El Gobierno español no quiere que los funcionarios se quejen de los recortes. Ya tiene bastante con los autónomos, los trabajadores del mundo del espectáculo, los taxistas, etc... Por eso no quiere que sus propios trabajadores se unan a las protestas que un día sí, y otro también, se suceden a las puertas de ministerios y secretarías de estado.
Y para evitar el impacto de esas protestas no se le ha ocurrido mejor idea que remitir una circular a los empleados públicos en la que se les sugiere moderar las formas.
La imagen que ilustra este post es una fotografía de la carta que han
recibido centenares de trabajadores públicos. En ella se puede leer lo
siguiente:
"La formulación de críticas u opiniones sobre las medidas que el Gobierno de la nación proyecta adoptar
en el ejercicio de sus funciones, realizadas durante el desempeño del
puesto de trabajo, no resulta compatible con los deberes que incumben a
los empleados públicos, inspirados en los principios de objetividad,
neutralidad, imparcialidad y dedicación al servicio público. En lo
sucesivo, tales críticas, formuladas al margen de los cauces de
representación y participación de los empleados públicos, se pondrán en
conocimiento de la Inspección General de Servicios del Departamento, por
si fuera constitutiva de falta disciplinaria, sancionable conforme a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público".
Hasta el momento no hay confirmación oficial de que la misiva sea real, aunque tampoco se ha negado. Varios sindicatos madrileños dan total credibilidad al asunto y recuerdan lo que ha ocurrido en otros ámbitos. Así, aseguran que el pasado mes de octubre tres de los cinco profesores que denunciaron en el diario El País que impartían materias que no eran su especialidad han sido trasladados de centro por la Consejería de Educación de Madrid.
Hasta el momento no hay confirmación oficial de que la misiva sea real, aunque tampoco se ha negado. Varios sindicatos madrileños dan total credibilidad al asunto y recuerdan lo que ha ocurrido en otros ámbitos. Así, aseguran que el pasado mes de octubre tres de los cinco profesores que denunciaron en el diario El País que impartían materias que no eran su especialidad han sido trasladados de centro por la Consejería de Educación de Madrid.
Algunas asociaciones de Padres de Alumnos se quejaron del perjuicio ocasionado a los alumnos, pero el Ejecutivo de Esperanza Aguirre justificó su decisión señalando que "se les ha asignado un destino donde imparten clases de su especialidad".
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