MADRID.- La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha
presentado este lunes una demanda contra la legislación española en
materia de ejecuciones hipotecarias ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, según ha explicado en Madrid
el titular de la institución, Ramiro Rivadeneira Silva.
En este sentido, ha detallado que en esta demanda se denuncia que la legislación española "vulnera derechos fundamentales de las personas" y ha subrayado que la decisión de recurrir se debe a la necesidad de "emprender con firmeza" la defensa de los ecuatorianos en el extranjero.
En concreto, la demanda recoge el caso del ecuatoriano Luis
Solórzano, quien se ha visto obligado a abandonar su vivienda al haber
agotado todas las instancias judiciales en territorio español. En
opinión de la Defensoría, este ciudadano sufrió "indefensión" ante las "prácticas abusivas" del banco así como el hecho de que el juez que llevaba su caso "no aceptó escuchar las razones de Solórzano para ponderar su situación".
De esta forma, el Defensor del Pueblo de Ecuador ha solicitado al
Tribunal de Estrasburgo que "inste a España a modificar la ley de
enjuiciamiento civil que no permite el verdadero ejercicio de los
derechos, especialmente el de estar frente a un juicio justo en el que
el juez pueda escuchar las razones de las partes, ponderarlas y resolver
el caso".
La institución, junto a un grupo de juristas que estudian casos de
ejecuciones hipotecarias, ha expuesto que se han encontrado varias
causas de "violación de derechos y privación de justicia" en otros casos como el de Solórzano. El objetivo de la demanda, según han explicado, es sentar precedente ante "el drama de los desahucios en España",
así como que el Tribunal de Estrasburgo inste a España a modificar su
normativa en materia de vivienda porque, a su juicio, vulnera los
Derechos Humanos.
En todo caso, ha precisado que el objetivo es que se reforme la
norma en los casos de viviendas familiares y personales. "No es lo mismo
asumir una deuda que tiene fundamento en la vivienda personal y
familiar a la deuda que podría adquirir una oficina --ha agregado--.
Esta situación no se produce puesto que la vivienda todavía no es
considerada como un derecho y no como mercancía".
Igualmente, ha señalado que están defendiendo otros casos
similares de ecuatorianos en España y que si no se resuelven
positivamente en los tribunales nacionales no descartan elevar otras
quejas a Estrasburgo. Concretamente, ha especificado que se han atendido
desde el pasado año hasta este momento a 6.000 ecuatorianos.
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