viernes, 7 de septiembre de 2012

Se aboga por la inclusión de la Casa Real y el Banco de España en la Ley de Transparencia

MADRID.- Izquierda Unida cree que para mejorar la gestión del gasto público es imprescindible llevar a cabo una reforma de la Ley de Transparencia, que pase por la incluir de la Casa Real y el Banco de España en su ámbito de asimilación y la equipare más a la legislación europea al respecto.

   Así lo ponen de manifiesto en el documento económico que la coalición tiene previsto votar este sábado en su Consejo Político Federal para ser después remitido a la X Asamblea General que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de diciembre.
   Según Izquierda Unida, frente a las "políticas de austeridad y recortes", es posible desarrollar un "modelo alternativo de gestión del gasto público" que incluya, entre otras cosas, la reforma de la Ley de Transparencia, cuyo proyecto de ley fue admitido a trámite por la Mesa del Congreso el pasado martes y ante el cual IU tiene previsto presentar una enmienda a la totalidad, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
   El Gobierno decidió dejar fuera del margen de aplicación de esta norma a la Casa Real por no ser una administración pública. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".
   En el citado documento, que lleva por título 'La alternativa económica de IU frente a la crisis", la coalición de izquierdas también defiende la necesidad de poner en marcha "un nuevo modelo de relaciones laborales que sitúe el contrato indefinido como la norma, elimine la precariedad laboral y la desigualdad entre hombres y mujeres".
   Asimismo, aboga por derogar las "reformas laborales aprobadas por PSOE y PP, estableciéndose medidas de subida del salario y las pensiones mínimas y de reparto del trabajo", fijando jornadas laborales de 35 horas, y recuperando la "jubilación con derechos plenos a los 65 años y voluntaria a los 60".
   En este apartado, también proponen "eliminar la figura del becario", recuperar "el principio de causalidad en toda contratación que no sea indefinida" y la "supresión" de las ETT y de las Agencias de Colocación con ánimo de lucro".

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