MADRID.- Solo minutos después de estar declarando
durante tres horas en la Audiencia Nacional, el pasado lunes Luis
Bárcenas se fue a otro juzgado, el de lo Social, para presentar una
demanda «por despido improcedente» contra el Partido Popular. En su
escrito, el hombre que durante tres décadas controló las cuentas de los
'populares' no solo cita en los tribunales a su expartido, sino que pone
en un serio apuro a la formación de Mariano Rajoy, que desde hace dos
semanas viene sosteniendo contra viento y marea que en abril de 2010
rompió para siempre con el imputado.
Bárcenas, que ya se ha apuntando al paro y que comenzará este febrero a recibir el subsidio si no encuentra un nuevo trabajo antes, afirma que en marzo de 2010, un mes antes de que anunciara oficialmente su «renuncia con carácter definitivo a sus funciones como tesorero del partido solicitando la baja temporal como militante de la formación», fue contratado en secreto como asesor del partido al que iba a dejar de pertenecer. El PP, según la demanda, cerró con el extesorero un contrato laboral indefinido (tal y como informó este periódico el pasado 15 de febrero) por 255.600 euros brutos anuales divididos en doce pagas a razón de percibir «21.300,08 euros brutos al mes, incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias». En realidad, era casi exactamente el mismo sueldo que el imputado venía recibiendo durante los últimos años como tesorero nacional.
El principal imputado del 'caso Gürtel' relata en su demanda que se enteró por los medios de comunicación de que había sido despedido. Tras publicarse que el PP aseguraba que no mantenía ninguna relación contractual tras conocerse que había abonado su Seguridad Social e IRPF hasta inicios de 2013, Bárcenas explica que se interesó por su historial laboral. El pasado 18 de febrero efectivamente confirmó que el PP le había dado de baja en la Seguridad Social con fecha de 31 de enero, solo días después de que se hiciera pública la comisión rogatoria que revelaba que llegó a tener 22 millones de euros en Suiza y el mismo día que 'El País' publicó la supuesta contabilidad oculta del PP.
El 19 de febrero, a la vuelta de su polémico viaje a Canadá, rubricó la demanda, paso previo a la interposición. Solo días antes, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había anunciado que se iba a querellar contra el extesorero por violación del derecho al honor.
En su escrito de apenas dos folios, Luis Bárcenas insiste en que la empresa nunca le comunicó el fin de su relación laboral, por lo que considera «improcedente» esa rescisión de contrato que fue «causada por la empresa». El extesorero argumenta que «todavía hasta la fecha el que suscribe no ha tenido conocimiento de que la empresa haya prescindido» de sus servicios ni de que haya «extinguido» su contrato.
Basándose en esos argumentos reclama una indemnización por despido improcedente. Una cifra que se barrunta jugosa, habida cuenta de los años de servicio prestados. Bárcenas recuerda que se incorporó a la empresa, entonces Alianza Popular, el 2 de marzo de 1982, con categoría de «licenciado». Y que durante estos 31 años como empleado fue gerente y tesorero, cargo que ocupó de junio de 2008 a febrero de 2009, cuando estalló el 'caso Gürtel' y se apartó temporalmente de las cuentas.
La versión de Bárcenas de que ha estado contratado por el PP hasta el mes pasado deja en una situación muy delicada al partido, que desde hace dos semanas viene sosteniendo que el extesorero no mantiene ninguna relación laboral con el PP desde abril de 2010 y que ese dinero que ha ido cobrando estos años son parte de un «finiquito prorrateado», incluido el pago de la Seguridad Social, algo que, de ser cierto, es una infracción muy grave a la legislación laboral. Aunque este periódico hace dos semanas descubrió que los populares también habían abonado el IRPF de su empleado durante ese periodo, lo que apunta a una «relación laboral plena», el partido siguió negándolo. Hoy mismo, el PP insistió en que el extesorero no tenía actividad en el partido desde abril de 2010 y que todo se aclarará en los tribunales. «Ahora ya estamos donde tenemos que estar; el señor Bárcenas a un lado y el PP, aL otro, en los tribunales de justicia», explicó vicesecretario general de Ideas y Programas del PP, Esteban González Pons, que insistió en que Bárcenas hace casi tres años que no mantiene relación con el partido. González Pons destacó que «Bárcenas llegó a los acuerdos que llegó con el PP y ahora puede pintarlo de colores, pero son los que son», zanjó antes de mostrar su total convencimiento de que al final «los jueces acabarán dando la razón al PP».
Lo cierto es que la situación laboral de Bárcenas ha sido un verdadero sainete en el que se ha visto involucrado hasta el propio Mariano Rajoy, quien, sin nombrar a Bárcenas, la semana pasada aseguró que hacía años que había dejado de tener responsabilidad y relación con el partido. El lunes, para añadir aún más confusión, Cospedal habló de un «pacto de indemnización en diferido en forma de simulación», lo que sería una flagrante ilegalidad, según todos los expertos laborales. El vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, llegó al extremo de presentar como un ejercicio de «transparencia» el pago de la Seguridad Social a una persona que no es empleado de una empresa. «No es ni la primera vez que se hace ni supongo que será la última, es algo que se viene haciendo y lo hizo el PP», afirmó sin ambages.
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