MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando
Andreu investigará el diseño, implantación, emisión, comercialización y
gestión de las preferentes tras admitir a trámite una querella
presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra cargos
directivos de Caja Madrid, Bancaja y Bankia.
Según especifica en un auto hecho público este lunes, el
magistrado investigará por la presunta comisión delitos de estafa,
estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa,
administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el
precio de las cosas a los responsables de los folletos de las emisiones
de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A.,
Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos
Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de
Bancaja, José Fernando García. Especifica que la admisión a trámite de
la querella "no constituye aún un acto de imputación".
No obstante, ha rechazado incluir en la investigación, como
solicitaba la formación querellante, al exgobernador del Banco de España
Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, por la presunta
comisión por su parte de un delito de encubrimiento. Al considerar que
este tipo penal "difícilmente es encuadrable" en las conductas que
llevaron a cabo, respectivamente, como gobernador del Banco de España y
presidente de la CNMV.
"En el propio escrito de querella se advierte y enumeran los
informes, advertencias y recomendaciones que ambos organismos fueron
realizando en el ámbito de sus competencias sobre el particular que nos
ocupa", señala el juez antes de añadir que "no procede" admitir la
querella interpuesta contra los mismos al configurarse "ni siquiera de
forma indiciaria" su participación en la comisión de los hechos
investigados.
Andreu ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía
Anticorrupción le informara el pasado 31 de mayo que el lanzamiento y la
venta de preferentes no constituye delito ni se puede determinar que
hubiera "un plan preconcebido" para su gestión y diseño. "Nos
encontramos con un producto que en sí mismo no puede considerarse
fraudulento y que, a la fecha de su comercialización, se encontraba
autorizado y regulado por la CNMV", señalaba el Ministerio Fiscal en
cuatro escritos presentados al juez.
El magistrado basa su decisión, tomada contra el criterio fiscal,
en que los delitos que se investigarán son competencia de la Audiencia
Nacional ya que "las participaciones preferentes fueron adquiridas por
una multiplicidad de personas que resultaron perjudicadas en su
inversión habiendo perdido todo o parte del dinero que destinaron a la
adquisión del producto".
Indica que establecerá en la instrucción si los cinco directivos
investigados tenían, antes de producir "el engaño denunciado" el
propósito "de no cumplir con las condiciones anunciadas" ya fuera por su
voluntad o por otro tipo de imposibilidad.
"No se trata de que el producto financiero fuera legal, que lo era,
sino que si su comercialización y negociacióm se ocultó la verdadera
situación de las entidades participadas por los preferentistas y el
verdadero riesgo en que se incurría al invertir en dichos productos".
El auto recuerda que nos encontramos en la fase inicial de la
investigación y que "de verificarse en fase de instrucción indicios
racionales sobre la comisión de los hechos que son objeto de denuncia,
no puede descartarse su relevancia penal y aún menos sin haberse
efectuado un mínimo de actividad de instrucción sumarial".
El magistrado indica que comparte con el Ministerio Fiscal que la
separación en este tipo de hechos entre el ilícito penal y el civil es
sólo "una delgada línea" pero precisa que "no es en absoluto descartable
la existencia del primero". Al igual que Anticorrupción, considera que
debe romperse el mito de acudir preferentemente a la vía penal cuando se
puede obtener respuesta más eficaz ante la vía civil y contenciosa.
No obstante, precisa que este criterio basado únicamente en la
eficacia y rapidez "lo es sólo en lo que se refiere a la reparación
indemnizatoria y no puede servir de excusa para crear espacios de
impunidad si es que se ha cometido algún ilícito penal".
En este sentido concreta que la tutela judicial debe amparar a
quien acude a los tribunales a fin de que se investigue si en el
lanzamiento de estos productos financieros pudiera haberse incurrido en
delito.
El magistrado, que incorporará la querella a la causa principal en
la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia como una pieza
separada.
Recuerda, además, a los perjudicados no tienen obligacion de
acudir a la via penal y que tienen a su disposición las vias civil e
incluso el arbitraje. "En la voluntad de los perjudicados se encuentra
elegir que tipo de reparacion pretenden ejercer", dice.
Explica también que por el hecho de incoarse un proceso penal no
se limitan los derechos indemnizatorios de los posibles perjudicados
sino que se les abre únicamente un camino mas para la satisfaccion de
sus derechos, "sin cegarse aquellas que ya estan en su mano".
El juez debe aún pronunciarse sobre otras tres querellas, entre
ellas una presentada por el movimiento 15-M y otra de un particular qur
solicita que se investigue al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
Las denuncias también se dirigen contra "todos los consejeros y
directivos de las anteriores entidades que hubieran intervenido,
consciente y deliberadamente, en el diseño, implantación y
comercialización de las participaciones preferentes y otros instrumentos
híbridos".
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