MADRID.- Andalucía y Cataluña fueron las primeras comunidades en ponerle pegas
al plan ministerial. No estaban -ni lo están- de acuerdo con el reparto
del fondo extraordinario para luchar contra la pobreza infantil
anunciado por Ana Mato. Un proyecto de 16 millones, a repartir entre
quince comunidades -País Vasco y Navarra se quedan fuera por el
concierto económico- y las dos ciudades autónomas para poder atender a
los cerca de 2,3 millones de niños que están en situación de pobreza,
según alertaron el Instituto Nacional de Estadística y organizaciones
como Save The Children o Unicef.
Pero a estas dos comunidades se les han
unida otras, como Galicia o Asturias, que quieren que se tengan en
cuenta sus particularidades para repartir el presupuesto y no solo la
tasa Arope, que crea rarezas como que un menor riojano reciba 53 euros y
un pequeño andaluz 1,90 euros. Una herramienta que, sin embargo, a
juicio de la ministra de Sanidad, Ana Mato, es un «criterio objetivo»
para medir la pobreza.
Cataluña y Andalucía argumentaron ayer tras el Consejo Territorial de
Servicios Sociales y Dependencia que este plan, que continuará en años
posteriores aunque la ministra de Sanidad no especificó con qué
cantidad, a la espera de que se realicen los Presupuestos Generales del
Estado, se debe distribuir teniendo en cuenta un criterio poblacional y
no el índice Arope, el usado por la Unión Europea y el INE para calcular
el índice de pobreza con diferentes variables. Con este baremo, las dos
comunidades se reparten 1,2 millones y 726.989 euros. Si se aplicase un
argumento de población, la autonomía gobernada por Susana Díaz
obtendría 4.386.973 euros y la regida por Artur Mas 2.225.428 euros. Las
cantidades con las que atender a 626.205 andaluces y 322.735 catalanes.
Llevado al conjunto del Estado, si se realizase la partición solo bajo
este criterio poblacional, cada menor de edad español en situación de
pobreza infantil recibiría 6,89 euros. Una cantidad que, como expusieron
las ONG, es totalmente insuficiente.
Unas críticas autonómicas que no gustaron a la ministra de Sanidad,
que consideró «triste y lamentable» que haya comunidades que «critiquen
ahora el plan contra la pobreza» y que no hicieran nada «en años
anteriores». Pero las quejas no solo vienen de partidos de la oposición
-Asturias anunció que va a doblar los 800.000 euros que recibirá por
considerar esa cantidad muy baja- sino también desde dentro de las filas
populares. Todos los representantes regionales consideraban que su
parte era poca y que la tarta se tiene que cortar con un cuchillo más de
su gusto. Por ejemplo, Galicia y Castilla y León, ambas gobernadas por
los populares.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, Milagros Marcos, pidió que se incluya a partir de 2015
«la dispersión o el trabajo previo realizado» como algunas de las
variables a tener en cuenta; la consejera gallega de Trabajo y Bienestar
Social, Beatriz Mato, se mostró «encantada» con los 723.000 euros
extras para su comunidad, pero también pidió que se cambie para «tener
en cuenta la población». Por su parte, los representantes de Canarias y
Baleares solicitaron que no se obvie su insularidad.
Una situación que provocó que el Ministerio deje en manos de las
comunidades autónomas el reparto del próximo fondo de pobreza infantil
extrema y lleguen ellas a un acuerdo sobre cómo se debe hacer el
reparto.
Este dinero estará destinado a la compra de alimentación, aseo
personal, vestuario o el pago de gastos de hogar como la luz o el agua.
Los gobiernos autonómicas se encargarán que las partidas se repartan de
forma directa a las familias más necesitadas a través de proyectos
concretos e inclusión social. Los departamentos correspondientes de las
comunidades autónomas deberán efectuar un seguimiento y evaluación de
las cantidades que se les asigne del fondo, que habrá de invertirse este
mismo año.
Por otra parte, el Consejo Territorial también trató los
anteproyectos de reforma de la legislación de protección a la infancia,
aprobados por el Consejo de Ministros el 25 de abril. Mato destacó que
es una reforma que «convierte a España en el primer país que instala en
su ordenamiento la prevalencia del interés superior del menor». También
indicó que todas las medidas legislativas puestas en marcha estarán
acompañadas de un informe sobre el impacto a la infancia.
Sin embargo, más esquiva fue la ministra cuando se le cuestionó sobre
la imposibilidad de que los pederastas trabajen con niños y que los
lugares de trabajo con niños puedan acceder a un registro para comprobar
los antecedentes de los trabajadores. Se limitó a señalar que está en
estudio y concierne a Justicia.
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