Ochocientos emigrantes murieron en el Mediterráneo desde que comenzó el año

GINEBRA.- Más de 800 personas murieron en lo que va de año en el Mediterráneo intentando alcanzar las costas europeas huyendo de guerras civiles e inseguridad, denunció hoy el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Sólo en los últimos diez días, más de 260 personas han perdido la vida intentando cruzar el Mediterráneo, unos incidentes que se suman a "los horribles recuentos de ahogos, sofocaciones y apuñalamientos múltiples denunciados por los sobrevivientes".

"La muerte de 260 personas en menos de diez días, en las más horrendas circunstancias, evidencia que la crisis en el Mediterráneo se está intensificando, dijo António Guterres, alto comisionado para los Refugiados.

"Los europeos necesitan actuar de forma urgente para evitar que esta catástrofe empeore aún más en la segunda mitad del año".

Según el recuento del ACNUR, en lo que va de año se han contabilizado 800 muertes de personas que intentaban alcanzar las costas europeas, en comparación a las 600 ocurridas en todo el 2013 o a las 500 de todo 2012.

ACNUR apunta a las tragedias en Siria o en Eritrea, entre otras, como las causas del aumento de los cruces clandestinos.

En total, en la primera mitad del año llegaron a las costas italianas, griegas, españolas y maltenses más de 75.000 refugiados, un 25 por ciento más que en todo el 2013, y más de tres veces los 22.500 que llegaron en 2012.

Italia recibió el mayor número de refugiados (63.884), seguida de Grecia (10.080), España (1.000) y Malta (227).

Asimismo, desde el 1 de julio hasta la fecha, alcanzaron las costas italianas 21.000 refugiados y emigrantes, muchos de ellos procedentes de Eritrea, Siria, y Malí, y la mayoría partieron desde Libia.

Sólo en el fin de semana del 19 y 20 julio, las autoridades italianas y maltenses rescataron a 8.000 personas.

De los 75.000 refugiados registrados en el primer semestre, 10.563 eran niños, 3.676 de ellos sirios.

Unos 6.500 niños, la mayoría eritreos, viajaban solos o sin sus familias.

Guterres pidió a los gobiernos que refuercen las operaciones de rescate, aceleren los procedimientos de asilo y ofrezcan alternativas a los cruces ilegales.

La deuda del Estado y el déficit público impiden a España salir de la crisis

SALAMANCA.- El economista José María Gay de Liébana ha asegurado hoy que los "datos reales" de la economía española, como la deuda del Estado y el déficit público, hacen ver una realidad diferente a la que señala el Gobierno: "no hay salida de la crisis".

Gay de Liébana ha participado, junto al catedrático de la Universidad de Salamanca Julio Pindado, en el Foro de Economía de La Gaceta sobre "Cómo saldremos de la crisis. La importancia de las Pymes".

El economista y profesor de la Universidad de Barcelona, ha asegurado: "Eso que dicen de que salimos de la crisis es mentira" y ha reconocido que "las pequeñas y medianas empresas (pymes) son las que sufren cada día más".

También ha considerado como negativa la situación laboral en España, ya que "los trabajos son efímeros y el empleo coyuntural", a lo que ha unido los datos que él maneja en macroeconomía, que le han llevado a asegurar que "las previsiones macroeconómicas se hunden en la miseria".

"Desde que ha llegado Mariano Rajoy al Gobierno la deuda pública se ha incrementado en 250.000 millones de euros y la deuda del conjunto del Estado ha subido hasta un billón de euros", ha añadido.

José María Gay de Liébana ha explicado que "nos toman el pelo", pues en su opinión "no hay salida a la crisis con estos gobernantes, porque son ellos los que nos han hundido y ahora nos empuja a despeñarnos".

El 34,6 % de los griegos vive por debajo del umbral de la pobreza

ATENAS.- El 34,6 % de los griegos vivía en 2013 por debajo del umbral de la pobreza, anunció hoy la oficina de estadística helena Elstat, lo que sitúa a Grecia como el cuarto país más pobre de la Unión Europea (UE).

De acuerdo a los últimos datos, un total de 3.795.100 personas vivían en 2013 por debajo del umbral de pobreza (con ingresos inferiores al 60 % de la renta media de la población del país).

Esta tasa se ha incrementado desde 2010, año en que Grecia firmó el primer memorándum con la troika de acreedores (27,6 % en 2010, 27,7 % en 2011 y 31 % en 2012).

