MADRID.- Las obras de construcción de la línea de Alta
Velocidad (AVE) entre Madrid y Barcelona costaron 8.966,71 millones de
euros, lo que supone un 31,4% más del precio por el que se adjudicaron
los trabajos (6.822,83 millones) y un 18,8% por encima del precio fijado
en los concursos (7.550,42 millones de euros).
Así lo recoge el Tribunal de Cuentas en su Informe de
Fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la
construcción de la línea férrea de alta velocidad Madrid-Barcelona,
desarrollada desde el 1 de enero de 2002, con el Gobierno de José María
Aznar, hasta la puesta en funcionamiento de la línea, en febrero de
2008, ya con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según el documento la construcción de
cada uno de los 621 kilómetros que unen la capital con la Ciudad Condal
por alta velocidad costó de media 14,44 millones de euros, con lo que la
desviación global respecto de los precios inicialmente previstos se
elevó hasta el 31,4%.
Para el organismo fiscalizador, esta desviación se puede atribuir a
las "modificaciones de los contratos, de las obras complementarias y de
emergencia, a las revisiones de precios y a las liquidaciones
adicionales", además de a las prórrogas y ampliaciones de plazo, que
tuvieron un periodo medio de 4,5 meses por expediente.
Sin embargo, si se circunscribe el análisis a los años que recoge
el informe (2002-2008), la desviación es incluso mayor, ya que de los
2.851,45 millones de euros que se licitaron se adjudicaron finalmente
por 2.599,98 millones de euros, previéndose un ahorro del 8,8%, pero
finalmente se gastaron 3.721,97 millones de euros, un 30,5% más que lo
previsto y un 43,2% por encima de lo adjudicado.
En este periodo --en el que se incluyen dos años de Gobierno
'popular' y cuatro de dirección socialista-- el Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF) hizo un "uso abusivo" de la
tramitación de expedientes como 'de urgente necesidad', sobre todo
porque posteriormente "todos fueron tramitados por el procedimiento
ordinario de concurso abierto y sin reducción de plazos".
Asimismo, el Tribunal de Cuentas apunta que el plazo de inicio de
las obras en estos años se demoró en el 30% de los contratos, con un
retraso medio de siete meses en el comienzo de las obras, aunque en dos
de los proyectos la puesta en marcha de los trabajos se pospuso 30
meses. "En numerosas ocasiones estos retrasos se debieron a que se
iniciaron las licitaciones sin haber comenzando las expropiaciones
forzosas de los terrenos afectados", se puntualiza.
También en estos ejercicios se detectaron numerosas modificaciones
de los proyectos, incluso a pesar de que las "necesidades nuevas o
causas imprevistas" alegadas para justificar estos cambios ya se
conocían antes del inicio de las obras y "eran debidas a vicios,
indefiniciones u omisiones" o se derivaban por una "defectuosa
ejecución" de las obras.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas recuerda que ya había alertado
de "la mayoría de las deficiencias y debilidades" en materia de
"retrasos y sobrecostes muy significativos" que se han constatado, por
lo que reclama que se pongan en marcha mecanismos para hacer previsiones
"más realistas" de plazos y costes de ejecución, para "evitar la
utilización generalizada de las modificaciones de los contratos y las
suspensiones temporales de obras"; así como "detallar con claridad" las
razones que fundamentan las solicitudes de prórrogas.
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