MADRID.- La reforma de la ley de Financiación de partidos políticosque se aprobó en 2012 sigue permitiendo que las fundaciones reciban donaciones de empresas concesionarias de contratos públicos. Además, los límites de las cuantías son más laxas: 100.000 euros para los partidos y se elimina el de las fundaciones (que previamente era de 150.000 euros), según Cuentas Claras. A ello habría que añadir las entregas monetarias o patrimoniales para financiar proyectos concretos, las cuales no tienen consideración de donaciones.

“Históricamente han sido un instrumento para conseguir fondos para los partidos, dificultando el conocimiento por parte de la ciudadanía de las verdaderas cuentas”, lamenta Manuel Villoria, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional. En la misma línea se pronuncia el abogado Carlos Sánchez Almeida: "Tienen unas características que les permiten ser vías alternativas de financiación". Ello podría explicar que, según el último informe del Tribunal de Cuentas, la cuantía de las donaciones privadas a las fundaciones supere a la de los propios partidos. En 2008 las formaciones políticas percibieron un total de 6.140.235 euros. La cantidad asciende a 9.123.283 euros en el caso de las fundaciones. 

Los últimos Presupuestos Generales prevén 900.000 euros para las fundaciones para financiar proyectos concretos. Una cantidad idéntica a la de 2012 y que se deriva de los fondos a cooperación y desarrollo. Además, Eva Belmonte, de la fundación ciudadana CIVIO, señala que las fundaciones reciben otros 2 millones de euros por el mero hecho de existir, derivados del presupuesto de cultura. La utilidad pública como "think-thank" justifica a juicio de Villoria la percepción de fondos pero sólo si se hace "con la máxima transparencia y control". 

En este sentido, Eva Belmonte opina que debería exigirse "un desglose completo y detallado de las donaciones recibidas y de las partidas de gasto. Por ejemplo, nadie sabe en qué gastan las fundaciones el dinero percibido de los fondos de cooperación". La recién aprobada Ley de Transparencia venía a subsanar las carencias institucionales. Sin embargo, a juicio de Belmonte "tal y como está redactada contribuye muy poco. Existen numerosas excepciones a las peticiones de información, que no se incluye como derecho fundamental".  

En el último año se han conocido diversos escándalos en las fundaciones vinculadas a partidos mayoritarios. Grandes constructoras  adjudicatarias de obras públicas, y citadas en los Papeles de Bárcenas, donaron miles de euros a fundaciones afines al Partido Popular. El PSOE y la Fundación Ideas se vieron el año pasado salpicados por el caso “Amy Martin”. Bajo dicho pseudónimo, la mujer del exdirector Carlos Mulas cobró ingentes cantidades de dinero por puntuales colaboraciones.

La necesidad de una legislación más exigente

Las cuentas de las fundaciones, así como la procedencia de las donaciones, fueron hasta 2007 las grandes desconocidas por los organismos reguladores. A partir de ese año el Tribunal de Cuentas empezó a fiscalizar su actividad económica. Sin embargo, para Villoria no es garantía suficiente: “El tribunal no tiene mecanismos para investigar posibles irregularidades ni para sancionar. Sólo dispone de los datos que los partidos quieren proporcionar”. Carlos Sánchez Almeida critica la politización de un "órgano deslegitimado que se ha convertido en un cementerio de elefantes de PP y PSOE". El abogado también apuesta por reforzar las responsabilidades penales en los casos de corrupción.

Lo cierto es que el último informe, de 2008, señala diversos incumplimientos. Societat i Progrés de la Comunitat Valenciana, dependiente de los socialistas valencianos, no aportó documentación alguna. Otras como Canarias 7 Islas, Horacio Fernández Iguanzo y Zabaldiak no presentaron sus respectivas cuentas anuales. En otros casos, las fundaciones carecían de cuentas bancarias específicas para donaciones, tal y como exige la legislación.  

El propio Tribunal de Cuentas señala algunas de las trabas a las que se tiene que enfrentar a la hora de fiscalizar y controlar la actividad de las fundaciones. En el capítulo de recomendaciones del informe expresa que la legislación "no precisa los requisitos para establecer la vinculación orgánica con los partidos políticos" y pide que se incluyan en el Registro de Partidos Políticos. También critica que las fundaciones no se sometan a lo expuesto en el capítulo IV de la Ley de Financiación de Partidos, que recoge las obligaciones contables y los mecanismos de rendición de cuentas. Una situación que se da tanto en la ley de 2007 como en la reforma del pasado año.

La supervisión del tribunal no se realiza sobre la actividad de las fundaciones. Únicamente se centra en las donaciones percibidas, algo que, según el informe, "podría menoscabar la eficacia del control sobre la actividad ordinaria y electoral de las formaciones a las que se encuentran vinculadas". Además, la connivencia de intereses entre el sector empresarial y el poder político debería impedir, a juicio del tribunal, que las fundaciones perciban fondos de empresas adjudicatarias de contratos públicos.

Opacidad en la web

La reforma de la Ley 5/2012 de Financiación de Partidos aporta algunas novedades en lo que respecta a la fundaciones. Éstas, una vez emitido el informe del Tribunal de Cuentas, deben "realizar una auditoría de sus cuentas anuales", así como "hacer públicas, preferentemente a través de su página web, el balance y la cuenta de resultados de forma que esta información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos".

A este respecto el informe "Transparencia, el mejor eslogan 2012", de la Fundación Compromiso y Transparencia, señala la elevada opacidad informativa en las fundaciones. Sólo el 46% de las fundaciones vinculadas a partidos con representación parlamentaria describen las actividades que realizan y que, en teoría, legitiman su existencia. En cuanto a la composición interna, sólo el 30% indica el nombre del director general de la fundación y un exiguo 15% aporta información sobre los miembros del patronato.

"Sin ningún lugar a dudas el área de información económica es la más débil de todas", concluía en informe en mayo de 2013. Desde entonces, la transposición de las obligaciones presentes en la ley 5/2012 ha motivado que algunas empiecen a publicar sus cuentas anuales. Otras se escudan en la tardanza del Tribunal de Cuentas a la hora de emitir los informes para no dar cuenta de sus finanzas.