Por delante de Grecia, los países con mayor número de población que no puede hacer frente a las necesidades básicas son Bulgaria (49,3 %), Rumanía (41,7 %) y Letonia (36,2 %), según datos de Eurostat.

Los estados comunitarios con las tasas de pobreza más bajas son Países Bajos (15 %), República Checa (15,4 %), Suecia (15,6 %), Finlandia (17,2 %) y Luxemburgo (18,4 %).

Una decena de excargos del PP cumplen ya pena de cárcel

MADRID.- El próximo ingreso en prisión del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y del expresidente balear Jaume Matas aumentará a una docena el número de excargos del PP que ya han entrado en la cárcel cumpliendo condena por diferentes causas relacionadas con la corrupción.

Este miércoles, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años de cárcel que la Audiencia de Castellón impuso a Fabra por cuatro delitos contra la Hacienda Pública que habría cometido al estafar más de 693.000 euros entre 1999 y 2003, lo que le llevará a entrar en prisión en los próximos días.

También Matas quedará privado de libertad próximamente después de que le fuera denegado el indulto por la condena de nueve meses impuesta por la Audiencia de Palma por tráfico de influencias en la contratación irregular del periodista Francisco Alemany, quien también entrará en prisión.

Y otro exdirigente 'popular' que entrará en la cárcel próximamente es el exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado autonómico Ángel Hernández Mateo, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha dado de plazo hasta el día 31 de este mes de julio para ingresar en prisión condenado a tres años por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.

Todos ellos se suman a la decena de excargos del partido liderado por Mariano Rajoy que ya están en prisión por diversas causas relacionadas con la corrupción. El más destacado es el extesorero y exsenador Luis Bárcenas, el único de los más de 150 imputados del 'caso Gürtel' que está en la cárcel a la espera de que se celebre el juicio.

El resto de encarcelados pertenecieron al PP balear, afectado por numerosos escándalos en la época de Matas. Uno de los que cumplen condena es el exconselller Josep Juan Cardona, condenado a 16 años de prisión por el caso Scala, centrado en el desvío de más de cinco millones de euros a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares.

También están en la cárcel por el mismo caso el ex director general de Promoción Industrial en el último mandato de Matas, Kurt Viaene, condenado a cinco años y cinco meses; la exgerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares en el mismo periodo, Antònia Ordinas, condenada a cuatro años y dos meses de cárcel; y el exconcejal en Lloseta, condenado a tres años y nueve meses.

Por el caso Andratx, una trama de corrupción urbanística y de concesión de licencias ilegales, cumplen condena el exalcalde de la localidad Eugenio Hidalgo y el exdirector general de Ordenación Territorial, Jaume Massot. También está en la cárcel condenado en firme a cinco años de prisión el exgerente de la empresa pública Bitel Damià Vidal por una trama de desvío de fondos.

Caso aparte es el del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, que entró en prisión en 2009 por malversar fondos en clubes de alterne masculinos y abusar de menores, aunque desde el mes de marzo se encuentra en un Centro de Inserción Social y sólo acude a la cárcel a dormir.

 En la misma situación se encuentra el exalcalde de Totana (Murcia) Juan Morales.

El Congreso gasta 1,4 millones en ADSL para las casas de los diputados españoles

MADRID.- El Congreso los Diputados ha convocado un concurso para adjudicar el contrato de los servicios de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones de la Cámara, que incluye la renovación de los móviles que utilizan los diputados, así como las líneas de ADSL de las que disponen en sus domicilios. El precio máximo de la adjudicación se ha fijado en 1.456.840 millones hasta que concluya 2016, aunque podría ampliarse un año más, con lo que se calcula que ascendería hasta 1,9 millones. 

Según los pliegos aprobados por la Mesa del Congreso,  el objeto del contrato es facilitar las comunicaciones, fijas y móviles, tanto de voz como de datos, que sean necesarias para el correcto funcionamiento y desarrollo de las tareas propias de la Cámara, así como el mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones.

La ejecución de los servicios objeto del contrato se realizará en las instalaciones ubicadas en los edificios del Congreso, en los domicilios de los 350 diputados, así como en "cualquier otro lugar dónde se deba posibilitar la comunicación del terminal móvil asociado a cada línea asignada por el Congreso de los Diputados".

En el caso de la telefonía móvil, el servicio deberá estar soportado por tecnología de última generación, la red tendrá que ser actualizada de forma continua, manteniendo en todo momento las funcionalidades más avanzadas en el servicio prestado.

La empresa que gane el concurso deberá garantizar la dotación de las terminales y su mantenimiento. En principio se adquirirán 650 líneas (425 para smartphones de última generación y 225 para smartphones básicos o de media gama). Además, tendrá que tener varios terminales, tarjetas y cargadores en 'stock'. Al final de la vigencia del contrato los móviles propiedad del Congreso serán liberados.

Además de mantener los números actuales, la compañía adjudicataria prestará mantenimiento a todo riesgo de los terminales móviles y sus accesorios.

Respecto al servicio de telefonía fija- ADSL , se valorará el coste unitario de acceso telefónico y ADSL en diferentes ubicaciones del territorio nacional, hasta un total de 350 líneas facturadas en función del número de líneas efectivamente en servicio en cada momento.

La Mesa del Congreso también ha abierto otro concurso para adjudicar el suministro de carburante de automoción en sus variantes de gasolina y diesel para los vehículos del Parque Móvil de la Cámara. En este caso, el presupuesto máximo de licitación asciende a 66.550 euros, IVA incluido. Tendrá una duración inicial de un año pudiendo ser objeto de prórroga, por un año más. De ser así el montante total sería, impuestos excluidos, de 110.000 euros.

En el precio máximo de licitación están incluidas las tasas especiales aplicables a hidrocarburos y todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole.

Los pliegos aprobados por la Mesa del Congreso especifican que el presupuesto constituye el gasto que "como máximo" podrá realizar la Cámara en cada ejercicio, que no tiene que equivaler al gasto final que efectivamente realice, que dependerá de las concretas necesidades de suministro a lo largo de cada año. La Mesa de la Cámara podrá, justificadamente, ampliar para un ejercicio el gasto máximo para este contrato.

Inicialmente se estima que se consumirán más de 44.000 litros anuales (33.000 litros de gasóleo A y 11.000 litros de gasolina de 95 octanos). El suministro se efectuará desde las estaciones de servicio de la red distribuidora de la empresa adjudicataria, que deberá tener implantación geográfica de surtidores de todos los productos que se requieren.

Las empresas, en sus ofertas económicas, indicarán el porcentaje de descuento a aplicar por litro de carburante suministrado sobre el precio de venta al público vigente en el último viernes anterior a la fecha límite del plazo de presentación de ofertas a este procedimiento.

Podemos logra apoyo de los grupos españoles en la Eurocámara para exigir que se paren los desahucios

BRUSELAS.- Los grupos políticos españoles en el Parlamento Europeo, menos el PP y UPyD, han acordado enviar sendas cartas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para exigir que se paralicen los desahucios en marcha en aplicación de la última sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). 

La iniciativa surgió de una reunión de los grupos convocada por Podemos después de entrevistarse, el martes por la mañana con el abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafael Mayoral, para "buscar un compromiso en favor de la ciudadanía más allá de las siglas de cada partido", según ha explicado Podemos en un comunicado.

Podemos ha recalcado que, para el abogado de la PAH, la sentencia de Luxemburgo demuestra que en España "se violan sistemáticamente los derechos humanos en las ejecuciones hipotecarias", y en particular, el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva.

La sentencia responde a cuestiones prejudiciales de la Audiencia Provincial de Castellón y considera que la nueva ley hipotecaria española vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y también la directiva de protección de los consumidores.

Ante esta situación, los representantes en la Eurocámara de Podemos, PSOE, BNG, Bildu, IU, ERC, PNV, Compromís, ICV, CiU y Ciudadanos han decidido crear un equipo de trabajo para lanzar iniciativas parlamentarias desde Bruselas y paralizar esta situación y exigir un cambio.

Por su parte, el PSOE ha subrayado su compromiso con la ciudadanía al sumarse a esta iniciativa y su empeño "poner el rescate de las personas por delante del rescate a las entidades financieras".

En un comunicado, los socialistas han subrayado que la diputada en el Congreso y portavoz del PSOE en temas de Vivienda, Leire Iglesias, solicitará en la Diputación Permanente del Congreso la comparecencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, para que explique las medidas que piensa adoptar ante la sentencia del TJUE.

En las cartas que los grupos remitirán a Rajoy y al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, los partidos exigen aplicación de la sentencia. Al jefe del Ejecutivo, le piden que adopte las medidas necesarias para asegurar que los procedimientos de ejecución hipotecaria se adecúan al Derecho Europeo, y adaptar también la legislación española.

