MADRID.- El juez Elpidio José Silva ha solicitado al
Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) que forme un nuevo tribunal para
juzgarle por la instrucción del 'caso Blesa' al entender que dos de los
tres magistrados nombrados tiene "prejuicios" y su imparcialidad está
"contaminada" para esta función.
En un escrito, el magistrado
ha solicitado la recusación del presidente del tribunal, Arturo
Beltrán, y del magistrado Eduardo Urbano por haber favorecido
"desmedidamente" a la acusación en detrimento de su defensa durante las
sesiones del juicio celebradas el pasado abril.
A su juicio, estos dos magistrados no pueden volver a intervenir
en el juicio, que comenzará de nuevo el próximo 7 de julio por su
investigación sobre el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, ya que
resolvieron sobre nulidades, admisión de pruebas y escucharon a testigos
en la anterior vista. "Están contaminados como juzgadores", remacha.
En este sentido, explica que ambos impidieron a la defensa acceder
a un "medio de prueba" como eran los correos electrónicos del
exbanquero y se posicionaron sobre cuestiones que serán objeto de debate
en el próximo juicio.
"Existe un predeterminismo y prejuicio contra la persona
enjuiciada, dando a entender que ya tienen la resolución tomada con
antelación al juicio", expone el abogado de Silva, Reinaldo López.
En su escrito denuncia la "situación de indefensión" en la que
quedó su cliente tras la renuncia de su anterior abogado defensor y
añade que el hecho de que el magistrado Urbano no haya solicitado su
abstención muestra los "deseos que tiene de volver a juzgar a Silva y
parece que desea volver a denegarle todas las pruebas solicitadas y
volver a cercenar su derecho de defensa".
El TSJM ha señalado para el próximo 7 de julio el juicio abierto
contra Silva por presuntos delitos de prevaricación, contra la
Administración de Justicia y dos supuestos delitos contra la libertad
individual de Blesa, a quien envió en dos ocasiones a prisión. El
anterior juicio se suspendió con la recusación de la magistrada María
Tardón tras conocerse su pertenencia a la Asamblea General de Caja
Madrid.
Blesa pide 40 años de inhabilitación para Silva, mientras que la
Fiscalía solicita 30 años y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz
Ferrán, reclama una pena de 24 años de inhabilitación.
El ex banquero pedía inicialmente también tres años de
inhabilitación por revelación de secretos, pero el instructor rechazó
incluir este ilícito ya que Silva no había podido defenderse al no
haberse formulado antes. En todo caso, Blesa se reserva la posibilidad
de ejercer acciones civiles concluido el proceso penal.
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