La fundación FAES, ligada al Partido Popular, publica anualmente una memoria financiera ( la última de 2012) auditada por una entidad independiente. También adjunta un sumario y una descripción de las actividades realizadas. En cuanto del patronato, FAES únicamente aporta un listado de nombres y apellidos, mientras que la sección directorio sí que incluye el currículum y la experiencia de los altos cargos. Lo que no publica la fundación son sus estatutos y documentos fundacionales.

La web de la Fundación Ideas, vinculada al PSOE desde su creación en 2008, recoge un buen compendio de actividades y publicaciones, pero no es tan completo. Respecto al perfil de los miembros del patronato, se incluye un breve resumen de su actividad política, pero no profesional. Las principales trabas a la transparencia son en materia de financiación y documentación interna. Ideas no publica ni sus estatutos ni sus cuentas. Fuentes de la fundación alegan que el último informe del Tribunal de Cuentas es de 2008, cuando Ideas aún no existía.

Europa por los Ciudadanos, una de las fundaciones afines a Izquierda Unida, tampoco aporta información relativa a su contabilidad. Al igual que FAES, esta fundación realiza memorias actualizadas y anuales de sus actividades. En cuanto a la información interna, Europa por los Ciudadanos no indica la composición del patronato ni las reglas que rigen su funcionamiento.

La Fundación Progreso y Democracia, vinculada a UPyD, publicó el mes pasado la memoria económica de los años 2011 y 2012. Sin embargo, dichas cuentas están controladas por la Comisión de Finanzas, elegida por el propio partido. En este sentido, Juan Luis Fabo, responsable de organización, se escuda en la juventud de la formación: "Al principio no nos podíamos permitir contratar y pagar una auditora externa". En cuanto a sus actividades, la fundación desarrolla un listado de publicaciones y un calendario de eventos y actividades, aunque no especifica los perfiles de los componentes del patronato. Donde Progreso y Democracia destaca es en la publicación de sus estatutos, punto que ninguna de las tres anteriores cumple. 

Torres-Dulce: 'La Justicia, en evidencia cuando no da respuestas solventes a la corrupción'

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha hecho mención al problema de la corrupción como una de las cuestiones "que más debilitan la fortaleza moral de nuestra sociedad" durante su discurso en el Acto de Apertura de los Tribunales, en presencia del Rey, del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y de las cúpulas de las carreras judicial y fiscal. Ha advertido que la Justicia queda en evidencia cuando no es capaz de dar respuesta "solvente y tempestiva" a este problema.

Se ha referido seguidamente a la crisis económica "severa y prolongada", que pone a prueba el entramado institucional.

   "Si grave resulta la depauperación de amplios estratos sociales, el incremento del paro, la dificultad para hacer frente al endeudamiento público y privado, y otros tantos fenómenos sintomáticos de la recesión que no acucia, no menos grave resultaría que el inevitable sentimiento de desánimo derivase en desafección de la cosa pública", ha manifestado.

    No obstante, y pese a la "sombría realidad", el fiscal general asegura que existe una ciudadanía consciente de que "es fuente de toda legitimidad política" y ello pese al "sentimiento de decepción que puede suscitar la conducta poco ejemplar de algunos de sus representantes".

   El fiscal general se ha referido a la corrupción en la Administración pero también a la corrupción privada y ha citado las causas surgidas en relación con las participaciones preferentes emitidas por determinadas entidades financieras, casos que que calificó de complejos, "por lo que no admiten un tratamiento común".

   A su juicio, hay que discernir entre aquellos casos en que la ilicitud se produce en el momento de ideación de la emisión, mediante el empleo de artificios contables encaminados a camuflar la deficiente solvencia de la entidad, de aquellos otros en los que la ilicitud se concentró en la comercialización de títulos "mediante su colocacion entre grupos de clientes manifiestamente inidóneos" como discapacitados o personas "imposibilitadas para alcanzar una comprensión real de la naturaleza jurídica del negocio".

   Torres-Dulce ha incluido en su discurso las cifras más destacadas de la Memoria de la Fiscalía del pasado año, como la del aumento en un 120,79 por ciento de los fraudes cometidos por autoridad o funcionario público y el incremento en un 23,85 por ciento de las calificaciones por delito de prevaricación administrativa; así como el descenso de las causas por malversación de caudales públicos en un 31,23 por ciento y por tráfico de influencias en un 22,37 por ciento.

Sentencias por corrupción

Las sentencias por delitos relacionados con la corrupción (cohecho, malversación, prevaricación administrativa, tráfico de influencias o fraudes comunitarios) se han incrementado un 151% en los últimos tres años, según revela la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2012.

   En el último trienio la incoación de causas por este tipo de delitos creció en un 17 por ciento con una clara preponderancia de la prevaricación administrativa, que supuso un 23 por ciento del total de delitos relativos a la corrupción que se iniciaron durante todo el año pasado.

   En todo caso, los máximos históricos de corrupción en la presentación de escritos del Ministerio Fiscal se registraron en 2011, año en el que se presentaron un total de 235 acusaciones. El delito más repetido fue el de malversación de caudales públicos que durante ese año representó un 40 por ciento del total seguido del de prevaricación administrativa, que alcanzó un 26 por ciento.

   Tras apuntar que la corrupción está vinculada a la etapa de la denominada "burbuja inmobiliaria", en la que "la sociedad en general y las administraciones públicas en particular disponían de una gran cantidad de recursos económicos", la Fiscalía advierte en su Memoria de los riesgos que puede afrontar la sociedad española si no se lleva a cabo "una actuación lo suficientemente decidida y enérgica contra la corrupción".

   "Se corre el riesgo, de un lado, de incrementar una sensación de impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o corruptos y, de otro, a que puedan generalizarse críticas infundadas o sectarias cuestionando irresponsablemente la labor de todos los servidores públicos, la inmensa mayoría de los cuales cumple honestamente con su deber", apunta la Memoria.

    En este sentido, el Ministerio Público advierte de que en un importante sector de la ciudadana ha calado "la idea de que la Justicia no trata igual al poderoso que al resto, y que existe ideología en la respuesta judicial".

