sábado, 15 de febrero de 2014

'No habrá nueva España sin una regeneración democrática y política', dice Rosa Díez

SANTANDER.- La fundadora de UPyD y su portavoz en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, cree que no se podrá construir una "nueva España" si las medidas económicas para salir de la crisis no van a acompañadas de una "regeneración democrática" y política que acabe con la corrupción "generalizada" por la no existencia de una separación real de poderes.

   Así lo ha afirmado en Santander, donde ha participado en el Foro Ser Cantabria, en el que ha defendido que el hecho de que en España "no haya", a su juicio, una separación de poderes verdadera permite la "parasitación" de los políticos en órganos de control, como el Consejo General del Poder Judicial, y es lo que provoca que haya en España exista este corrupción "generalizada".
   Ha afirmado que la crisis en España está siendo más "profunda" que en otros países es porque, en su opinión, a la económica se une otra de carácter político.
   Por ello, ha abogado por que en la salida de la crisis "no se repita la misma historia" y se lleve a cabo una regeneración democrática y política que exigirá cambiar leyes.
   Según ha dicho, este debe ser el caso de una Ley Electoral que es "profundamente injusta" y que beneficia al PP, al PSOE y a los nacionalistas, que es por lo que éstos partidos no lo quieren cambiar.
   En su intervención, Díez ha defendido que es "posible" otro política al margen del "bipartidismo" de los "viejos" partidos, PSOE y PP, a los que ha acusado de ser los "principales responsables" de la crisis.
   La portavoz nacional de UPyD ha abogado por "luchar" contra la "falsa idea" de que todos los partidos "son iguales".
   Además, y sin salirse del plano político, Díez ha afirmado que las mayorías absolutas en España han dado "muy malos resultados en términos del país".

El Gobierno español destina 40 millones de euros para alimentos a desfavorecidos

MADRID.- El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a licitar, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el suministro de alimentos a las personas más desfavorecidas por un valor de 40 millones de euros, en el marco de la ayuda alimentaria.

   Se cubre así, con presupuesto nacional, la demora de la financiación comunitaria para estos planes como consecuencia del retraso en la aprobación de la nueva normativa europea que regulará las ayudas para el periodo 2014-2020.
   "La Unión Europea ha cambiado el sistema y tiene prevista la aprobación de un nuevo Fondo Europeo de ayuda a las personas más desfavorecidas. pero el retraso hace necesario que el Gobierno haya previsto una dotación nacional", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
   Los productos que se van a establecer en la licitación son: alimentos infantiles (leche de continuación en polvo y potitos), lentejas, leche UHT, arroz, macarrones, tomate frito, galletas y judías verdes en conserva.
    El objeto del contrato comprende el suministro de los alimentos, su entrega, descarga y apilamiento en los almacenes de las organizaciones caritativas que designe el FEGA, distribuidos en todo el territorio nacional, a cambio de una contraprestación económica para que los alimentos lleguen de forma gratuita a más de 9.000 entidades benéficas.
   Estas organizaciones, a su vez, distribuirán los alimentos de primera calidad entre más de dos millones de personas necesitadas para que puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos bebés.
    La autorización de esta licitación supone dar continuidad a los programas de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión Europea que se llevan desarrollando desde mediados de los años 80, en tanto se aprueba la normativa europea que regulará esta medida en el periodo 2014-2020, para que durante todo el año 2014 lleguen alimentos a las personas con dificultades.

Un exconsejero de Caja Madrid cuestionó la falta de un informe externo para comprar el City National Bank

MADRID.- El exconsejero de Caja Madrid Estanislao Rodríguez Ponga ha relatado a la juez que investiga al expresidente de la entidad Miguel Blesa por la compra del City National Bank (CNB) de Florida (EEUU) que puso reticencias a la operación por la falta de una valoración externa sobre su conveniencia, aunque la apoyó porque no era obligatoria.

Rodríguez-Ponga ha comparecido como testigo ante la juez sustituta de Elpidio José Silva en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, a la que ha insistido que, aunque hubiera preferido un informe externo de un banco de negocios, votó a favor de la adquisición porque éste no era preceptivo, han informado fuentes jurídicas.
Según las fuentes, el exconsejero ha precisado que esas reticencias las mostró en la reunión de la Comisión de Inversiones -órgano consultivo- del 11 de abril de 2008, en la que se abstuvo porque, a pesar de ellas, la valoración no era obligatoria y la operación cumplía con todos los requisitos necesarios.
Por ello, tres días después, en la reunión del Consejo de Administración, del que también formaba parte, dio su visto bueno a la compra del CNB.
Algunas de las fuentes consultadas han explicado que Rodríguez-Ponga ha afirmado que, además de haber propuesto un informe externo dada la envergadura de la operación por ser la primera vez que una caja adquiría un banco, expresó la conveniencia de controlar si cumplía con la Ley de Cajas, que obliga a pedir autorización a la Comunidad de Madrid cuando una compra supera el 5 % de recursos propios.
Pese a que el supervisor dio su conformidad, en un informe del 19 de abril de 2010 apuntaba a que la adquisición del banco se hizo de manera que "pueda eludirse el preceptivo control de la consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid" y que su precio excedió al que abonaron el Banco Popular y el Banco Sabadell en la compra de otras entidades en Miami.
La compra se fraccionó en dos partes, adquiriendo primero un 83 % por 618 millones de euros y después el 17 % restante, que ascendió a 127 millones.
Sobre ello, el propio Blesa, que está imputado por abuso de posición dominante y administración social fraudulenta, declaró el pasado 24 de enero que la compra se llevó a cabo conforme a los requisitos exigidos por el Banco de España y que no se solicitó autorización a la Comunidad de Madrid porque no era necesario al no superar el 5 % de los recursos propios de la caja.
También ha comparecido un representante legal de la Fundación Caja Madrid, que ha descartado personarse como parte perjudicada en el procedimiento, según ha informado Ausbanc, que ejerce de acusación en nombre del sindicato Manos Limpias.

viernes, 14 de febrero de 2014

El Gobierno español permitirá cobrar por citar noticias en buscadores de Internet

MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que permitirá a los editores de noticias cobrar en algunos casos a los buscadores o agregadores de contenidos online como Google, al limitar el derecho de cita o reseña.

"Se reconoce el derecho de las empresas editoras y autores de noticias de ser compensados económicamente por la explotación en determinadas circunstancias de sus contenidos", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ley permitirá que los agregadores o buscadores utilicen "fragmentos no significativos" de contenidos generados por los periódicos y otros editores como portales de información a cambio de una compensación equitativa aún por definir.
La norma excluye la fotografía, que siempre requiere tener derechos, mientras que la búsqueda por palabras aisladas que remiten al texto original no precisarán ni autorización ni tendrán compensación.
La crisis económica, con el consiguiente descenso en picado de la publicidad, y la reconversión del sector con la explosión de Internet, donde sigue sin haber un modelo de negocio viable claro, han obligado a cerrar decenas de periódicos y abocado al paro a 9.500 periodistas en España en los últimos cuatro años.
La opción de tener una compensación fue calificada por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) como el paso más importante que ha dado un Gobierno español para la protección de la prensa y espera que se extienda a otros países europeos.
"Reaccionamos con muchísima satisfacción a la ley de propiedad intelectual que recoge una reivindicación histórica de los editores de prensa", dijo Irene Lanzaco, adjunta al director general de la agrupación que aglutina a las principales cabeceras del país.
No obstante, Lanzaco indicó que no se trataba de una campaña "antiGoogle", sino que el objetivo era compensar una inversión y un trabajo que realizan los editores de prensa, aunque añadió que se desconocía la cuantía o cómo se definiría la compensación.
Una portavoz de Google en España dijo que la empresa no podía hacer declaraciones porque desconocía el documento exacto aprobado por el Consejo de Ministros.
"Parece absolutamente razonable que si hay un editor que hace un esfuerzo de inversión para sacar un producto periodístico de calidad (...) y alguien se beneficia de este trabajo pague por ello, aunque es discriminatorio que el Gobierno deje al margen a la música y el cine", dijo Antonio Fernández, director general de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI).
"Al final se está generando una cadena de valor económico en el sector digital en el que hay un desplazamiento de ingresos a alguien que no hace nada, simplemente pone tecnología", agregó Fernández, cuya entidad agrupa a las principales entidades de derechos de autor como la Sgae, Cedro o Egeda.
Varios gobiernos y grupos de comunicación europeos han negociado o están negociando con Google modos de compensación por mostrar sus contenidos.
La nueva ley de Propiedad Intelectual también pretende abordar la piratería en Internet, un fenómeno especialmente frecuente en el país, que ha generado críticas por parte de los sectores culturales y de gobiernos como el de Estados Unidos.
Sin embargo, la norma, que ahora tiene que superar el trámite parlamentario, afronta el rechazo de la mayor parte del sector, que considera que no aporta soluciones a los principales desafíos de la piratería digital a los que se enfrentan.
Las críticas se centran en que la reforma no aporta herramientas eficaces que garanticen una retirada ágil y efectiva de los contenidos que vulneren los derechos de autor y que no se considere ilegal enlazar a sitios webs que ofrezcan este tipo de contenidos.
"La gravedad de la situación exige más cambios para asegurar la protección eficaz de los derechos. Si bien se introducen algunas mejoras, las consideramos insuficientes", dijo en un comunicado Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores, que agrupa a varias entidades del sector de los autores de contenidos.
Uno de cada dos internautas españoles descarga libros, películas, música y videojuegos en webs sin derechos de autor y se estima que el sector cultural dejó de ganar 1.220,6 millones de euros en 2012, según datos del Observatorio de piratería de la Coalición de Creadores, que ya ha avanzado que los datos de 2013, que publicarán próximamente, no han mejorado.
Por último otro de los objetivos de la ley es reforzar los mecanismos de supervisión y transparencia de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, alguna de las cuales se ha visto afectada por escándalos económicos.

