Comunicado de Attac España
apoyando la convocatoria del 19 de julio
Este
pasado día 11 de julio los ciudadanos pudimos constatar de nuevo la
distancia existente entre el gobierno (arropado por una amplia mayoría
parlamentaria) y el pueblo español. Pudimos oír cómo se desgranaban, con
una desvergüenza insultante y entre aplausos, una tras otra cada medida
que el Gobierno actual (como también el anterior) dijo que no tomaría, y
por lo cual pudo acceder a una confianza del electorado basada en
promesas que hoy todos sabemos falaces. Entre las medidas aprobadas,
ATTAC resalta:
- Una subida del IVA que nos coloca por encima de países como
Alemania o Francia, impuesto indirecto que por gravar el consumo va a
tener efectos devastadores en aquellas personas que difícilmente llegan a
fin de mes, recayendo la mayor parte del esfuerzo en pensionistas, mileuristas (o
aspirantes al título), y desempleados, pero también en la economía en
su conjunto, al deprimir aún más la demanda interna. Para ATTAC, el
rechazo a la subida del IVA debería acompañarse de la exigencia de una
aplicación inmediata en la UE del Impuesto a las Transacciones
Financieras, que son operaciones que no pagan impuestos.
- La eliminación para los trabajadores públicos de una de sus
modestas pagas (la extraordinaria de Navidad), medida que, como la
anterior, reducirá el consumo de las familias cuyas rentas proceden de
trabajar para proveernos a todos los españoles de la sanidad, la
educación, la ciencia, la seguridad, la justicia, y todo el resto de
servicios públicos necesarios en una sociedad civilizada.
- La reducción de la prestación por desempleo supone añadir el
insulto a la ofensa, y ello dirigido a las más humildes familias de este
país, quienes sobreviven con esa minúscula renta, y que son ya
demasiados millones de personas exponiéndose a la exclusión social y a
la miseria.
- La eliminación de consorcios y mancomunidades o de ayuntamientos,
que provocará la privatización de numerosos servicios públicos locales y
autonómicos y que solo favorecerá a empresas amigas de los que ostentan
el poder. Así como la demagógica propuesta de reducir concejales que en
realidad esconde una disminución de la pluralidad democrática.
A ello se añaden otra serie de medidas que han de trasladar más la
carga de la crisis financiera a quienes no solo no se beneficiaron de la
burbuja que la causó, sino que en buena medida ya arrastraban la losa
de hipotecas sobrevaluadas por inmuebles cuya tasación falaz fue la base
de pingües beneficios del complejo inmobiliario financiero de este
país.
Ni una sola de esas medidas va a mejorar la capacidad de la economía
española para recuperarse, muy al contrario serán causa de peores
resultados macroeconómicos y causarán devastación social en una sociedad
ya muy dañada. A nadie engaña que dichas medidas solo tienen un
destino, garantizar el pago de la deuda que el complejo inmobiliario
financiero tomó en el exterior para hinchar la burbuja del ladrillo, con
la connivencia de la banca de Alemania, de Francia o del RU. Esa misma
deuda privada que ahora se quiere tornar en pública mediante el préstamo
externo que garantizará el Estado, para capitalizar a quienes
organizaron, hincharon y disfrutaron la burbuja.
Peor aún, no se ha tomado ni una sola medida para poner coto –y menos
depurar responsabilidades- al riesgo sistémico que han causado esas
entidades financieras y grandes empresas. Y no solo no se les castiga
sino que además se les premia, accediendo a su petición de reducción del
poder de negociación de los trabajadores, o la apertura de
posibilidades de lucro mediante privatizaciones de los servicios
públicos que puedan ser rentables, o la permisividad ante sus prácticas
oligopólicas cuando no de manipulación de precios, o la amnistía fiscal a
los grandes evasores o la continuidad de megaproyectos ruinosos
contratados con esas mismas grandes empresas que en este último año han
incrementado un 5% los ingresos de sus cúpulas directivas. Se pretende
la privatización del Estado, para negocio de grandes empresas, bancos y
capitalistas. Ninguna de las medidas propuestas se acompaña de un mayor
control de las transnacionales, de las grandes cadenas comerciales y de
distribución y de la banca.
Ante tamaña desvergüenza criminal la sociedad está despertando,
percibiendo que el gobierno tan solo presta oídos al interés de una
minoría acaudalada, y por ello más y más ciudadanos y ciudadanas nos
estamos alzando contra esas injusticias que vacían de contenido nuestra
democracia como Estado social y de derecho que declara ser.
ATTAC se posiciona contra ese dictado de políticas económicas
criminales, y anima a la ciudadanía a que se oponga a ellas y participe
en esta confrontación sabiendo que lo que está en juego es el bienestar
de la mayoría (cuando no su supervivencia) frente a la codicia de una
oligocracia insolente, insociable, e irresponsable. No queda más remedio
que salir a manifestar nuestro rechazo de estas medidas, sin miedo a la
creciente y violenta represión de los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado que ya se está produciendo, sabiendo que la unidad de acción
en la calle de toda la ciudadanía comprometida es la mejor defensa de la
democracia y de los derechos sociales y políticos que este gobierno
ilegítimo está atropellando de forma descarada.
ATTAC hace un
llamamiento a la movilización social permanente y apoya la convocatoria
del próximo 19 de julio como primera jornada de esa movilización social
en toda España.
Attac España
16 de julio de 2012
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