 "Desmontar este estado de opinión es una tarea que recae principalmente en los que formamos parte de la Administración de Justicia", señala.

   A su juicio, los delitos de corrupción constituyen "una de las formas más graves de delincuencia" porque "provocan el desvío de fondos públicos a fines privados" y suponen, además, "un ataque a las instituciones y al sistema democrático y, en definitiva, al Estado de Derecho.

   Según el Ministerio Público, el "incremento cuantitativo y cualitativo" que la corrupción ha experimentado en los últimos años contribuye a crear "un estado de opinión" y afecta al propio funcionamiento de la Administración de Justicia, "poniéndola muchas veces en evidencia en tanto que no es capaz de dar una respuesta adecuada en el tiempo y en el resultado final del propio procedimiento".

   Para hacer frente a esta situación, la Fiscalía propone reforzar la oficina fiscal, dotándola de "auténticas unidades de investigación criminal", potenciar las unidades de Policía Judicial y dotar de apoyo tecnológico a las investigaciones telemáticas.

Cayo Lara cree que el Rey no está "en las mejores condiciones" para presidir la apertura del Año Judicial

MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, cree que el Rey no está "en las mejores condiciones" para presidir la apertura del Año Judicial, teniendo en cuenta que la Casa Real "tomó partido" tanto en el caso Nóos como en evitar la imputación de la Infanta Cristina.

   "Viendo el chozo se ve el melonar. Y en este caso el chozo tiene goteras", ha ejemplificado el líder de IU en rueda de prensa sobre la "ironía" que a su juicio supone que Don Juan Carlos inaugure este lunes el Año Judicial en el Tribunal Supremo.

   Lara, que ha insistido en que la Casa Real se ha "implicado" en el caso Nóos y ha demostrado que "no es verdad que la justicia sea igual para todos", ha arremetido también contra las interferencias que a su juicio ejercen también el Gobierno y el PP en las decisiones judiciales.

   Así, ha apuntado a las "presiones" que sufren los jueces, las "obstrucciones" a la justicia del PP, o la lentitud de la justicia con casos como el del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, o el caso Gürtel.

   "Hay una justicia para ricos y otra para pobres, el PP no colabora con la justicia, el Estado intervino en la desimputación de la Infanta", ha repasado Cayo Lara apuntando también a la "insólita" actuación del Tribunal Supremo reduciendo la pena al expresidente balear Jaume Matas o las actuaciones de la jueza Alaya en el caso de los ERE, a la que ha pedido que decida si imputa o no a Manuel Chaves y José Antonio Griñán pero no los deje "en el limbo".

El sindicato UGT denuncia la elevada tasa de infraempleo en España

MADRID.- El sindicato socialista UGT denunció hoy domingo que la crisis económica y la reforma laboral están siendo utilizadas para ofrecer condiciones precarias que han elevado sustancialmente la contratación de personal con capacidades muy superiores al empleo que realizan.

Según el estudio del sindicato, que utiliza datos de la Encuesta de Población Activa, en la actualidad dos millones y medio de ocupados están "subempleados", es decir, trabajan en puestos que requieren menos cualificación de la que tienen o menos horas de las que desean.

"Caminamos hacia un mercado laboral de supervivencia, muchos empresarios utilizan la crisis y la reforma laboral para rebajar las condiciones laborales y salariales", señala el sindicato, que añade que muchos trabajadores "se ven obligados a aceptar cualquier puesto de trabajo para sobrevivir" mientras las empresas llegan hasta a solicitar licenciados para puestos de repartidor.

  "Algunos comportamientos rayan incluso la rapiña laboral al aprovecharse de la necesidad de los españoles de encontrar un trabajo", ha incidido UGT. Para el sindicato, la reforma laboral está siendo un "instrumento muy útil" para los que optan "erróneamente" por competir en base únicamente al abaratamiento de los costes laborales.

   A este respecto, ha recordado que en el segundo trimestre del año, según los datos de la Contabilidad Nacional, los costes laborales cayeron un 2,3%, "en clara contraposición" con los beneficios de las empresas que crecieron un 3%

También advierte de que el 22% de los parados en España cuenta con titulación superior.

El número de parados con titulación superior se ha multiplicado casi por cuatro desde el inicio de la crisis, pasando de 382.000 parados titulados en 2007 a los 1,3 millones actuales,  según ha denunciado la Unión General de Trabajadores (UGT).

   Asimismo, el sindicato ha puesto de manifiesto que 2,5 millones de ocupados están subempleados, es decir, que trabajan en puesto de trabajo que requieren menos cualificación de la que poseen o lo hacen menos horas de las que desea.

   La Unión General de Trabajadores considera que los problemas de España son causa de una "dejación de poderes públicos, de aplicación de políticas económicas erróneas y contraproducentes y de ausencia de visión estratégica para propiciar el cambio del modelo productivo español".

   Por último, ha pedido al Gobierno que apueste por la protección frente al desempleo, puesto que en la actualidad, casi 4 de cada 10 parados registrados en las oficinas de empleo carecen de prestaciones, lo que según UGT está elevando los niveles de pobreza y exclusión social.

Las políticas de ajustes en Europa traerán más pobreza

BRUSELAS.- Las políticas de ajuste económico impuestas desde Berlín y Bruselas a los países de la Eurozona pueden generar entre 15 y 25 millones de pobres de aquí a 2025, según cálculos de la Ong española Oxfam. Si esos vaticinios se cumplen se ratifican las opiniones de analistas y economistas que rechazaron los rescates financieros y las condiciones bajo las cuales la llamada troika hizo las ofertas.

También serán válidos los justos reclamos de las protestas populares contra las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, esa troika de prestamistas internacionales de las naciones europeas.

España, Grecia, Portugal, Italia, Irlanda y Chipre han sido víctimas de una fórmula aplicada por primera vez en mayo de 2010, tras conocerse la compleja situación económica de Atenas, que al borde la quiebra accedió a "un generoso monto" para evitar su caída.