La Asociación de Internautas de España califica de "aberrante" la "criminalización" del enlace en la nueva Ley de Propiedad Intelectual

MADRID.- El presidente de la Asociación Española de Internautas, Víctor Domingo, ha calificado de "aberrante" la "criminalización" del enlace que, a su entender, desarrolla Ley de Propiedad Intelectual, cuyo proyecto ha sido aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso.

   Según ha explicado Domingo, esta ley "en vez de resolver un problema genera una inseguridad jurídica" para los usuarios de Internet. Así, ha alertado de que cualquier internauta que suba un enlace a una red social podría ser sancionado o recibir un aviso con la puesta en marcha de la nueva legislación.
   "El tema de los enlaces es una cuestión aberrante porque se criminaliza el enlace y no se van a decidir las sanciones a través de un juez, sino por una comisión. Excepto algunas salvedades como Google, a quien sin embargo le ha impuesto otra tasa para los editores", ha explicado.
   En cualquier caso, ha lamentado la redacción final del texto, que ha que ha quedado "como una cosa absolutamente abstracta".
 "Da pie a cualquier tipo de arbitrariedad y el tratamiento queda bastante abstracto", ha concluido, tras recordar que a la Comisión de Propiedad Intelectual se le otorga "más prestaciones y funciones de las que le corresponde".
El tratamiento queda bastante abstracto.

El fundador de 'Menéame' sobre la Ley de Propiedad Intelectual: "Hemos perdido"

MADRID.- El socio fundador de Menéame Ricardo Galli ha criticado la aprobación del anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual este viernes en el Consejo de ministros. Ha lamentado la 'tasa Google', la persecución de las páginas que enlazan y considera que "esto no lo cambiarán ningún gobierno, salvo para hacerla más restrictiva". Además, se ha preguntado cómo afectará la ley a redes sociales en las que compartir noticias es muy habitual, como Facebook y Twitter.

   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría y el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, han anunciado esta tarde tras el Consejo de ministros, algunas de las claves de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que ahora ha sido enviada al Congreso.
   El anteproyecto contempla una mayor persecución de aquellos que violen la propiedad intelectual, compartiendo o enlazando a contenidos protegidos. Por ejemplo, las páginas de descargas son consideradas ilegales y con la nueva ley se podrá solicitar por la vía civil datos de identificación como la dirección IP cuando sea violada.
   Además, el anteproyecto establece que los agregadores de noticias solo podrán incorporar un "fragmento" de las noticias que enlacen y que tendrán que pagar una tasa a los editores. Según el fundador de Menéame, con esta ley, "la 'doctrina cultural' triunfante es la mercantilista", "con la complicidad necesaria de "intelectuales de la cultura".
   A juicio de Galli, tal y como ha criticado en Twitter, se ha aprobado la Ley de Propiedad Intelectual "más restrictiva que se podía hacer". En este sentido, ha opinado que en niveles de persecución del intercambio de archivos "se iguala al anglosajón", pero que además en este caso los agregadores deben de pagar, como ocurre de forma similar en otros países como Francia y Alemania.
   Así ha lamentado el fundador de Menéame la noticia: "Hemos perdido, y esto no lo cambiará ningún gobierno, salvo para hacerla más restrictiva". Sin embargo, también ha llamado a la calma a sus seguidores en Twitter ante la avalancha de críticas relacionadas con la nueva ley: "De todas formas, nos estamos apresurando, hay que esperar y leer el texto".
   Galli deja entrever a la reacción de Menéame a este anteproyecto de ley y ha respondido a lo que harán en caso de conflicto con un editor: "Muy fácil, cualquier medio que opine o considere que copiar la entradilla es un ilícito, banearemos ese medio inmediatamente". Asimismo, también se ha preguntado si Twitter o Facebook, "donde una actividad importante es compartir enlaces y fragmentos", serán demandados tras la aprobación de la nueva ley.

martes, 11 de febrero de 2014

La ministra española Mato dice que retirar la tarjeta sanitaria a los emigrados "acaba con los fraudes"

MADRID.- La ministra español de Sanidad, Ana Mato, ha dicho hoy que retirar la tarjeta sanitaria a quienes salen fuera de España por más de tres meses "acaba con los fraudes", ya que "no parece lógico" que el extranjero que vuelve a su país siga disfrutando de una "sanidad pagada por todos los españoles" sin límite de tiempo.

Mato ha respondido así al senador socialista Jacinto Varela, quien le ha acusado de "cebarse con los colectivos más castigados por la crisis" al "dejar en una situación de indefensión" a los parados que salen de España en busca de trabajo.
"Fátima Báñez los coloca fuera de nuestro país y usted los remata retirándoles la asistencia sanitaria", ha matizado en referencia a la ministra de Empleo.
La titular del Ministerio de Sanidad ha garantizado que los españoles que se trasladen temporalmente a otro país podrán recuperar su tarjeta sanitaria cuando vuelvan "sin ningún requisito más", y ha pedido al PSOE que deje de "sembrar miedo y confusión" entre los ciudadanos.
En referencia a los trámites que esto implica, Varela ha denunciado que quienes se vean en dicha situación "van a tener que pasar un calvario para recuperar su tarjeta sanitaria".
Mato también ha defendido que esta medida pretende "poner solución a irregularidades" y establecer el límite de tiempo en el que España debe hacerse cargo de la sanidad de los inmigrantes retornados o los españoles que se establecen en otro país.
Por otra parte, la senadora del PSOE María Victoria Chivite ha pedido al Gobierno que retire los distintos copagos sanitarios y ponga en marcha "medidas que no afecten a la salud y la vida de los ciudadanos".
La ministra ha respondido que su partido busca establecer los "pilares" de la "sociedad del siglo XXI" con la reforma sanitaria y ha acusado a los socialistas de "mirar para otro lado" ante la "insostebilidad" del Sistema Nacional de Salud.
Según ha comentado, su intención es que todas las personas "tengan acceso a los mismos medicamentos" en condiciones de igualdad y en todas las comunidades autónomas, ya que se debe evitar que haya "ciudadanos de primera o de segunda".

El PP rechaza en el Congreso la proposición de ley que posibilita la dación en pago

MADRID.- El Congreso ha rechazado, con los votos en contra del PP, tomar en consideración la proposición de ley del Parlamento de Cataluña de medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar y de protección ante procedimientos de ejecución hipotecaria, que posibilitaba la dación en pago.

El resto de grupos que han intervenido en el pleno han manifestado su apoyo a la propuesta, que en su momento fue aprobada por unanimidad por el Parlamento catalán, pero la mayoría absoluta del PP no ha permitido que la iniciativa prospere.
En la defensa de la proposición, los tres representantes del Parlamento catalán -Meritxell Borràs, de CiU; Pere Aragonés, de ERC; y Salvador Milà, de Iniciativa per Catalunya- han insistido en que la ley obtuvo el apoyo de todos los grupos en su tramitación en el órgano autonómico, incluido el del PP, que hoy ha votado en contra.
El portavoz de Economía en el Congreso del PP, Vicente Martínez Pujalte, ha explicado que su grupo considera que la proposición "no es eficaz para dar la solución a los problemas del ciudadano", aunque ha reconocido el trabajo realizado por el Parlamento catalán.
En este sentido, Pujalte ha defendido que el PP quiere evitar que desaparezca la cultura del pago en España, que acabaría con el crédito, por lo que con su voto en contra pretende "proteger a los ciudadanos que quieren acceder a la vivienda en el futuro y encontrarse con un mercado hipotecario que funcione".
Además, Pujalte ha asegurado que el PP "piensa todos los días en las familias", y ha manifestado que nadie "tiene el monopolio de lo social" en el Congreso, porque su grupo también se preocupa por mejorar la situación social.
El resto de grupos parlamentarios se han mostrado a favor de la iniciativa procedente de Cataluña y han destacado el drama que viven muchas familias desahuciadas, que no sólo tienen que sufrir la pérdida de su vivienda, sino que además arrastran una deuda a la que no pueden hacer frente.
En este sentido, el diputado socialista Joan Ruiz i Carbonell se ha preguntado cómo el Gobierno "no ha sido capaz" de dar solución a "una de las principales preocupaciones" de aquellos a los que representa, y ha insistido en que las medidas tomadas por el Ejecutivo al respecto han sido un "fracaso".
Una opinión que ha compartido el diputado de La Izquierda Plural Joan Coscubiela, que ha vuelto a criticar que no se utilice Sareb -el "banco malo"- para "constituir un fondo social de alquiler".
Por parte de UPyD, el diputado Carlos Martínez Gorriagán ha recordado que el Parlamento Europeo aprobó en diciembre que se elabore una directiva europea que incluya la dación en pago, mientras que la diputada de CiU Lourdes Ciuró ha destacado que otros países europeos ya tienen una ley de segunda oportunidad.
Por otro lado, el diputado de Amaiur Rafael Larreina ha denunciado que, aunque "ha acabado la notoriedad mediática del problema", el drama de los desahucios continúa, y es que, tal y como ha dicho el diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví, 35.098 familias fueron desahuciadas entre enero y julio de 2013.

EEUU manifiesta su "profunda preocupación" por los "abusos" contra la oposición en Cuba

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos ha manifestado su "profunda preocupación" por el incremento de las "detenciones arbitrarias, la violencia física y otros abusos" contra la oposición política en Cuba y ha instado al régimen de Raúl Castro a dejar de "silenciar" a la disidencia.

La portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Marie Harf, ha hecho público un comunicado en el que ha querido condenar la detención del opositor cubano Jorge Luis García Pérez, 'Antúnez'. Para Washington se trata de un ejemplo de la "violencia" ejercida desde el Gobierno "contra defensores pacíficos de los derechos humanos y civiles".
En este sentido, según Harf, el arresto de 'Antúnez' es "sólo el último ejemplo del acoso ejercido por el Gobierno cubano contra las voces críticas".
El Departamento de Estado estadounidense ha reclamado a La Habana que "ponga fin a la práctica de detenciones arbitrarias y permita a los ciudadanos cubanos expresar sus opiniones con libertad y poder reunirse pacíficamente".
"Las libertades de expresión y reunión están reconocidas internacionalmente como derechos humanos y el Gobierno cubano permanece al margen del Hemisferio Occidental al no respetarlas", ha lamentado Harf, que también ha condenado los intentos de las autoridades para "intimidar" a la sociedad civil.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) denunció la semana pasada que, sólo en enero, se produjeron 1.052 detenciones arbitrarias por motivos políticos.

Boicotean dos charlas de Baltasar Garzón en la Universidad de Santiago

SANTIAGO DE CHILE.- Un grupo de jóvenes ha intentado boicotear la charla-coloquio que el ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón finalmente impartió en la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago, y le han obligado a suspender otra en la Facultad de Historia.

Con gritos de "fascista" y "torturador", cerca de veinte jóvenes han intentado esta mañana sin éxito que Baltasar Garzón, quien invitó a los que le insultaban a subir a la mesa para exponer sus argumentos, no hablase sobre "Democracia y Derechos Humanos".
"Fue un momento incómodo pero nos vamos con varias lecciones aprendidas. Una de ellas es el modo de estar y el modo de reaccionar de Baltasar Garzón, con tolerancia, dialogo y respeto a pesar de la discrepancia", explicó el catedrático de Pedagogía Social, José Antonio Caride.
"Y la otra -continuó el profesor universitario- es que a veces las democracias también se tienen que construir así, haciendo valer la razón frente a los que no están dispuestos ni a exponerla ni a escucharla".
En un aula completamente abarrotada, hubo momentos de tensión entre los alumnos que querían escuchar al ex juez y los que con un micro no cesaban de dedicarle insultos mientras portaban pancartas del colectivo estudiantil AGIR.
Por eso, Caride, uno de los organizadores del acto, agradeció el esfuerzo del ex juez porque "a pesar de que algunos no querían escucharlo, él tomó la palabra para exponer sus argumentos y tratar de darle la palabra a los que a él se la estaban retirando".
"Afortunadamente la inmensa mayoría de nuestros alumnos quisieron que ese acto fuese lo que tenía que haber sido, una lección más de las que la Universidad tiene la obligación de dar acerca de la democracia y los derechos humanos", agregó Caride, quien recordó que "fueron unos pocos, no más de 25, los que no quisieron que eso pudiera suceder".
En la facultad de Ciencias de la Educación también aparecieron numerosas pintadas, en las que se podía leer "Baltasar Garzón, cómplice de la tortura", "Garzón, torturador" o "Garzón, fascista".
A las doce del mediodía estaba prevista otra intervención de Baltasar Garzón en la Facultad de Historia de la USC, pero finalmente los organizadores decidieron suspenderla.
Fuera de la facultad, en el casco histórico de Santiago, hubo un enfrentamiento dialéctico entre un grupo de opositores a la presencia del ex juez y los que coreaban "Queremos a Garzón, Queremos a Garzón".
"Habíamos elegido a Garzón para dar una conferencia sobre pasados incómodos, porque es una persona indicada para hablar de este tema, pero no pudo ser. No pudo hablar, era imposible porque no tenía ni voz ni condiciones", indicó el profesor Lourenzo Fernández Prieto, uno de los organizadores del coloquio en la Facultad de Historia.
"Me gustaría saber qué defienden (los que protestan), qué democracia defienden si ni siquiera dan derecho a hablar. Me apena mucho que haya un grupito de seis, entre doscientos que tengan esta actitud. Ayer abrieron la primera universidad privada en Galicia y de eso no tienen nada que decir", criticó.
El magistrado pronunció una conferencia anoche en la Fundación Araguaney donde colgó el cartel de lleno e incluso hubo gente que no pudo acceder a la sala.
El rector de la USC, Juan Casares Long, y el presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), el propio magistrado, firmaron un convenio marco de colaboración que posibilitará el desarrollo futuro de actividades culturales, científicas, pedagógicas o de investigación.

La Audiencia rechaza que las escuchas de Garzón contaminaran la causa

MADRID.- La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado que las escuchas practicadas en prisión a los abogados de imputados en la causa que investiga la trama Gürtel hayan contaminado la instrucción y ha rechazado la nulidad que reclamaban varias defensas.

   En un auto hecho público este martes los magistrados rechazan la pretensión de nueve acusados de "declarar la nulidad absoluta y radical de todo el procedimiento" al entender que aceptarla supondría "conferir una desmedida y abusiva amplificación de la doctrina jurisprudencial".
   Entre los imputados que reclamaban que se anulara la causa se encuentra el cabecilla de la trama, Francisco Correa, el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, el exdiputado Jesús Merino y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega.
   "Pretender que la nulidad se generalice a todas las diligencias de investigación anteriores y posteriores" a la autorización conferida por el juez Baltasar Garzón  a las escuchas en la cárcel "supondría materializar una irregular transmisión de la contaminación procesal detectada y eliminar toda la esforzada y procedente actividad de comprobación delictiva".
   La Sala subraya en un auto del que ha sido ponente el magistrado Juan Francisco Martel que obrar de otro modo "supondría amparar verdaderas impunidades". La decisión respalda la tomada por el juez Pablo Ruz el pasado mes de octubre y avala la licitud de pruebas como las contenidas en el pen drive del contable José Luis Izquierdo o las grabaciones del exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas.
   La decisión da carpetazo definitivo a la pieza sobre posibles nulidades abierta en abril de 2010 por el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira,  y avala las diligencias practicadas antes y después de que se autorizaran las escuchas, por las que en febrero de 2012 el Supremo condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación.
   La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ya validó en junio pasado las grabaciones entre Peñas y al lider de la trama Francisco Correa argumentando que su práctica no se podía equiparar a la técnica periodística de "cámara oculta" porque en este caso no medió "el engaño ni la presión ni se han extraído datos que afecten a la zona mas intrínseca de la personalidad".
   La nulidad fue solicitada por las defensa de Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el testaferro del primero, Antoine Sánchez; al que se adhierieron las representaciones del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y otros seis imputados. De igual forma confirma el auto que el instructor, Pablo Ruz, dictó en mayo pasado.

Asociaciones españoles de consumidores exigen transparencia en el coste de la energía

MADRID.- La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) se ha sumado a la demanda presentada ayer por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para exigir más transparencia en torno a los cambios en el coste de la energía del Ministerio de Industria.

Ambos colectivos han denunciado a través de comunicados de prensa que el cese de las subastas eléctricas así como la subida del término de potencia no soluciona el verdadero problema del precio de la energía, que es "la retribución de la generación eléctrica muy por encima de su coste real".
La CEACCU ha apuntado los hogares españoles pagan por la luz que consumen un precio que está "muy por encima de su coste real" y que a partir de los próximos meses aumentará según el término de potencia que tengan contratado.
Ha detallado que mientras las familias que consuman mucha energía ahorrarán en la factura de la luz gracias a esta nueva medida, aquellos hogares en los que apenas haya consumo el encarecimiento del recibo podría duplicarse.
Este nuevo sistema que entrará en vigor a partir del próximo abril ha sido criticado por las asociaciones de usuarios porque "soluciona solo una parte del problema" y beneficia a las grandes eléctricas dado que les permite "mantener unos ingresos constantes precisamente cuando cae el consumo".
La modificación del Ministerio de Industria para aumentar el término de potencia se traduce en que la base fija del recibo de la luz y que está medida en kilovatios por hora será más alta independientemente del gasto en energía, beneficiando así a los que tienen un mayor gasto mensual, como las familias numerosas.
Por otro lado, la CEACCU calcula que aquellos hogares en los que no se produzca ningún consumo la factura se encarecería en torno a un 18 % respecto a octubre de 2013.
La principal crítica de la OCU y de la CEACCU al Ministerio de Industria es "la falta de transparencia" del Gobierno. En 2010 se produjo un compromiso público por parte del Gobierno (entonces del PSOE) para analizar los costes del sistema eléctrico, una promesa que, apuntan, aún no se ha producido.
Además, la CEACCU ha pedido a Industria que lleve a cabo un cambio en los precios de generación de energía, que debería medirse atendiendo a cálculos que beneficien a los hogares y no a las grandes eléctricas.
Las asociaciones recuerdan además que las próximas medidas del Gobierno deberían ir encaminadas al cese de las manipulaciones, la especulación y la falta de competencia en torno a la subida del recibo de la luz.

lunes, 10 de febrero de 2014

Demostración de fuerza de la oposición ucraniana en Kiev

KIEV.- La oposición ucraniana movilizó este domingo en Kiev a más de 70.000 manifestantes contra el presidente Viktor Yanukovich, que afronta ahora un delicado dilema con la formación de un nuevo gobierno, muy esperado por Rusia y por Occidente.

