MADRID.- La banca española ha soportado costes de 6.000 millones de euros desde 2007 por el mantenimiento y comercialización de los inmuebles embargados a consecuencia de la crisis económica, una cifra que se elevaría hasta 9.000 millones de euros de tener en cuenta la gestión del patrimonio adquirido por vía judicial, según un informe de Alteba.
En concreto, el informe apunta a los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que indican que desde 2007 hasta la primera mitad de 2011 se produjeron 350.000 ejecuciones hipotecarias de viviendas, frente a las 10.000 registradas en 2006, una cifra que ha hecho que los bancos se hayan visto "desbordados" y que ha llevado a 125.000 familias a perder su casa.
Asimismo, identifica los gastos, entre los que destacan el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que supone entre el 6,5% y el 8% del valor de la adjudicación, junto con los costes judiciales, el mantenimiento de los inmuebles, su comercialización e incluso las empresas de recobro que contratan las entidades para recuperar la mora.
"La banca está haciendo un esfuerzo enorme, para ella no es deseable soportar estos gastos. Prueba de su empeño es que, pese al incremento de la morosidad, el número de procedimientos ejecutivos ha disminuido frente a otros años", ha destacado el presidente de Alteba, Rafael Martín.
Por todo ello, la compañía de gestión inmobiliaria ha desarrollado el proyecto "Viviremos", un plan basado en la mediación social como forma de entendimiento entre deudor y acreedor costeado por la banca que intentará buscar la solución "menos dramática" al problema.
Así, equipos multidisciplinares integrados tanto por abogados como por psicólogos y asistentes sociales se encargarán de clasificar a los deudores y conocer su problemática particular.
"Las relaciones entidad deudor son muy complicadas pero nuestra experiencia nos dice que los deudores asesorados normalmente llegan a un acuerdo con la banca", ha remarcado Martín.
Además, el presidente de la compañía ha valorado que esta mediación social evitaría muchos de los procesos judiciales, y ha descartado la mediación arbitral al considerar que en muchas de las ocasiones "es demasiado tarde", ya que el daño social ya está hecho.
Por otra parte, Martín ha insistido en que aunque el desembolso inicial del proyecto podría suponer a las entidades financieras entre el 5% y el 10% de lo que los costes actuales, podría permitirles ahorrar más del 30%.
Asimismo, ha apelado a que el problema de los embargos de vivienda para las entidades financieras ha trascendido más allá de los costes suponiendo para la banca una erosión de su responsabilidad social corporativa, ya que la percepción social ha empeorado.
Por ello, el dirigente de Alteba ha destacado la intención de poner en marcha un sello de responsabilidad social corporativa para la vivienda, de modo que el comprador pueda conocer si se han tenido en cuenta las circunstancias de los deudores, con el fin de marcar una distinción.
Por último, ha asegurado que la compañía ya ha presentado el piloto a una veintena de entidades financieras y que la acogida ha sido "muy buena", a la vez que ha puntualizado que "alguna" entidad ya ha firmado y que hay varias interesadas en ponerlo en marcha.
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