Por su parte, al CGPJ le reclaman que elabore y difunda entre los jueces un documento informativo sobre los contenidos y repercusiones de la sentencia y que haga un seguimiento de las sentencias que adopten a partir de ahora los tribunales españoles.

Las cartas, tal como las ha distribuido Podemos, están firmadas por su eurodiputado Pablo Iglesias, y por Ana Miranda (BNG), Marina Albiol (IU) Izaskun Bilbao (PNV), Ernest Urtasun (ICV), Iosu Juaristi (Bildu), Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Ernest Maragall (ERC), Jordi Sebastià (Compromis); Ramon Tremosa (CDC), Javier Nart (Ciudadanos) y Frances Gambús (UDC).

Diego Torres dice ahora que Felipe VI sabía de los negocios de Urdangarin

PALMA DE MALLORCA.- El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha entregado al juez del caso Nóos, José Castro, varios correos electrónicos con los que trata de probar que el Rey Felipe VI conocía las actividades de su cuñado y que toda la Casa Real las amparaba.

En el recurso de apelación contra la imputación de Torres y su esposa, Ana María Tejeiro, su abogado defensor incorpora misivas remitidas por el esposo de la infanta Cristina al entonces Príncipe de Asturias, con las que intenta demostrar que entre ambos había una relación de confianza.

Entre otros, presenta correos referidos a la participación de Urdangarin en la organización de la despedida de soltero del Príncipe, además de un mensaje supuestamente enviado a Don Felipe por su cuñado en el que intercede para que mantenga un encuentro en Moscú con Joaquín Boixareu, el empresario que constituyó la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, que el juez Castro considera parte del entramado de Nóos.

En las misivas, que incluyen comentarios jocosos de Urdangarin sobre los entonces Príncipes de Asturias, se pondría de manifiesto, según la tesis de la defensa, que "la relación entre cuñados era fluida", que el esposo de la infanta informaba de sus actividades a los miembros de la Familia Real, que se relacionaba con los amigos íntimos de Don Felipe y que incluso pedía ayuda a Don Juan Carlos para algunos de sus proyectos.

Con todo ello, Torres busca reforzar su argumento de que no tenía ninguna conciencia de que las actividades del Instituto Nóos pudieran tener ningún aspecto irregular porque eran objeto de un "exquisito y escrupuloso seguimiento" por parte de la Casa del Rey.

El letrado que defiende a Torres, Manuel González Peeters, advierte en su recurso de que cuando se celebre el juicio por este caso propondrá la comparecencia como testigos de "todos y cada uno de los citados en todos y cada uno de los correos electrónicos facilitados (...) con las limitaciones que la legislación vigente impone", relación que incluye a los actuales y los anteriores Reyes, entre otras muchas personas.

La defensa del exsocio de Urdangarin reitera en esencia la argumentación que planteó en el recurso de reforma rechazado por el juez Castro el pasado día 17, también en la comparación entre Ana María Tejeiro, imputada por más delitos, y la infanta Cristina.

Según su criterio, la participación de la mujer de Torres en la presunta trama corrupta es marginal frente al papel de la hija del entonces Rey, que fue vocal del Instituto Nóos, apunta.

El letrado sostiene que la infanta y su esposo gozan de una "posición de privilegio absoluto" respecto a sus representados, como a su juicio lo demuestra que mientras la vivienda de Torres-Tejeiro fue registrada por la Policía, el chalé de los duques de Palma en Barcelona, donde tenía su sede la empresa familiar Aizoon, nunca fue objeto de investigación.

Otro de los correos aportados en el recurso está dirigido por Urdangarin a la infanta Cristina y alude a una factura cargada a una tarjeta de crédito ligada a una cuenta de Aizoon. Con ello, la defensa de Torres busca aportar más pruebas de que la duquesa de Palma "usaba con gran dedicación y frenesí" los fondos de la empresa que compartía con su esposo.

También se refiere González Peeters a la confesión del excontable de Nóos, Marco Antonio Tejeiro, "obtenida extramuros del procedimiento, al margen de su judicialización", y acusa al "arrepentido" de mentir "más que habla" porque minimiza su responsabilidad en el instituto cuando antes se "pavoneaba" de ser el gerente.

"Quien realmente gestionaba, dirigía y disponía era Iñaki Urdangarin y su entorno, sea de forma directa, sea a través de su fiel edecán hasta fechas relativamente recientes en las que le ha visto las orejas al lobo, Mario Sorriba, sea de modo consensuado con su esposa a la que de todo informaba y con la que todo compartía y decidía (...) sea mediante la obtención del plácet del secretario de esta, Carlos García Revenga, insigne asesor de la Casa de su Majestad el Rey", afirma el defensor.

