MADRID.- El PSOE quiere que el
Gobierno español defienda en la Unión Europea la aplicación "inmediata"
del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (tasa Tobin) y que se
destinen los ingresos recaudados a luchar contra el cambio climático y
la pobreza en España y el mundo.
Para ello, ha registrado una
proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que la Cámara
Baja inste al Ejecutivo a "proponer y defender" en las
reuniones de los ministros europeos de Economía (Ecofin) y ante las
instituciones de la UE "la aplicación inmediata" de este tributo que
"gravará no solo la compraventa de acciones sino también otro tipo de
operaciones financieras como los derivados y bosno".
La iniciativa socialista propone "destinar el 50 por ciento del importe recaudado por este impuesto a la lucha contra la pobreza en España, y el otro 50 por ciento a la Ayuda Oficial al Desarrollo y la lucha contra el cambio climático".
España se encuentra entre los 11 países europeos que han decidido implementar este impuesto, "si bien hay discrepancias sobre el ámbito de las operaciones financieras gravadas", expone la autora de la proposición socialista, la diputada María Virtudes Monteserín.
Pese a pertenecer a este grupo de 11 países, España "va a sostener ante las instituciones europeas el establecimiento de un gravamen limitado a las adquisiciones de acciones de grandes empresas, sociedades con una elevada capitalización bursátil, oponiéndose a su ampliación a otro tipo de operaciones como, por ejemplo, los derivados".
La iniciativa socialista propone "destinar el 50 por ciento del importe recaudado por este impuesto a la lucha contra la pobreza en España, y el otro 50 por ciento a la Ayuda Oficial al Desarrollo y la lucha contra el cambio climático".
España se encuentra entre los 11 países europeos que han decidido implementar este impuesto, "si bien hay discrepancias sobre el ámbito de las operaciones financieras gravadas", expone la autora de la proposición socialista, la diputada María Virtudes Monteserín.
Pese a pertenecer a este grupo de 11 países, España "va a sostener ante las instituciones europeas el establecimiento de un gravamen limitado a las adquisiciones de acciones de grandes empresas, sociedades con una elevada capitalización bursátil, oponiéndose a su ampliación a otro tipo de operaciones como, por ejemplo, los derivados".
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