MADRID.- La actitud del presidente del Tribunal Supremo
y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha
creado malestar en algunos ámbitos del Gobierno español y del Partido Popular,
que no creen que haya dado explicaciones claras de sus viajes a
Marbella. Sin embargo, según fuentes populares, le están respaldando para evitar que el presidente del órgano de
gobierno de los jueces se vaya y se cree un vacío de poder en otra
institución, sobre todo en un momento en el que el Ejecutivo tiene
proyectada una reforma integral de la Justicia.
No obstante, la postura que ha mantenido el presidente del CGPJ no
ha gustado a muchos dirigentes populares, quienes consideran que no ha
sido correcta su manera de actuar cuando se supo que había realizado
numerosos viajes a Marbella, alojándose en un hotel de lujo, con cargo
al Presupuesto del Consejo.
En este sentido, recuerdan que primero se negó a dar explicaciones
y después las ha dado "de aquella manera", sin aclarar qué fin concreto
tenían esos desplazamientos. Ha tomado "un camino equivocado" al
resistirse a dar explicaciones a la opinión pública, asegura una de las
fuentes consultadas.
Otras fuentes sostienen que en casos como éste se tiene una
explicación o no se tiene y si se tiene, se debe dar a los ciudadanos y
sino, lo lógico sería irse. Y en el caso de Dívar, señalan, la situación
empieza a ser "infumable" porque no ha aclarado nada.
Además, esta forma de actuar se ha visto acompañada también por su
negativa a acudir a la Comisión de Justicia del Senado, después de que
los senadores se lo pidieron, primero verbalmente y luego por escrito,
denunciando incluso que trató de cambiarles la comparecencia por una
invitación al CGPJ. Algo que Dívar trató de subsanar asegurando que
acudirá en septiembre a la Cámara Alta. Una promesa sobre la que los
senadores consultados tiene dudas porque, normalmente, después de la
apertura del año judicial que es a mediados de septiembre, debe
comparecer primero en el Congreso para explicar la memoria.
Sin embargo, y a pesar de este malestar, el PP y el Ejecutivo
están respaldando al presidente del Consejo del Poder Judicial para
evitar un vacío de poder ya que la sustitución se plantearía complicada.
En este sentido, explican que si Carlos Dívar decidiera dimitir, el
número dos del Consejo, Fernando de Rosa, se tendría que quedar en
funciones y no podría presidir el Tribunal Supremo porque, para ello,
debería ser votado por el CGPJ, al igual que lo fue Dívar en su día, por
una mayoría cualificada. En ese caso, el Tribunal Supremo pasaría a
presidirlo el presidente de Sala más antiguo, que es Juan Antonio Xiol
Ríos, el presidente de la Sala Civil.
Los consultados precisan que el Ejecutivo no quiere tener
descabezada esta institución por varias razones. Entre otras, porque en
una situación como la actual, de convulsión económica y financiera como
la que está viviendo España, siempre es positivo mantener la estabilidad
en las instituciones. Teniendo en cuenta también que aún está pendiente
la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el
Defensor del Pueblo y que se estaba negociando hasta hoy el nombramiento del
subgobernador del Banco de España.
Además, otro de los motivos es que el Gobierno ha emprendido una
reforma de la Justicia que quieren que suponga toda una "revolución". Y,
entre otras leyes que se prevén cambiar estaría la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que afectará al Consejo del Poder Judicial, ya que
cambiará la forma de elección de sus miembros. El objetivo que se
persigue es la despolitización del organismo.
El Gobierno quiere tener esta reforma aprobada para antes del
último trimestre del próximo año, que es cuando toca la renovación del
Consejo, para que el nuevo órgano de gobierno de los jueces se rija ya
por la nueva norma.
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