MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al embargo de
los bienes por valor de 24.945 millones del expresidente de Bankia,
Rodrigo Rato, y su equipo, al considerar que la entidad tiene la
solvencia suficiente para afrontar esa cuantía si llegara a declararse
algún tipo de responsabilidad en el caso.
Fuentes jurídicas han informado hoy que el fiscal sí se ha
mostrado a favor de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
admita la querella que interpuso IU contra Rato y otros 31 exconsejeros
de Bankia el pasado abril.
No obstante, el fiscal considera que la formación debe ejercer la
acusación popular bajo la misma representación que UPyD, por lo que no
deberá prestar fianza.
En su querella, IU acusaba a los imputados de estafa en la fusión y
salida a bolsa de la entidad y en la emisión de participaciones
preferentes, con las que intentaron "ocultar" su situación de
insolvencia.
IU pedía como medidas cautelares el embargo de bienes por esta
cantidad, el equivalente a lo que percibió la entidad al ser rescatada
en mayo de 2012.
También pedía el embargo de los bienes de los exconsejeros que
provenían de Caja Madrid -como el representante de IU José Antonio Moral
Santín, José Manuel Fernandez Norniella o el propio Rato- por valor de
3.000 millones, que fue la cantidad que esta entidad emitió en
preferentes en mayo de 2009 bajo la presidencia de Miguel Blesa.
Pero el fiscal considera que esta medida no es necesaria dadas las
características del banco, que cuenta con la solvencia suficiente como
para afrontar cualquier tipo de responsabilidad civil que se pudiera
derivar del procedimiento penal.
Los querellados son los mismos que ya están imputados en la Audiencia
Nacional, incluyendo Rato; el vicepresidente de Bankia, José Luis
Olivas, y el entonces consejero delegado Francisco Verdú; el consejero
de BFA Ángel Acebes o el representante de IU José Antonio Moral Santín, y
las dos entidades como personas jurídicas.
Por último, reclamaba al juez que ofrezca emprender acciones al
Ministerio de Economía a través de la Abogacía del Estado y que los
exconsejeros devuelvan las indemnizaciones que percibieron tras salir de
la entidad, así como que declaren las pólizas de responsabilidad civil
para que estos contratos puedan ser resueltos.
En concreto, la formación les acusa de siete delitos: uno de
asociación ilícita, otro contable por falseamiento cuentas; apropiación
indebida; administración desleal; falsedad en documento mercantil y
falseamiento de la información económico financiera.
Además, señalaban al Banco de España y la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), así como a la consultora Deloitte y la
entidad Lazard, que asesoró a Bankia en su salida a bolsa, como
colaboradores necesarios en la comisión de estos hechos.
Fernando Andreu investiga desde 2012 las presuntas irregularidades en
la fusión y salida a bolsa del banco y tiene una pieza separada sobre
las preferentes de Caja Madrid, en las que investiga a, entre otros, al
expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
El magistrado imputó a los exconsejeros los delitos de falsificación
de las cuentas anuales y de los balances, administración desleal,
maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida
-castigados con hasta 3, 4, 2 y 6 años de cárcel, respectivamente- a
raíz de haber admitido una querella de UPyD, que dio origen a este
procedimiento.
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