VALENCIA.- La magistrada del 'caso Cooperación', que se
instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
(TSJCV), ha acordado imputar al que fuera jefe de gabinete del
exconsejero de Solidaridad, Rafael Blasco, y a una funcionaria destinada
a ese departamento ya extinto de la Generalitat valenciana, por un
presunto delito de falsedad documental en relación con dos expedientes
de concesión de ayudas a ONG.
Así consta en una providencia dictada por esta magistrada, que
investiga un presunto fraude en la concesión de subvenciones a ONGs por
parte de la extinta Consejería de Solidaridad, cuando estaba dirigida
por el actual diputado del PP en las Cortes, Rafael Blasco, quien
también está imputado en el caso.
En concreto, en este escrito, la jueza cita a declarar, en calidad
de imputados, tanto a Xavier Llopis, quien actualmente ocupa su plaza
de funcionario en el Servicio de Publicaciones, dentro de la Consejería
de Presidencia y Agricultura, Pesca y Alimentación; como a Desamparados
Isarría, funcionaria destinada actualmente al Servicio de Planificación y
Ordenación de los Recursos Humanos, en la Consejería de Hacienda y
Administración Pública.
Estas citaciones, previstas para el próximo 12 de abril, se
producen después de solicitarlo la Fiscalía, y en relación con unos
expedientes de la Fundación Cultura y de Estudios Sociales (Cyes) del
año 2008, entidad que estaba presidida por otro de los imputados en el
procedimiento, Marcial López, según han apuntado fuentes judiciales. Según consta en la providencia de la instructora, la
declaración de Llopis será a las 9.00 horas y la de Desamparados
Isarría, secretaria de Agustina Sanjuán, igualmente imputada en la
causa.
Xavier Llopis ocupó el cargo de director de gabinete de Rafael
Blasco durante los años en los que se está investigando el presunto
fraude en las subvenciones a ONGs. Asimismo, previamente, trabajó bajo
las órdenes del actual diputado en otras consejerías.
Llopis ya prestó declaración, pero en calidad de testigo, a
finales de abril de 2012, cuando el caso se instruía en al juzgado de
Instrucción nº 21 de Valencia, mientras no figuraba como imputado
ningún diputado autonómico.
En esta segunda ocasión, Llopis tendrá que comparecer ante la
jueza como imputado en relación con los expedientes de la Fundación
Cyes, entidad a la que le fueron adjudicados un total de cinco proyectos
que sumaban 2,2 millones de euros.
Con esta cantidad de dinero, según denunció en su día el fiscal,
la fundación se pudo haber comprado hasta cuatro inmuebles en Valencia,
que se utilizaron como sede social. Sobre los mismos, el interventor del
Estado indicó en su informe que existían "numerosas irregularidades" y
defendía que la entidad no pudo financiar las facturas de los inmuebles
que compró.
Así, entendía que se adquirieron con fondos provenientes de las
subvenciones públicas. Al respecto, Rafael Blasco siempre ha mantenido
que el dinero otorgado a la fundación no se destinó a la compra de
ningún inmueble, y que la misma había justificado mediante facturas el
destino de la subvención.
En la misma providencia, la magistrada acuerda la declaración como
testigo de la sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, Rafael
Vicente Queralt, para el 11 de abril a las 13.00 horas, en relación con
el proceso de elaboración del informe emitido por la institución sobre
las subvenciones concedidas a la Fundación Cyes por parte de la extinta
Consejería y "en relación a determinadas reuniones previas mantenidas
con el mismo, según se desprende de las declaraciones de determinados
imputados". La instructora le requiere para que aporte la documentación
de la que dispuso para realizar su informe.
El informe, que se presentó en abril de 2011 en las Cortes sobre
la revisión de dos expedientes de ayudas a la cooperación, afirmaba que
la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía rechazó "debidamente"
justificantes aportados por la ONG Fundación Cyes en relación con la
adquisición y arrendamiento de terrenos e inmuebles.
Asimismo, determinaba que dado que en la documentación había
quedado acreditada que ese departamento desestimó "adecuadamente"
justificantes pagados con cargo a la cuenta corriente de la subvención y
sustituidos por otros, esos expedientes "deberían complementarse" en
relación con gastos por importe de 1.168.281 euros "para que consten
acreditados los medios o formas de pago utilizados".
Por otro lado, la magistrada también ha citado para ese mismo día
11, a las 11.00 horas, al empresario Augusto César Tauroni, expresidente
de la Fundación Hemisferio, para resolver sobre su situación de
prisión, según consta en otra providencia con fecha 28 de marzo,
facilitada por el tribunal valenciano.
El abogado de Tauroni presentó el 27 de marzo un escrito, con
documentos y copias, en el que interesaba la libertad provisional para
su cliente, quien se encuentra en la cárcel desde febrero de 2012,
cuando se destapó el caso. La magistrada ha ordenado unir esta
documentación a la causa y ha convocado una vista para el día 11 en la
sala de audiencias del tribunal valenciano.
No es la primera vez que el letrado solicita la libertad para su
cliente, puesto que ya lo hizo en una vista que tuvo lugar en octubre de
2012. La magistrada denegó su solicitud y, de esta manera, compartió la
opinión del fiscal, quien se opuso a la salida de prisión.
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