Disputa de poderes por traslado de jueza en Uruguay

MONTEVIDEO.- El traslado de una jueza que entendía en causas por violaciones a los derechos humanos desde la justicia penal a la civil, abrió una disputa entre el Poder Judicial y el Legislativo, que puede profundizarse si se declara inconstitucional la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura militar (1973-1985).

    El enfrentamiento entre ambos poderes se agudizó tras una "invitación" de legisladores del Frente Amplio, coalición de izquierdas en el gobierno, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para dar explicaciones sobre el traslado días pasados de la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo unas 50 denuncias por crímenes de lesa humanidad durante el régimen.
    La convocatoria de los legisladores oficialistas abrió además un debate sobre su legitimidad y sobre la separación de poderes, con un Ejecutivo que prácticamente se abstuvo de terciar en la polémica.
    "En una democracia nadie esta exento de tener que exponer sus fundamentos" dijo hoy el diputado del Frente Amplio José Bayardi, uno de los promotores del llamado, en declaraciones a radio El Espectador. Bayardi, ex ministro de Defensa, sostuvo que "si hay alguien es especializado en un área y esa persona da tranquilidades a los que demandan justicia y la saco por razones de buen servicio, es claro que si no lo explico puedo generar dudas", en alusión al traslado de Mota.
    El legislador indicó que "acá hubo una duda y hay que aclararla" y explicó que el Poder Legislativo puede hacer pedidos de informes a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Electoral o al Tribunal de Cuentas.
    "Nadie puede entender, no se puede entender en una interpretación armónica de una Constitución democrática, que no le pueda pedir informes", subrayó Bayardi.
    Para el diputado del Partido Nacional, de oposición, Jorge Gandini, el llamado se trata de "algo inconveniente y totalmente improductivo".
    Por su parte, el ex presidente Luis Lacalle (1990-1995), de ese partido, fue más lejos aún y señaló que "es tan posible que concurra la Corte de Justicia como que los cardenales del Vaticano respondan a una convocatoria del Frente Amplio. No sean bestias, no la pueden convocar".
    Mientras tanto, el senador del también opositor Partido Colorado, Ope Pasquet, consideró que "la Corte no le debe rendir ceunta de las medidas que toma en el ejercicio de su competencia" y agregó que "citarla sería una injerencia parlamentaria que supondría una lesión a la separación de poderes".
    El choque entre el Poder Legislativo, donde el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria, y el Judicial, se originó luego que la Suprema Corte de Justicia decidió trasladar a la jueza Mariana Mota desde un juzgado penal a otro civil, lo que implica dejar las investigaciones por unas 50 denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.