Podemos pide paralizar la ley hipotecaria en la Eurocámara

BRUSELAS.- El portavoz de Podemos, Pablo Iglesias, informó este martes de que busca el apoyo de otros partidos políticos españoles representados en el Parlamento Europeo para que el Gobierno de España suspenda los desahucios.

El portavoz de Podemos invitó a una reunión esta tarde a todos los demás portavoces de partidos en la Eurocámara con la intención de "alcanzar un acuerdo que permita plantear al Gobierno la posibilidad de acabar con algo que desean todos los ciudadanos españoles independientemente de cada opción política".

Iglesias dijo que el objetivo es exigir al Gobierno que acate la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sobre ejecuciones hipotecarias y para que suspenda todos los desahucios en España.

El eurodiputado se mostró "seguro" de que los europarlamentarios de otras formaciones "primarán que se trata de un tema de Estado" y "dejarán a un lado los intereses partidistas".

En la reunión también participará el abogado experto en derecho hipotecario Rafael Mayoral, que explicó que el Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado que la actual ley española, que venía a modificar la anterior normativa hipotecaria, "deja claro que España viola sistemáticamente los derechos humanos" en referencia a que se incumpliría el artículo 47 de la Carta de Derechos Humanos de la UE.

El letrado dijo que tras las recientes sentencias del Tribunal de Luxemburgo, los jueces españoles "tienen la obligación de cumplir con el Estado de Derecho y suspender la aplicación de la ley española" y parar los desahucios.

Mayoral hizo mención a la reciente respuesta de ese Tribunal ante una cuestión prejudicial planteada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón en relación con las posibilidades que tiene una persona afectada por un proceso de ejecución hipotecaria para oponerse a determinadas decisiones judiciales.

El Tribunal Europeo ha estimado que los ejecutados también deben tener el derecho de oponerse a una decisión judicial desfavorable.

Sólo los bancos podían ejercer hasta ahora ese derecho.

La última revisión de la norma hipotecaria española se produjo después de que en marzo de 2013 la Corte declarase "abusivas" las cláusulas hipotecarias españolas con una sentencia que fue bautizada con el nombre del demandante, Mohamez Aziz.

Iglesias lamentó que la propia Comisión Europea no haya impulsado la paralización de la aplicación de las ejecuciones hipotecarias tras las sentencias de Luxemburgo contra la ley española y lo achacó a que el Ejecutivo comunitario forma parte de la troika, en que también están el BCE y el FMI.

"Es evidente que ninguna de las instituciones de la troika han estado a la altura a la hora de responder a los desafíos democráticos de Europa en un momento en que muchos derechos de los europeos han sido vulnerados", señaló el eurodiputado.

Agregó que la obligación de los eurodiputados, "que representan a los ciudadanos y no a los poderes financieros", es "reivindicar esta Eurocámara como espacio en que no se abandone a los ciudadanos".

Sale de la cárcel el simpatizante del 15-M condenado por actuar de piquete

GRANADA.- La sección primera de la Audiencia provincial de Granada ha dictado un auto para poner en libertad a Carlos Cano, el joven estudiante de Medicina simpatizante del 15-M, condenado a tres años de cárcel tras participar en un piquete informativo en la huelga general de marzo de 2012. 

Cano ha salido del centro penitenciario de Albolote (Granada) a las 15.45 horas, donde lo esperaban decenas de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Está acusado de atentar contra los derechos de los trabajadores de una cafetería de la capital granadina. Él ha negado esta acusación en todo momento.

El auto judicial lo deja en libertad hasta la resolución del indulto que solicitó tanto él como Carmen Bajo, la otra mujer condenada a prisión por los mismos hechos y que tenía una prórroga para entrar a la cárcel hasta finales del presente mes de julio.

Esta puesta en libertad ha coincidido con una protesta de 40 miembros del SAT liderados por Diego Cañamero, que se concentraron en la puerta de la prisión para exigir la puesta en libertad de Carlos Cano.

Carlos Cano ingresó en la cárcel el pasado 14 de julio, cuando se entregó voluntariamente en cumplimiento de una providencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 apremiando la ejecución de la sentencia que lo condenaba.

Tanto Carlos como la otra condenada, una leonesa de 56 años afincada en Granada y de profesión animadora sociocultural aunque actualmente en paro, están acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores, por el que fueron condenados a tres años y un día de prisión. La sentencia fue dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada y ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial.