"No tenemos intención de rendirnos. Iremos más lejos", proclamó ante la Plaza de la Independencia el militante Dimytro Bulatov, cuya foto con la cara desfigurada por las torturas dio la vuelta al mundo. El opositor se dirigió a los manifestantes por teléfono desde de Lituania, donde ha sido hospitalizado.
Uno de los dirigentes de la oposición, el exboxeador Vitali Klitschko, desafió al presidente a que vaya a la plaza "a oír lo que la gente dice de él".
Klitschko llamó a los ucranianos a observar una huelga general de una hora el próximo jueves, a las 11 de la mañana (9.00 GMT), y a salir a la calle con la bandera nacional, celeste y amarilla.
Enfervorecido, Klitscho añadió ante la masa que el gobierno de Yanukovich "no nos podrá romper. Seguiremos luchando".
El exboxeador invitó a los manifestantes a inscribirse en las unidades de autodefensa creadas en distintos puntos del país y seguir la consigna "soy ucraniano y no tengo miedo".
"La gente tiene que seguir en la calle hasta el final, de lo contrario, tendremos represalias. Y la oposición tiene que estar más decidida, no limitarse a los discursos desde la tribuna. Necesitamos una elección presidencial anticipada y una nueva Constitución", dijo Anna Rebenok, una joven secretaria que fue a manifestarse.
El influyente empresario y diputado independiente Petro Poroshenko señaló que 392 manifestantes detenidos en los enfrentamientos recientes con la policía fueron liberados y que 49 seguían arrestados. La liberación de esos militantes es una de las exigencias de los opositores.
A la espera de un nuevo gobierno
Rusia, de un lado, y la Unión Europea y Estados Unidos, que mantienen una pugna por influir en la orientación estratégica de Ucrania, esperan el nombramiento de un nuevo primer ministro, tras la renuncia de Mykola Azarov y su gabinete el 28 de enero pasado.
La decisión se anuncia de lo más peliagudo para Yanukovich, muy presionado por Rusia, pero también por la UE y por Estados Unidos, que han ofrecido ayuda económica.
Moscú ofreció a Ucrania una ayuda financiera de 15.000 millones de dólares y una reducción del precio de su gas en un tercio, después de que Yanukovich rechazara en noviembre firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea para acercarse más a Rusia.
Yanukovich se reunió con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en un esperadísimo encuentro el pasado viernes en Sochi, donde se celebran los Juegos Olímpicos de Invierno. Pero, de momento, no ha trascendido nada de la conversación.
Rusia, que ya ha entregado parte de su ayuda económica, ha advertido de que la concesión del resto dependerá del signo político del nuevo gobierno ucraniano.
Parece poco probable que Yanukovich pueda encontrar a un candidato aceptable al mismo tiempo para Rusia y para los países occidentales, que reclaman un gobierno "técnico" de unidad nacional, donde la oposición proeuropea tenga un peso real.
La oposición reclama, en primer lugar, una reforma constitucional para volver a la carta magna de 2004, y reducir los poderes del presidente en favor del Parlamento y el gobierno.
El presidente dice que está dispuesto a dialogar sobre una reforma constitucional, pero propone la elaboración de un nuevo texto, que podría llevar varios meses. La oposición rechaza esta última opción, por considerar que se trata de una argucia para ganar tiempo.

Garzón asegura que el indulto "no es una prioridad" para él pero recalca que le gustaría "saber qué ha ocurrido"

SANTIAGO DE COMPOSTELA.- El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha asegurado este lunes que el indulto "no es una prioridad" para él, después de que la Fiscalía se opusiese a su solicitud, pero sí ha recalcado que le gustaría "saber qué ha ocurrido".

Ha respondido de esta manera al ser preguntado por los periodistas antes de pronunciar una conferencia en Santiago sobre impunidad, corrupción y derechos humanos organizada por la Fundación Araguaney y la universidad compostelana.
La Fiscalía rechazó la solicitud de indulto de Garzón al entender que no ha reconocido los hechos ni demostrado arrepentimiento tras ser condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre los imputados en el caso Gürtel y sus abogados.
Al hilo de ello, el escritor Manuel Rivas, quien acompañó a Garzón en la charla, ha sostenido que el informe del ministerio fiscal que argumenta que los méritos de Garzón anteriores a la condena "son irrelevantes" a efectos de que se le conceda esta gracia le han hecho pensar en la obra 'Tiempo de canallas'.
Por su parte, en lo que atañe al caso cuyas investigaciones derivaron en su inhabilitación, el caso Gürtel de supuesta financiación irregular del PP, Garzón ha ironizado con la "mucha colaboración" que ha tenido el partido actualmente en el Gobierno con la Justicia.
"Se ha hecho una investigación independiente, con garantías, dentro del propio partido, que ha conducido a la ruptura de discos duros", ha planteado, antes de sentenciar que lo que hubo fue "una coordinación para acabar con todo el equipo" que estaba investigando el caso en 2009.
"Eso no es colaborar con las instituciones", ha incidido el exmagistrado de la Audiencia Nacional, y ha defendido que los españoles "no merecen que se les toree más".

domingo, 9 de febrero de 2014

Más de 10.000 manifestantes salieron de nuevo a la calle este domingo en Kiev

KIEV.- Más de 10.000 manifestantes han salido hoy a la calle en Kiev el que supone el decimosegundo domingo consecutivo para protestar contra el Gobierno del presidente ucraniano, Viktor Yanukovich.

   En la concentración, celebrada en la emblemática plaza de la Independencia de la capital, ha habido rezos tradicionales y han intervenido los dirigentes de la oposición para pedir a sus seguidores "aprender a perdonar y rezar por los heridos y presos".
   El líder de la Alianza Democrática Ucraniana por la Reforma (UDAR) y campeón del mundo de boxeo Vitali Klitschko ha intervenido ante los manifestantes para demandar la convocatoria de elecciones anticipadas y rechazar una reforma constitucional, que "ya no basta".
 "Ahora el pueblo demanda una cosa: elecciones presidenciales anticipadas", ha indicado, según recoge el diario ucraniano 'Kyiv Post' en su edición digital.
   Klitschko ha anunciado además su disposición a mantener un debate público con el presidente Yanukovich y ha hecho un llamamiento a alistarse en los grupos de autodefensa del movimiento EuroMaidan.
   Otro dirigente opositor, Petro Poroshenko, multimillonario y diputado, ha asegurado que la UE se ha comprometido a imponer sanciones a las autoridades ucranianas y ha asegurado que los dirigentes políticos de EuroMaidan "lucharán por la vida y felicidad de todas y cada una de las personas" del país.
   También ha intervenido el líder del partido ultraderechista Unión Panucraniana Svoboda, Oleh Tiahnibok, integrado en EuroMaidan. "Las autoridades están temblando. Querían utilizar su maquinaria totalitaria, pero ya no pueden hacerlo más veces. Ahora pagan por apoyo incluso en Crimea", ha asegurado en referencia a la región de mayoría rusófona del sureste del país.
   Tiahnibok ha pedido ayudas económicas de la UE y la devolución del dinero "robado por Yanukovich y su pandilla".
 "La gente debe gobernar el país", ha apostillado.

La iniciativa de Pablo Iglesias, 'Podemos', contactará con actores políticos y sociales

MADRID.- La iniciativa Podemos, liderada por Pablo Iglesias, iniciará este lunes "una ronda de contactos con todos las gentes, los actores políticos y sociales" que apuesten "por la construcción popular", según ha anunciado este domingo el politólogo Íñigo Errejón en la presentación de la segunda fase del desarrollo del proyecto.

   Esta nueva etapa del grupo de Pablo Iglesias consistirá en dar impulso a la creación de los Círculos Podemos (asociaciones territorriales de diferentes grupos), y de las herramientas online que permitirán "la participación de todos los ciudadanos que lo deseen" y de la cual surgirán tanto la lista de esta candidatura como el programa político que llevará a Bruselas.
   Más de 900 personas han acudido a la convocatoria del grupo de Pablo Iglesias, por lo que la organización de los Cines Palafox ha decidido habilitar una segunda sala para que los simpatizantes sin sitio pudieran seguir en streaming un acto en el cual, poniendo de ejemplo las revueltas de Gamonal o el éxito de la marea blanca, los de Pablo Iglesias han querido dejar claro que "sí se puede si la sociedad se auto organiza".
   El profesor universitario ha clausurado el acto afirmando que para su grupo "los que convierten derechos sociales en servicios de pago o en privilegios para la élite son los enemigos de la democracia" y que los dirigentes políticos "no tiene miedo a Podemos, sino a que la gente se organice y el pueblo tenga el poder para decidir".
   Por su parte, el presentador del programa 'La Tuerka', Juan Carlos Monedero, ha resaltado en su intervención que Podemos "no es el instrumento del 15M" y que "de nada sirve que las cúpulas de partidos se encuentren si siguen sin emocionar a la gente".
   El politólogo Íñigo Errejón ha responsabilizado a la clase política de "aceptar un status colonial entregando (a Europa) la soberanía y la posibilidad de que la gente decida sobre sus propias vidas" e instaurando la política del "miedo y la resignación" ante posibles nuevos recortes o supresión de derechos sociales.
   Los miembros de Podemos han recordado que la iniciativa aún no cuenta con ningún programa, ya que su elaboración "debe hacerse de forma participativa con mecanismos presenciales y digitales" en la segunda fase que arranca este lunes y que será decisiva para "elaborar una posible candidatura". Además, han pedido a sus simpatizantes una aportación para financiar los siguientes movimientos de la iniciativa.
   Desde Podemos han señalado además que en España "se ha quebrado la confianza en las élites políticas y en sus partidos, el pluralismo real y la soberanía" y que "la minoría privilegiada ha destrozado el consenso secuestrando la democracia, consolidando un poder cerrado y egoísta de familias y clanes que escapan a todo control ciudadano, faltando a todos los compromisos con la población y empobreciéndola".

Vox y los demás partidos que se presenten por primera vez a las europeas necesitarán avalar su lista con 15.000 firmas

MADRID.- Los partidos que se presenten a las elecciones europeas del próximo mes de mayo sin contar con representación parlamentaria deberán recabar 15.000 firmas para poder registrar su candidatura, según los requisitos que establece la Ley Electoral y que por primera vez se aplicarán a los comicios al Parlamento Europeo.

