La Oposición socialista pide al Gobierno español que defienda la aplicación inmediata de la 'tasa Tobin'

MADRID.- El PSOE quiere que el Gobierno español defienda en la Unión Europea la aplicación "inmediata" del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (tasa Tobin) y que se destinen los ingresos recaudados a luchar contra el cambio climático y la pobreza en España y el mundo. 

 

Para ello, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que la Cámara Baja inste al Ejecutivo a "proponer y defender" en las reuniones de los ministros europeos de Economía (Ecofin) y ante las instituciones de la UE "la aplicación inmediata" de este tributo que "gravará no solo la compraventa de acciones sino también otro tipo de operaciones financieras como los derivados y bosno".

La iniciativa socialista propone "destinar el 50 por ciento del importe recaudado por este impuesto a la lucha contra la pobreza en España, y el otro 50 por ciento a la Ayuda Oficial al Desarrollo y la lucha contra el cambio climático".

España se encuentra entre los 11 países europeos que han decidido implementar este impuesto, "si bien hay discrepancias sobre el ámbito de las operaciones financieras gravadas", expone la autora de la proposición socialista, la diputada María Virtudes Monteserín.

Pese a pertenecer a este grupo de 11 países, España "va a sostener ante las instituciones europeas el establecimiento de un gravamen limitado a las adquisiciones de acciones de grandes empresas, sociedades con una elevada capitalización bursátil, oponiéndose a su ampliación a otro tipo de operaciones como, por ejemplo, los derivados".

Acuerdo político para la Tasa Tobin

ATENAS.- España y otros 10 países de la UE -entre ellos Alemania, Francia e Italia- han alcanzado este miércoles un "acuerdo político" para poner en marcha, posiblemente a partir de 2015, una tasa a las transacciones financieras, que inicialmente sólo se aplicará a las operaciones con acciones, según ha anunciado el ministro español de Economía, Luis de Guindos. 

El objetivo de esta tasa es garantizar que el sector financiero contribuya de forma equitativa y sustancial a los ingresos públicos y frenar las operaciones más especulativas. Bruselas ha propuesto que la tasa grave con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados.

"Hemos llegado a un acuerdo político", ha anunciado Guindos en rueda de prensa al término del Ecofin informal de Atenas, en el que esta cuestión no figuraba en principio en la agenda. El compromiso se formalizará en la próxima reunión de ministros de Economía de la UE de mayo. Guindos ha explicado que el acuerdo final es "muy parecido" a la posición que defendía España. Así, la tasa se aplicará de forma "gradual" y en un primer momento sólo gravará "las transacciones en acciones, tanto en el mercado al contado como en el mercado de derivados".

"Posteriormente, en función de cómo vayamos viendo que va evolucionando este impuesto, lo iremos extendiendo a otro tipo de productos", ha señalado Guindos. Además, los ministros ha acordado que se aplicará "fundamentalmente" el principio del lugar de emisión. Según este principio, los instrumentos financieros emitidos en los 11 Estados miembros serán gravados cuando sean objeto de negociación, incluso si los negociadores implicados no están establecidos en la zona de aplicación de la tasa. El objetivo es evitar deslocalizaciones.

Guindos ha explicado que "también se puede tener en cuenta en algunos casos específicos, países que no tienen emisores importantes, el principio de residencia". Ello implica el devengo del impuesto si alguna de las partes de una transacción está establecida en un Estado miembro participante, con independencia del lugar en donde se realiza la transacción.

En el proyecto de tasa a las transacciones financieras participan España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia, Eslovaquia. Estos 11 países han decidido avanzar en solitario mediante una cooperación reforzada ya que el veto de Reino Unido impide un acuerdo a Veintiocho. Bruselas calcula que la tasa aplicada en 11 países permitiría recaudar, si se aplicara a todos los instrumentos, entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, de los cuales alrededor de 5.000 millones en España.

