VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de diez años
de prisión para los considerados cabecillas de la trama Gürtel,
Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes", en su
escrito de conclusiones relativo a la pieza que investiga las
irregularidades en los contratos entre la Generalitat Valenciana y
Orange Market entre 2004 y 2009.
Anticorrupción pide la apertura de juicio oral y señala que, por la vía de la responsabilidad civil, los acusados deberían indemnizar conjunta y solidariamente a la Generalitat.
También
solicita penas de entre siete y nueve años de inhabilitación especial
para empleo o cargo público para tres exconsellers de Francisco Camps
-Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado-, y para el exdiputado
autonómico del PP David Serra.
La Fiscalía ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana las
conclusiones provisionales sobre la pieza que investiga la supuesta
prevaricación en la contratación entre la Generalitat y Orange Market y
las sociedades vinculadas al Grupo Correa entre 2004 y 2009, durante los
gobiernos de Francisco Camps.
En ellas, también reclama siete
años y once meses de prisión para los empleados de las empresas de la
trama Felisa Jordán, Mónica Magariños y Cándido Herrero, y tanto para
estos como para los dirigentes de Gürtel pide multas que ascienden a
582.000 euros en cada uno de los casos.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a la cúpula de Gürtel los delitos de tráfico de influencias, falsificación de documento mercantil, malversación de caudales.
Además,
solicita penas de entre tres y siete años de prisión para varios ex
cargos públicos de empresas públicas de la Generalitat, mientras que
para el resto de ex altos cargos procesados reclama varios años de
inhabilitación para cargo público.
Por lo que respecta al delito de malversación investigado,
plantea que la sentencia que se dicte se remita al Tribunal de Cuentas
para que determina la correspondiente responsabilidad contable por
alcance que proceda.
Anticorrupción estima que, como efecto
derivado del delito de prevaricación, procede declarar la nulidad de las
resoluciones de adjudicación de la totalidad de expedientes de
contratación analizados, con retroacción respecto de las cantidades
indebidamente percibidas.
Según la Fiscalía, la cúpula de Gürtel se prevalió de las "especiales relaciones" que había establecido con autoridades
y funcionarios de la Generalitat para lograr, "con lucrativo propósito y
con perjuicio para las arcas" de la Generalitat, la adjudicación y
contratación "irregular" de numerosos contratos públicos.
Así,
para lograr las contrataciones recurrieron a técnicas como presentar
diferentes sociedades del grupo al mismo proceso, el fraccionamiento
intencionado de la contratación, la adjudicación directa de los
contratos o el "centrifugado de la facturación".
El TSJCV concluyó en julio la instrucción de esta causa,
la número cinco dentro de la investigación sobre supuesta financiación
irregular del PPCV, y procesó a una veintena personas, entre ellas a un
diputado autonómico del PP, David Serra, quien el 9 de septiembre
renunció al escaño y por tanto ya no quedan aforados en ella.
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