   La pasada legislatura se introdujo en la Ley Electoral la exigencia de firmas para avalar candidaturas de partidos sin representación parlamentaria, un mecanismo que se estrenó en las generales de 2011, donde se pedía a estos partidos extraparlamentarios un mínimo de avales del 0,1% del censo de la circunscripción donde se presentasen.
   En las generales de 2011, esta exigencia ya suscitó protestas de estas formaciones minoritarias ante la Junta Electoral Central, al entender que se menoscaba su derecho de sufragio pasivo.
   A la hora de aplicar este requisito a las elecciones europeas, donde la circunscripción es el país entero, el legislador decidió no aplicar ese baremo del 0,1% del censo, que exigiría recoger unas 35.000 firmas, sino que puso un listón fijo de 15.000 avales.
   Esa barrera se implantará por primera vez este año y los partidos y coaliciones que no lograron representación en el Parlamento Europa en 2009, como es el caso de Vox, del Movimiento Ciudadanos y de la candidatura que auspician partidos de extrema derecha, deberán reunir ahora 15.000 firmas junto con su lista. Además, la Junta Electoral Central debe asegurarse de que ningún elector dé su firma para la presentación de varias candidaturas.
   Ahora bien, la legislación permite a estos partidos, federaciones y coaliciones sustituir el requisito de las firmas por el aval de 50 cargos electos, ya sean diputados, senadores, eurodiputados, diputados autonómicos o concejales. Se mantiene la exigencia de que ningún cargo electo puede dar su firma para la presentación de varias candidaturas.

sábado, 8 de febrero de 2014

La escritora Clara Sánchez narra la desconfianza de españoles por la crisis económica

LIMA.- El libro "El cielo ha vuelto" muestra la desconfianza y el descubrimiento de la verdad a consecuencia de la crisis económica que vive España, señaló su autora, la escritora española Clara Sánchez, en Lima, en la presentación del libro.

A través de Patricia, su personaje en El cielo ha vuelto, Sánchez busca hablar de "la desconfianza como reflejo que estamos viviendo en España en esta época de crisis económica y que hemos pasado de la ingenuidad a quitarnos la venda de los ojos", según dijo.
Para mostrar ese estado que viven muchos españoles, recurre a una modelo, y se hace la pregunta de "qué le pasaría a una chica bella, que vive en un mundo de élite como la moda, con juventud, dinero y de un momento se encuentra sin contrato, con miedo al futuro por la crisis".
"Aquí entramos en la España contemporánea. Patricia es un reflejo de lo que nos ha pasado a todos, nos hemos sentido engañados y manipulados. Todos vivimos en el terreno de la desconfianza", agregó la escritora, que con El Cielo ha vuelto ganó el Premio Planeta 2013.
Sostiene que a su personaje "se le rompe su mundo de élite", se enfrenta a la realidad, a la inseguridad, entonces deja la ingenuidad de su mundo y comienza a desconfiar de todos para sobrevivir.
Sánchez, que en 2010 obtuvo el Premio Nadal con "Lo que esconde tu nombre", señaló que sus personajes son reales, "no en el 100%, pero sí he resaltado las cualidades de cada uno a fin de hacerlos parte de la novela".
El libro también busca reflexionar sobre el éxito y del fracaso, el miedo a perderlo todo, así como sobre "las relaciones empíricas que se establecen con el amor mal entendido", precisó.
La escritora aseguró que en sus libros "hay mucho" de sí misma y se identifica con los personajes, con los paisajes. "Hay mucho de Patricia en Clara Sánchez, como el miedo a ser rechazada, a no gustar, a ser excluido de un grupo", añadió.
Sánchez se encuentra por segunda vez en Lima, ya que en 2000 visitó la capital peruana para presentar su libro "Últimas noticias del paraíso", ganador del Premio Alfaguara.

Jesús Fernández pide "no olvidar" a los necesitados en su ordenación como nuevo obispo auxiliar de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA.- El nuevo obispo auxiliar de Santiago, Jesús Fernández González, ha pedido "no olvidar" a "los pequeños, los necesitados, los pobres" y ha agradecido la "confianza" depositada en él para "hacer camino" junto al Arzobispo de Santiago, Julián Barrio, "en la edificación de una Iglesia en comunión sinodal y misionera".

   "Considerarme desde ahora mismo el padre y hermano que, unido a nuestro arzobispo Don Julián, se dispone a compartir con vosotros y a serviros lo único valioso que posee: Jesucristo", ha manifestado en su alocución durante la ceremonia de ordenación episcopal que ha acogido este sábado la Catedral de Santiago para recibirlo tras ser nombrado obispo auxiliar de Santiago por el Papa Francisco.
   Al acto, que ha comenzado a las 11.00 horas, han acudido numerosas autoridades eclesiásticas como el Secretario General de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo; y civiles como el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández; o los alcaldes de Santiago y León, Ángel Curras y Emilio Gutiérrez, respectivamente.
   Por su parte, en su Homilía, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha asegurado que "toda iniciativa episcopal" servirá a la "verdadera renovación de la Iglesia" en tanto "contribuya a mostrar el fascinante esplendor de la verdad y de la auténtica luz, que es Cristo".
   Asimismo, ha considerado que el ministerio episcopal debe de "alentar la esperanza de quienes, amenazados por mitos ilusorios y por el pesimismo de sueños que se desvaneces, y afligidos por las múltiples formas de pobreza, contemplan a la Iglesia como monte de las Bienaventuranzas".
   "Querido hermano Jesús, vienes a una comunidad diocesana en la que sentirás la necesidad la necesidad de quererla pues te sentirás profundamente querido por ella", ha manifestado Barrio para desear al nuevo obispo auxiliar de Santiago "un ministerio episcopal largo y lleno de frutos".
   Jesús Fernández González nació en 1955 en Selga de Ordás, León, y fue ordenado en 1980 sacerdote. Se licenció en Estudios Eclesiásticos y también en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca. Tras ejercer desde 2010 como Vicario General de la Diócesis de León fue nombrado el 10 de diciembre de 2013 obispo auxiliar de la Archidiócesis Compostelana y titular de la diócesis de Rotdon.

Unas 300 personas se manifiestan a las puertas de los Juzgados de Palma contra la corrupción y la Monarquía

PALMA DE MALLORCA.- Unas 300 personas se concentran en los alrededores de los Juzgados de Palma en contra de la corrupción y de la Monarquía, así como en favor de la independencia de los Països Catalans o en apoyo al juez José Castro, magistrado que instruye el caso Nóos que desde las 10:00 de esta mañana está tomando declaración a la Infanta Cristina en el interior de los Juzgados.

   Cerca de las 9:30 horas de la mañana, las fuerzas policiales se han visto a obligadas a cortar la Vía Alemania en dirección al centro de Palma debido al gran número de manifestantes concentrados. Así, las aceras del otro sentido también están llenas de personas, que han estado coreado todo tipo de lemas desde bien temprano.
   Mientras muchos de los congregados se manifiestan en favor de la República, la independencia y en contra de la monarquía, también hay otros grupos que se posicionan en contra del ERE de Coca-Cola, las prospecciones petrolíferas o en favor del juez Castro, al que han coreado lemas como 'no diga justicia, diga Castro.
   Algunas de las pancartas que portaban los manifestantes rezaban algunos eslogan como 'Rampa del Ducs de Palma de Mallorca', en un juego de palabras en el que se hace alusión a la calle antes conocida como 'Rambla dels Ducs de Palma' y en referencia a la mediática rampa de los Juzgados.
   Asimismo, se han podido ver carteles con frases como 'en Palma las duquesas nos las comemos', en alusión a los pasteles tradicionales; y letreros como 'Corona, ¡qué cruz! o 'Rey que acepta regalos, tendrá yerno e hija raros'.
   En una línea similar, se han podido escuchar proclamas como "Casal popular, Marivent", "Independencia", "Fuera Monarquía" o
"Juan Carlos, Sofía, la hucha está vacía". Cabe destacar que numerosos manifestantes portaban banderas republicanas, esteladas y senyeras, así como banderas verdes o comunistas.
   Algunos de los lemas proferidos durante la mañana se referían a la persona del juez Castro. En uno de los momentos álgidos de la concentración, cuando la Infanta ha llegado al edificio judicial se ha podido escuchar entre otros lemas: "Castro, amigo, el pueblo está contigo".
   Además, otros manifestantes han coreado el lema "No diga justicia, diga Castro". Muchos de estos también portaban pancartas como 'La justicia tiene un nombre: Castro'. Asimismo, uno de los gritos más coreados entre los asistentes en primera fila ha sido "Castro, Castro, Castro".
   Por otra parte, desde la Plataforma 'Eivissa Diu No' en contra de las prospecciones petrolíferas, han manifestado que el rechazo a las mismas es "total" y es "un boom, que está llegando a todo el mundo".
   Uno de los miembros de esta plataforma, Sergio Lleò, ha explicado a Europa Press que el objetivo de la protesta es llamar la atención de los españoles para que "todos unidos" paren los proyectos de sondeos petrolíferos en las costas del país, y en este caso en concreto, las prospecciones que están previstas en aguas de Baleares.
   Por su parte, Ana González, una manifestante que portaba carteles en favor de la III República, ha señalado que espera que "Castro no se eche atrás" y ha aseverado que el Rey debería "claudicar" porque la "monarquía está caducada y ya no tiene nada que aportar".
   Otra congregada ha expresado que lo que quieren "los españoles, no sólo los mallorquines, es que si se demuestra que han robado, tienen que devolver todo el dinero". Tras terminar sus declaraciones, ha empezado a proclamar "España, mañana será republicana".
   Respecto a los trabajadores de Coca-Cola, un centenar de trabajadores de la embotelladora de Palma se han sumado a la manifestación que tiene lugar a escasos 100 metros de donde la Infanta Cristina está prestando declaración como imputada en el marco del caso Nóos.
   En un momento de la mañana, poco antes de la llegada de la Infanta, el sonido de las proclamas se ha visto superado por un gran bullicio provocado por el paso de unas 20 motos de gran cilindrada por Vía Alemania en apoyo a los manifestantes.

