MADRID.- El juez que investiga las supuestas ilegalidades contables del Instituto Nóos, José Castro, considera que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio, Diego Torres, eran los responsables de todas las decisiones que se tomaban en este organismo supuestamente sin ánimo de lucro, tanto las que afectaban a los proyectos como las del área financiera, según revela 'El Mundo'.
El magistrado que instruye la denominada 'operación Babel' considera que ambos tenían la última palabra "tanto respecto a los proyectos a desarrollar, como al área financiera y contable de la asociación". El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma añade que el marido de la Infanta Cristina y su mano derecha en la institución "mantenían apartados del conocimiento del área financiera al resto de personas que conformaban el Comité de Dirección".
El auto que obra en poder de las defensas revela que uno de los antiguos miembros de la ejecutiva de la entidad "sin ánimo de lucro", el médico especializado en cooperación internacional Ignasi de Juan Creix Breton, ha destapado ante la Policía Judicial el funcionamiento interno de esta entidad oficialmente dedicada a investigaciones vinculadas al patrocinio y el mecenazgo.
El juez considera "muy significativo" este testimonio, que constituye en estos momentos uno de los pilares en los que se apoyan los investigadores para atribuir directamente al duque de Palma la responsabilidad de la trama de evasión fiscal urdida en el seno de esta "especie de ONG".
Tal y como ha revelado 'El Mundo', Urdangarin y Torres tejieron una trama de facturas falsas para engañar a Hacienda. Esta operativa la pusieron en práctica en España tras desviarse a sus sociedades patrimoniales los fondos de Nóos. Con estos fondos, en su mayoría públicos, en sus bolsillos, cruzaban facturas entre sus sociedades para generar gastos falsos a ojos de la Agencia Tributaria.
También extendieron esta operativa a paraísos fiscales de Belice y el Reino Unido, tal y como llegaron a dejar por escrito en la documentación que ha sido intervenida por la Policía Judicial durante las últimas semanas en las oficinas de Nóos y sus entidades satélites.
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