Juristas de la Unión Europea cuestionan la legalidad de la 'Tasa Tobin'

BRUSELAS.- El plan para imponer a partir de 2014 una tasa a las transacciones financieras en 11 de los países miembros de la Unión Europea, incluido España, "infringe" los tratados de la UE y resulta "discriminatorio" para los países no firmantes de la iniciativa, según recoge un documento elaborado por los servicios legales del Consejo de la UE, el órgano que reúne a los Gobiernos de los 28, al que tuvo acceso 'Financial Times'.

   A pesar de que las conclusiones de este organismo no son vinculantes, representan una significativa intervención que probablemente supondrá que cualquier posible acuerdo para una tasa común sea mucho menos ambicioso de lo previsto.

   La Comisión Europea ha arremetido contra este dictamen y ha sostenido que la tasa a las transacciones financieras es "jurídicamente sólida y plenamente compatible con los tratados de la UE y el derecho internacional".

 "No plantea ningún riesgo de discriminación contra ningún Estado miembro, participe o no en la tasa", ha dicho la portavoz de Fiscalidad, Emer Traynor.

   "En cualquier caso, esta opinión es una más entre las muchas que han alimentado las discusiones sobre esta propuesta y no implica la necesidad de ninguna ralentización en el trabajo para hacer avanzar la tasa", ha subrayado la portavoz.

   Los once países firmantes de la iniciativa, entre los que se incluyen España, Francia, Alemania e Italia, pretenden llegar a un acuerdo para la imposición de una tasa común a las transacciones financieras, pero las conversaciones al respecto se han estancado en los detalles respecto a cómo debería aplicarse y qué alcance debería tener.

   En su documento, los servicios legales del Consejo cuestionan uno de los puntos fundamentales del proyecto, el denominado "principio de residencia", que plantea gravar a las entidades en función de dónde se ubique su sede en vez de dónde se realice la transacción.

   En este sentido, los expertos de la UE llegaron a la conclusión  de que la definición de dónde se establece una compañía "excede la jurisdición de los Estados miembros para aplicar tributos bajo las normas del derecho internacional consuetudinario, tal como se entienden en la UE".

   Por otro lado, los juristas indicaron que la medida "no es compatible" con los tratados de la UE, ya que "infringe las competencias fiscales de los Estados no participantes" y encontraron que la provisión era "discriminatoria y probablemente llevaría a distorsionar la competencia en detrimento de los miembros no participantes".

   Las conclusiones de este órgano supondrán un impulso a las tesis defendidas por Reino Unido, que ha argumentado que la proposición era ilegal y superaba la jurisdicción de los países implicados.

   Asimismo, la opinión representa un gran golpe para la Comisión Europea, que había insistido en la legalidad del amplio alcance de la propuesta.

   De hecho, un funcionario de la UE consultado por el diario británico e involucrado en el diseño de la tasa defendió que la Comisión se mantenía en su valoración legal y discrepaba significativamente con los argumentos esgrimidos por los servicios legales del Consejo.

España podría recaudar alrededor de 5.000 millones anuales con la tasa Tobin

BRUSELAS.- España podría recaudar alrededor de 5.000 millones de euros anuales con la tasa a las transacciones financieras propuesta por la Comisión Europea, que está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2014 en once Estados miembros de la UE.

   En total, la tasa generará unos ingresos de entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año. De esta cantidad, Alemania recaudará alrededor de 10.000 millones; Francia, entre 7.000 y 8.000 millones; e Italia entre 6.000 y 7.000 millones, según las estimaciones preliminares que maneja Bruselas.

   La tasa se aplicará también en Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia. No obstante, los ingresos finales dependerán del mecanismo de reparto interno que pacten estos países que participan en la cooperación reforzada y de la recaudación real que genere cuando se ponga en marcha, según avisa la Comisión.

   El objetivo de esta iniciativa es frenar la especulación y obligar a la banca a asumir parte de los costes de la crisis. El veto de países como Reino Unido y Suecia ha impedido que se aplique en toda la UE y ha empujado a estos 11 Estados miembros a avanzar en solitario mediante una cooperación reforzada.

   La tasa gravará con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados. Se aplicará a todas las operaciones en las que al menos una de las partes esté establecida en uno de los 11 países participantes, o actúe en nombre de un cliente establecido en esta zona, con independencia del lugar donde se realice la transacción.

