De todo lo que ha pasado en España los últimos meses, hay pocas
historias más preocupantes que la de Carlos Divar. Que el Presidente del
Consejo General del Poder Judicial se monte 20 viajes a Marbella con las excusas más peregrinas es grave, ciertamente. Que el tipo no dimita de inmediato cuando le cazan, avergonzado, es patético. Que sus colegas de partido lo protejan de forma descarada de cualquier crítica es para enviar medio país a hacer gárgaras.
El problema no es la corrupción en sí; cualquier país del mundo tiene
cretinos. Estados Unidos envía políticos a la cárcel de forma
rutinaria, al fin y al cabo; en cualquier sistema político más o menos
desarrollado hay siempre alguien que hace las cosas mal. Lo que
realmente me saca de mis casillas es el hecho que el tipo parezca creer
sinceramente que esto de irse con siete escoltas a una reunión en Malaga
y convertir el paseo en un fin de semana de cinco días en Puerto Banús
pagado con dinero público es algo perfectamente natural, parte de los
privilegios del cargo. El hecho de ser jefe de algo y tener acceso a la
caja es motivo suficiente para utilizar ese dinero como a uno le place.
La conducta de Divar es fruto de dos problemas de fondo. Por un lado
tenemos el pésimo diseño institucional del CGPJ en sí. Como explicaban en Hay Derecho
hace unos días (pedazo de blog, por cierto), el Consejo se las arregla
para estar a la vez muy politizado y no tener nadie que lo controle de
forma creíble. Los partidos políticos escogen los vocales, y estos
siguen a rajatabla la disciplina de partido. A su vez, el CGPJ promete
vigilarse a si mismo, nombrando un contable que revise sus cuentas,
votando qué hacer cuando alguien se porta mal y en general arreglando
todos sus problemas ellos solitos, al menos en teoría.
A la práctica,
dado que los vocales una vez nombrados están fuera del alcance del
parlamento y la justicia ordinaria (que por algo son el gobierno de los
jueces), el CGPJ puede hacer realmente lo que le plazca siempre que la
fiscalia no se moleste en abrir diligencias. Y la fiscalia, obviamente,
es otra institución en teoría independiente pero a la práctica
horriblemente partidista, y tendrá tendencia a proteger a los suyos.
El otro problema relevante en el caso Divar es un poco menos teórico y
algo más concreto: la falta de respeto por las instituciones del propio
implicado. La verdad, me hubiera molestado mucho menos que Divar
hubiera sido pillado aceptando un millón de euros en sobornos, vendiendo
cargos públicos o incluso recaudando fondos para un partido político.
En este caso tendríamos conductas obviamente corruptas y gravísimas,
pero al menos el tipo estaría realmente poniéndose las botas sacando
dinero del cargo. Los viajes a Marbella, sin embargo, dan la imagen que
Divas tiene una imagen más chusquera de lo que implica tener un cargo
público de este nivel. El tipo es Presidente del CGPJ; pues claro que
los españoles me tienen que pagar los caprichos. Soy una persona
importante.
Hablando sobre el tema con unos amigos, nos acordamos de este artículo de Fisman y Miguel
sobre los efectos culturales de la corrupción política. La
deshonestidad en un sistema político es algo contagioso; como más gente
tengas comportándose como un cretino, menor probabilidad que un cretino
al azar sea “cazado”. El caso de Divar y sus viajes es indicativo de una
norma cultural parecida en la administración en española en este
sentido. Si todo el mundo está usando sus presupuestos para viajes como
una excusa para irse de vacaciones y su presupuesto de formación para
comprarse iPads (“es para ver conferencias del TED”), es perfectamente
natural que el Presidente del CGPJ decida irse a Puerto Banús de juerga
cada vez que encuentra una excusa decente.
Esto no quiere decir, por cierto, que “el problema de España es que
está llena de españoles”, y que nuestros altos cargos tienen actitudes
bananeras por el mero hecho de campar por Madrid. La corrupción es, muy a
menudo, el resultado de un mal diseño institucional, y el CGPJ es un
ejemplo de libro sobre este aspecto. Es un sistema que tolera la
deshonestidad; como resultado, vemos conductas bananeras por parte de
sus miembros. Por descontado los grandes beneficiarios de esta torpeza
legislativa (el propio Divar) no van a mover un dedo para arreglarla, y
defenderán con uñas y dientes la “independencia” de la institución.
Insisto: una de las reformas estructurales que España necesita de forma urgente es actualizar la propia administración pública.
El franquismo sociológico de Divar (por cierto, ¿Puerto Banús? ¿se
puede ser más hortera?) no es fruto del gen unicejo de los españoles,
sino de la cantidad de arreglos legales y controles instituciones que
son o demasiado débiles o totalmente inexistentes, herencia de un
sistema legal aún con ticks autoritarios. Queda mucho por hacer. Mucho.
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