Desde entonces se estableció que cualquier nación en riesgo, perteneciente a la Eurozona, podría acceder al aporte de fondos para evitar el derrumbe de la economía europea siempre que cumpliera con una serie de requisitos.

Dichas ayudas no eran simples donaciones, pues la troika exigía garantía de pago, lo que lógicamente complicó a las naciones europeas.

Ejemplo de eso son los compromisos asumidos por Grecia para recibir el rescate: aumento del impuesto al valor agregado, rebaja de las pensiones, despidos masivos de funcionarios públicos, pérdida de poder adquisitivo de la población y cierre de negocios.

El citado informe de Oxfam asegura que las políticas de austeridad tienen como efecto agravar la pobreza y las desigualdades, pues con ellas solo se beneficia el 10 por ciento de la población, las capas más ricas.

Las estadísticas publicadas en los últimos años por la Comisión Europea ratifican esa aseveración y demuestran un aumento de la desigualdad en casi todo el continente, pero principalmente en los países que más están ajustando sus economías mediante un rescate.

Según las estimaciones de Oxfam Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia podrían convertirse, en algunos de las naciones más desiguales del mundo.

Apunta esa ong que a finales de 2011, unos 120 millones de europeos vivían en la pobreza, considerado como tal por Bruselas a quien ingresa menos del 60 por ciento del salario medio de su país.

A partir de ahí el informe plantea que si la política económica del bloque no cambia, esa cifra aumentará hasta 146 millones de personas en poco más de una década, convirtiendo en pobre a la cuarta parte de la población de la Unión Europea.

Tan es así que Oxfam critica los ajustes y la forma de aplicarlos, además acusa a los gobiernos de recortar los programas de beneficio para las capas más desfavorecidas, como seguridad social, salud y educación, a la vez que reduce los derechos de los trabajadores y va hacia un modelo fiscal generador de más desigualdad.

Se aprecia en el texto, titulado La trampa de la austeridad, una acusación a la reducción desmedida de la deuda, que además de no reducirla originó millones de desempleados, ya que los adeudos privados de los bancos pasaron al sector público.

Para solucionar tal situación Oxfan propone reestructurar o cancelar la deuda pública, porque "existen alternativas claras a las actuales políticas de austeridad".

Algunos empresarios españoles aprovechan la crisis para explotar a sus empleados / Diego Gafo

La semana pasada, un conocido portal de internet de búsqueda de empleo publicó una oferta de repartidor de bollos, en la que se exigían recién licenciados en Administración y Dirección de Empresas y con carné de conducir con una antigüedad de dos años. El sueldo oscilaba entre los 12.000 y 15.000 euros brutos al año y la jornada laboral comenzaba a las 4 de la mañana para poder entregar los bollos. Tras la sorpresa popular, que acabó por volverse irritación ante semejante anuncio, la empresa finalmente decidió retirar ese requerimiento. Su dirección justificaba ese requerimiento por la posibilidad de promoción. Cabe destacar que antes de retirarlo se habían inscrito en la oferta más de 600 solicitantes...

Otro claro ejemplo es el de mi amiga Dulcinea del Toboso —nombre ficticio— que trabajaba en una ONG de renombre internacional. Estaba supliendo una baja por enfermedad, y cuando llegó el mes de agosto, dicha ONG decidió despedirla para ahorrarse así su sueldo durante las vacaciones, con la promesa de contratarla de nuevo en septiembre. Pero no fue así, llegada la fecha, le propusieron incorporarse de manera voluntaria a su puesto, a lo que ella tuvo que negarse y aceptar el trabajo de saladora de puercos, donde dicen que tuvo la mejor mano en toda la Mancha (Don Quijote, Primera parte, capítulo IX), puesto que tenía que hacer frente a la hipoteca y a que sus hijos tenían la desagradable costumbre de comer todos los días... ¡e incluso tres veces! Hay gente que malcría a sus hijos de forma descarada.

Son solo unas muestras de la situación del mercado laboral. Las podríamos contar por miríadas. Ante la carestía de empleos, la gente ha de aceptar cualquier trabajo. Esto es perfectamente comprensible. Todos tenemos muchos gastos. Lo que no es admisible bajo ningún concepto es que los empresarios quieran confundir trabajadores con materia prima que puede utilizarse hasta agotarla. Hasta exprimirla, es decir, quieren esclavos. El día que descubran que el trabajador es el mayor activo de la empresa quizá la cosa cambie. No se puede despreciar a la gente. Es muy respetable el trabajo de repartidor de bollos, pero quizá no sea necesario tener una licenciatura para ejercerlo. Que luego no se quejen nuestros políticos por la fuga de cerebros, aunque haya quien no lo vea negativo o lo llame "movilidad exterior".

Piensen. Sean buenos.

http://www.mundiario.com/articulo/economia/algunos-empresarios-espanoles-aprovechan-crisis-explotar-empleados/20130915154732010504.html 

Nuestro derecho a la rebelión / Pascual Serrano

Esas dos mentes brillantes y valientes que son Julio Anguita y Juan Carlos Monedero protagonizan una conversación de un centenar de páginas recogida por la editorial Icaria bajo el título A la izquierda de lo posible. Hay una parte que me ha parecido de gran interés. Es cuando Anguita plantea que los actuales gobernantes se están situando fuera de la ley en la medida en están ignorando o desmantelando derechos como el del trabajo, la vivienda, la salud, la educación, una pensión digna, la alimentación, puesto que están conculcando la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española o la Carta Social Europea ratificada por España en 1985.

Es un enfoque interesante porque ya no necesitamos hablar en nombre del marxismo ni siquiera de la izquierda. Basta con desempolvar esas legislaciones que tienen un predicamento y aprobación universal y, a continuación, mostrar que los gobernantes están vulnerando el Estado de Derecho, están en la ilegalidad. De modo que nosotros estamos dentro y reivindicando la ley, y el gobierno fuera y vulnerándola.

La segunda deducción es que en la tradición de los históricos movimientos de liberación aplaudidos por toda la sociedad, e incluso del cristianismo, se encuentra el derecho a la rebeldía ante un gobierno despótico que no respeta la legalidad. La declaración de independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776 plantea el derecho a luchar para que haya un gobierno justo, incluso deponer al que hay si no cumple (Preámbulo: “Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad y su felicidad”). 

