MADRID.- La formación política Equo considera
"absolutamente intolerable" la decisión de la Audiencia Nacional de
imputar a ocho personas como promotores de la acción prevista para el
próximo 25 de septiembre que llama a rodear el Congreso porque, a su
parecer, responde a una "persecución" contra este movimiento.
"Desde hace semanas esta convocatoria ciudadana y sus promotores
están siendo objeto de una auténtica persecución por parte de la
Delegación del Gobierno en Madrid y la Policía, produciéndose
situaciones absolutamente inaceptables en un Estado de Derecho",
denuncia en un comunicado.
En este sentido, recuerda que en la manifestación que tuvo lugar
el pasado 15 de septiembre convocada por la Cumbre Social se detuvo a
cuatro personas "por llevar una pancarta sobre el 25S" y que el domingo
se pidió la documentación a personas "que se reunían de forma pacífica
en El Retiro".
"Mientras, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes,
afirmaba sin pudor en la televisión que tenía una lista negra de entre
800 y 1000 personas", añade.
Equo considera que las imputaciones a estas ocho personas
relacionadas con el 25S, a los que se les responsabiliza de un presunto
delito contra Altos Organismos de la Nación, además de ser de carácter
"preventivo", traspasan "las líneas rojas de un Estado democrático" y
por ello, la formación exige a la Delegación del Gobierno que
rectifique, así como que el próximo 25 de septiembre se garantice el
derecho de los ciudadanos a manifestarse.
"Todos estos movimientos son impropios de un país democrático y
evidentemente tienen como objetivo amedrentar a la ciudadanía para que
no se sume a la movilización", denuncia, para defender que la
convocatoria es "pacífica" y que "el derecho de la ciudadanía a expresar
su descontento en la calle es una Derecho fundamental, también en la
puerta del Congreso de los Diputados".
JpD dixit
El portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha acusado este sábado a la Delegación del Gobierno de Madrid de tratar de "criminalizar" la acción prevista para el próximo 25 de septiembre que llama a rodear el Congreso y de "coartar derechos fundamentales".
Según ha explicado Bosch, los informes "sobredimensionados" de la Delegación del Gobierno en Madrid en los que previsiblemente se ha basado la Audiencia Nacional para citar a declarar a ocho personas relacionadas con la convocatoria tienen la intención de "limitar los derechos fundamentales" al tratar de imputar a los promotores de una protesta que es "legítima" y "pacífica".
En este sentido, Bosch ha manifestado la "preocupación" de la asociación que representa ante esta actuación, que busca, ha aseverado, "generar miedo" y "disuadir del ejercicio de derechos fundamentales", como son el de manifestación o la libertad de expresión, y que podría propiciar "con torpeza y poca responsabilidad un contexto de violencia" el día 25.
Así, ha explicado que "no se puede actuar de forma preventiva y con afirmaciones que presumen la culpabilidad penal sobre hechos no cometidos". "Si hay alteraciones del orden y se altera el funcionamiento del parlamento, ese delito se cometería, pero no al convocar una manifestación que no tiene intención de alterar. Se está disuadiendo de que se pueda protestar", ha añadido.
"No se puede presumir la culpabilidad", ha reiterado, para insistir, por un lado, en que el presunto delito contra Altos Organismos de la Nación que se les imputa "solo puede cometerse cuando el Parlamento esté reunido", y por otro, en que la intención de los manifestantes es protestar de forma pacífica.
Asimismo, Bosch ha denunciado la "irrupción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las reuniones de los promotores" en las que fueron identificados y raíz de las cuales han sido citados a declarar como imputados. "Entendemos que no son adecuadas las acusaciones. No tienen que intervenir en reuniones abiertas", ha criticado.
Además, ha advertido de que esto "no es un hecho aislado" ya que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ya aseguró haber elaborado "listas negras de manifestantes". "Son afirmaciones gratuitas que buscan amedrentar a los ciudadanos que tienen el derecho a participar en manifestaciones", ha señalado.
JpD dixit
El portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha acusado este sábado a la Delegación del Gobierno de Madrid de tratar de "criminalizar" la acción prevista para el próximo 25 de septiembre que llama a rodear el Congreso y de "coartar derechos fundamentales".
Según ha explicado Bosch, los informes "sobredimensionados" de la Delegación del Gobierno en Madrid en los que previsiblemente se ha basado la Audiencia Nacional para citar a declarar a ocho personas relacionadas con la convocatoria tienen la intención de "limitar los derechos fundamentales" al tratar de imputar a los promotores de una protesta que es "legítima" y "pacífica".
En este sentido, Bosch ha manifestado la "preocupación" de la asociación que representa ante esta actuación, que busca, ha aseverado, "generar miedo" y "disuadir del ejercicio de derechos fundamentales", como son el de manifestación o la libertad de expresión, y que podría propiciar "con torpeza y poca responsabilidad un contexto de violencia" el día 25.
Así, ha explicado que "no se puede actuar de forma preventiva y con afirmaciones que presumen la culpabilidad penal sobre hechos no cometidos". "Si hay alteraciones del orden y se altera el funcionamiento del parlamento, ese delito se cometería, pero no al convocar una manifestación que no tiene intención de alterar. Se está disuadiendo de que se pueda protestar", ha añadido.
"No se puede presumir la culpabilidad", ha reiterado, para insistir, por un lado, en que el presunto delito contra Altos Organismos de la Nación que se les imputa "solo puede cometerse cuando el Parlamento esté reunido", y por otro, en que la intención de los manifestantes es protestar de forma pacífica.
Asimismo, Bosch ha denunciado la "irrupción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las reuniones de los promotores" en las que fueron identificados y raíz de las cuales han sido citados a declarar como imputados. "Entendemos que no son adecuadas las acusaciones. No tienen que intervenir en reuniones abiertas", ha criticado.
Además, ha advertido de que esto "no es un hecho aislado" ya que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ya aseguró haber elaborado "listas negras de manifestantes". "Son afirmaciones gratuitas que buscan amedrentar a los ciudadanos que tienen el derecho a participar en manifestaciones", ha señalado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario