MADRID.- La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
ha reclamado hoy al fiscal anticorrupción Pedro Horrach que no utilice
expresiones que puedan desacreditar "injustificadamente" la labor del
juez del caso Nóos, José Castro.
Aunque en ningún momento el
acuerdo del CGPJ cita el caso ni al juez ni al fiscal, la declaración ha
sido aprobada esta tarde después de que de los vocales progresistas del
Consejo del Poder Judicial pidieran que se actuase contra el fiscal por
las "imputaciones" que aseguran que ha hecho contra el juez en su recurso contra la imputación de la infanta Cristina.
El
CGPJ considera necesario en su acuerdo, aprobado por unanimidad,
solicitar "de todas las partes en cualesquiera tipo de procesos y
actuaciones judiciales, que no utilicen expresiones que puedan
desacreditar, injustificadamente y al margen de las consideraciones
jurídicas del procedimiento, la labor jurisdiccional" de los jueces y
magistrados.
El órgano de gobierno de los jueces ha advertido de que la utilización en escritos o alegaciones procesales de
expresiones "que puedan sembrar dudas sobre la objetividad e
independencia" de los jueces en el ejercicio de su cometido, "más allá
de la legítima y necesaria crítica a las resoluciones judiciales, no
contribuye a reforzar la confianza de los ciudadanos en la Justicia".
El
pasado jueves, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach sostuvo que el
juez del caso Nóos basaba su decisión de mantener la imputación de la
hermana del Rey en "meras conjeturas", al tiempo que consideró que
sufría "contaminación judicial por la influencia de los medios de
comunicación" y despreciaba indicios exculpatorios.
El Poder
Judicial ha recordado que el pasado 23 de enero ya puso de manifiesto en
otro acuerdo que los jueces asumen la decisiva e indispensable labor de
proteger y garantizar los derechos y libertades "en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad".
Subraya,
asimismo, el CGPJ que la confianza pública que merecen los jueces en su
trabajo reclama "de todos los agentes públicos y de la ciudadanía en
general el necesario respeto a la actuación de los órganos judiciales".
La reacción del Poder Judicial se ha producido a instancia de los seis vocales progresistas,
que reclamaron que el CGPJ manifestara la necesidad de que las partes,
en cualquier proceso, "mantengan el respeto y la lealtad institucional
debidos y se cuiden de no desacreditar la labor jurisdiccional de los
jueces y magistrados".
Los vocales que mostraban su preocupación "por las imputaciones" del fiscal fueron Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáenz y Pilar Sepúlveda.
Estos
vocales han considerado que en el recurso el fiscal utilizó expresiones
como que el juez se fundamenta en "el pilar inicial" de la "certeza
absoluta" de la culpabilidad de la infanta o que el instructor tenía "el
puerto de destino determinado antes de iniciar la investigación", con
relegación de "los parámetros de imparcialidad, objetividad y
congruencia".
En su recurso contra la imputación de la infanta Cristina,
el fiscal sostuvo en su escrito que el juez ha actuado "imbuido por
oleadas previas de interesados inputs mediáticos" y le ha achacado que
despreciara "indicios de notable fuerza exculpatoria" hacia la infanta.
Según
el fiscal, el instructor ha construido "un andamiaje probatorio con una
falsa apariencia de solidez" para imputar a la infanta, que se
desmoronaría con "una leve brisa" porque se basa en tres circunstancias
de "nulo valor incriminatorio": que es socia de Aizoon, esposa de Iñaki
Urdangarin y pagó gastos personales con cargo a dicha empresa que poseen
al 50 %.
El propio juez contestó, en declaraciones a los periodistas, que el fiscal tendría que haber presentado "una querella" contra él "por prevaricación"
si considera que ha cometido este delito, tal como le atribuye en el
escrito con el que recurre el auto en el que el magistrado mantiene la
imputación de la infanta Cristina.
"Creo que si el Ministerio
fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene
que hacer es presentar, tenía que haberlo hecho ya, una querella contra
mí por prevaricación", afirmó el juez a su llegada a los juzgados.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón,
ha evitado hoy pronunciarse sobre la polémica: "No nos corresponde al
Gobierno establecer ningún tipo de valoración ni opinión sobre un asunto
que está en tramitación judicial", ha señalado.
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