Igualmente la Declaración de Derechos Humanos de 1789, en su artículo 2, establece que la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, y que uno de tales derechos es la resistencia a la opresión. Por su parte, la Constitución de 1793, elemento clave del racionalismo ilustrado francés, plantea el derecho a la insurrección (Artículo 35: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”).

John Locke, considerado padre del liberalismo moderno, establece que la autoridad del Estado se sostiene en los principios de legalidad y respeto de los derechos humanos. Esa autoridad deja de ser legítima si deja de asegurar los derechos naturales. En su Tratado sobre el gobierno civil (1690), defiende el derecho a la rebelión señalando que si el pueblo es sometido a la miseria y padece las injusticias del poder arbitrario, entonces “maltratado y gobernado contra Derecho, estará siempre dispuesto a quitarse de encima una carga que le resulta pesadísima”.

Estas ideas tiene su origen en los teólogos cristianos. El dominico Francisco de Vitoria reconoce la licitud de robar cuando el hambre hace peligrar la vida humana o negarse a pagar un tributo en caso de que fuera injusto (Relecciones teológicas). El jesuita Juan de Mariana razonó acerca del derecho a la insubordinación (Del Rey y de la Institución real 1598-1599). El padre Francisco Suárez (Discurso de leyes, 1612) reconocía la posibilidad de desobedecer y derrocar a quien detenta la autoridad cuando, ejerciendo el mando, incumple y vulnera sus funciones. 

Pues bien. Hoy nos están arrebatando nuestras viviendas (desahucios), nuestra educación (disminución de profesorados, tasas y fin de las becas), nuestra sanidad (disminución de personal, cierres de hospitales y servicios de urgencias), nuestros derechos sociales (liquidación de la ley de dependencia), nuestras libertades públicas (represión de las manifestaciones, sistemas de vigilancia), nuestros derechos laborales (seis millones de parados, congelaciones y disminuciones salariales, facilidades para los despidos, precariedad laboral). 

No hace falta ser Lenin ni Rosa Luxemburgo para llamar a la rebelión. Los inspiradores de la Ilustración, los que redactaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, los sacerdotes del siglo XVI y los filósofos liberales hoy estarían sumándose al levantamiento. Al otro lado están los miserables que se escandalizan cuando nos atrevemos a expropiar dos carritos de supermercados. Es hora de que cada uno decida en qué bando se sitúa.

Un sistema corrupto / Xavier Caño Tamayo *

A partir de los años 60, en España unos cuantos aprovechados, en íntimo contubernio con la dictadura franquista, se enriquecieron velozmente con la acelerada construcción de miles de enormes, desangelados y feos bloques de pisos en las grandes ciudades. Millones de viviendas mediocres para ser habitadas por millones que, huyendo de pobreza y hambre de todas las regiones del Estado, emigraban a Cataluña, Madrid y País Vasco, sobre todo. Décadas después, otro lodazal de especulación y corrupción inmobiliarias se reinstaló en el reino de España. A las construcciones masivas de edificios de viviendas de antaño se unió el ataque contra las costas, concentraciones turístico-estivales, proliferación de campos de golf y de puertos deportivos. Escenario fértil para la corrupción.

 

Según escribe Carlos Sánchez, “no hay presidente de comunidad autónoma que no haya creado una red clientelar a su alrededor con empresarios locales que han comido y bebido de forma copiosa del presupuesto. Es el origen de la corrupción político-económica en España: élites locales que han engrasado el sistema de partidos para ganar concursos y concesiones públicas”.

 

Así es. Los tribunales españoles investigan hoy 1.661 casos de corrupción política y financiera y más de 300 políticos profesionales españoles están actualmente imputados por presunta corrupción. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparency International, el 86% de españoles considera corrupto este país.

 

The New York Times publicó un extenso artículo sobre la corrupción en España, donde afirma que los jueces españoles investigan a unos 1.000 políticos (desde concejales y alcaldes, consejeros y altos cargos autonómicos a ex ministros del Gobierno). La connivencia entre élites políticas y empresariales es cada vez mayor en España según Pascual-Ramsay en Financial Times. Friedrich Schneider, de la Universidad Johannes Kepler de Linz, afirma que la corrupción en España es un “1% del PIB”. En realidad, los casos de corrupción que aparecen en los medios desde hace años no son solo la actuación de individuos sinvergüenzas, son tramas de saqueo económico de alcance estructural. 

 

Pero la corrupción no afecta solo al Reino de España. El Banco Mundial considera que la corrupción supone del 0,5% al 2% de la riqueza nacional en los países de la OCDE, los 30 más desarrollados del mundo. Y la Comisión Europea calcula que la corrupción cuesta a Europa 120.000 millones de euros anuales: 1,1% de su riqueza.

 

Curiosamente, Transparency International, organización global contra la corrupción, olvida en sus informes que hay corrompidos y corruptores. Denuncia a muchos corrompidos en África, Asia y Latinoamérica, pero ignora que grandes empresas y corporaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea sobornan en esos países para obtener más beneficios. No hay corrupción sin corruptores.

 

Y es que la corrupción está incrustada en el corazón del sistema. Hasta hace un tiempo, por ejemplo, en Francia las empresas podían deducir fiscalmente el pago de sobornos de funcionarios o políticos de otros países. Y en Alemania, pagar sobornos en el extranjero era deducible de los impuestos como gastos empresariales, hasta hace cinco años. La presión de la ONU hizo desaparecer tal indignidad. 

 

La lista de grandes casos de corrupción en Estados Unidos y Europa es larga. Los broches podrían ser un Berlusconi promulgando leyes de inmunidad para evitar sus condenas por corrupción o que en Alemania directivos y ejecutivos de casi todas las grandes corporaciones se hayan sentado en el banquillo de los acusados en los últimos años. Cajas ocultas, dinero negro, sobornos, engaño organizado, estafas, manipulaciones contables…Una veintena de corporaciones empresariales alemanas han estado o están en el punto de mira por manipulación y fraude. 