Trabajadores de Coca-Cola se concentran en Madrid al grito de 'Si Madrid no fabrica, no consume'

MADRID.- Decenas de trabajadores de Coca-Cola, en su mayoría procedentes de la fábrica de Fuenlabrada, se han concentrado desde primera hora de la mañana frente a las oficinas que Coca-Cola Iberian Partners tiene en el número 259 del Paseo de la Castellana al grito de 'Si Madrid no fabrica, Madrid no consume'.

   Además de sus características gorras y chalecos de color rojo, en pequeñas cuartillas que han ido repartiendo por la zona y colocando en los coches se podía leer el mensaje de 'No bebas Coca-Cola. 920 millones de beneficios igual a 1.253 familias y 3.000 puestos indirectos a la calle'.
   Alfonso Juguera, de FITAG UGT Madrid, ha señalado que la situación está "parada" y que después de la última reunión celebrada ayer "no hay avance".
 "La postura está en el mismo sitio porque la empresa no quiere retirar el ERE", ha lamentado el representante sindical. "Queremos que se retire y hablamos de lo que haga falta", ha apostillado.
   Los trabajadores de la planta de Fuenlabrada alcanzan este viernes la primera semana de huelga indefinida. Pese a que desde la empresa les garantizan prejubilaciones y traslados --lo que dejaría a cero el número de despidos--, los trabajadores insisten en la necesidad de mantener la fábrica de Fuenlabrada activa, la segunda más grande del país.

Las ventas de Coca-Cola en Madrid han caído en torno a un 40%

MADRID.- Las ventas de Coca-Cola en Madrid han caído en torno a un 40 por ciento en la primera semana de huelga de los trabajadores de la planta embotelladora de Fuenlabrada, según ha afirmado un miembro del Comité de Empresa. 

   Así lo ha explicado el portavoz de los trabajadores que se han reunido con el coordinador general de IU Madrid, Eddy Sánchez, y con el portavoz del Grupo Parlamentario IU-LV en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, y miembro del Comité de Empresa de Casbega, Francisco Bermejo.
   Bermejo ha dicho que la respuesta del consumidor está siendo "tan grande" que algunos bares están dejando de servir Coca Cola mientras dure el conflicto, y que "está saliendo de ellos".
   Asimismo, ha indicado que la última encuesta llevada a cabo por las consultoras en Velázquez, Serrano, Manuel Becerra y Pueblo Nuevo, "daba una pérdida del 27 por ciento de la venta" en la primera semana, y que el jueves ya se hablaba de un 40 por ciento.
   "No sabemos si es el 40, el 30 ó el 28 por ciento, no tenemos los datos, lo que sí que es cierto es que la población de Madrid, todos los consumidores, están dando tal apoyo que sí que es posible", ha agregado Bermejo, quien ha señalado que "esa sensibilidad no había estado nunca".
   Bermejo ha explicado que los trabajadores de Coca Cola están tratando de buscar apoyo por parte de la sociedad y los partidos políticos para que apoyen un conflicto que, a su juicio, "es injusto a todas luces". En este sentido, ha argumentado que "todas las empresas del grupo, que eran siete embotelladoras, tienen beneficios".
   "Nosotros entendemos que esto es una aplicación de la reforma laboral y una especulación pura y dura del mundo empresarial actual", ha señalado. Según Bermejo, la empresa no alega causas económicas sino organizativas para justificar el ERE, que dice es "consecuencia de un proyecto que se llama 20+20 de la compañía Coca-Cola a nivel mundial", por el que tiene que duplicar los beneficios entre 2010 y 2020.
   Bermejo ha afirmado que van a despedir a 1.253 trabajadores en España y a 581 en Fuenlabrada, según los datos a diciembre de la plantilla. "Si se cierra la fábrica, en teoría están afectados todos", ha precisado sobre el caso de la planta de Fuenlabrada.
   En cuanto a las 500 recolocaciones de las que habla la empresa, Bermejo ha asegurado que en realidad el trabajador es despedido y pasa a una bolsa de empleo. "El trabajador que ahora despiden tiene que pasar a hacer una oposición para ocupar otro puesto. Eso no es una recolocación, eso es una trampa", ha aseverado.
   En cuanto a las negociaciones, Bermejo considera que "están esperando que se acabe el plazo porque negociar no se está negociando" y "lo único que han ampliado" es la indemnización hasta 30 días por año hasta un máximo de 18 meses.
   Respecto al cierre de la planta de Fuenlabrada, el representante de los trabajadores ha afirmado que "es un destrozo del empleo a nivel de la Comunidad de Madrid" y que "no tiene ninguna lógica desde el punto de vista empresarial, porque los centros de producción tienen que estar cerca de donde está el consumo".
   "El consumo de Madrid es el más importante de Europa porque la renta per cápita por consumidor de Madrid es la más alta de Europa", ha apuntado, a lo que ha agregado que "Madrid tiene un consumo aproximadamente de 110 millones de cajas al año, cajas unidad", compuestas por 24 botellas de vidrio rellenables de 200 ml.
   Bermejo ha dicho que los trabajadores de la planta de Fuenlabrada no saben qué va a pasar con las instalaciones, pero cree que "puede ser que la reabran después con salarios de 800 euros". En este sentido, ha dicho que el cierre es un "problema social", porque "Casbega era una fuente de empleo y de bienestar".
   "Ahora trabajar en Coca-Cola va a ser igual que trabajar en una empresa que no tiene ningún poder económico ni tiene ninguna posibilidad de dar a los trabajadores un estado de bienestar como teníamos nosotros", ha agregado, al tiempo que ha advertido de que "si Coca-Cola puede hacer esta locura, la puede hacer cualquier empresa".

viernes, 7 de febrero de 2014

IU propone para España un Estado federal republicano, que contemple el derecho a la secesión

MADRID.-   Izquierda Unida trabaja en la propuesta de un Estado federal, republicano, solidario, plurinacional y democrático que reconozca el derecho de sus territorios a la secesión por una mayoría cualificada, ya que considera que "el derecho a convivir es algo que no se puede imponer por la fuerza".

   El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha presentado este viernes la Conferencia sobre modelo de Estado que el partido celebrará mañana junto al líder de la coalición en Andalucía, Diego Valderas, quien ha coordinado los trabajos de redacción de un texto base que después deberá ser refrendado por el Consejo Federal de IU.
   El partido afronta este debate desde la base de que, a su juicio, el actual marco constitucional y el Estado de las autonomías está "quebrado" desde que el Tribunal Constitucional rechazó diversos artículos del Estatuto de Cataluña aprobado por las Cortes Generales. Por este motivo, ve con buenos ojos el recurso previo de inconstitucionalidad para estatutos de autonomía.
   Pero además, liga el asunto a la actual situación del Estado debido a las políticas neoliberales "del bipartidismo con la ayuda de CiU" y las desigualdades sociales generadas. En este contexto, han surgido dos posturas: "la recentralizadora del PP que culpa a las autonomías y entidades locales de un derroche excesivo y el incremento de los movimientos independentistas bajo el argumento de un déficit fiscal".
   Por ello, IU quiere ofrecer a los ciudadanos una alternativa basada en un Estado federal que dé solución a los problemas sociales, así como a los de los territorios "dentro de una democracia participativa".
 "No se puede construir un Estado confrontando identidades y territorios. Hay que abordarlo desde el conflicto de clases", ha explicado Lara.
   Y aunque su modelo de Estado incluye el derecho a la secesión de los territorios federados, considera que los ciudadanos deben ser conscientes de que "no todo es autonomía o recentralización" y existen otras posibilidades de "convivir y seguir viviendo juntos". De hecho, Cayo Lara ha aventurado que, a su juicio, en la sociedad catalana serían muchos más los ciudadanos que optarían por seguir conviviendo en un Estado federal que aquellos que elegirían "romper o, por otro lado, dar marcha atrás".
   Pero además, ha reivindicado el papel de IU en este debate y ha recordado que su apuesta por el Estado federal y republicano ya estaba plasmada en un documento de 1996. "Quienes ahora hablan de esto y se quieren sumar, bienvenidos sean", ha apuntado en clara referencia al PSOE. Pese a ello, no ha querido comparar ambos modelos argumentando que el de los socialistas aún no es conocido.
   En este punto, Lara sí que ha hecho hincapié en los derechos fundamentales y ha censurado a los políticos que se dedican a "aplaudir la Constitución cada 365 días y violarla los otros 364 días".
 "Se están pasando la Constitución por el forro de las narices", ha denunciado a la vez que ambos dirigentes han dejado claro que en el nuevo marco de Estado que proponen no tiene cabida el artículo 135 de la Carta Magna pactado por PP y PSOE para garantizar la estabilidad presupuestaria.
   Además, Cayo Lara ha querido valorar el debate sobre la publicación de las balanzas fiscales y el modelo elegido para hacerlo, en el que "cada uno lo hace arrimando el ascua a su sardina". Y aunque ha asegurado que IU apoya su publicación porque las considera "importantes" para conocer "cómo se mueven los recursos", ha defendido que "lo importante son las balanzas sociales".
   "Hay un incremento de la pobreza, el paro, las empresas que están despidiendo con beneficios, las privatizaciones en educación o sanidad. Esas son las balanzas sociales que hay que publicar para descubrir el daño que han hecho las políticas neoliberales de PP y PSOE en alianza con CiU", ha defendido.
   Además, ha evitado entrar en las especulaciones sobre un encuentro entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, y ha defendido que ambos mandatarios deberían hablar sobre las consecuencias que han tenido sus políticas sobre los ciudadanos. "Es bueno el diálogo y el entendimiento, pero son dos polarizaciones que están escondiendo los problemas de sus políticas en Cataluña y España. A ambos les viene bien la guerra de banderas", ha advertido.

Oceana pide a España que suprima los permisos de hidrocarburos en el Mediterráneo español

MADRID.- La organización de conservación marina Oceana ha pedido al Gobierno de España que adopte una postura similar a la de Francia que eliminó, durante el periodo de Nicolas Sarkozy, todos los permisos para explorar petróleo y gas en sus aguas del Mediterráneo.