   Pero además, para evitar la deslocalización de operaciones a la City de Londres o a otros centros financieros que no aplican el impuesto, la Comisión ha previsto una nueva salvaguarda: el principio del lugar de emisión. Según dicho principio, los instrumentos financieros emitidos en los 11 Estados miembros serán gravados cuando sean objeto de negociación, aunque los negociadores no estén basados en ninguno de estos países.

   El comisario de Fiscalidad, Algirdas Semeta, ha admitido que la tasa podría provocar problemas de doble imposición en los Estados miembros que no participan, como Reino Unido, pero ha dicho que tratarán de resolverse durante las negociaciones. Asimismo, ha anunciado que en los próximos días viajará a Estados Unidos para responder a la oposición que la tasa suscita en Washington.

   La tasa  no se aplicará a las actividades financieras diarias de los ciudadanos y las empresas, por ejemplo, préstamos, pagos, seguros o depósitos. Tampoco se aplicará a las tradicionales actividades bancarias de inversión en el contexto de la captación de capitales ni a las transacciones financieras efectuadas en el marco de operaciones de reestructuración.

   La propuesta también excluye las actividades de refinanciación, la política monetaria y la gestión de la deuda pública. Por consiguiente, quedarán exentas del impuesto las transacciones con los bancos centrales y el Banco Central Europeo, con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad y con la Unión Europea.

   La propuesta de Bruselas debe ser aprobada ahora por unanimidad por los 11 países participantes. El resto de Estados miembros que se han excluido de la cooperación reforzada estarán en la mesa de negociación pero sin derecho a voto.

El Gobierno modulará a la baja e incluso suprimirá algunas tasas judiciales en España

MADRID.- El Gobierno modulará a la baja e incluso suprimirá algunas de las tasas judiciales, según ha adelantado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón en el Congreso, atendiendo así a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, con la que ha tenido ocasión de reunirse este martes.

   "El Gobierno asume las recomendaciones del Defensor del Pueblo y articularemos los procedimientos legales adecuados para introducir esas recomendaciones en la legislación", ha asegurado el titular de Justicia, al mismo tiempo que ha indicado que intentará que la Ley de Justicia Gratuita entre en vigor "lo antes posible".

   La Defensora del Pueblo, que tiene de plazo hasta el próximo día 21 para decidir si recurre ante el Constitucional la Ley de Tasas, ha hecho entrega al ministro de un escrito en el que le recomienda una "modificación sustancial" del sistema de tasas judiciales.

   En el texto recomienda reducir la cuantía de las tasas de la primera instancia civil y contencioso-administrativa; modular la cuantía de las tasas en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas; y moderar la cuantía de las tasas para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos.

   Asimismo, propone la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuicien procedimientos sancionadores; las de los procedimientos de ejecución hipotecaria; las de los recursos de suplicación y casación en el orden social; y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo.

   Por último, la Defensora recomienda devolver las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de Asistencia Jurídica Gratuita.

   Según ha dicho Gallardón, el Gobierno asume las recomendaciones de la Defensora del Pueblo al entender que "son sensatas, están muy bien fundamentadas y consolidan el principio que es el que recoge la Ley de tasas, de un sistema mixto de financiación plenamente constitucional y que no sean sólo los contribuyentes con cargo a sus impuesto, sino también una parte de los litigantes los que financien la Justicia".

   "El Gobierno va a establecer modulaciones a la baja en las tasas por recomendación del Defensor del Pueblo para supuestos concretos y en situaciones muy determinadas se nos ha pedido alguna reconsideración que el Gobierno está dispuesto a incorporar", ha indicado.

   Entre las que podrían suprimirse figuran las tasas judiciales en casos de procedimientos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual. También podrían adelantarse algunas medidas que se han remitido a la futura Ley de Justicia Gratuita, cuya tramitación no se calcula hasta después del verano.

