MADRID.- La Comisión Interasociativa de jueces y
fiscales "internacionalizará" la situación de "conflicto" contra la
gestión del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y solicitará una entrevista
con la comisaria europea de Justicia Viviane Reding para hacerla llegar
el peligro sobre la independencia de los magistrados que se cierne con
la futura reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las asociaciones judiciales han censurado el "pacto" alcanzado
entre socialistas y 'populares' que les ha reconocido el propio
Gallardón durante una reunión celebrada en la sede ministro. "Espero que
el PSOE salga a la opinión pública a desmentir ese pacto. No se ponen
de acuerdo en sanidad o educación, pero sí en relación con la dominación
del Consejo General del Poder Judicial, lo cual hace un flaco favor al
sistema democrático" han censurado.
El colectivo pretende iniciar una ronda de contactos con los
grupos parlamentarios para hacer oír su posicionamiento crítico con lo
que supone, a su juicio, el "mayor ataque a la separación de poderes y
la independencia del Poder Judicial" al debilitar el Consejo y
desapoderarle de competencias como la selección de los jueces o los
refuerzos de los juzgados. Temen que "criterios políticos" intervengan
en la decisión del Gobierno sobre reforzar o no los órganos que
instruyen causas de corrupción.
A la vista de la indiferencia que han recibido a sus demandas, los
jueces discutirán nuevas medidas de protesta -entre las que no
descartan otra huelga_ y trasladarán su preocupación sobre la
independencia del Poder Judicial más allá de las fronteras españolas.
Pedirán una entrevista con Reding en España o en Bruselas para
hacerle llegar un estudio en el que se refleja "una comparativa" sobre
el grado de "democracia e independencia del Poder Judicial en España
respecto al resto de países europeos", según ha señalado el portavoz de
la asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM),
Pablo Llarena, ha abogado por que todos los vocales sigan ejerciendo su
cargo "a tiempo completo y sin simultanearlo" con sus funciones
jurisdiccionales o el ejercicio de su profesión.
Defienden la elección de 12 vocales por los jueces, aunque no se
muestran cerrados a este respecto siempre que la designación
parlamentaria mantenga "una participación proporcionada" de las
asociaciones. "El movimiento asociativo es importante porque es el
interlocutor válido del Poder Ejecutivo", ha remachado Armengol.
Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han
abordado con Gallardón sus proyectos legislativos y han exigido una
mayor inversión pública en materia de Justicia, la derogación de las
nuevas tasas o la reforma de la Ley del Indulto. Unas demandas
planteadas en medio de "un diálogo amable y sin rencores retrospectivos"
-en palabras del ministro - pero que no han encontrado ningún tipo de
compromiso.
Así lo han explicado los interlocutores a su salida del encuentro
cuando han agradecido la invitación, aunque han valorado que la reunión
"no puede ser positiva porque el ministro no se ha comprometido a asumir
ni una sola reivindicación".
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha
lamentado la negativa del ministro a dar marcha atrás en la ley de tasas
o en la ley que suprime los 1.200 jueces sustitutos. "El ministro
también ha expresado que no se va a reformar la Ley del Indulto, por lo
tanto seguirán produciéndose indultos abusivos o arbitrarios sin la
menor motivación", ha remachado.
"No puede ser que todos nos equivoquemos, jueces, fiscales,
abogados, funcionarios, usuarios", ha relatado Bosch, mientras que el
portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha criticado la
"politización interesada" dirigida a impedir que los jueces "controlen
la actividad política por vía de delitos de corrupción o cohecho".
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