MADRID.- Compromís-Equo ha registrado en el Congreso de los Diputados,
para su debate en la Comisión de Hacienda, una proposición no de ley con
la que urge al Gobierno a modificar la Ley de Contratos Públicos para
evitar las licitaciones a coste menor del real y las consecuentes
desviaciones presupuestarias, así como a crear un nuevo organismo
público que controle los abusos y fraudes de este tipo.
En la iniciativa, el diputado Joan
Baldoví justifica la necesidad de estos cambios en el contencioso
surgido entre Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá a cuenta de los
sobrecostes en el proyecto de ampliación del Canal, "para cuya
adjudicación el grupo empresarial ofreció la mitad del precio de
licitación público calculado por la Administración".
Según el valenciano, este conflicto "ha puesto de relieve la
práctica habitual que se sucede en España, donde los sobrecostes en las
obras públicas son más la norma que la excepción" y que se deriva, cree
él, de la adjudicación de los contratos a ofertas temerarias que
proponen un precio muy bajo "contando con su progresivo incremento a
medida que la obra avanza".
"La connivencia o no de los gestores de la Administración pública
con estas empresas es algo de lo que debiera ocuparse la Fiscalía
Anticorrupción con mayor asiduidad", cree Baldoví, para quien las
ofertas temerarias deberían recibir un "rechazo contundente de manera
preceptiva y no voluntaria".
Por eso, propone al Gobierno que reforme la legislación de
contratos públicos actual para "impedir la existencia de sobrecostes y
poner fin a la práctica habitual de licitación por precio bajo con la
garantía de su progresivo incremento", dejando esta posibilidad
únicamente para los casos "extraordinarios y realmente imprevisibles"
que prevé ya la normativa.
Y es que, a su juicio, "no es razonable" que las desviaciones
lleguen a suponer el triple del precio original, sobre todo porque las
obras públicas suelen ser proyectos de larga duración, lo que incrementa
aún más estos desfases presupuestarios.
Por otra parte, Compromís-Equo plantea la posibilidad de sustituir
las actuales juntas de contratación administrativa por un organismo
regulador y controlador de los contratos públicos "con potestad
ejecutiva, que actúe con celeridad, eficacia y transparencia" en el
seguimiento de las adjudicaciones y que además dé pautas a los poderes
adjudicadores y a los contratistas para evitar abusos y fraudes en la
contratación, hechos que "siempre repercuten negativamente tanto en el
dinero público como en el retraso de las obras".
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