   A su juicio, la Defensora del Pueblo "ha visto más cosas" y "mejor" de lo que el Ministerio estimó en un primer momento, y en todo caso sus propuestas solicitan modulaciones a la baja en las cuantías e introducen matices con respecto a la segunda instancia, pero en ningún caso modifican sustancialmente el proyecto del Gobierno si no que "lo enriquecen".

   En este sentido, Gallardón ha remarcado que se mantiene el criterio de que el coste de la actividad judicial no debe ser con cargo a los contribuyentes sino que los litigantes deben participar en el mismo mediante el sistema de tasas.

   El ministro ha asegurado que Justicia ya tenía intención de someter la ley de tasas con vistas a los presupuestos de 2014, pero ha aceptado hacerlo ahora, en el plazo más breve posible, con idea de que esté en vigor en septiembre. El Ministerio espera tener un primer análisis sobre tasas concretas este misma semana, el jueves o el viernes, y podría recoger los cambios en un decreto ley.

   "Estamos trabajando directamente en el Ministerio y que las propuestas relacionadas con la modulación de la cuantía de algunas de las tasas, en relación con su aplicación en el orden jurisdiccional social y algo muy importante, la constatación de que la ley de justicia gratuita es un elemento complementario", ha dicho.

   En cuanto a la preocupación sobre la tramitación parlamentaria de la Ley de Justicia Gratuita, un texto que considera "extraordinariamente beneficioso", se estudiará la fórmula para que algunos de sus aspectos anticipen su entrada en vigor.

Merkel y Sarkozy defienden la tasa a las transacciones financieras

BERLÍN.- La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, han escenificado este lunes su apoyo a la creación de una tasa a las transacciones financieras con el objetivo de que la banca contribuya a la salida de la crisis, pero han puesto de relieve su desacuerdo sobre el calendario y la forma de aplicarla.

   Sarkozy ha insistido en que Francia aplicará la tasa en solitario con el objetivo de arrastrar así de inmediato al resto de países de la eurozona y del mundo, mientras que la canciller se ha dado de plazo hasta marzo para verificar si es posible un acuerdo a 27, su opción preferida.

   "Si no damos ejemplo, no se hará", ha sostenido el presidente francés en rueda de prensa tras su primera reunión del año con Merkel para abordar la crisis de deuda en la eurozona.

   "La idea de Francia es aplicar el proyecto de directiva sobre la creación de una tasa a las transacciones financieras presentado por la Comisión, ya que no dudamos que así iniciaremos un movimiento en la eurozona para que todo el mundo se dote de esta tasa muy oportuna", ha dicho Sarkozy.

   "Una vez que la eurozona se haya dotado de la tasa, el resto del mundo seguirá. Las opiniones públicas de todos los países preguntarán por qué se exonera a la banca de una tasa que la eurozona ha tenido la sabiduría de crear", ha asegurado.

   En todo caso, Sarkozy ha aclarado que no adoptará ninguna decisión antes de escuchar a los interlocutores sociales el próximo 18 de enero.

   Por su parte, la canciller alemana ha defendido la creación de esta tasa y ha dicho que Francia "tiene razón al decir que hay que actuar de una vez y poner los puntos sobre las íes". No obstante, ha evitado comprometerse a avanzar en solitario, como quiere Sarkozy, y ha indicado que "lo que queremos es de aquí a marzo tener una posición definitiva de los ministros de Finanzas".

   Para Merkel, lo "preferible" sería introducir esta tasa en el conjunto de la UE, aunque no ha descartado que se aplique únicamente en la eurozona. "Por el momento todavía no hay acuerdo entre los Gobiernos", ha dicho.

   Bruselas ha propuesto que la tasa a las transacciones financieras entre en vigor el 1 de enero de 2014, un plazo que tanto Francia como Alemania pretenden acelerar. Pero el primer ministro británico, David Cameron, reiteró este domingo que vetará cualquier plan para implantar este impuesto en toda la UE.

   Según los planes de la Comisión, la tasa gravará con un tipo del 0,1% las compraventas de acciones y bonos y con un tipo del 0,01% las de derivados, y podría recaudar 55.000 millones de euros al año.