 

Es curioso, porque el FMI y el Banco Mundial prometían en sus informes de los años 80 que la privatización de lo público (que amenazaba ya a medio mundo) suprimiría la corrupción. Pero ha sido justamente lo contrario. Marx tenía razón al escribir que “todas las naciones capitalistas abrazan periódicamente el fraude, pretendiendo ganar dinero sin producir”. 

 

Según Denis Robert, periodista de investigación financiera, este sistema económico-financiero está viciado de raíz y no hay voluntad real de eliminar la corrupción. A los hechos me remito. Para abundar en la cuestión, podríamos echar un vistazo al oscuro mundo de los paraísos fiscales, del fraude fiscal sistemático, del blanqueo de dinero sucio en plan industrial… Corrupción es mucho más que lo que denuncia Transparency International y ocupa las portadas de los periódicos. Es el sistema capitalista el que está ya definitivamente corrompido.

 

(*) Miembro de ATTAC-Madrid

La finca de Felipe González se llama 'El Penitencial' y vale un millón de euros

MADRID.- Felipe González ha adquirido la finca 'El Penitencial' en la Sierra de Guadalupe (Cáceres), de 120 hectáreas, por un millón de euros.La finca es un pequeño espacio de otra finca mayor, El Común, de más de dos mil hectáreas y propiedad del constructor Javier Vázquez, amigo del Rey y exsocio de Mario Conde. 

El expresidente del Gobierno, casado en segundas nupcias con Mar García Vaquero, ha hecho todo lo posible por pasar desapercibido en la zona, si bien ha solicitado los permisos necesarios para rehabilitar la vivienda existente en la finca, de 600 metros cuadrados en dos plantas.

Según 'El Mundo', lo primero que quiere hacer es cambiar el escabroso nombre.

Pese a trabajar para uno de los hombres más ricos del planeta, el empresario mexicano Carlos Slim, González no atraviesa su mejor momento económico.

De hecho, se vio obligado a congelar Tagua Capital, su fondo de capital riesgo, este año ante la falta de inversiones.

'El Penitencial' será el primer nido de amor que comparta con su segunda mujer, Mar García Vaquero.

La cronología de los ERE en las cajas: de las jugosas prejubilaciones a los despidos con 20 días por año

MADRID.- Con la negociación del nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) de CatalunyaCaixa, se completa la segunda ronda de despidos acometida por las entidades en manos del Estado -Bankia, Novagalicia y la catalana-, si bien las condiciones ofrecidas a los afectados varían mucho entre el primer proceso y este último. De generosas prejubilaciones e indemnizaciones de 45 días por año, a la amenaza de aplicar a rajatabla la reforma laboral (20 días por año y 12 mensualidades) que ha puesto sobre la mesa el banco que preside José Carlos Pla.

Sólo entre estas tres entidades se acometerá, una vez que el proceso llegue a su fin, un recorte de más de 16.000 empleados. El mayor ajuste ha sido el realizado por Bankia, un total de 8.200 empleados que suponen casi un 35% de la plantilla que acumularon las siete cajas de ahorros en el momento de su fusión.

A principios de febrero, la entidad acordó con los sindicatos un recorte de 4.500 empleados. Las medidas de salida se concretaron en diversas modalidades de bajas incentivadas que se segmentan en función de la voluntariedad, edades y la evolución del plan de recolocación. No obstante, la media se situó en 30 días por año trabajado, con el límite de 20 mensualidades.

Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, surgió de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de menor tamaño (cajas de Ávila, Segovia, La Rioja, Insular de Canarias y Laietana). El proceso vino aparejado de un ERE para 3.700 trabajadores, a unas condiciones sensiblemente mejores. Así, los trabajadores que se acogieron a las bajas voluntarias cobraron una indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, más una prima que oscilaba entre los 10.000 y los 30.000 euros. La mayor parte del ajuste se realizó, sin embargo, a través de prejubilaciones. Estos empleados con al menos 55 años que se acogieron a las prejubilaciones recibieron el 95% del sueldo del último ejercicio.

También en febrero, Novagalicia acordó un ERE para 1.850 empleados de los cuales un máximo de 455 pueden acogerse a prejubilaciones cobrando el 80% de su sueldo. El resto del recorte de la plantilla se acometerá a través de bajas incentivadas, con unas indemnizaciones de 30 días por año, con un máximo de 22 mensualidades, más una prima de 2.000 euros por cada tres años de antigüedad. En ningún caso la indemnización podrá superar los 250.000 euros.

La fusión de Caixa Galicia y Caixanova provocó un primer ERE para 1.200 empleados, que se llevó a cabo principalmente a través de prejubilaciones de mayores de 55 años que recibieron un 85% del sueldo. En julio de 2011 anunció un nuevo ERE para 350 empleados, a los que se sumaron luego otros 700. En estos casos las indemnizaciones fueron las más generosas hasta el momento, de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades. En total, los casi 8.000 empleados con los que contaban las cajas gallegas se han reducido a la mitad.

El último ajuste pendiente es el de CatalunyaCaixa, en la que la dirección ha planteado como propuesta 2.453 despidos con el mínimo legal permitido, es decir, 20 días por año y 12 mensualidades.

La entidad aplicó inicialmente un recorte de 1.300 empleos, ampliado con otras 330 bajas incentivadas. Los trabajadores mayores de 60 años se pudieron prejubilar recibiendo el 90% del salario neto, mientras que los de entre 56 y 59 años contaron con el 80% del salario neto. Las indemnizaciones de las bajas incentivadas dependieron de la antigüedad, llegando hasta los 30 meses de sueldo (2,5 años) para quienes llevasen más de 12 años trabajando en una de las cajas. El recorte total podría alcanzar a más de 4.000 empleados, de los alrededor de 8.500 que había en la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa.

Bankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa son las tres entidades actualmente en manos del Estado, y también las que más ayudas públicas han recibido. En total, Bankia ha recibido 22.424 millones, por los 12.052 de la catalana y los 9.052 de la gallega.