   Así, recuerda que Francia ha pasado de tener casi un millón de hectáreas abiertas a actividades de búsqueda de hidrocarburos a cero hectáreas por mera voluntad política, por lo que España podría hacer lo mismo. Además, la organización señala la nueva apuesta de España por la explotación de petróleo y gas en el mar es "totalmente contraria" a los objetivos energéticos de la Unión Europea para 2030.
   "Pedimos al Gobierno presidido por Mariano Rajoy que, al igual que hizo Nicolas Sarkozy en Francia, rechace todas las perforaciones petrolíferas en el Mediterráneo", ha reclamado el director ejecutivo de Oceana, Xavier Pastor.
   Asimismo, ha recordado que Sarkozy explicó que no es cuestión de elegir entre protección del medio ambiente y crecimiento, sino de optar simplemente por un desarrollo sostenible. "Estas palabras muestran que explotar hidrocarburos es una decisión política. La única disyuntiva es hacer política a corto plazo o a largo plazo", ha apuntado.
   "El Mediterráneo es el corazón de nuestra identidad", afirmó en 2012 Sarkozy para dejar de lado un recurso energético que es fuente de daños al ecosistema y contaminación.
   En la misma línea, la Unión Europea aprobó la semana pasada un nuevo plan energético que establecía una disminución de un 40 por ciento en las emisiones de gases procedentes de combustibles fósiles y aumentar un 27 por ciento las energías renovables para 2030.
   Por eso, para Oceana "España camina en dirección contraria a la Unión Europea" y considera que la actitud del ministro José Manuel Soria, "dando todo tipo de facilidades a las empresas petroleras, contrasta con la guerra abierta contra las energías renovables, las cuales podrían estar tocadas de muerte con las nuevas decisiones del ministerio".
   Finalmente, ha advertido de que "miles" de puestos de trabajo en turismo, pesca y energías limpias podrían verse afectadas por "la fiebre del oro negro".

Ana Botella, a los jueces: 'Guiarse por la calle es "de la Revolución Francesa"'

MADRID.- La alcaldesa de Madrid ha pedido a la Justicia "instrucciones silenciosas" y que "no se prolonguen indefinidamente", a lo que ha sumado su rechazo a la tendencia de que los jueces se dejen llevar por "el sentir de la calle", algo propio "de la Revolución Francesa", ya que lo que hay que hacer es aplicar las leyes emanadas del Parlamento.

   En una entrevista en la Cadena Cope, Botella ha tildado de "lamentable" y "muy peligroso para el Estado de Derecho" el fallo de la juez que ha considerado que no es delito el escrache frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
   Preguntada sobre si la decisión hubiera sido distinta si el afectado hubiera pertenecido a otro partido político, la primera edil no ha dudado en contestar que "la vara de medir siempre ha sido distinta" y que no quería ni pensar qué hubiera ocurrido si el escrache lo hubiera sufrido un dirigente socialista. Para Botella, la situación es especialmente grave ya que lo que está en liza es la inviolabilidad del domicilio, razón por la que no entiende que el eschache sea considerado por una juez como "un acto dentro de la normalidad".
   La regidora ha lamentado igualmente que la Justicia en España sea tan "lenta", lo que genera unos "efectos perniciosos". Esto le ha llevado a pedir "instrucciones silenciosas", que se lleven a cabo "en un tiempo determinado, que no se prolonguen indefinidamente" y que, cuando se impute a alguien, que sea "corto" el tiempo que pase hasta que sea llamado a declarar.
   En este sentido, Ana Botella ha defendido que para que los jueces reciban el respeto de la sociedad española "deben actuar de manera callada y cumpliendo la ley", además de "no producir prejuicios irreparables para el honor de las personas", como ocurre en "ciertas ocasiones".

El Príncipe de España destaca la "madurez" y "sabiduría" del pueblo tunecino

TÚNEZ.- El Príncipe de Asturias ha destacado este viernes la "madurez" y "sabiduría" del pueblo tunecino, gracias al cual este país ha sido "siempre" un "pionero" en la construcción de un Estado "moderno" y "respetuoso" de los derechos sociales.

   Don Felipe ha representado a España en el acto de celebración de la nueva Constitución tunecina en el Palacio Presidencial de Cartago, que ha contado con la presencia del presidente francés, François Hollande, el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y el Príncipe Mulay Rachid de Marruecos, entre otras autoridades.
   El Heredero de la Corona ha sido una de las veinte personalidades que han tomado la palabra en el acto. Lo primero que ha hecho es transmitir a los tunecinos una "felicitación calurosa" en nombre del pueblo español y dejar claro que España comparte su "alegría" y "esperanza" en estos momentos.
   "Túnez ha sabido siempre estar en la cita con la historia y en la vanguardia de las conquistas políticas y sociales", ha subrayado el Príncipe, que ha recordado cómo España emprendió también hace casi cuatro décadas un proceso de "cambios profundos" que, en un periodo de tres años, culminó en 1978 con la aprobación por una "muy amplia mayoría" de una nueva Constitución que estableció "un marco de convivencia para todos los españoles".
   "También hoy la comunidad internacional ha reconocido y saludado los esfuerzos y sacrificios de todos los actores en favor de la adopción de la nueva Constitución tunecina" que "garantiza las libertades fundamentales, el estado de derecho, la separación de poderes y la independencia de la justicia", ha destacado el Príncipe en un discurso leído casi íntegramente en francés.
   Ha puesto en valor el apoyo que España ha prestado a la transición democrática "desde su inicio" y ha confiado en que la nueva etapa que se inicia ahora permita a ambos países "reforzar" la relación bilateral "en todos los terrenos". España, ha asegurado, tiene "la voluntad y la determinación" de "contribuir al progreso y a la prosperidad de Túnez".
   El Príncipe llegó esta mañana a Túnez, donde fue recibido en el aeropuerto con honores de jefe de Estado por el presidente de la República, Moncef Marzouki, con quien ha mantenido un encuentro.
   Don Felipe ha viajado al país magrebí acompañado del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, el secretario general de la Casa del Rey, Alfonso Sanz Portolés, el secretario del Príncipe, Jaime Alfonsín y el director general para el Magreb, Africa, Mediterráneo y Oriente Próximo, Manuel Gómez-Acebo Rodriguez-Spiteri.
   Tras el acto de celebración de la nueva Constitución, el Príncipe se ha quedado al almuerzo que ofrece Marzouki a las delegaciones que se han desplazado a Túnez. En los márgenes de estos actos, Don Felipe ha tenido oportunidad de mantener un encuentro con el presidente Hollande, al que han asistido De Benito y el presidente de la Asamblea francesa, Bernard Accoyer.
   El Príncipe y el resto de la delegación española también se han entrevistado con el primer ministro tunecino, Mehdi Jomaa, y su ministro de Exteriores, Mongi Hamdi, a quienes han entregado una carta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, invitándoles a visitar España, con quien Túnez ha de retomar las tradicionales cumbres bilaterales o Reuniones de Alto Nivel.
   España ha sido uno de los países que más ha apoyado la transición tunecina, en la medida de sus posibilidades. El exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero fue el primer líder europeo que viajó a Túnez tras la revolución que derrocó el régimen de Zine el Abidine Ben Ali.
   Tras la llegada al poder en España del PP, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, visitó el país en marzo de 2012, para conocer de primera mano cómo estaba avanzando la transición hacia una democracia y cuáles eran las necesidades de las empresas implantadas allí.
   La presencia empresarial de España en Túnez, si bien no es muy significativa, es relevante en el sector hotelero, de la construcción, energías renovables y en agricultura.
   En el proceso de transición ha tenido un fuerte protagonismo el diplomático español Bernardino León, actual representante especial de la UE para el Sur del Mediterráneo.
   En el plano bilateral, España ha apoyado la transición tunecina a través de varios programas de cooperación, entre ellos el programa Masar que financia la AECID y que se centra en fortalecer las instituciones públicas y contribuir a capacitar a las sociedades civiles de los países del Mediterráneo que hayan iniciado reformas hacia una mayor democracia.
   En Túnez, en concreto, España ha financiado con 250.000 euros un programa de formación policial y otro para el personal de prisiones, con un coste de 300.000 euros, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.
   En el ámbito de la UE, España ha dado la batalla para que los Veintiocho acompañen con fondos económicos la transición para evitar que la revolución hacia la democracia se trunque si la ciudadanía no ve satisfechas sus aspiraciones de mayor prosperidad. Al final la UE ha contribuido con 400 millones de euros para Túnez en el periodo 2011-2013.
   De cara al futuro, y a petición tunecina, España y el resto de la UE trabajarán para relanzar la economía tunecina y facilitar las reformas económicas y en la justicia, además de colaborar en rehabilitar barrios marginales.
   España será uno de los países que contribuya al desarrollo de la nueva Asociación entre la UE y Túnez, que tocará aspectos como la movilidad de trabajadores, la inmigración y la seguridad.

El fiscal se opone a indultar a Garzón porque su delito es de los "más graves"

MADRID.- La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a indultar la pena de once años de inhabilitación a Baltasar Garzón porque sus delitos son de "los más graves que un miembro de la Carrera Judicial puede cometer en el ejercicio de sus funciones" y además sus méritos personales y profesionales son "irrelevantes" a efectos de exonerarle totalmente de su responsabilidad criminal.

