MADRID.- Si bien las asociaciones judiciales no se ponen de acuerdo al respecto,
la Casa Real reclamó hoy, a modo de solicitud, que el rey Juan Carlos
disfrute de aforamiento una vez pierda la inviolabilidad tras
oficializarse su abdicación.
Así lo desveló un portavoz de La Zarzuela,
razonando que al ser "anticonstitucional" que el monarca mantuviese su
inmunidad -amén de que no pueda ser nunca juzgado por los delitos que
pudiera haber cometido en sus 39 años de mandato-, "lo razonable" sería
que el padre del futuro Felipe VI engrosara, como miles de cargos en el
Estado español, la lista de aforados que solo pueden ser juzgados por un
tribunal superior de justicia o por el Tribunal Supremo.
Pero los magistrados no se ponen de acuerdo. El portavoz de Jueces
para la Democracia, Joaquim Bosch, estima que ya hay un número
"desproporcionado y exagerado" de aforados, "varios miles", cuando la
tendencia debe ser reducirlos "a la mínima expresión" en línea con los
países que los limitan al presidente o a los miembros del Gobierno.
"Todo aquello que sea incluir más es negativo pues vulnera el
principio de igualdad y lo más razonable es que toda persona sea
investigada y en su caso juzgada por un juez ordinario y no por un
tribunal especial", argumentó Bosch, mientras que para el portavoz de la
asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, en la Ley Orgánica
del Poder Judicial ya existen muchos cargos que están aforados y que son
inferiores en prestigio, categoría y funciones al monarca que abdica.
Por ello, a su entender, tendría sentido una reforma legal para incluir
al rey entre los aforados, puesto que ya lo están cargos incluso de
comunidades autónomas.
Paralelamente, el portavoz de Foro Judicial Independiente,
Ángel Dolado, comentó que su asociación, en términos generales está en
contra de la ampliación de este número, pero al existir "algunos de poca
relevancia", es "lógico" que suceda con el monarca.
Desde La Zarzuela se refugian en el "sentido común y para evitar
disparates", y apelan a emprender una modificación legal de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, descartando, eso sí, un estatus propio para
el rey saliente.
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