MADRID.- La inclusión en el Pleno del CGPJ de un
informe coordinado por el vocal Manuel Almenar en cuyo anexo se critica
duramente el actual sistema de desahucios ha provocado este miércoles un
duro enfrentamiento entre diversos sectores de este órgano, que
finalmente ha acordado no asumir su contenido.
La bronca ha tenido su origen en la filtración a la prensa del
citado anexo, en el que se proponen diversas medidas para modificar un
procedimiento de ejecución hipotecaria que se tilda de "privilegiado"
para los intereses de los bancos.
Según una nota difundida por el Consejo, dicho texto "no fue
formalmente aprobado por el grupo de magistrados responsable de la
elaboración" del texto, por lo que el órgano de gobierno de los jueces
se ha limitado a señalar que no asumía su contenido y que tan siquiera
lo sometía a debate.
Otras fuentes del Consejo señalan, sin embargo, que el vocal
Almenar y otros consejeros han explicado que el contenido de este anexo
sí había sido consensuado por los seis magistrados que elaboraron el
inform, que les había sido encargado para estudiar medidas de
agilización de los procedimientos civiles.
El texto, a pesar de ser incluído en el orden del día del Pleno,
era desconocido para los vocales hasta ayer a mediodía. El asunto de los
desahucios no aparecía en el índice, por lo que para muchos consejeros
el tema pasó desapercibido hasta que conocieron su contenido en los
medios de comunicación, han informado a Europa Press fuentes de este
órgano.
Durante el Pleno celebrado este miércoles un grupo de vocales ha
propuesto llevar el contenido del informe a la Comisión de Estudios del
Consejo, pero la mayoría se ha negado argumentando que al Consejo del
Poder Judicial no le compete la iniciativa legislativa.
Para otros vocales, se trata de un informe como muchos de los que
llegan a este órgano, éste concretamente centrado en la agilización de
procesimientos civiles (hay otros dos encargados sobre procesos penales y
contenciosos) y su función es la de servir de instrumento de debate en
los ámbitos universitario, social y parlamentario.
Entre otras medidas para afrontar el actual incremento de
desahucios, el citado anexo sugiere la modificación del régimen de
tasación de viviendas, un aumento las atribuciones de los jueces en este
tipo de procedimientos e incluso que parte de los beneficios y ayudas
que la banca recibe del Estado se extiendan al cliente.
Reconoce también que el actual panorama económico, en el que se
registran cinco veces más ejecuciones hipotecarias que al inicio de la
crisis, (un aumento del 20,6 por ciento en el último año) "evidencia
una situación excepcional que requiere soluciones excepcionales".
Pese a advertir que parte de sus propuestas pueden ser
consideradas por muchos como "descabelladas", el autor del informe añade
que "lo que no puede negarse es que es preciso que se inicie un debate
jurídico (el debate social ya existe) y se plantee una revisión del
régimen legal y procesal de ejecución de los préstamos hipotecarios, ya
que el número de lanzamientos o desahucios derivados de la ejecución de
hipotecas puede considerarse como un auténtico drama social".
El
informe sobre agilización lo firman los magistrados Ángel Galgo Peco,
Pilar López Asensio, Enrique García García, María del Mar Hernández
Rodríguez, Pablo Quecedo Aracil y Pedro Luis Viguer Soler.
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