MADRID.- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha
dado por ratificada la querella que la asociación de juristas
Preeminencia del Derecho ha presentado contra el presidente de este
órgano y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar,
por un presunto delito de estafa relacionada con los gastos de la
veintena de viajes que realizó a Marbella (Málaga) desde que tomó
posesión del cargo.
Fuentes del alto tribunal han señalado que, tras darse por
enterada de la transformación en querella de la denuncia inicialmente
interpuesta por estos hechos --que fue rechazada el pasado miércoles por
motivos formales--, la Sala de lo Penal ha solicitado formalmente a la
Fiscalía General del Estado que le remita toda la documentación sobre
este asunto.
Los magistrados han hecho este requerimiento antes de decidir si
admiten a trámite la querella, que imputa indiciariamente al presidente
del Supremo una presunta estafa de funcionario público (artículo 438 del
Código Penal) y subsidiariamente un delito de malversación por no estar
suficientemente justificados los gastos por casi 13.000 euros que Dívar
cargó al órgano de gobierno de los jueces en relación con estos viajes,
realizados entre septiembre de 2008 y principios de este año.
La asociación de juristas Preeminencia del Derecho planteaba en su
denuncia que la investigación realizada por la Fiscalía General sobre
la actividades del presidente --que concluyó en archivo-- fue una
"farsa" y una "pantomima". Solicitaba a la Sala de lo Penal del alto
tribunal una investigación "seria e imparcial" sobre la conducta de
Dívar, con el fin de depurar su responsabilidad.
El escrito criticaba además al vocal José Manuel Gómez Benítez,
responsable de la denuncia ante la Fiscalía, por no presentar la
documentación directamente ante el alto tribunal. "Tanto le daba dirigir
la denuncia a la Fiscalía, por lo común hipotecada en manos del
Gobierno, que a la Sala Penal del Tribunal Supremo, no sujeta a
instrucciones gubernamentales", señalaba.
A juicio de la asociación, presidida por el abogado murciano José
Luis Mazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría
haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su
defecto malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e
inhabilitación.
"La conducta del máximo representante del Poder Judicial del Estado
es propia de los ambientes del Lazarillo de Tormes o la Pícara
Justicia, es decir, y en suma, es un acto de picaresca inconciliable con
las obligaciones contraídas y con la ética exigible a este alto cargo
público, el más representativo del Poder Judicial", señalaba el escrito.
Preeminencia del Derecho cuestionaba igualmente la actuación del
jefe de gabinete de Dívar, Eduardo Menéndez, que justificó el carácter
reservado de los viajes en la documentación remitida a la Fiscalía.
"Es decir, que el presidente del Consejo Judicial efectúa misiones
'secretas' de las que no puede desvelar detalle, algo que no tienen
ningún fundamento normativo y que es obviamente una excusa de mal
pagador", razonaban los denunciantes.
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