   El Ministerio Público se pronuncia así en el informe desfavorable a conceder el indulto total al ex magistrado de la Audiencia Nacional, condenado por un delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales al intervenir las conversaciones de los cabecillas de la trama 'Gürtel' con sus abogados en prisión.
   El escrito, firmado por el Teniente Fiscal del Supremo Antonio Narváez, destaca que no se dan las razones de equidad, justicia o utilidad pública necesarias para concederle esta medida de gracia toda vez que "no ha exteriorizado muestra alguna de arrepentimiento" y le resulta "totalmente indiferente" el resultado del indulto.
   Narváez sostiene que la "razón primordial" de su condena fue la vulneración del derecho de defensa y el secreto de comunicaciones de presos preventivos. "El daño causado a la Administración de Justicia fue muy grave por las consecuencias jurídicas que esa iniciativa tuvo para los derechos de los encausados", añade.
   El fiscal subraya que el derecho de defensa es la "piedra angular de un régimen constitucional de garantías" y, aunque no le acusara en el juicio, asume con "lealtad institucional y procesal" el fallo condenatorio del Tribunal Supremo, en la "cúspide" de los órganos jurisdiccionales salvo en materia de garantías.
   En este sentido, entiende que la actuación de Garzón fue "muy grave" y la pena aplicada es "proporcionada". Además, cree que sería "absurdo" que se le redimiera totalmente la pena en base a sus circunstancias personales anteriores o simultáneas a la condena ya que "sería tanto como asegurar la impunidad".
   Para concederle el indulto total se debe valorar el comportamiento posterior a la condena, opina el fiscal, que recuerda la nota de prensa y los comentarios que Garzón ha vertido mostrando su rechazo a la sentencia y al tribunal que la dictó.
   "Desde luego, el término que podría definir la posición de Garzón acerca de la solicitud presentada es el de indiferencia", prosigue el representante del Ministerio Público, para apuntar que el acusado no ha pedido esta prerrogativa ni ha solicitado que la haga en su nombre la Asociación de Magistrados Europeos para la Demcoracia y las Libertates (MEDEL).
   A su entender, el hecho de que no haya apoyado ni mostrado de modo "explícito interés alguno" sobre el resultado de la solicitud de indulto "no deja lugar a dudas de que a Garzón le resulta totalmente indfierente" este asunto.
   "Tal comportamiento de indiferencia hacia la solicitud de indulto presentada no puede ser valorada de otra manera que como la de constituir indicio relevante de que el comportamiento de Garzón en relación con la remisión de la condena es, cuanto menos, de indiferencia", continúa el Narváez, para recordar que el exjuez mantiene que actuó legalmente.
   Además, rechaza equiparar el indulto concedido al ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño ya que la concesión del indulto no se trata de un procedimiento "automático" sino que deben valorarse las circunstancias que concurren en cada caso.
   El expediente de indulto a Garzón estuvo perdido durante más de un año a camino entre el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo. Justicia volvió a tramitarlo después de enterarse de que el Alto Tribunal no había recibido la petición de los informes.

Vicepresidenta Santamaría: El derecho de manifestación "tiene límites"

MADRID.-   La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes que acata la sentencia que califica como mera "libertad de expresión" el escrache frente a su domicilio, aunque opina que los derechos "no son ilimitados", sino que su límite "son los derechos de los demás", y más si son menores de edad o personas mayores.

   Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no ha aclarado si la Fiscalía recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, puesto que actúa con "autonomía".
   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría se ha referido a la sentencia subrayado que una cosa es la "vida pública" de los políticos, que tienen obligación de "atender las críticas" y respetar el derecho de manifestación, y otra su "escenario privado" y sus familiares, que no tienen por qué compartir esa actividad pública.
   "Hay cantidad de instituciones públicas para manifestarse delante de ellas, otra cosa es un terreno familiar, personal, donde hay familiares y también vecinos cuyos derechos tienen que ser respetados", ha dicho. La vicepresidenta se ha referido especialmente a los menores y a personas mayores "que han tenido que ver a una edad avanzada determinadas cosas". No obstante, ha admitido que "los jueces han dicho otra cosa" y ha dejado claro que lo acata porque "ese es el Estado de Derecho".
   Gallardón, por su parte, ha reiterado que la posición del Gobierno es la de la Fiscalía, que entendió que sí que había una violación de las leyes españolas, que protegen la inviolabilidad del domicilio.
   Preguntado si el Gobierno se plantea alguna reforma legislativa, ha replicaado que estudiará "toda la legislación" pero ha insistido en que las leyes españolas, y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), "garantizan que el domicilio no puede ser objeto de ningún tipo de agresión", tal como el Ejecutivo entiende que se produjo.

El Gobierno español aprueba una ley para dar la nacionalidad a los judíos sefardíes

MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes un anteproyecto de ley por el que reconocerá la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes, expulsados de España en 1492.

España venía concediendo la nacionalidad a los sefardíes que lo solicitaran de forma individual, pero la generalización anunciada ahora permitiría obtener la carta de naturaleza a unos tres millones de personas, residentes principalmente en Israel, Francia, Estados Unidos, Turquía, México, Argentina o Chile.
"El anteproyecto que hoy hemos aprobado tiene un significado histórico profundo: no es solamente porque se deriva de hechos de nuestra historia de los que obviamente no debemos sentirnos orgullosos, como el edicto de expulsión de los judíos de 1492, sino porque lo que hace es reflejar una realidad de la sociedad española como una sociedad abierta y plural", dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La novedad de la nueva ley, avanzada por el ministro en noviembre de 2012, es que ahora no tendrán que renunciar a su actual nacionalidad.
"Ahora se abre la posibilidad sin que tengan que renunciar a su anterior nacionalidad. Esto va a permitir que numerosos judíos sefardíes la van a poder tener", dijo Ruiz-Gallardón en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La medida reconocerá a todo aquel que demuestre a través de un certificado de la federación de comunidades judías de España su condición de sefardí por apellidos, idioma, parentesco o especial vinculación con la cultura de Sefarad (España, en hebreo).
"No se exige que se pertenezca a ninguna religión. Sino que es la pertenencia a la comunidad sefardí lo que da derecho", dijo el ministro.
Tras la toma de Granada de manos de los musulmanes en 1492, los Reyes Católicos ordenaron la conversión al catolicismo o la expulsión de España de musulmanes y judíos, muchos de los cuales siguieron manteniendo las costumbres y el idioma de su país de origen.
"Lo que hacemos hoy es reencontrarnos, dándoles la posibilidad de darles la oportunidad de formar parte de la misma", dijo, recordando que "había una deuda histórica" porque los sefardíes propagaron la lengua y cultura españolas.
"Muchos de ellos, como ocurre en Estambul, guardaban las llaves de la casa de la que fueron expulsados, hoy tienen la puerta abierta", dijo.

Plazo de dos años

Los judíos sefardíes tendrán un plazo de dos años para solicitar la nacionalidad española por el nuevo procedimiento que establece la ley por la que se modifica el Código Civil para la agilización de la concesión de la nacionalidad española, cuyo anteproyecto ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros.
   Los interesados deberán formalizar su solicitud en un plazo no superior a dos años desde la entrada en vigor de la ley, aunque este plazo podrá ser prorrogado un año más si así lo decide el Gobierno, según informa el Ministerio de Justicia.
   En cuanto al procedimiento de solicitud, se establecerá un modelo normalizado por parte del Ministerio de Justicia, para su presentación por escrito, siendo necesaria su ratificación presencial ante el encargado del Registro Civil municipal o consular correspondiente.
   Los sefardíes deberán aportar la documentación necesaria para la tramitación del expediente y todo aquello que consideren necesario para acreditar su especial vinculación con la cultura y las costumbres españolas. Se tendrán en cuenta de manera especial los estudios cursados y las actividades benéficas o sociales realizadas, según apunta el Ministerio.
   Igualmente, la Dirección General de los Registros y del Notariado podrá recabar informes que corroboren la veracidad de las condiciones aportadas de instituciones como la autoridad rabínica competente y la comunidad judía de origen, así como de los organismos que puedan acreditar la ausencia de antecedentes penales del interesado.
   El texto también incluye una disposición transitoria, por la que los sefardíes que hubieran solicitado la nacionalidad española con anterioridad a esta reforma legislativa y aún no se hubiera resuelto, podrán continuar la tramitación de su expediente con el nuevo procedimiento que se aprueba mediante esta ley. En este caso, deberán solicitarlo expresamente y aportar la documentación necesaria para ello.
   Para aprobar esta ley, el Gobierno modifica el artículo 23 del Código Civil, según el cual, es "requisito" para la validez de la adquisición de la nacionalidad española que la persona "declare que renuncia a su anterior nacionalidad". Ahora, la reforma permitirá la doble nacionalidad, aunque se trate de países con los que hasta ahora no existía esta posibilidad.
   El anteproyecto destaca los "especiales vínculos" de la comunidad sefardí con España. Además, Justicia pone de relieve sus aportaciones a la Literatura y al Derecho, "como prueban las Partidas del Rey Alfonso X, el Sabio, escritas en gran parte por sefardíes en el castillo de Monteagudo, en Murcia", así como "la contribución de esta comunidad al descubrimiento de América".
   La concesión de la nacionalidad española a los sefardíes de Marruecos ya se estudió cuando Fernando de los Ríos era ministro de Estado, aunque finalmente se frustró el proyecto. En 1886, por impulso de Práxedes Mateo Sagasta y en 1900, del senador Ángel Pulido, se inició un acercamiento a los sefardíes que culminó en la autorización para abrir sinagogas, la fundación de la Alianza Hispano-Hebrea en Madrid (1910) y la constitución de la Casa Universal de los Sefardíes en 1920.
   En 1924 se aprobó un Real Decreto destinado a conceder la nacionalidad a los "antiguos protegidos españoles o descendientes de estos" en el que no se nombra expresamente a los sefardíes, pero que permitió en la II Guerra Mundial salvar a muchos judíos gracias a la misión humanitaria que realizaron diplomáticos españoles como Ángel Sanz Briz en Budapest, Sebastián de Romero Radigales en Atenas, Bernardo Rolland de Miotta en París, Julio Palencia en Sofía, Javier Martínez de Bedoya en Lisboa, José Rojas en Bucarest o Eduardo Propper de Callejón en Burdeos.