Aquí no dimite ni Dios / Rafael de Loma

Lo de Ana Botella en Buenos Aires creo que va a cambiar la historia de España. Hasta ahora no estábamos seguros de ser un país de cachondeo. Ahora ya lo sabemos con certeza. Había españoles que pensaban que España era un ejemplo de país serio. Hubo hasta quien afirmaba en sus soflamas fascistas de nuestra historia reciente que lo único serio que se podía ser en este mundo era español. Si tenías la desgracia de nacer en cualquier otro lugar de la tierra eras para siempre un maldito sin valores, sin decencia, sin imperio, sin ideales. Un bandarra, sin alma, sin fe. Sólo eras un ser humano serio si eras español, si habías nacido en este país o bajo su manto protector. Y aún así, si no seguías las normas del nacional catolicismo, eras un rojo, algo mucho peor y con más riesgos aún que un extranjero.

No sabíamos con seguridad plena que éramos un país de cachondeo. Y vino Ana Botella y lo pregonó delante de la televisión universal. Un millón y pico de euros a un espabilado asesor americano y tres semanas de ensayo bastaron para que la alcaldesa no elegida nos abriera los ojos y mostrara su inglés risible con la frase, ya universal, de «relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor». Decir que todo el mundo se echó a reír con el ridículo discurso sería no reflejar la realidad. Lo correcto sería decir que no todo el mundo se echó a reír, sino que muchos nos carcajeamos y otros tantos sintieron vergüenza ajena y dejaron de mirar la pantalla.

¿Algún iluso pensaba que, tras el vergonzante fracaso, iban a llover las dimisiones? Aquí no se va ni Dios. Ni políticos ni jueces ni gestores. No se van ni con agua caliente. Pensándolo bien, es algo muy humano. Dimites y ¿qué te queda? Te queda el desprecio de todos, de tus amigos y compañeros que suelen ser los primeros en hacerte el vacío, porque el gesto noble de la dimisión será tomado como un reconocimiento de tus errores no como una demostración de decencia. Te queda un porvenir oscuro porque nadie va a fiarse nunca más de ti. Te quedas sin tu sabroso sueldo con el que vivías de P. M. Y te quedas sin tus prebendas, sin tus canonjías, sin tus regalitos de Pascua, sin tu coche, sin el peloteo de tus subordinados, sin tus apariciones regulares en las televisiones. Te quedas en nada? así que ¿para qué dimitir? Es mucho mejor mirar al cielo, silbar, quitarse de la barahúnda y esperar que escampe.

Ana Botella ni siquiera ha esperado a que escampe. Convencida de que este país ya ha demostrado que es un país de cachondeo –lo ha ratificado ella misma– ha decidido iniciar su campaña para las próximas elecciones municipales.

Sabe que de los 182 gañotes que llevó en «el avión de la ilusión» –yo le habría llamado «el avión de los pelotas»– algunos le votarán como alcaldesa para que los vuelva a pasear por el mundo. Japón, más modesta, sólo invitó a 80 y Turquía a 70.

Los expertos, como el que hizo el nefasto discurso, han tenido, tras la ruina de la presentación, más trabajo que nunca. Justificar una debacle de las proporciones de la de Buenos Aires no es tarea fácil. Se ha acudido a todo tipo de argumentaciones, de adversidades, de dificultades, y, sobre todo, se ha echado la culpa, como siempre hemos hecho los españoles, a los masones, a los enemigos de España, a los miembros del Comité Olímpico que nos engañaron con sus falsas promesas. Todos tienen la culpa del descalabro, todos menos los organizadores. Todos menos quienes nos ilusionaron haciéndonos creer que éramos la mejor candidata, que Japón era una mierda radiactiva, que Turquía no era fiable, que sólo España merecía la organización de la Olimpiada Madrid 2020. Pero llegó Ana Botella y su «relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor» y nos abrió los ojos.

¿Se ha ido alguien? ¿Ha dimitido alguien? Me darán la razón de que somos un país de cachondeo. Y que, sabiéndolo, nuestro futuro empieza a cambiar.

Madrid 2020: una estancia a todo lujo en Buenos Aires para volver sin los Juegos

BUENOS AIRES.- Caminó unos 100 metros desde el Hotel Hilton. Se sentó. Suspiró. Había sido un día agotador. Sábado 7 de septiembre. 14 horas en Buenos Aires. La Princesa Letizia bajaba las revoluciones después de escuchar a su marido, el Príncipe Felipe, exponer la candidatura de Madrid 2020 ante los 106 miembros del Comité Olímpico Internacional (COI). Una prueba de fuego cargada de tensión. La Princesa de Asturias se acomodó en un sillón blanco del salón… y sorprendió a todos: se descalzó sus zapatos rojos y, durante unos quince minutos, reposó sus pies en una mesita baja.

“Nos quedamos todos con la boca abierta”, dijo una empleada, la misma que relató la escena, fuera de todo protocolo. Letizia se sentía como en casa. La Princesa estaba en Calima, un salón de eventos (http://www.calimabuenosaires.com.ar/fotos_corp_mad.php) alquilado por la delegación española y que sirvió como lugar de reunión para la tropa olímpica. Allí se ofrecía desayuno, almuerzo, merienda y cena a unos 300 españoles que llegaron a Buenos Aires para apoyar el proyecto. Lugar no faltaba. El coqueto salón, decorado con piedra natural, cuenta con 452 metros cuadrados para organizar este tipo de eventos.

Estancia en Buenos Aires

Pese al fracaso ante el Comité Olímpico, la delegación española se permitió algunos gastos en Buenos Aires. Dispuso de un hotel cinco estrellas para 300 personas, contrató un salón exclusivo para eventos, pagó el viaje de más de 100 periodistas (uno de este diario) y arrendó un piso de 200 metros cuadrados en el barrio más caro de la ciudad. Hasta trajo desde España 170 kilos de ibérico y hospedó al mejor jamonero del mundo bajo el mismo techo que el Príncipe Felipe. El hotel y los viajes formaban parte de intercambios con patrocinadores.

