MADRID.- No habrá comisión de investigación en el Parlamento sobre la supuesta
financiación ilegal del PP. Es más, no habrá debate en el pleno del
Congreso sobre la idoneidad o no de crearla. El partido gubernamental ha
frenado hoy en la Junta de Portavoces, por cuarta vez en lo que va de
legislatura, una proposición del PSOE en la que reclama someter al
examen político de la cámara baja el 'caso Bárcenas'.
La portavoz del primer partido de la oposición,
Soraya Rodríguez, ha tildado de "inoportuna" la negativa del PP tras la
publicación de los datos del último informe de la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la Polícía Nacional en la que se vinculan
las donaciones opacas de empresas constructoras mencionadas en la
supuesta contabilidad B del PP con campañas electorales.
Los socialistas volvieron a la carga ya después de
que el extesorero del PP, ahora encarcelado, declarara ante el juez
Pablo Ruz, hace poco más de diez días, que su antiguo partido tenía
cajas en negro en "todas las provincias y regiones". Concediendo a ese
testimonio toda credibilidad, el PSOE anunció su intenticón de reactivar
todas las vías de denuncia y control en su mano: volvió a pedir la
dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció nuevas
diligencias en la vía judicial y planteó la creación de comisiones de
investigación en todos los Parlamentos autonómicos y el Congreso.
El recorrido de esta última opción, en todo caso,
se ha demostrado corto, como ya era de prever. El PP ya había impedido
en otras ocasiones, la última el pasado septiembre, incluir en el orden
del día del pleno parlamentario este debate. Del mismo modo que se han
bloqueado con su mayoría absoluta en otras tantas ocasiones la
reclamación aún más amplia de la Izquierda Plural, que no desea
limitarse a la financiación del PP sino a la de los partidos políticos
en su conjunto.
En todo caso, no solo lo relacionado con el caso
Bárcenas cayó en saco roto durante la reunión de la Junta de Portavoces
ccelebrada esta mañana. El Grupo Popular también ha rechazado que se
lleve al hemiciclo la creación de una comisión de investigación
solicitada por IU sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. E
incluso la solicitada por PNV y CiU sobre la muerte del opositor cubano
Oswaldo Payá.
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