Hace poco, un hijo de Gallardón se libró del test de alcoholemia
refugiándose, tras una aparatosa huida, en la casa de su padre. Peor fue
el caso de Esperanza Aguirre, que se dio a la fuga derribando una moto
de la policía cuando los agentes intentaban multarla. No paró hasta
llegar a su domicilio, pese a los requerimientos de un coche patrulla
desde el que, en paralelo al suyo, le daban órdenes de detenerse. Ya en
casa, y frente a los requerimientos de los municipales, envió a sus
escoltas-funcionarios públicos —a sueldo del contribuyente—, que
salvaron también a la expresidenta de la Comunidad de Madrid de
someterse, como es preceptivo, al test de alcoholemia.
Usted y yo
habríamos soplado, nos habrían analizado la saliva, habríamos dormido en
el calabozo, y estaríamos ahora pendientes de un juicio por
desobediencia a la autoridad, intento de agresión a la policía y
desórdenes públicos, entre otros. Total, cuatro o cinco años de cárcel.
Privilegios de clase, como el de la delincuencia organizada que, si se
empeña, consigue una amnistía fiscal por la que regulariza lo defraudado
a menor costo que si lo hubiera declarado en tiempo y forma.
He aquí, sin embargo, que Carlos Cano, un licenciado en Medicina de
25 años, entró hace dos días en prisión para cumplir tres años por
participar en un piquete informativo durante cuya actuación no hubo
heridos, no hubo destrozos, no hubo vandalismo ni evasión de capitales
ni cohecho ni malversación de caudales públicos. No hubo nada, en fin,
aunque esa nada le va a destrozar la vida. Es un caso, pero los hay a
docenas. Estos jóvenes, perseguidos con saña en un país donde el
presidente del Gobierno envía mensajes de apoyo a un delincuente, son
los héroes de un tiempo por venir.
No hay comentarios:
Publicar un comentario