MADRID.- La promesa realizada por el Partido Popular
de que todos los cargos ejecutivos de la dirección nacional hicieran
públicas sus declaraciones de la renta y patrimonio sigue sin cumplirse
dos meses después. Aunque sí lo han hecho, en su mayoría, los
presidentes autonómicos populares y los líderes regionales.
La publicación de los llamados 'papeles de Bárcenas' por parte
del diario "El País" a finales de enero, en los que figuraban pagos a
buena parte de la cúpula del partido, incluyendo a Mariano Rajoy,
provocó un auténtico terremoto en las filas populares, que se saldó con
la publicación, por parte del presidente del Gobierno de sus
declaraciones de renta y patrimonio desde el año 2003 a 2011.
Este compromiso que adquirió Mariano Rajoy el pasado dos de
febrero y que cumplió siete días después, fue secundado por los
presidentes autonómicos del PP y por sus líderes regionales y también lo
suscribió la dirección nacional comprometiéndose a que todos los cargos
de secretario ejecutivo para arriba hicieran lo propio.
Estos compromisos salieron de la Junta Directiva Nacional
convocada por Rajoy el 2 de febrero, una semana después de hacerse
públicos los 'papeles de Bárcenas', en la que el presidente del PP dejó
claro que "nunca" había recibido, ni repartido negro, ni en el PP ni "en
ninguna parte".
Un par de días antes, la secretaria general, María Dolores de
Cospedal había anunciado que los dirigentes del PP se comprometían a
hacer declaraciones juradas ante la gerente-tesorera del PP, Carmen
Navarro, a publicar sus declaraciones, al tiempo que anunciaba la
realización de dos auditorías, una interna y otra externa, y la
interposición de acciones judiciales.
Sin embargo, a la publicación de las datos fiscales de Mariano
Rajoy no le han seguido los del resto de la dirección de Génova, que
afectaría a un total de once personas, si no se cuenta la del presidente
del PP, ya presentada, la de la secretaria general del partido, que
hizo pública en el Parlamento de Castilla La Mancha y la de los
portavoces populares en Congreso, Senado y Parlamento Europeo.
La decisión que se anunció fue que se 'colgarían' los datos de los
vicesecretarios generales --Carlos Floriano, Javier Arenas y Esteban
González Pons--; los de los coordinadores, que son dos --Juan Carlos
Vera y José María Beneyto-- y los de los secretarios ejecutivos, que
son: Juan José Matarí (Política Autonómica); Manuel Cobo (Política
Local); Vicente Tirado (Electoral); Juan Carlos Aparicio (Formación);
Relaciones Internacionales (José Ramón García Hernández) y PP en el
Exterior, Alfredo Prada.
Posteriormente se matizó que las declaraciones se presentarían
desde el momento en el que estos cargos asumieron responsabilidades en
la dirección del partido, lo que reducía el ámbito de aplicación de la
medida porque muchos de ellos fueron elegidos en el Congreso de Sevilla
de febrero de 2012 y la declaración de la renta de ese ejercicio fiscal
aún no se ha presentado.
Sin embargo, ninguna de estas declaraciones fiscales se ha hecho
pública por parte del partido, aunque han transcurrido dos meses desde
que se anunciara.
Además, las acciones judiciales también se hicieron esperar. No
las de María Dolores de Cospedal, que las inició el 15 de febrero en un
juzgado de Toledo, después de comprobar la falta de consenso entre los
dirigentes de su partido sobre contra quién ir y por qué delitos. Pero
las acciones judiciales del PP en su conjunto y las individuales que se
habían anunciado se limitaron a una sóla demanda civil, en la que no
figuraba por separado Mariano Rajoy, por derecho al honor contra "El
País" y contra el autor de los papeles que el citado periódico atribuye
al extesorero Luis Bárcenas. Una demanda que se presentó con defecto de
forma por no presentar los poderes adecuados para pleitos, aunque esto
se subsanó posteriormente.
Quienes sí han ido publicando sus declaraciones de renta y
patrimonio han sido los barones populares. Todos los presidentes
autonómicos ya la han hecho pública, menos el presidente de Extremadura,
José Antonio Monago, a pesar de que, según algunas fuentes, fue éste
precisamente quien sugirió, durante la última Junta Directiva del PP,
que todos los 'barones' del partido imitaran la decisión de Rajoy.
No obstante, según fuentes del Gobierno extremeño, su publicación
está pendiente de un acuerdo parlamentario para fijar el periodo y las
condiciones en las cuales se harán públicas las declaraciones de
Hacienda de todos los miembros del Parlamento. Estas mismas fuentes
aseguran que es el que menos cobra de todos los presidentes autonómicos,
3.100 euros netos al mes.
El presidente valenciano la colgó su declaración íntegra en la web
del Gobierno valenciano el pasado 15 de febrero; el día 20 lo hacía el
presidente madrileño, Ignacio González y también lo han hecho los
presidentes de Cantabria, Ignacio Diego; el de Baleares, José Ramón
Bauzá; el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de
Aragón, Luisa Fernanda Rudi, que lo hizo en la página web del PP
aragonés y el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
Mientras que el presidente de La Rioja sí ha hecho público su patrimonio
pero no la declaración de la renta.
La secretaria general del PP y presidenta de Castilla La Mancha
había entregado ya a finales de año en las Cortes su declaración de
ingresos y bienes.
Las declaraciones del resto de barones regionales que no son
presidentes de CCAA se han hecho públicas en sus respectivos
parlamentos, mientras que el presidente del PP vasco utilizó Twitter
para explicar qué bienes tiene a los ciudadanos. Los datos públicos de
Alicia Sánchez-Camacho son los del Senado; los del presidente del PP de
Canarias, José Manuel Soria, son los entregados en su momento en el
Congreso; los de Javier Arenas están en el Parlamento de Andalucía y los
de la presidenta del PP asturiano, en el Parlamento regional.
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