Calima fue el escenario de la derrota. Los carteles con la leyenda “Madrid 2020” colgados de la pared quedaron inmediatamente fuera de juego. El sueño había terminado. Mariano Rajoy, los Príncipes de Asturias, Ana Botella y Alejandro Blanco lo observaron por televisión desde una pantalla gigante. “La más angustiada era Doña Letizia”, repiten los empleados del local, que todavía recuerdan su decepción.

Fueron jornadas full time en Calima. Aunque desde el salón ocupado por la delegación hispana no quisieron revelar el coste de esta instalación, su alquiler cuesta 2.000 euros por día. La comida y la bebida para todos los invitados elevan el presupuesto hasta casi 10.000 diarios, según fuentes del sector.

La ubicación de algunos de los lugares que frecuentó la delegación española era estratégica: estaban en el corazón de Puerto Madero, la zona más cara de la ciudad de Buenos Aires. Desde allí se puede observar, por ejemplo, la Torre YPF construida por el reconocido arquitecto César Pelli o la Casa Rosada. Una zona cómoda incluso para recorrer a pie el circuito entre el Hilton y el Hotel NH Tower (http://www.nh-hotels.com/nh/en/hotels/argentina/buenos-aires/nh-city--and--tower.html), lugar de hospedaje en el distrito histórico de la candidatura española.

Un cinco estrellas sólo para la delegación española

Jueves por la noche. Doscientas personas esperaban su turno en el lobby del Hotel NH Tower. Un check-in multitudinario. Desembarcaba el chárter de Air Europa, esponsor de Madrid 2020. Llegaron deportistas, periodistas y algún político, todos a la espera de subir a las habitaciones.

Durante tres días, este hotel de cinco estrellas estuvo cerrado al público. Todas las habitaciones estuvieron a disposición de la comitiva madrileña. “Llegaron a ser casi 300 personas hospedadas”, asegura Diego Montero, gerente corporativo de El Corte Inglés Viajes, que organizó parte de la excursión a Buenos Aires. Fueron 369 habitaciones y 11 salas a disposición, afirman fuentes consultadas por este periódico.

Allí se hospedaron todos. Los miembros de la Casa Real. Las estrellas del deporte, como Pau Gasol y Sergio “Maravilla” Martínez. La comitiva política. Sólo hubo dos excepciones: Ana Botella prefirió dormir en la residencia del embajador en Argentina, Román Oyarzún Marchesi, en el barrio de Palermo; y Alejandro Blanco, que se alojó en el Hilton, epicentro del lobby olímpico.

Durante una semana, el NH Tower se transformó en “La Casa de España”. También se utilizaron sus salones, como el Gaudí, para las conferencias de prensa. El sábado por la noche, después de la última aparición pública frente a los periodistas, también se usaron para hacer la fiesta final de Madrid 2020. Un agasajo para 400 personas, entre ellos Rajoy y el Príncipe.

“Nos sorprendió la sencillez del Príncipe. Se alojó en una suite común”, resaltó un miembro de la comitiva poco acostumbrado a tratarlo. Fuentes del hotel confiesan que esperaban que se hospedara en la suite presidencial, la habitación más lujosa del edificio, que después fue ocupada por Mariano Rajoy.

Consultados por El Confidencial, desde El Corte Inglés se negaron a revelar el coste de la estancia en Buenos Aires. Según pudo saber este periódico, la habitación más económica del hotel cuesta 125 dólares, la suite que usaron los Príncipes, 175, y la suite presidencial se cotiza hasta los 400 dólares.

170 kilos de jamón ibérico

“Era muchísima gente. Incluso había más de 100 periodistas que llegaron todos juntos y se alojaron ahí. Estaba Televisión Española, pero también medios privados”, comentó una fuente que vivió el día a día de la delegación. Desde El Corte Inglés, Montero ratificó que muchos periodistas se hospedaron en el NH, aunque evitó dar detalles. “No podría precisiones la cantidad. El viaje en avión fue cortesía de Air Europa. En realidad, fue parte de la negociación como esponsor de Madrid 2020”.

Del buen comer tampoco se privó la delegación española. Trajo a Buenos Aires 170 kilos de jamón ibérico. Por eso, la comitiva incluyó a Florencio Sanchidrián, el mejor cortador de jamón del mundo, que también se alojó en el NH.

“Más austeros no podíamos ser. Nos hubiese gustado traer más miembros del equipo de Madrid 2020. Eran menos de diez”, dice Montero, quien evitó responder por qué había tan pocos miembros de la candidatura Madrid 2020 en una delegación de 300 personas.

Los salones del hotel NH y los 452 metros cuadrados de Calima no fueron suficientes. La delegación española también alquiló el cuarto piso del edificio Porteño Plaza I. Una torre de oficinas construida justo enfrente del Hotel. Eran 200 metros cuadrados, distribuidos en siete habitaciones y un salón. Un espacio al que sólo tenían acceso unas 50 personas, dedicado exclusivamente para hacer lobby. Algunos miembros del Comité Olímpico, como el norcoreano Chang Ung y el uruguayo Julio César Maglione fueron vistos mientras cruzaban la calle Olga Cossenttini y atravesaban la impactante entrada vidriada del edificio.

El metro cuadrado de una oficina en el barrio más caro de Buenos Aires cotiza 4.500 euros. Según fuentes del mercado inmobiliario, el alquiler del inmueble sin el equipamiento supera los 2.000 euros.

Esa oficina del cuarto piso también fue utilizada como sala de ensayos y planificación. Allí entrenaron las exposiciones que el sábado se hicieron ante los miembros del COI en la asamblea definitiva. “Sí, escuché el ensayo de Botella. Es increíble que en la exposición sonaba igual y nadie le haya dicho nada”, confiesa una fuente que tuvo acceso al edificio durante toda la semana.

Los gastos no se limitaron al alquiler. “Trajeron de todo. Perdí la cuenta de la cantidad de muebles que subieron. También trajeron muchas cosas de electrónica y sonido. Equiparon la oficina a nuevo”, confiesa un conserje del edificio. Y agrega: “Nos quedamos con todo lo que sobró. Todavía tengo el vino que el Príncipe se hizo traer desde España. ¿Lo querés?”.

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