Si alguien está buscando una razón o
motivo para manifestarse hoy en contra de la política del gobierno, no
tiene más que informarse entre quienes tenemos pensado ir porque, por lo
que he pedido leer, acudimos los más diversos colectivos agraviados por
la acción gubernativa. Esta se caracteriza por los dos factores citados
en la entrada de ayer (El gobierno contra el pueblo),
esto es, el empobrecimiento general de la población a la que, con la
excusa de la crisis económica y la necesidad de luchar contra ella, se
despoja de sus derechos y el intento de adoctrinarla a la fuerza en los
postulados ideológicos de la derecha, esto es, el neoliberalismo a la
par con el más rancio nacionalcatolicismo.
El aumento de las tasas de la justicia pone fin de hecho al principio de
la justicia gratuita. Pleitear se hace más costoso y queda fuera de los
presupuestos más endebles. El ministro de Justicia, quien siempre
cultivó una imagen de conservador moderado, se ha revelado como un
retrógrado y un paladín de los dogmas de la iglesia e, igual que castiga
el bolsillo de los justiciables, niega a las mujeres el derecho al
aborto. Y, en previsión de que estas y otras medidas restrictivas e
injustas de sus compañeros de gabinete provoquen reacciones airadas de
los sectores afectados, ha hecho lo que los conservadores hacen siempre,
endurecer el código penal, castigar, reprimir, recurriendo incluso a
una figura de "prisión permanente revisable", que es una forma
disimulada de cadena perpetua. Y no se reintroduce la pena de muerte
porque, al menos de momento, no hay modo de disimularla.
Hay sectores enteros de la población directamente agredidos por medidas
singulares del gobierno que faltan enteramente a la equidad. La llamada
"reforma laboral" no es otra cosa que la supresión de los derechos de
los trabajadores frente a los patronos. El gobierno ha adaptado las
relaciones contractuales laborales a las exigencias de una de las partes
en el contrato, de los empresarios, dejando a los trabajadores a su
merced, que es muy poca.
Entre los trabajadores, los funcionarios reciben un tratamiento
especialmente duro: además de rebajarles el sueldo, aumentarles la
jornada laboral, retrasarles la edad de jubilación, se los somete a una
campaña permanente de descrédito, tratándolos poco menos que de vagos
que viven del erario público, amenazándolos con despedirlos en cuanto se
pueda.
En materia de sanidad, que afecta a todos los ciudadanos, el
desmantelamiento del servicio público está muy avanzado : el repago de
los medicamentos, los recortes de prestaciones, la exclusión de grupos
de población atendibles, el empeoramiento de las condiciones generales
trazan un panorama desolador en cuanto al respeto del derecho a la
salud.
Todas estas medidas restrictivas configuran al gobierno como enemigo de
su propio pueblo, sobre todo cuando se observa que en su acción
privilegia descaradamente a los sectores que son su fuente de
legitimidad: la iglesia no ha sufrido el más mínimo recorte en sus
copiosos ingresos a cuenta del erario público, cosa que se explica por
el nacionalcatolicismo del gobierno y el lado ideológico de su acción.
Tampoco lo han sufrido las empresas, las grandes fortunas, los bancos
sino que, al contrario, se les ha beneficiado vía tratamiento fiscal
benévolo (llegándose a amnistiar el fraude) o mediante aportaciones
directas en miles de millones que hay para esto pero no para la
educación o la sanidad.
Es la coexistencia de tres factores, una corrupción galopante, un
sistema de privilegios escandalosos de la minoría y una política que
exige sacrificios y privaciones a la mayoría la que está provocando un
estado de tensión social muy fuerte.
(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED, Madrid
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