Una vez agotada la vía judicial, ambos decidieron interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), de cuyo pronunciamiento están aún a la espera, y en el que reclaman medidas cautelares de suspensión de la ejecución de su condena hasta finalizar el tramite.

También, y para tratar de invalidar parte del proceso en el que se les condenó, ambos presentaron un recurso de incidente de nulidad de actuaciones ante la Audiencia de Granada que no fue admitido a trámite.

Evacuados 60 españoles de la Franja de Gaza

JERUSALÉN.- Sesenta ciudadanos españoles, o palestinos con doble nacionalidad, fueron evacuados hoy de la Franja de Gaza, desde donde viajarán a Jordania para ser acogidos por la Embajada española hasta nueva orden, según fuentes consulares.

Los últimos residentes de nacionalidad española que quedaban en la Franja, entre los que se contabilizaban 38 niños y 10 palestinos vinculados directamente a algunos de los ciudadanos españoles -cónyuges, abuelos- compusieron el convoy que cruzó hoy el paso fronterizo de Erez, entre Gaza e Israel.

El grupo viajará en dos autobuses hasta la vecina Jordania, donde serán recibidos por diplomáticos españoles con los que debatirán los pasos a seguir hasta nueva orden, notificó el canciller del Consulado de España en Jerusalén, Pedro Díaz, involucrado en la operación.

"Estamos muy satisfechos con el desarrollo de la evacuación. Hemos sido los primeros y el operativo ha sido impecable. Teníamos todo preparado: pasaportes, comida, transporte, etc.", remarcó Díaz.

Las mismas fuentes informaron de que, detrás de la salida del convoy, se esconde más de una semana de esfuerzos diplomáticos "muy dura" para zanjar la coordinación con la ONU, responsable última de la evacuación, y los bandos palestino e israelí, que controlan el cruce de frontera.

En la decimotercera jornada desde que el pasado 8 de julio Israel lanzara una operación militar sobre la Franja de Gaza que deja ya más de 400 muertos y más de 3.000 heridos, el Ejército israelí cesó durante algunas horas las hostilidades a petición del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), respiro que fue aprovechado por el grupo.

"Parece que el alto al fuego ha sido para la evacuación, aunque realmente los enfrentamientos no han parado. Podíamos escuchar la artillería israelí desde la frontera", narró el diplomático español.

Agregó que algunos periodistas españoles también aprovecharon la oportunidad para abandonar la Franja, aunque otros han decidido permanecer en la zona.

"Lo importante es que ahora estamos todos sanos y salvos y no tenemos que lamentar ninguna baja. La gente estaba en apuros y estamos muy contentos de haber podido ayudar", señaló Díaz.

En los últimos días, y especialmente desde la intensificación de la operación militar israelí, que el pasado jueves entró en su fase terrestre, el paso de Erez presenta irregularidades en sus horarios y tanto la entrada como la salida de personas está aún más restringida.

Carlos Slim apuesta por trabajos de 11 horas tres días a la semana

ASUNCIÓN.- El empresario mexicano Carlos Slim -el hombre más rico del mundo, según el ránking de la revista Forbes- ha recomendado implantar una semana laboral de solo tres días, trabajando once horas por jornada y elevando la edad de jubilación (en el caso de Paraguay), como forma de combatir el desempleo.

Durante su ponencia en el XX Encuentro Anual de la Fundación Círculo de Montevideo, que ha tenido lugar en Paraguay, Slim ha insistido en que esta medida proporcionaría cuatro días libres a los trabajadores para "dedicarlos a la familia, a innovar, cultivarse o a crear".

El magnate ha añadido que en el mercado actual se requiere más innovación y tecnología e inversión, ya que "la modernización es fundamental para el desarrollo", según ha informado el diario paraguayo 'Última Hora'.

Slim ha recuperado esta semana su título como el hombre más rico del mundo, con 79.600 millones de dólares (59.000 de euros), seguido muy de cerca por el americano Bill Gates, cuya fortuna asciende a los 79.100 millones de dólares. (58.480 millones de euros).

Ambos empresarios encabezan la lista de los hombres más ricos del mundo de Forbes, que fue recientemente actualizada por la publicación. Este cambio en la lista entre Slim y Gates -pues antes el americano ostentaba el primer puesto del ránking- se debe al aumento del valor de las acciones de la empresa mexicana América Móvil en el mercado financiero.